En muchos sistemas electorales, los electores deben
registrarse antes de poder votar. A menos que se utilicen los datos civiles o
un registro civil actualizado como base para que el Estado compile la lista de electores,
el registro es la responsabilidad conjunta de cada elector y la administración
electoral u otra agencia o agencias.
El organismo responsable proporciona los medios para
el registro, pero los electores a menudo deben tener la iniciativa para
registrarse y si es posible proporcionar alguna prueba de su elegibilidad. (En
el Reino Unido, los electores elegibles están obligados a registrarse para
votar, aunque – a diferencia de otros países, como Australia – no están
obligados a emitir un voto).
En cierta medida, los problemas de integridad en el
registro electoral ocurren en casi todos los sistemas electorales, no sólo en
las democracias emergentes. La integridad en el registro electoral es crucial
para las elecciones libres y justas; y se ve facilitada por un proceso bien
diseñado, supervisado por los partidos políticos y la sociedad civil, y que incluye
de cumplimiento.
Para garantizar la integridad en el registro electoral,
el organismo de administración electoral debe desarrollar un sistema de
registro que:
- no excluya injustamente a algunos segmentos de la
población por los requisitos de elegibilidad o el acceso a las instalaciones del
registro;
- permita que cualquier persona elegible que desee registrarse
lo haga; y
- produzca una lista de electores precisa, confiable
y actualizada.
Definir los
requisitos de elegibilidad
El derecho a votar es uno de los fundamentos de un
sistema de gobierno democrático. Sin embargo, por lo general se considera como un
privilegio de ciudadanía y, como resultado, cada país ha establecido los requisitos
de elegibilidad para votar. Los requisitos generalmente incluyen la ciudadanía
(especialmente en las elecciones nacionales), una edad mínima (generalmente los
18 años) y a veces un requisito específico de la residencia. Los electores que
residen en el extranjero durante las elecciones con frecuencia son colocados en
una categoría separada, de modo que puedan votar de formas especiales (tales como
la votación anticipada en lugares específicos) o incluso (como en Croacia)
votar en una circunscripción separada.
Algunas veces ciertos ciudadanos pierden su derecho
a votar – por ejemplo, aquellos quienes han sido declarados incompetentes por
un tribunal; o los delincuentes condenados por una infracción seria (como un
delito grave). Se considera que la mejor práctica para revocar el derecho a
votar a un ciudadano después de una condena penal, es estar sujeto a una
determinación especial por parte del tribunal durante el proceso de sentencia y
que dicha invalidación termina automáticamente en un momento determinado. En
Europa y Eurasia, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
establecido bajo el Convención Europea de Derechos Humanos del Consejo de
Europa ha determinado que a un prisionero no se le puede negar el derecho a
votar a menos que tal determinación sea válida.[1] Otro ejemplo es que en las
recientes elecciones en los Estados Unidos se han presentado graves problemas sobre
la no restitución de los derechos de los presos que han completado sus penas y que
ya no deben ser objeto de restricciones de sus derechos civiles. Prepárate
La integridad electoral puede estar en riesgo si a
ciertos grupos de ciudadanos se les impide registrarse al incorporar
condiciones discriminatorias de elegibilidad basadas en la raza, el idioma u
otras características sociales. El marco legal debe definir claramente los
requisitos de elegibilidad para salvaguardar un trato justo y equitativo para
todos los ciudadanos.
Garantizar
que los ciudadanos elegibles puedan registrarse
Los ciudadanos elegibles sólo pueden votar si se han
registrado previamente. Garantizar que todo ciudadano que desee o que sea
elegible para registrarse sea capaz de hacerlo, es otro desafío de la
integridad. En los países en desarrollo el registro presenta problemas
logísticos y en cualquier sistema los habría si los ciudadanos elegibles
trataran de registrarse pero no pudieran hacerlo debido al acceso limitado o a obstáculos
administrativos o errores.
Existen dos sistemas de registro electoral
fundamentalmente diferentes. Algunos sistemas utilizan los datos del registro
civil como la base de la lista de electores, en donde el Estado registra a las
personas elegibles, como parte de una responsabilidad ministerial. Por ejemplo,
Dinamarca utiliza su registro civil nacional electrónico como base para
producir una lista de electores informatizada. Irlanda emplea una lista de
electores que elaboran anualmente los consejos del condado y de las
municipalidades. Utilizar datos del registro civil puede reducir los problemas
que se presentan de la variable capacidad de los ciudadanos de registrarse y
ayuda a garantizar que todos los ciudadanos elegibles estén registrados para
votar.
Otros sistemas asignan la responsabilidad del
registro a los propios ciudadanos. Estos se registran en un registro permanente
(que requiere una inscripción única) o en un registro periódico (que demanda la
reinscripción en periodos establecidos). Un registro permanente es menos problemático
para los electores, pero debe actualizarse regularmente para cambiar el estado
del registro de los electores que se han cambiado de residencia o cuyo estado
ha cambiado (por ejemplo, como resultado de muerte o incapacidad). Con la nueva
tecnología, Canadá ha descubierto que mantener una lista permanente informatizada
es menos costoso, requiere menos tiempo y trabajo que el sistema previo de
registro de electores para cada elección federal.
El acceso a los sitios de registro puede ser un
problema para los electores. Para reducir el peligro de registro fraudulento,
algunos países requieren que los electores se registren en persona. Este
requisito puede resultar excesivamente difícil para quienes viven en áreas
rurales o remotas, o para las personas con movilidad limitada.
Por otro lado, algunos países, como el Reino Unido y
muchas jurisdicciones en Estados Unidos, permiten que los materiales
relacionados con las elecciones nacionales sean entregados, recopilados y
presentados por organizaciones externas, incluyendo a veces a los propios partidos
políticos. En el Reino Unido, estas oportunidades de fraude a veces han
resultado en una legislación correctiva;[2] y en los Estados Unidos a
menudo han surgido cuestiones relativas a las prácticas de las organizaciones
en ambos lados del espectro partidista que participan en las actividades de
registro electoral. Varios países han adoptado reglas especiales que facilitan
el registro electoral. Algunas disposiciones permiten que las personas con
discapacidad física se registren por procuración. En Nueva Zelanda, por
ejemplo, las personas que tienen una discapacidad física o están enfermas
pueden pedir a otra persona que complete, feche y firme la solicitud de
registro. La persona que presta esta asistencia debe ser un elector registrado
y se le debe otorgar un poder legal.[3]
Para facilitar la inscripción de un mayor número de electores,
algunos países permiten el registro por correo y en línea. Estos métodos
potencialmente implican sus propios problemas de integridad.
Generalmente existe un plazo establecido para registrarse
antes del día de la elección; esto ayuda a los administradores electorales a
determinar el número de papeletas necesarias y a planear la logística electoral. Sin
embargo, este plazo también puede dar lugar a problemas de integridad. Los electores
con problemas de acceso pueden tener dificultades para registrarse a tiempo.
Algunos países, como Canadá, han abordado esta
cuestión permitiendo que los electores se registren el día de las elecciones.
Otros divulgan ampliamente el plazo del registro para informar a los
ciudadanos. Algunos países, como Rumania, permiten que los nombres de los electores
se añadan a una "lista complementaria" de electores en el centro de votación.
Otros países, como Croacia y otros Estados que surgieron de la ex Yugoslavia,
permiten que los ciudadanos soliciten sus certificados de registro de los
tribunales primarios el día de la elección. Y, en los Estados Unidos, la
legislación federal establece que los electores que no estén registrados (o
cuyo registro sea impugnado) pueden presentar "papeletas
de votación" el día de la elección, las cuales se contabilizan
posteriormente si se puede confirmar la elegibilidad de los electores.
Todas estas medidas permiten el registro de tantos electores
elegibles como sea posible. Sin embargo, para que las listas electorales sean precisas
y confiables, se necesitan salvaguardas adicionales para prevenir el fraude y
garantizar que sólo se registren los electores elegibles.
El proceso de registro produce listas electorales
que normalmente se ponen a disposición para para la revisión pública, ya sea de
manera continua o antes de una elección. La publicación de las listas electorales
verificadas es una medida que ayuda a mantener la confianza de los electores en
la integridad del sistema. Sin embargo, hacer pública la información privada
puede ocasionar problemas de privacidad. En el Reino Unido, la información
incluida en las listas electorales disponibles públicamente es muy limitada
para evitar su uso indebido.
[1]
Hirst v. Reino Unido (N°2), [2005]
TEDH 681, [2006] 42 ECHR 41.
[2]
Ver, por ejemplo, Prevention of Electoral
Fraud Act (Irlanda del Norte), 2002 Capitulo 13.
[3] Comisión Electoral de Nueva
Zelandia, Everything You Need to Know
about Enrolling to Vote.
