La ley de finanzas políticas debe encomendar a un
regulador gubernamental a hacer cumplir las leyes pertinentes, o autorizar a un
organismo gubernamental existente a desempeñar esta función. La identidad y
estructura del regulador del financiamiento político (RFP) variará en las
diferentes jurisdicciones, y la responsabilidad de cumplimiento se le puede
asignar a un solo organismo o compartirla con otros. En muchos países, el RFP
es un departamento dentro del organismo de administración electoral. Otros
países pueden autorizar a las agencias gubernamentales con jurisdicción más
general para administrar o hacer cumplir las leyes de financiamiento político –
por ejemplo, el Ministerio del Interior o de Finanzas, el auditor o contralor
del gobierno, o las autoridades fiscales. El RFP también puede ser una
institución ejecutiva separada, tal como una agencia administrativa
independiente.[1]
Para desempeñar sus funciones de supervisión y
cumplimiento, los RFP deben tener independencia, imparcialidad e integridad
operativa:
Independencia
Un RFP independiente tiende a tener una mayor
protección contra los intentos de los poderes ejecutivo o legislativo por
abusar de los poderes de control del regulador con fines políticos. La
independencia es fomentada por un proceso de nombramiento justo y transparente,
con miembros seleccionados por el ejecutivo y/o la legislatura a través de un
proceso abierto. Para promover la continuidad y la estabilidad, la institución
debe tener un presidente fuerte o un comisionado en jefe, y escalonar los
mandatos de los miembros. El monitoreo público por parte de los medios de
comunicación y de los grupos de interés público puede servir para evidenciar la
interferencia de la legislatura.
El RFP debe tener un presupuesto independiente; de
lo contrario puede afrontar recortes presupuestarios como represalia por hacer
cumplir las leyes contra los funcionarios electos o el partido en el poder. Idealmente,
la necesidad de proteger al RFP de las amenazas a su presupuesto debe
equilibrarse con la necesidad justificable de la vigilancia gubernamental de
los gastos, salarios y otros costos del RFP.[2]
Imparcialidad
El proceso de nombramiento es fundamental para
garantizar la imparcialidad. No existe un método de nombramiento único que
garantice la imparcialidad y la rendición de cuentas. En algunos países el
presidente o el ejecutivo hace todos los nombramientos, aunque este método
puede originar un RFP que carezca de independencia. Para un mayor equilibrio,
la responsabilidad de los nombramientos puede dividirse entre el ejecutivo y la
legislatura. Otro enfoque es otorgar la responsabilidad principal al poder
judicial o a una comisión del servicio civil designada. En el Reino Unido, un grupo de altos
funcionarios públicos tiene el mandato de revisar las solicitudes para los
nombramientos para la Comisión Electoral de Gran Bretaña (en gran medida
consultiva), y los partidos políticos sólo son consultados más tarde en el
proceso.[3]
Algunos organismos de ejecución son apartidistas,
mientras que otros son "multipartidistas", y tienen la participación
de todos los partidos políticos principales. Un RFP apartidista puede ser
efectivo solamente en las jurisdicciones con un servicio civil fuerte e
independiente, y una cultura política que promueva la neutralidad genuina de
los miembros. La representación pluripartidista puede parecer justa, pero ha
sido criticada por conducir al estancamiento y la inactividad dentro del RFP.[4] Sin duda esto es ocurre en
los Estados Unidos, donde la composición bipartidista equilibrada de la CFE ha
impedido las respuestas significativas a una gama de problemas financieros y
otros relacionados con los informes.
Finalmente, se incrementa la imparcialidad cuando el
propio RFP es sujeto de monitoreo. Como cualquier organismo gubernamental, el
RFP puede quedar inmerso en la política partidista, o internamente corrupta o
derrochadora. La aplicación tendenciosa de las leyes de financiamiento político
es un problema particularmente en las democracias en transición o en los países
bajo un gobierno de un solo partido; los funcionarios electos y los partidos en
el poder pueden intentar utilizar el RFP para hostigar o eliminar a candidatos
y partidos de la oposición. Por ejemplo, en Ucrania durante las elecciones
presidenciales de 1999, el gobierno utilizó la policía, los servicios de bomberos
y de inspección fiscal para acosar a la oposición.[5]
Varios pasos pueden mejorar la imparcialidad del RFP:
- El RFP debe elaborar normas internas que
establezcan criterios objetivos y neutrales para decisiones discrecionales,
tales como iniciar una investigación o un procedimiento de sanciones
administrativas.
- Si las leyes de financiamiento político se
administran y aplican con total transparencia, los medios de comunicación y las
organizaciones de la sociedad civil pueden monitorear la imparcialidad del RFP y
aumentar la confianza pública en su integridad. Puede que algunos aspectos del
proceso de toma de decisiones en materia de auditoría y penal tengan que ser
confidenciales, pero gran parte de la política interna del RFP puede hacerse
pública. (Por ejemplo, la Junta de Financiamiento de Campañas de la Ciudad de
Nueva York [NYCCFB] publica en su sitio web los plazos para la presentación de
información y las listas de sanciones administrativas, así como un manual para
los candidatos, en lenguaje claro, que explica la estructura general de la ley
electoral y el proceso de transparencia/auditoría.)
- Las auditorías periódicas de la RFP pueden
garantizar que el RFP utiliza su presupuesto de manera legítima y eficiente
para alcanzar los objetivos para los que se asignaron los fondos.
Un código de ética escrito puede aclarar las
políticas internas del RFP sobre la función pública, la confidencialidad y los
conflictos de interés.
Integridad
Operativa
El PFR debe tener la autoridad para planear su
propio programa de administración y control del financiamiento político, junto
con los recursos financieros y humanos para efectuar este programa. Incluso si se
protege el presupuesto del RFP de las presiones políticas, puede ser
insuficiente para el control efectivo si el propio país tiene recursos
limitados o el financiamiento político simplemente no son una prioridad
legislativa. De hecho, en muchos países las leyes de financiamiento político se
han vuelto más complejas y de mayor alcance en los últimos años, pero los
presupuestos de los RFP no necesariamente han aumentado de manera proporcional.[6] Sin recursos suficientes,
el RFP no puede mantener la integridad operativa. Y si depende de otra agencia
o de la legislatura para obtener recursos o personal, el cumplimiento puede correr
peligro.
El personal del RFP puede carecer de experiencia o conocimiento,
una deficiencia que debilita particularmente la función auditora. Por ejemplo,
aunque la Comisión Electoral de India tiene poderes para supervisar, investigar,
procesar y sentenciar, ha tenido poco éxito en el cumplimiento de la ley de financiamiento
político debido a la escasez de personal.[7] Para mantener la integridad
operativa y la independencia, el RFP también debe tener control sobre – o por
lo menos, alguna participación – en el reclutamiento, organización y retención
de su propio personal.
El papel
de la tecnología
Un RFP con recursos limitados puede aumentar su
eficiencia operativa a través del uso proactivo e innovador de la tecnología.
Si tiene personal técnico competente, el RFP puede automatizar gran parte de la
divulgación de información que recibe, así como el análisis de esa información,
al publicar material pertinente oportunamente en Internet.
Australia, Bosnia y Herzegovina, Bolivia, Gran Bretaña, Georgia, Perú,
Estados Unidos y otros países actualmente tienen bases de datos
para recopilar y almacenar la información sobre financiamiento político, la
mayor parte de la cual publican a través de Internet. Tanto la Comisión
Electoral Central en Lituania como la
Junta de Financiamiento de Campañas de la Ciudad de Nueva York (JFCCNY)
en los Estados Unidos han desarrollado programas electrónicos integrales para
informar sobre el financiamiento de campañas. Ambos reguladores proporcionan el
software/programa a los candidatos para que puedan presentar declaraciones de
manera electrónica o en medios electrónicos. La información se carga en el
sitio web público del RFP, permitiendo que los usuarios realicen búsquedas en
línea de una amplia gama de información sobre el financiamiento de campañas.
Además, la JFCCNY tiene a disposición una computadora para que cualquier
persona puede utilizarla y analizar la aportación de información política
actual.
[1] Ver, IFES, Enforcing Political Finance Laws: Training
Handbook, 2005, p. 10-11.
[5]
Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Manual de Financiamiento de la Actividad Política: Una Guía para Fomentar
la Transparencia en las Democracias Emergentes, Washington, D.C., 2003, p.
25.
[6] IFES, Enforcing Political Finance Laws, p. 17.
[7]
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, El financiamiento de los partidos políticos
y las campañas electorales, 2003, pp. 148, 151.
