Denuncias y apelaciones
La
oportunidad de realizar una denuncia o apelación es una salvaguarda importante
de la integridad electoral. Algunos candidatos y partidos se pueden rehusar a
aceptar la derrota, y hacen acusaciones infundadas de fraude y manipulación. Otros
candidatos pueden tener motivos válidos y evidencias verosímiles que
justifiquen una denuncia.
La
integridad electoral requiere que el organismo electoral y el sistema de
justicia tengan la voluntad de atender efectivamente las quejas sin retrasos
indebidos. (Dicho esto, no todas las controversias electorales – especialmente
las que se refieren a cuestiones de campaña – pueden resolverse efectivamente
dentro del tiempo disponible; muchas de las apelaciones sólo pueden decidirse una
vez que se publiquen los resultados preliminares de la elección). La integridad
electoral también supone que el demandante tenga la voluntad de utilizar los
mecanismos oficiales de denuncia y respete la decisión final.
En las
elecciones de 2005 en Etiopía, el
sistema para procesar las querellas fue incapaz de manejar el gran número de
quejas presentado. En un ambiente de violencia, el partido en el gobierno alcanzó
un consenso con los partidos de la oposición como una medida de emergencia para
resolver el conflicto y legitimar los resultados. Esta situación pudo haberse
evitado con un sistema práctico, simple y transparente adecuado al contexto del
país.[1]
Revisiones administrativas
El organismo
electoral o la legislatura pueden tener la autoridad para revisar las denuncias,
generalmente por la autoridad con jerarquía inmediatamente superior al que se
presentó la denuncia. Éste usualmente es el primer paso del proceso. Una
revisión es parte del control interno de la mayoría de las administraciones
electorales, y se pueden examinar quejas relacionadas con cualquier actividad
electoral, incluido el registro de electores y candidatos, la votación o el
conteo. En la mayoría de los sistemas, las denuncias sobre cuestiones no
operacionales, tales como las actividades civiles o penales se refieren a la
rama del sistema de justicia correspondiente, o a las autoridades regulatorias
con jurisdicción.
Las
instituciones responsables de solucionar las acusaciones y atender las apelaciones
difieren de acuerdo con el sistema electoral y judicial de cada país. En
algunos sistemas, la autoridad electoral o la legislatura es responsable de
recibir quejas y escuchar las apelaciones. En otros sistemas, esta tarea se le
otorga los tribunales especializados, como el electoral. En Dinamarca, la legislatura posee dicha
responsabilidad. Dentro de la Constitución danesa, el Parlamente (Folketing) determina la validez de la
elección y es el único juez en temas de elegibilidad.[2] En contraste, en Sudáfrica las quejas primero se presentan ante la Comisión
Electoral y las apelaciones las trata el Tribunal Electoral.
La mayoría
de los países de la Commonwealth siguen la norma establecida por la Ley de Representación del Pueblo del Reino
Unido acerca de que una elección sólo puede
impugnarse mediante una petición presentada al final del proceso. Mientras que
en el Reino Unido, estas
impugnaciones se presentan ante los tribunales regulares, en otros países de la
Mancomunidad, tales como Nigeria,
éstas se dirigen a tribunales electorales especializados.
En Irlanda, el resultado de una elección
presidencial se puede impugnar sólo mediante una petición a la Suprema Corte,
presentada por el Director de la Fiscalía Pública, un candidato o un agente de
un candidato en la elección. Tras escuchar una petición electoral, la Suprema
Corte debe determinar el resultado correcto de la elección y puede ordenar un recuento.
Recuento
Generalmente
se lleva a cabo un recuento si un candidato o partido impugna el conteo de
votos debido a que existe una razón para creer que el conteo fue materialmente
inexacto. Probablemente, las papeletas se contaron o rechazaron de manera
incorrecta, o que los oficiales electorales hicieron mal el escrutinio de los
resultados.
Algunos
sistemas contemplan el recuento automático en las elecciones cerradas. En Canadá, se realiza un recuento
automático si la diferencia entre los dos candidatos con mayor número de votos
es menor a los 1000 votos emitidos en un distrito electoral. Los escrutadores hacen
la petición a un juez para un recuento judicial y notifican a los candidatos
por escrito. Los ciudadanos también pueden acudir a un juez para solicitar un
recuento judicial, a través de una declaración jurada dentro de los cuatro días
subsiguientes al conteo oficial.
Para
salvaguardar la integridad, el recuento idealmente debe realizarse lo antes
posible. Esto para asegurar que no se
destruyan las papeletas o se manipulen antes del recuento. Comúnmente, a los
monitores y observadores se les permite estar presentes en el recuento.
Apelaciones
Para garantizar
la integridad en el proceso de revisión, la decisión del organismo electoral,
generalmente, está sujeta a apelación. Esto permite a la persona que presentó
la denuncia, pedir una revisión de la decisión a una autoridad de mayor rango,
como la corte suprema o constitucional. El proceso de apelación sirve para
examinar las decisiones tomadas en la revisión inicial, y puede disuadir la
toma de decisiones arbitrarias o sesgadas.
Las
apelaciones posteriores a las decisiones sobre denuncias son parte del
mecanismo de pesos y contrapesos de las decisiones tomadas por un tribunal inferior
o posterior a la revisión administrativa de la denuncia. Cada sistema trata las
apelaciones de formas diferentes, de acuerdo con su marco legal e institucional,
pero es importante que se cuenta con un procedimiento sencillo que permita la
revisión de las decisiones de autoridades inferiores de manera sistemática,
neutral y oportuna.
[1]
The Carter Center, Final Statement on the Carter Center
Observation of the Ethiopia 2005 National Elections [Declaración Final sobre la
Observación del Centro Carter de las Elecciones Nacionales de Etiopia en 2005],
September 2005.
[2] Folketing (Danish Parliament),
“Parliamentary Elections and Election Administration in Denmark” [“Elecciones
Parlamentarias y Administración Electoral en Dinamarca”], op. cit.
