Permitir que los medios cumplan su vital función de información pública en las elecciones no es un asunto en el que se deban escatimar costos. Pero, por fortuna, tampoco es una materia particularmente costosa para la administración electoral. La función básica del organismo electoral de supervisión - o de cualquier autoridad responsable de regular a los medios- consiste en crear un ambiente en el cual los medios puedan actuar libremente.
Ciertos aspectos de ello pueden ser técnicamente muy complejos -tales como acordar fórmulas para distribuir tiempos de transmisión gratuita entre los partidos. Pero se trata del tipo de complejidades que pueden ser resueltas por un pequeño comité. En otros términos, las implicaciones presupuestales pueden resultar insignificantes dentro del contexto general de las elecciones.
Es probable que el aspecto más costoso de este proceso resida en los resultados del monitoreo de los medios durante el período de campaña y el proceso de votación. La magnitud de esta operación dependerá, inevitablemente, de cuantos medios tengan que ser monitoreados - pero también de qué tan probable sea que infrinjan las regulaciones electorales. La Comisión de Expertos en Medios durante las elecciones bosnias de 1998 contó con un gran equipo de respaldo distribuido a lo largo de todo el país, incluyendo una unidad especializada de monitoreo de medios. La mayoría de los órganos de supervisión no suelen contar con nada que remotamente se asemeje a ello. El monitoreo mismo de los medios suele ser a menudo confiado a organizaciones no gubernamentales, quienes se han estado involucrando activamente en esta área. Seguirá siendo tarea del órgano de supervisión analizar los resultados, formular conclusiones y vigilar los procedimientos de queja o denuncia.
Sin embargo, una fuente de potencial controversia tiene que ver con quien se hace cargo del costo del tiempo de transmisión gratuito que se le asigna a los partidos políticos ( ver Adjudicación de Tiempos de Transmisión a Candidatos y Partidos.) Si opera algún sistema de ese tipo, los tiempos de transmisión directa sólo son "gratuitos" en el sentido de que los partidos no pagan por ellos. No obstante, la cuestión de sí ese tiempo es en realidad subvencionado por los propios medios, las autoridades electorales o algún otra autoridad pública es un asunto de potencial conflicto en que toda decisión requiere ser tomada con suficiente antelación a la elección.
Un sistema de regulación de los medios bien administrado puede efectivamente representar ahorros considerables en el presupuesto de la autoridad electoral. Si los medios son capaces de operar libremente y tienen una relación de cooperación y confianza con los organismos electorales, cumplirán una función invaluable en la provisión de información vital para el electorado sin costo alguno para la administración electoral.
