Un proceso justo y transparente
La identificación de los electores es el proceso mediante el cual se verifica a los potenciales votantes y se incluye su nombre y otra información pertinente en una lista de votación. Si se pretende que el registro de electores sea justo, completo e inclusivo, se deben tomar medidas efectivas para asegurar que los potenciales votantes estén enterados del proceso de registro y tengan una oportunidad razonable para completarlo.
En este sentido, las campañas de educación al votante pueden desempeñar un papel importante en el proceso electoral. Los programas de educación electoral pueden enfatizar la importancia del registro, las responsabilidades ciudadanas para registrarse e información sobre cómo complementar el proceso de registro.
¿Quién es responsable, el ciudadano o el estado?
La forma en que se efectúa el registro, así como las responsabilidades complementarias de los oficiales electorales y los ciudadanos, varían considerablemente de un sistema a otro. En algunos casos, el registro es esencialmente responsabilidad de los ciudadanos. Ellos deben iniciar el proceso tomando contacto con la administración electoral, como ocurre en los Estados Unidos. En otros casos, los oficiales electorales son responsables de mantener un registro permanente o de crear nuevas listas. Este propósito con frecuencia se realiza mediante visitas periódicas casa por casa o creando centros locales de registro.
En la práctica, la responsabilidad de tomar contacto es a menudo compartida entre los ciudadanos y el estado. En México, por ejemplo, donde se utiliza un registro permanente, la autoridad electoral realiza un gran esfuerzo para hacerlo accesible estableciendo miles de centros de registro, incluidas unidades móviles. Sin embargo, todavía depende de los ciudadanos visitar los centros de registro e iniciar formalmente el trámite.
La experiencia de los Estados Unidos y de otros países donde los ciudadanos deben tomar la iniciativa para registrarse, ha mostrado que facilitar este procedimiento puede incrementar significativamente la participación. En última instancia, se trata de un asunto de accesibilidad. ¿Qué tanta responsabilidad le tiene que conferir el estado a los ciudadanos para tener oportunidad de acceder al registro sin rigores innecesarios? La respuesta es que el estado debe asumir una responsabilidad considerable para garantizar que el registro no se convierta en una barrera administrativa para participar en elecciones democráticas. La mayor presión que este esfuerzo entraña es usualmente, desde luego, de carácter presupuestal, un asunto que con frecuencia enmarca los esfuerzos prácticos de registro electoral.
Costo y totalidad: un intercambio
En el proceso de identificación de los votantes, los tomadores de decisiones se enfrentan al reto de valorar su total inclusividad frente a, por ejemplo, sus costos totales. El desarrollo de los registros tiende a ser menos costoso cuando la mayor responsabilidad recae en los electores. En estos casos, las autoridades electorales tienen la responsabilidad de asegurar que los votantes estén enterados de los requisitos de registro, así como de los procedimientos que deben seguir para realizarlo.
Por otra parte, la autoridad electoral puede optar por no asumir la responsabilidad de identificar a los votantes potenciales que no inician por su cuenta el proceso de registro. Por consiguiente, las listas generadas bajo estas condiciones tienden a ser menos completas que aquellas integradas mediante iniciativa estatal. Además, con frecuencia existen grupos de ciudadanos que están menos dispuestos a identificarse y registrarse como votantes elegibles. Típicamente, esto incluye a los jóvenes, los ancianos, los enfermos, los analfabetas, los que perciben menos ingresos y a quienes residen en áreas rurales donde el transporte es un problema.
Criterios de desempeño
Al evaluar el sistema de registro de votantes, es útil establecer claros criterios de desempeño contra los cuales medir su utilidad y efectividad. Para las listas periódicas, esto incluiría tanto la precisión como la inclusividad. La "inclusividad" se refiere a la proporción de votantes elegibles efectivamente incluidos en la lista. La "precisión" obviamente se refiere a si los datos de los electores individuales incluidos en el registro presenta o no errores. Es decir, hay que preguntarse si el nombre, dirección, género, edad, ciudadanía y cualquier otra variable están correctas y libres de error.
Con las listas permanentes o el registro civil, la precisión a menudo está relacionada con una oportuna actualización de los datos. En este caso, la preocupación básica es la de determinar si el día de la elección la información de que se dispone sobre los votantes es consistente con las circunstancias prevalecientes. Por ejemplo, ¿se han incluido en la lista o no los cambios más recientes sobre residencia, nombre o edad?
Resulta útil fijar objetivos específicos de desempeño en cada área del registro electoral para cumplir con el principio de sufragio universal. Harry Neufeld, un consultor en administración electoral, ha fijado los siguientes objetivos para un registro permanente: 90% de inclusividad, 85% de actualización y 97% de precisión. 13
En otros términos, el sistema fue evaluado con la expectativa de que nueve de cada diez ciudadanos elegibles estuvieran en la lista, de que en 8.5 de cada 10 casos la información del votante fuera vigente o estuviera actualizada y de que sólo tres de cada 100 registros pudieran tener algún error. Una vez que se han identificado estos objetivos, se pueden calcular los costo para alcanzarlos.
Sin embargo, en la medida en que se incrementa la proporción de electores registrados y que los otros criterios de desempeño entran en juego, tienden a dispararse los costos marginales de registrar votantes adicionales. El registro de los primeros votantes es relativamente económico. Pueden encontrarse en casa cuando el registrador se presente, o pueden haber respondido sin demora a una solicitud postal para actualizar su información registral. Si no tienen cambios que notificar, la información sobre ellos en el registro se conserva vigente y precisa.
Para los potenciales electores que no satisfacen estas condiciones, la autoridad electoral debe asumir costos adicionales para recabar y actualizar sus datos. Además, algunos electores que son difíciles de contactar pueden requerir de más de un intento. Entre más completa, precisa y actualizada se vuelve una lista, más costoso se vuelve el esfuerzo de mantenerla en esas condiciones.
Algunos ejemplos específicos pueden ilustrar esta máxima. Si el objetivo inicial es un 90% de inclusividad, entonces un enfoque puede involucrar el integrar una lista permanente que incluya a los votantes en el extranjero. Sin embargo, los costos de mantener una lista de ese tipo pueden resultar prohibitivos para muchos países.
Una solución a esta situación puede consistir en desarrollar un sistema de registro por separado para los ciudadanos residentes en el extranjero. Esto es lo que se hace en Australia. Los ciudadanos que residen en el extranjero no se conservan en activo en las listas domésticas. A cambio, esos votantes deben registrarse por iniciativa propia para cada acto electoral.
De igual forma, cuando la vigencia o actualización como un criterio de desempeño fija un objetivo respecto al porcentaje de votantes que efectivamente residen en los domicilios indicados en el registro, es común encontrar que las distintas áreas de un país muestran distintos índices de movilidad poblacional. Las personas suelen mudarse más frecuentemente en, por ejemplo, centros urbanos densamente poblados y los jóvenes, como los estudiantes universitarios, pueden mostrar un más alto índice de movilidad.
Para asegurar un 85% de vigencia o actualización de la información de los registros, es probable que se requiera una actualización más frecuente en esas áreas, mientras que en otras tenderá a conservarse por mucho mayor tiempo. Consecuentemente, podría resultar útil trabajar con índices promedio de movilidad nacional o regional, más que con indicadores altamente focalizados.
