Registro voluntario vs. obligatorio
¿Es el registro electoral una obligación y responsabilidad del ciudadano o simplemente un derecho de ciudadanía que puede ejercer a su discreción? La forma en que se responda a esta interrogante tiene implicaciones importantes para los procedimientos administrativos que se deben poner en práctica para facilitar el registro electoral. Si prevalece, por ejemplo, la opinión de que votar es una obligación o responsabilidad del ciudadano lógicamente se sigue que el registro debe ser obligatorio.
El registro obligatorio, en consecuencia, le impone al estado la obligación de informar a los votantes sobre los requisitos para registrarse o actualizar la lista permanente, informando a la autoridad sobre cambios relativos a su situación personal (por ejemplo, cambio de nombre o domicilio). Por otra parte, si la votación se concibe como un derecho democrático, pero no necesariamente como una obligación, el registro se vuelve optativo, quedando su ejercicio a discreción del elector. En estas circunstancias usualmente se requieren menos recursos para promover el registro de los electores.
Índices de participación comparados: votación obligatoria y no obligatoria
En los países en que el registro es voluntario, como los Estados Unidos, tienden a registrarse menores índices de participación electoral que en los países en que es obligatorio, como en Dinamarca. De igual forma, parece existir un incremento marginal en la participación cuando el voto es obligatorio19
A pesar de lo anterior, no se debe concluir que la participación electoral se define simplemente en función de un mandato obligatorio en la ley. Un estudio reciente en Malta, país que no tiene voto obligatorio, ha mostrado, por ejemplo, que los índices de participación han sido más altos durante los 90's que en Australia, donde el voto es obligatorio (96.7% contra 82.7% respectivamente). 20
De igual forma, una comparación sobre los índices de participación en los países centroamericanos entre 1989 y 1991 mostró que la participación fue mayor en Nicaragua (86%), donde el voto no es obligatorio, y menor en El Salvador (52%), donde sí lo es21
Responsabilidad implícita del estado
Aún en los países en donde los ciudadanos están obligados a registrarse, el estado tiene la obligación de asegurar que la oportunidad sea completa, conveniente, justa y no discriminatoria. Cuando la autoridad electoral fracasa al satisfacer alguna de estas condiciones, se involucra en un proceso conocido como exclusión administrativa de votantes elegibles. Este término implica que si bien la autoridad electoral observa la letra de la ley al ofrecer oportunidades de registro, puede fallar en realizar su espíritu, negándoles a algunos ciudadanos su derecho al voto.
Aunque muchos sistemas de registro pretendan ser abiertos e inclusivos, pueden contener algunos elementos de exclusión administrativa. Cuando estos rasgos tienen un efecto desproporcionado en algunos grupos de electores, pueden introducir distorsiones inaceptables en el resultado electoral.
Registro iniciado por el ciudadano o por el estado
Otro tema recurrente sobre el registro electoral es si debe ocurrir a iniciativa del elector o a instancias del estado. En el primer caso, los votantes quedan registrados sólo si actúan para iniciar el proceso. En este escenario, el estado ofrece la oportunidad de que los ciudadanos se registren pero no toman medidas activas para hacerlo hasta que le votante lo solicita.
En Senegal, por ejemplo, el estado produce formatos de registro electoral, pero a menos que el votante complete los formatos, no tendrá derecho a votar (ver Analysis of Electoral Code of Senegal ).22
En las elecciones legislativas de 1997 en Camerún, caracterizadas por controversias sobre el proceso de registro electoral, se introdujeron ajustes al registro permanente después de mucha insistencia de los votantes. Sin embargo, debido a que los comités de supervisión divisionales fueron tan pobremente manejados, fueron responsables de las exclusión administrativa de miles de votantes23 Estos comités divisionales eran responsables de mantener las listas de electores y distribuir las credenciales de votación, pero se denunció que algunas ni siquiera contaron con personal hasta que el registro se cerró.
En Bangladesh, la administración ha recaído por años en voluntarios para llevar a cabo una enumeración de los votantes puerta por puerta. pero lejos de producir una lista electoral completa que aumentara la legitimidad electoral, los procedimientos de registro y las consecuentes listas electorales han contribuido a su deterioro.24
En el Reino Unido, los administradores toman contacto con los votantes año tras año enviándoles una tarjeta por correo que indican su inscripción vigente en el registro25 En Suecia, el registro electoral es mantenido por la oficina de impuestos local bajo jurisdicción de la Junta Nacional de Impuestos. Las oficinas de impuestos llevan el registro civil nacional a partir de la cual se produce la lista de electores, la cual es preparada a instancias del estado. Cada año los ciudadanos tienen oportunidad de presentar solicitudes de cambios en su registro26
En los Estados Unidos, si bien el registro es obligación del individuo, los distintos estados toman medidas para garantizar que esta oportunidad sea accesible. Esto incluye ofrecer formatos de registro postales en diversas locaciones, registro a través de las oficinas vehiculares y algunas agencias estatales en que los ciudadanos tienen contacto con empleados de gobierno. La mayoría de los departamentos de automotores y agencias de bienestar social son obligadas por los estados a cumplir con la ley federal.
