El marco legislativo y reglamentario puede impactar la adopción de nueva tecnología para fines electorales en dos sentidos. Primero, puede haber restricciones gubernamentales para la adquisición de tecnología. Segundo, la legislación o reglas electorales aplicables deben permitir el uso de tecnología para fines electorales, especialmente en casos en que afecte la sustancia de la ley electoral.
Las regulaciones gubernamentales pueden impactar la adopción de tecnología:
- Limitando lo que puede ser adquirido en términos de tipo o lugar de su producción.
- Limitando la forma en que puede ser desarrollada o mantenida de manera interna y/o requiriendo que varias funciones deban ser suministradas externamente.
- Exigiendo que las compras de tecnología sean vetadas o autorizadas por autoridades competentes distintas al organismo electoral.
- Exigiendo que las compras de equipos o programas por parte del organismo electoral sean capaces de integrarse o ser compatibles con los de otras agencias.
- Fijando normas mínimas y controles de calidad.
Consecuentemente, el marco reglamentario aplicable puede tener un impacto significativo en la capacidad del organismo electoral (u otras instancias electorales) para adoptar tecnología. Cualquier restricción para la adquisición de tecnología debe ser identificada oportunamente en la fase de planeación para asegurar que solo se considere e introduzca aquella que resulte apropiada.
Ya que muchos componentes tecnológicos pueden ser específicos para fines electorales, como las máquinas para el conteo de votos o la emisión del voto automatizado, los estándares o normas generales del gobierno pueden resultar poco aplicables. Más aún, un organismo electoral puede ser capaz de argumentar que su tecnología es lo suficientemente distinta o especializada como para lograr que quede exenta de tales estándares.
El marco legislativo también puede ser relevante para la adopción de nueva tecnología cuando ésta pueda ser capaz de modificar algún aspecto del proceso electoral. Por ejemplo, la introducción de votación electrónica requiere en muchos casos de reformas legales.
Antes de comprometerse con una nueva tecnología, el organismo electoral debe asegurarse de que cualquier reforma legal requerida este aprobada en el momento oportuno de acuerdo al calendario de desarrollo. Idealmente, los cambios legales deben estar aprobados antes de que se disponga de los fondos necesarios para la nueva tecnología.
Cuando la legislación o regulaciones electorales son modificadas para permitir el uso de tecnologías para efectos electorales, el lenguaje utilizado en las leyes o reglamentos puede tener un impacto significativo en el tipo de tecnología que puede ser empleada. Cuando se requiera flexibilidad en la selección de la tecnología, es necesario que el lenguaje utilizado en las leyes o reglamentos sea suficientemente flexible (o tecnológicamente neutro) para permitirle a la autoridad electoral cierta discrecionalidad en el tipo de tecnología a emplear. Cuando sea necesario especificar que tipo de tecnología debe ser utilizada, el lenguaje usado debe ser igualmente prescriptivo.