El derecho penal regula la conducta individual y es aplicado por el gobierno. Los casos civiles caen dentro del fuero civil que regula la conducta entre individuos e instancias privadas. En un litigio civil, la disputa es entre partes civiles, pero el gobierno brinda el foro para la resolución de las disputas. Este puede consistir en una audiencia ante un juez o el juicio mediante un jurado.
En los casos de litigio civil, los investigadores civiles pueden recibir un citatorio y ser requeridos para testificar como testigos. En estos casos, los investigadores deben rendir testimonio oral, a menos que exista una excusa legal para hacerlo, y deben responder preguntas al máximo de su conocimiento y capacidad. La evidencia reunida, en el caso penal, solo puede ser utilizada si fue obtenida por orden judicial. Los casos civiles son normalmente decididos con base en la norma de la "relevancia o preponderancia de la evidencia" que es menos rígida que la norma penal del "más allá de la duda razonable".
En algunos países, las violaciones a la legislación electoral son presentadas ante una corte civil por la autoridad electoral. Esta es la situación de Sudáfrica, donde los casos son presentados por el Director General de Elecciones.372 En otros lados, las demandas civiles pueden ser presentadas por quienes hayan sido dañados en alguna forma por el proceso electoral. Por ejemplo, un candidato descalificado puede demandar a la autoridad electoral competente. Una ONG puede demandar en representación de un grupo de candidatos a quienes se les impidió contender o que recibieron un tratamiento inequitativo. Los miembros de los partidos políticos pueden demandar a su propio partido si fueron impedidos injustamente de postularse como candidatos.
Los casos civiles son parte del sistema de frenos y contrapesos al brindar un mecanismo diferenciado para que una persona tenga posibilidad de ir a la corte y tener una audiencia judicial.
