Para contrarrestar la dependencia del candidato con respecto a los donativos cuantiosos, y a fin de nivelar las posibilidades de los contendientes, algunos sistemas proporcionan financiamiento público para las campañas políticas. Es necesario, sin embargo, crear una fórmula equitativa para dividir los fondos entre los candidatos y los partidos que contienden, a fin de que sea creíble y eficaz. Quienes reciben estos fondos son responsables de usarlos para los fines previstos, y normalmente deben entregar un informe financiero cuando termina la elección.
Los programas de financiamiento público tienen requisitos de elegibilidad para determinar qué partidos o candidatos tienen derecho de recibir fondos. Estos requisitos se emplean para diferenciar entre los candidatos y partidos serios y los frívolos. Un requisito que se usa con frecuencia es cierta cantidad de votos obtenidos en la elección anterior, o cierto número de funcionarios elegidos en el gobierno.
Los requisitos de elegibilidad razonables y equitativos ayudan a asegurar la integridad en un programa con fondos públicos y ayudan a evitar la situación en la que un candidato o partido recibe el grueso de estos fondos mientras que otros reciben pocos o ninguno. Una forma de asegurar que los requisitos sean justos es ponerlos a discusión del público antes de ser adoptados, lo cual a su vez asegura que la fórmula aprobada para dividir los fondos entre los partidos elegibles sea justa también.
Cada sistema tiene sus propios reglamentos y restricciones sobre el uso de fondos públicos. Una restricción común es que los fondos sólo se pueden usar para comprar tiempo de transmisión por radio o televisión (ver Acceso a los Medios.) También se pueden poner restricciones a la cantidad de fondos privados que un candidato o partido puede aceptar una vez que ha aceptado los fondos públicos. Las restricciones lógicas fácilmente comprensibles y aplicadas con equidad pueden contribuir a mantener la integridad en el uso del financiamiento público.
