"La corrupción es un crimen basado en el cálculo, no en la pasión. Cuando el monto del soborno es grande, la probabilidad de ser atrapado es pequeña, y la sanción, si es que se aplica, magra, por ello muchos oficiales sucumben".327
La corrupción en el proceso electoral es una violación de la confianza pública y un acto ilegal. Es esencial hacer cumplir el marco legal para preservar la integridad de la elección. Sin cumplimiento de la ley, el mejor marco legal o el mejor sistema electoral pueden ser evadidos o ignorados.
Como lo explicaba el director de la División contra Crímenes Electorales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos: "cuando las elecciones son corruptas, inevitablemente les sigue un gobierno corrupto y arbitrario. Desterrar la corrupción del proceso electoral y llevar ante la justicia a los responsables es una prioridad de la aplicación de la legislación nacional".328
La aplicación de la ley sirve para prevenir fraudes futuros y es también un mecanismo para detener y exponer problemas actuales. El cumplimiento de la integridad electoral y de su marco legal es una tarea que llevan a cabo distintas instituciones y en el que concurren en distintos mecanismos de acuerdo con la infraestructura legal de cada país.
En algunos sistemas, las Agencias Responsables del Cumplimiento de la Ley tienen una completa independencia institucional, especialmente las instituciones encargadas de la justicia penal. Otras pueden operar bajo una sombrilla institucional común junto con el organismo o la política electoral. Pero independientemente de sus variantes, el cumplimiento de la ley comprende:
Para que el cumplimiento de la ley sea efectivo, debe ser activo, imparcial y oportuno. Las agencias investigadores deben tener la suficiente independencia para iniciar procedimientos e investigar a detalle denuncias de fraude electoral u otras actividades ilegales.
Los investigadores deben ser objetivos y profesionales y no debe existir interferencia política en su trabajo. Estos asuntos se examinan con más detalle en Deberes y Código de Ética de los Investigadores.
La integridad también requiere que los derechos de los denunciantes, testigos y acusados sean protegidos. Los acusados deben tener acceso a representación legal para asegurar que sus derechos están salvaguardados. Deben tener acceso a la información que se ha reunido en su contra y de presentar una defensa adecuada. Estas protecciones se examinan en Derechos de las Personas en las Investigaciones, y Derechos del Acusado.
Los fiscales son a menudo empleados del gobierno u oficiales elegidos que pueden estar muy conscientes de la opinión pública y las cuestiones políticas involucradas en el problema sujeto a investigación. Con frecuencia deben de ser muy discretos para determinar si la evidencia es suficiente para juzgar y, de ser así, quien será incriminado. La subjetividad o una discreción ilimitada pueden tener consecuencias sobre la integridad.
Las cortes y los jurados son los que determinan la inocencia o la culpabilidad y deben ser imparciales. Un juicio realizado con integridad se hace sobre la base de evidencia empírica y el marco legal, no en razón de filiaciones políticas, discriminaciones o rumores. Un poder judicial independiente usualmente facilita una audiencia justa.
El proceso de aplicación de la ley puede estar sujeto a presiones y dificultades tanto internas como externas. Contar con sistemas transparentes y que operen con frenos y contrapesos puede proteger la integridad del proceso de aplicación de la ley. Estos asuntos se examinan en Monitoreo del Cumplimiento de la Ley y Investigación en Circunstancias Difíciles.
