La integridad es un concepto que puede ser difícil de definir, pero es un componente esencial del sistema democrático de gobierno. La integridad electoral implica tanto un comportamiento ético como un sistema legal e institucional que promueva y garantice elecciones libres y justas. Estos sistemas pueden variar en función del contexto social y económico de cada país, pero los objetivos básicos son los mismos: asegurar que todos los actores políticos que quieran competir en las elecciones puedan hacerlo en condiciones de igualdad; garantizar que los electores puedan votar libremente por los partidos y candidatos de su preferencia y asegurar que sus votos se reflejen de manera precisa en los resultados.
En términos generales, la integridad electoral plantea los siguientes requerimientos:
Respeto a los principios de la democracia electoral
La integridad electoral implica que los Principios de la Democracia Electoral sean respetados. En concreto, asegurar que todos los ciudadanos tengan igual derecho a participar como electores y como candidatos; que su voto sea igual aunque no tengan la misma influencia política; que tengan libertad de organizarse para objetivos políticos; que tengan el derecho de acceder a información política; que la ley electoral sea aplicada de manera justa y no partidista y que las elecciones se realicen periódicamente y sean decididas por el libre voto de la mayoría.
La integridad requiere la voluntad de sujetarse al sistema de gobierno democrático y al imperio de la ley; de encauzar la participación y las inconformidades por las vías legales; de trabajar dentro del sistema para cambiarlo cuando sea necesario y de aceptar las decisiones y resultados de elecciones libres y justas. El sistema protege los principios de la democracia electoral y de elecciones libres y justas a través de su Marco Legal y El Marco Institucional y de sus valores institucionales, de una toma de decisiones y conducta éticas por parte de sus administradores electorales, legisladores, supervisores y participantes.
Jorken Eklit y Palle Svensson han identificado una serie de componentes que se requieren para contar con elecciones "libres y justas". El atributo de libres es definido como "el derecho y la oportunidad de elegir una cosa sobre otra" y el de justas como el de "imparcialidad".1 Entre las libertades requeridas para una "elección libre" se encuentran las de movimiento, reunión, asociación, opinión y la de no tener miedo. Entre los factores de "justicia" para una "elección justa" están los de un proceso electoral transparente, una legislación y un sistema electoral igualitarios, igualdad de oportunidades de participación, una autoridad electoral imparcial e independiente, ausencia de intimidación, procedimientos apropiados y aceptación de los resultados electorales. 2
En los Principios Guía de partidos y candidatos hay más información sobre elecciones justas y "genuinas".
Conducta ética
La integridad electoral implica un código ético de conducta (ver Comportamiento Ético) para los oficiales electorales, partidos y candidatos, así como la adopción de un sistema de mecanismos institucionales para salvaguardar unas elecciones libres y justas. Una conducta ética significa que el comportamiento de todos los participantes debe promover un proceso abierto, libre, justo y evitar conductas que pongan en riesgo su integridad.
Esto significa que los oficiales públicos (incluidos los electorales) no utilicen su posición o recursos oficiales para beneficios personales o partidistas y que cumplan con sus responsabilidades de manera profesional, transparente e imparcial. También significa que los partidos y candidatos no hagan mal uso de las contribuciones para sus campañas y revelen las fuentes de su financiamiento. Significa que los "cabilderos" (lobbyists) no deben utilizar dinero u otros incentivos para influenciar indebidamente a los funcionarios públicos o electorales y deben revelar su financiamiento y gastos conforme lo determine la ley.
La integridad electoral también requiere tolerancia a los derechos y actividades políticas de otros; que los ciudadanos y oficiales acepten que todos tienen derecho de discutir libremente sobre asuntos políticos y de promover diferentes puntos de vista y que no es correcto tratar de impedir que los partidos políticos difundan sus mensajes o interferir en las actividades políticas de otros ciudadanos.
En muchos sistemas, la conducta ética que se espera de todos los participantes en una elección es formalizada a través de un código de ética o de conducta. La mayoría de los funcionarios públicos, incluidos los oficiales electorales, están comprometidos con un Códigos de Conducta/Ética que puede ser obligatorio legalmente. Muchos sistemas también utilizan códigos de conducta para regular y hacer cumplir un buen comportamiento de los partidos, los candidatos y sus simpatizantes.
Garantías institucionales
Uno de los mayores peligros para la integridad es el interés o acción faccioso o partidista. Es ya vieja la idea de una facción, grupo o individuos que actúan en su propio interés, independientemente de su efecto en los demás. Ya en 1789, en los textos federalistas, escritos para persuadir a los electores estadounidenses a ratificar la Constitución de los Estados Unidos, se definía a las facciones como un grupo de personas unidas por un interés común adverso a los derechos de otros ciudadanos o de la comunidad.
Hoy en día, las facciones son usualmente llamadas grupos de interés, aunque también pueden existir al interior de los partidos políticos. Las facciones pueden todavía tratar de influir sobre o controlar los procesos de toma de decisión. Debido a que las raíces de las facciones "están plantadas en la naturaleza del hombre", los textos federalistas afirmaban que la única forma de controlar a las facciones era controlando sus efectos: "si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario (...) pero la experiencia ha mostrado a la humanidad la necesidad de tomar precauciones adicionales"3 Las precauciones adicionales adoptadas por los promotores de la Constitución de los Estados Unidos incluyeron la separación de poderes y un sistema de pesos y contrapesos. Otros sistemas tratan de lograr los mismos resultados a través de otras fórmulas.
Ese tipo de mecanismos se utilizan ampliamente hoy en día para salvaguardar la integridad y hacer que las elecciones sean libres y justas. Para resultar efectivos, esos mecanismos deben ser parte de un andamiaje institucional y legal. Las salvaguardas institucionales aseguran que las diferentes atribuciones relacionadas con los procesos electorales se dividan entre distintas instancias. Por ejemplo, la ley electoral puede conferir responsabilidades formales de supervisión a una oficina distinta a la de una corte electoral o una inspectoría general. O puede conferir atribuciones al sistema judicial para sancionar las violaciones a la legislación electoral.
Estos mecanismos institucionales constituyen los "pesos" o "frenos" oficiales sobre la administración electoral. También sobre la participación política de los partidos en áreas como el financiamiento de campañas. Los "contrapesos" residen en las atribuciones conferidas a las distintas instituciones así como en el papel que cumplen los partidos políticos, la sociedad civil y los medios de comunicación en el monitoreo de las elecciones y el suministro de información al público. Para más información sobre los frenos ver Consideraciones Administrativas, y sobre los "contrapesos", ver Frenos y Contrapesos.
Precisión
Normalmente se piensa que los problemas de integridad se derivan de actos de corrupción o fraude. Pero también pueden obedecer a errores humanos, incluso involuntarios. Es esencial que la administración electoral sea profesional y precisa. Un trabajo lento o impreciso al reportar los totales asentados en las hojas o formatos de conteo puede provocar serias dudas sobre la integridad y amenazar la validez de la elección. Los mismos mecanismos de pesos y contrapesos que fueron diseñados para limitar los poderes y garantizar la rendición de cuentas, pueden prevenir errores. Si bien las acciones deliberadas para desvirtuar el proceso o cambiar los resultados de una elección serían tratados como un asunto criminal, los problemas derivados de errores o imprecisiones suelen quedarse como asuntos administrativos o civiles.
Los problemas de integridad también se pueden derivar de leyes deficientes o de sistemas mal diseñados, por ejemplo, las leyes y regulaciones que determinan la responsabilidad de los administradores electorales. Una disposición mal preparada puede conferir demasiado poder discrecional a un oficial electoral, abriendo la posibilidad de que haga un uso indebido de su posición. O bien, un registro electoral mal diseñado puede permitir que personas deshonestas se inscriban varias veces o excluir a grandes segmentos de población en edad de votar. La existencia de leyes anacrónicas también puede provocar problemas, como un fraude automatizado que se cuele por las rendijas dejadas por leyes promulgadas antes de la adopción de nueva tecnología. Asimismo, el uso de internet o de nuevas técnicas de campaña podría no estar cubierto por las disposiciones de un sistema caduco.
La existencia de imprecisiones tanto en los marcos legal e institucional como en sus mecanismos de aplicación y acatamiento, puede crear tantos problemas involuntarios como un fraude deliberado. Pueden deteriorar seriamente la credibilidad y legitimidad de una elección y deben ser puntualmente atendidos.
Cumplimiento permanente
Un clima de impunidad y falta de sanciones legales fomentan la corrupción y desempeño mediocre. Transparencia Internacional ha advertido que "muchos oficiales en el sector público no solo creen que cuentan con garantía de inmunidad contra cualquier persecución legal, sino que además son bajas las posibilidades de que sus actividades criminales sean descubiertas"4. En un contexto como este, hay pocos incentivos para que los oficiales electorales o los candidatos acaten las reglas del juego limpio.
La aplicación del marco legal y reglamentario de las elecciones es esencial para controlar la presencia de intereses personales y especiales y crear las condiciones para una elección libre y justa. Actúa como un mecanismo disuasivo contra quienes tienen contemplado un comportamiento ilegal o carente de ética y sanciona a quienes violan las leyes.
La integridad del proceso de votación se ubica en el corazón mismo de nuestro sistema de gobierno representativo. Cuando las elecciones son corrompidas, inevitablemente les sucede un gobierno arbitrario y corrupto. Desterrar la corrupción del proceso electoral y someter a los responsables a una justicia expedita y confiable, es una prioridad nacional en la aplicación de la ley.5
Transparencia
Finalmente, un sistema con integridad es transparente. La transparencia logra que los sistemas, decisiones y acciones institucionales estén abiertos a los participantes y el público. Bajo el escrutinio de la opinión pública, es difícil mantener o justificar un sistema que permita el abuso y la corrupción. La transparencia ayuda a asegurar que los actores involucrados en la elección rindan cuentas por sus acciones. A que los administradores electorales sean responsables y rindan cuentas por las decisiones que han tomado durante una elección y por los recursos y activos públicos utilizados para conducir la elección; los legisladores por el contenido de las leyes que aprueban y el financiamiento que destinan a las elecciones y los candidatos y partidos políticos por su comportamiento y el de sus simpatizantes durante los actos de campaña.
Contar con un proceso abierto y transparente ayuda a la comprensión pública del proceso, de las dificultades enfrentadas, y de cómo y porqué los administradores electorales tomaron determinadas decisiones. La transparencia ayuda a cimentar la confianza pública en las elecciones e incrementa la credibilidad del proceso y la legitimidad de sus resultados. Uno de los problemas de la falta de transparencia es que resulta difícil refutar las demandas de fraude y manipulación de los perdedores como la principal razón de su derrota electoral. Así ocurrió en Haití en 1995, donde muchos partidos derrotados boicotearon la segunda ronda electoral y en Camboya en 1998, cuando los "vencidos se rehusaron a creer que habían perdido".6
Un proceso libre y justo, que sea preciso y transparente, monitoreado y sancionado legalmente, hace difícil que los participantes y electores no acepten los resultados de la elección o la legitimidad de los representantes recién electos.
