Un sistema de impunidad alienta una atmósfera de comportamiento poco ético, fraude y corrupción. La acusación formal asegura que el sospechoso de un delito sea procesado en una corte y sentenciado si es encontrado culpable. Un procesamiento exitoso de los criminales es una parte esencial de una sociedad basada en el imperio de la ley. El procesamiento y sentencia de los infractores los hace responsable de sus acciones y sirve como medio de disuasión para quienes estén pensando en actividades ilegales.
En la mayoría de los sistemas, el procesamiento se realiza de acuerdo al sistema del derecho penal. Este régimen regula la conducta de los individuos, determina los crímenes y castigos. En los casos criminales, el procesamiento es realizado por el gobierno ya que, en la mayoría de los casos, los actos criminales son considerados violaciones contra el orden público. El dónde se lleva a cabo la acusación y el procesamiento es determinado por la ley que haya sido violada, distinguiéndose entre las de carácter nacional, provincial y local (ver Decisión de Procesar Judicialmente.) El caso tiene que ser llevado ante un órgano judicial que tiene la jurisdicción o autoridad para conocerlo y resolverlo.
En el derecho criminal, existen en la mayoría de los sistemas dos tipos de delitos: felonías o delitos graves y delitos menores. Los delitos menores son menos serios y pueden comprender cuestiones tales como conducta desordenada, pequeños robos o violaciones a códigos de ética. La mayoría de los delitos menores son normalmente resueltos por un juez sin un juicio o procesamiento y son castigados con una multa o pequeñas reclusiones carcelarias. Las felonías, que son violaciones mucho más serias a la ley, usualmente requieren los procesamientos normales de arresto y juicio.
Integridad en la administración de justicia
Es muy importante que todo sistema sea íntegro en la administración de justicia. Esto significa que las leyes son igualitarias y justas. Los procedimientos se derivan del marco legal y protegen los derechos civiles y políticos de los implicados. Los fiscales, jueces y jurados siguen los procedimientos y conservan el más alto nivel de comportamiento profesional y ético. A los acusados se les respetan sus derechos de procedimiento.
La protección de los derechos de los acusados y asegurar que sea seguido el debido proceso, son principios esenciales de la integridad. La integridad en la administración de justicia asegura que las atribuciones de la policía y de las agencias responsables de hacer cumplir la ley no son utilizadas por razones políticas o personales, y que aquellos acusados de un crimen cuentan con una oportunidad justa para defenderse.
En términos generales, la integridad en el procesamiento y la administración de justicia incluye las siguientes medidas:
Arresto y arraigo conforme a la ley
De acuerdo con el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos:
Todas las personas tienen el derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie debe ser sujeto a arresto o detención arbitraria. Nadie debe ser privado de su libertad salvo en los términos y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley. 367
El arresto y la presentación de cargos contra un sospechoso requiere en la mayoría de los casos una causa probable -algo que vincule a la persona acusada con el crimen. A menos que la policía atrape a alguien al momento que comete un crimen o delito, como robar materiales electorales, los arrestos usualmente requieren de una orden judicial. Una orden de arresto es la que emite una corte para autorizar la detención del sospechoso. Usualmente se basa en una declaración jurada del investigador que muestra al juez que existe causa probable para que el sospechoso haya cometido el crimen. El proceso de arresto es una parte de los mecanismos de freno y contrapesos que ofrece supervisión judicial a los actos de la policía y protege a los sospechosos contra una acción policial arbitraria.
En la mayoría de los sistemas legales, a los acusados se les leen sus derechos al momento del arresto, si no es que antes, y se les pregunta si los entienden (ver Derechos del Acusado). El acusado es presentado ante un tribunal dentro de un lapso de tiempo razonable para tener listos y leer los cargos formales en su contra, momento en el cual normalmente se presenta una declaración de culpabilidad o inocencia. Este proceso es llamado un arraigo.
Un arraigo expedito puede ser otra salvaguarda contra un arresto arbitrario, una detención prolongada o una táctica poco ética de la policía. Un arraigo también le permite a los arraigados saber que cargos han sido presentados contra ellos para que puedan preparar su defensa o impugnar la legalidad de su detención.
El juez o el tribunal normalmente determinan la necesidad de que el acusado permanezca en custodia hasta el juicio o si pueden quedar libres bajo fianza. La mayoría de los sistemas legales están basados en la presunción de que una persona es inocente hasta que se compruebe su culpabilidad y que ningún acusado tiene que purgar una pena en prisión hasta que haya sido sentenciado por un crimen. A menos que se trate de una seria felonía o de un delito violento, a la mayoría de los acusados se les permite libertad bajo fianza, en cuyo caso el depósito de fondos sirve como garantía de que el acusado comparecerá ante la corte durante el juicio. Esto les brinda la libertad para preparar su defensa y continuar su vida laboral y familiar.
Algunos sistemas cuentan con un mecanismo de salvaguarda por separado que le permite al sospechoso o a su familia impugnar la legalidad de un arresto o detención. Uno de esos mecanismos es el otorgamiento de un habeas corpus, que exige presentar al prisionero ante un juez y mostrar la causa probable de su detención.368
Revelación de información previa al juicio
Para ayudar a garantizar un juicio justo, la mayoría de los sistemas permiten que los acusados y sus abogados tengan acceso a la evidencia que será usada en su contra en los tribunales. En algunos casos, la defensa tiene el derecho de acceder a toda la evidencia reunida, independientemente que sea utilizada o no en la acusación.
La información que puede mantenerse al margen de la defensa normalmente comprende la relacionada con la identidad de informantes confidenciales de la policía, información que podría afectar una investigación policial en curso, información sobre técnicas policiales confidenciales (como dispositivos de monitoreo) e información gubernamental clasificada. Cualquier otra evidencia normalmente está al alcance de la defensa.
Protección de testigos
Los derechos del acusado normalmente incluyen el de enfrentar o carearse con sus acusadores frente al tribunal. Esto significa que los testigos comparecen personalmente y están disponibles para un interrogatorio por ambas partes. Este puede ser un procedimiento totalmente público. En países con un historial de conflictos violentos o con serios problemas relacionados con el crimen organizado, algunos testigos pueden tener miedo de declarar. Pueden tener miedo de ser asesinados o de algún otro acto violento en su contra o de sus familias.
Los testigos en estas condiciones requieren protección. La capacidad de los distintos sistemas legales para brindarla difiere considerablemente. En Canadá, por ejemplo, la identidad de los testigos puede ser protegida en algunos casos.369 En los Estados Unidos, el sistema de protección de testigos incluye su reubicación y cambios de identidad. Otros sistemas pueden ofrecerle a los testigos protección armada durante el juicio. En los países que cuentan con menos recursos o una débil administración de justicia, la protección de testigos puede ser difícil.
Evitar el juicio de los medios
Existe un delicado equilibrio entre el derecho del público a saber y el de los acusados a un juicio justo. La mayoría de los países no censuran a la prensa, dejándolos en libertad y especular sobre los méritos de un caso, la evidencia y la culpabilidad o inocencia del acusado. Una cobertura sensacionalista de un delito por parte de los medios antes de que se lleve a cabo el juicio, puede dificultar que el acusado tenga una audiencia imparcial. Los miembros del Jurado pueden haber ya decidido sobre su culpabilidad o inocencia con base en la cobertura de los medios. Una cobertura activa de los medios durante el juicio también puede afectar las deliberaciones del jurado -esa es una de las razones por las que en algunos casos se aísla al jurado durante un juicio.
Un juicio justo
Un proceso apropiado en la mayoría de los sistemas judiciales requiere que los crímenes serios (felonías) sean tratados en una corte abierta y ante un juez imparcial con jurisdicción en el caso. Dependiendo del sistema legal, puede incluir un jurado imparcial que determine la culpabilidad o inocencia del acusado. A los acusados normalmente se les concede el derecho a un juicio expedito, imparcial y público apegado a derecho. Los juicios normalmente se realizan en el lugar donde se cometió el crimen, para que el jurado comprenda el contexto. Pero en algunos casos se puede modificar el lugar si es posible que el acusado reciba un juicio justo porque no es posible encontrar un jurado imparcial.
En la mayoría de los sistemas se realizan juicios abiertos que pueden ser presenciados por el público y la prensa. Se considera que un juicio público promueve la confianza pública y protege tanto al acusado como el interés general contra los posibles abusos de un sistema de justicia secreto.
La mayoría de los sistemas jurídicos exigen un juicio expedito para proteger a los acusados contra la incertidumbre de una acusación criminal y para asegurarse de que el testimonio de los testigos todavía está a la mano. Los testigos se pueden mudar o sus recuerdos pueden diluirse. En algunos casos puede ser necesario un aplazamiento, pero este no debe ser perjudicial para el acusado.
En términos generales, tanto la fiscalía como la defensa tienen el derecho de presentar sus argumentos para que los examinen el juez y el jurado durante el juicio. Un juicio justo le otorga a la defensa el derecho de interrogar a los testigos de la fiscalía. Este es una salvaguarda para el acusado contra una sentencia basada en informante anónimo. Les da a los acusados la capacidad de escuchar los testimonios en su contra, ver las evidencias presentadas y desafiar plenamente a los testigos mediante los interrogatorios de sus abogados. Los acusados usualmente también tienen derecho de presentar testigos en su defensa y de exigir su comparecencia ante el tribunal.
El propósito de un juicio es determinar si el acusado es culpable o inocente. La norma para determinar la culpabilidad de un delito criminal es usualmente la de "más allá de una duda razonable". La fiscalía debe persuadir al juez o al jurado de que la evidencia presentada prueba la culpabilidad más allá de toda duda razonable. (Los casos civiles generalmente aplican estándares más reducidos de "preponderancia de evidencia". Para mayor información sobre este tema ver Litigio Civil). Esta norma es para salvaguardar al acusado contra una sentencia dudosa y para permitirle al juez y al jurado tener toda la certidumbre humanamente posible en su decisión.
Sentencia apropiada
El acusado es normalmente sentenciado cuando se le declara culpable. Para ser justa, la sentencia debe guardar relación con la severidad del crimen. Los delitos menores generalmente se traducen en una advertencia; una orden judicial previniendo cosas como la celebración de una manifestación o la exhibición de propaganda electoral; la descalificación de un candidato o el registro de un partido político. También se pueden aplicar multas para la restitución de daños.
Los crímenes de mayor seriedad pueden traducirse en encarcelamiento. De acuerdo con el delito, el culpable es generalmente mantenido bajo custodia gubernamental durante un determinado periodo. Los crímenes electorales también pueden traducirse en la pérdida de derechos políticos por un lapso determinado.
Para mayor información sobre este tema, ver Sanciones por Infracciones Electorales Específicas.
Apelación
El derecho de apelación es parte de los frenos y contrapesos del sistema judicial. Este mecanismo protege a los acusados frente a una presentación de cargos sesgada o alterada y le confiere a la parte perdedora al menos la oportunidad de argumentar errores legales o de procedimiento. Las bases para la apelación están contempladas en el marco legal de cada país y en los procedimientos establecidos por sus tribunales. Las apelaciones solo pueden ser presentadas ante un tribunal autorizado para revisar las decisiones de un órgano judicial de menor jerarquía. En algunos países, esto puede ser competencia de un Supremo Tribunal Electoral que tiene la última palabra en asuntos relacionados con infracciones a la legislación electoral. En otros países esto puede ser atribución de un Consejo Constitucional o de la Suprema Corte de Justicia.
