Normalmente las leyes son promulgadas por el poder legislativo y son ejecutadas por las fuerzas policiacas y los tribunales. Usualmente existe cierto número de leyes que guardan extrechos vínculos interrelacionadas entre sí para apoyar la integridad de la elección. Existe una ley específicamente de carácter electoral, así como leyes orientadas a hacer cumplirlas. Asimismo se contemplan códigos penales que penalizan las actividades ilegales y leyes civiles que castigan cosas tales como la difamación u otro tipo de daños personales.
En los países donde prevalece un sistema de gobierno federalista, esto es aún más complicado debido a la existencia de leyes estatales o locales además de las existentes a nivel nacional. El resultado final puede ser un complicado laberinto legislativo con a lo sumo, provisiones conflictivas. Las legislaciones no pueden ser vagas o tan demasiado extensas que queden abiertas a distintas interpretaciones. En estos casos, las impugnaciones que se presentan en este contexto usualmente son llevadas a los tribunales.
Generalmente es responsabilidad del poder legislativo asegurar la creación de todas las instituciones y leyes implícitas en la Constitución. Por ejemplo, la Constitución puede prever la conducente para un sistema de gobierno local. La administración electoral puede considerar la celebración de elecciones para estas oficinas, sin embargo si la legislación que regula a estos órganos locales no es aprobada, se elegirán oficiales sin autoridad o recursos.
Para la integridad de la elección, las leyes deben proteger los principios de libertad, justicia y competitividad (ver Principios Guía) y regularmente son adoptadas para mantener el ritmo con la evolución política y tecnológica del país. Como lo explica Agustín Ricoy, exsecretario general del Instituto Federal Electoral de México:
Las leyes deben evolucionar al mismo ritmo que la realidad que regulan. Este fenómeno de integración y perfeccionamiento de la ley nos permite dimensionar adecuadamente el desarrollo democrático del pueblo, lo que a su vez le permite crecer en el aspecto social y económico, sobre la base del respeto hacia la soberanía que expresarán a través de la emisión del voto.78
En el caso de Nueva Zelanda, esta flexibilidad se mantiene por medio del Comité Legislativo Electoral, quien es designado por cada Parlamento para considerar los temas relacionados con el ámbito electoral. Después de una elección general, este Comité dirige una investigación que abarca los aspectos administrativo y legales de la elección. Revisa los informes del Jefe de la Oficina Electoral, del Ministro de Justicia, del Centro de Reclutamiento Electoral y los comentarios públicos. En base a esta revisión, efectúa recomendaciones a la Cámara sobre posibles modificaciones a la legislación electoral. 79
Legislación electoral
En muchos países se ha adoptado una legislación sobre elecciones nacionales que cubre rigurosamente muchos de los aspectos de un proceso eelctoral. Incluidos en una legislación se encuentran los mandatos en materia de política y administración electoral: el itinerario para las elecciones, los requisitos que debe cubrir el elector, los registros de candidatos y partidos políticos; los principios para la votación y el escrutinio; los mecanismos de control, y los castigos impuestos por violaciones a la misma. Asimismo, se detallan los procedimientos y mecanismos que regulan las impugnaciones y disputas relacionadas con el proceso electoral. (para mayor información, ver Ley Electoral)
Los sistemas que cuentan con una legislación electoral rigurosa puede minimizar los aspectos de integridad que frenan los conflictos que se presentan entre las distintas áreas de la misma. Si contamos con una efectiva legislación, los mecanismos orientados a su cumplimiento pueden ser descritos dentro de la ley, específicamente los que detallan qué reponsabilidades le correponden a la política electoral y al órgano de administración, y qué responsabilidades pertenecen a los sistemas de justicia u otros mecanismos para hacer respetar la ley.
Leyes de aplicación penal.
Los elementos de integridad de una elección que involucran el fraude, la corrupción o la violencia usualmente están cubiertos en los códigos civiles de cada país. En ellos se consideran acciones qye superan problemas específicos e involucran importantes temas tales como el mantenimiento de la ley y el orden, y la lucha contra el fraude y la corrupción.
Incluso puede haber leyes anti-fraude y leyes anti-soborno que puede aplicarse a estas infracciones cometidas durante el proceso electoral. Adicionalmente, se pueden adoptar leyes específicas que están directamente relacionadas con temas como el fraude electoral y la corrupción, tales como la relativa al uso apropiado de los fondos de campaña, prohibiciones en contra de la compra de votos, limitaciones a las contribuciones de campaña y otros de la misma naturaleza.
El sistema de justicia penal regularmente entra en funcionamiento si el gobierno presenta cargos en contra de una persona o grupo de personas que violan alguna de estas leyes. El caso es llevado a los tribunales, quien le dicta sentencia al ofensor si lo encuentra culpable de haber quebrantado la ley.
Es importante asegurarse que los códigos penales contemplen violaciones a la ley electoral y que las infracciones penales no caigan en lagunales legales debido a omisiones. Por ejemplo, esto ocurrió como parte de la reforma electoral en México, durante la creación de la Oficina del Fiscal Especial. Es responsabilidad de esta oficina asegurar que el código penal mexicano considere acciones criminales en materia electoral, entre las que se incluyen:
Comportamiento negativos que afecten las condiciones de la contienda electoral (cobertura de los medios de comunicación electrónicos, gasto y financiamiento de los partidos políticos, acciones del gobierno y programas publicitarios, específicamente la desviación de recursos, propiedades o servicios utilizados por el servidor público con fines electorales), así como aquellas que pueden producir o favorecer ciertas irregularidades, todas ellas con el propósito de proteger los derechos humanos y políticos de los ciudadanos.80
Leyes sobre Derechos Civiles
Algunos países han adoptado leyes sobre derechos civiles para proteger los derechos de los electores y para prevenir la discriminación. Estas leyes complementan las provisiones que sobre derechos políticos nos brinda el marco constitucional y legal identificando las áreas específicas donde históricamente se presentan problemas relacionadas con la discriminación, el trato arbitrario que hace el gobierno o de particulares de las minorías u otros grupos.
En el caso de los Estados Unidos, un serie de Leyes sobre Derechos Civiles promulgada a efecto de prevenir la discriminación racial. Estas provisiones incluyen una prohibición sobre discriminación arbitraria en el registro de electores, acelerando las. iniciativas sobre derechos electorales y creando un Comisión Bipartidista sobre Derechos Civiles para investigar los asuntos relacionados con esta materia. Estos leyes fueron complementadas por una Ley de Derechos Electorales que especifícamente dirigía restricciones que fueron usadas para prevenir a los electores minoritarios de su derecho para ejercer el voto. Entre estas provisiones legales estaba una prueba del Tribunal que verificaba la legalidad de los impuestos (el Tribunal la encontraba inconstitucional), una suspensión del uso de pruebas sobre alfabetismo, y funcionarios federales para registrar en areas con antecedentes de discriminacion.81
