Este estudio de caso se refiere a un debate continuo en Australia sobre políticas relacionadas con los requisitos que deben imponerse a las personas que quieren registrarse como electores para votar en las elecciones federales.
Requisitos actuales
Con base en la forma actual del Acta Electoral de la Mancomunidad de 1918, una persona calificada para votar que ha vivido dentro de un distrito electoral durante un mes, tiene derecho (y de hecho se le exige) de solicitar "inscripción" mediante el llenado y la entrega de un formulario de registro electoral. Este formulario debe ser avalado por un testigo que puede ser un votante registrado o una persona con derecho a registrarse. Una vez llenado el formulario, se le puede entregar en persona, por correo o por fax. El solicitante no necesita ofrecer documentación alguna para apoyar su solicitud. Australia no tiene un solo registro civil o credencial de identidad nacional o plan de numeración que pudiera usarse para verificar la validez de las solicitudes de registro.
Debates recientes
En años recientes, varias organizaciones e individuos han criticado estas disposiciones aduciendo que hay muy pocos obstáculos en el camino de quienes tienen interés en crear registros fraudulentos en los padrones.
Este asunto fue sopesado varias veces por el Comité Permanente del Parlamento Federal Australiano sobre Cuestiones Electorales, el cual desde 1984 ha hecho indagaciones sobre la organización de cada elección federal.
En su informe No. 3 de Mayo de 1989, sobre La Elección Federal de 1987, el Comité observó que:
En relación con la calidad de los padrones, una propuesta presentada ante dicho organismo adujo que se hicieron grandes cantidades de registros falsos antes del cierre de los padrones, y después, el día de la elección, quienes perpetraron el fraude aparecían en listas certificadas que les permitían votar. El Comité subraya que si bien pueden haberse citado casos individuales, no se presentó ninguna evidencia de un plan organizado ante esta organización.
El Comité también apuntó lo siguiente:
Si bien en ocasiones cunden las imputaciones de fraude electoral, pocas veces están sustentadas con hechos, y al hacer sus indagaciones, el Comité ha recibido acusaciones que no tienen más fundamento que la evidencia anecdótica.
El Comité también abordó el asunto de exigir a los electores potenciales presentar evidencia de identidad mediante documentos de la siguiente forma.
El requisito de que las personas que desean registrarse y/o votar deben presentar evidencia documental de su identidad, como una licencia de manejo, una credencial de Medicare o un pasaporte, sería una medida relativamente sencilla de instrumentar pero presentaría algunas dificultades administrativas para la AEC (Comisión Electoral Australiana). Por ejemplo, la gente que desea registrarse tendría que hacerlo en persona. El Comité opina que la necesidad de presentar documentos de identidad tendría un efecto positivo al reducir el fraude electoral, pero también sería un agente desalentador para muchas personas. En este momento, es probable que dicho requisito pueda generar tal irritación entre los electores que se revierta el bien que podría haberse logrado.
La investigación pública del Comité con respecto a la elección de 1993 atrajo una cantidad significativa de protestas de los miembros del público que expresaron su inquietud sobre la facilidad con la que se podía alterar el padrón electoral. Muchos de quienes presentaron quejas subrayaron el hecho de que el Acta de Informes sobre Transacciones Financieras de 1988 había impuesto el requisito legal de que los signatarios de cuentas bancarias estuvieran sujetos a la identificación mediante documentos - medida instrumentada para evitar el lavado de dinero. Sugirieron que los requisitos de dicha acta podrían ser un modelo adecuado para instrumentar un requisito similar en el campo electoral.
La AEC, en respuesta a este nivel de interés del público, elaboró una propuesta para el Comité sobre las implicaciones prácticas de varias medidas relacionadas con la integridad del proceso electoral. Esta propuesta abarca un amplio rango de métodos posibles para la identificación de electores, que incluyen los siguientes:
- Un plan con base en el cual todas las personas que deseen registrarse se presentarán ante el funcionario electoral, sin excepciones.
- Un plan con base en el cual las personas que se registren por primera vez serán entrevistados.
- Un plan que incluya un requisito general de entrevistas personales para todas las personas que quieran registrarse, pero con disposiciones especiales para quienes no puedan presentarse.
- Un plan que incluya un requisito general de entrevistas personales para todas las personas que quieran registrarse por primera vez, pero con disposiciones especiales para quienes no puedan presentarse.
- Un plan mediante el cual se solicite prueba de identidad para procesar el registro, aunque no necesariamente en una entrevista personal.
- Un plan mediante el cual se solicite prueba de identidad para procesar el registro de las personas que quieran registrarse por primera vez, aunque no necesariamente en una entrevista personal.
- Un plan para verificar la identidad de las personas que deseen registrarse mediante cotejo de la base de datos del padrón electoral contra otras bases de datos de alta integridad (registro de licencia de manejo, de Medicare, etc.)
Un punto que subrayó la AEC en su propuesta, y que exploró en detalle la relación con cada plan sugerido, fue el hecho de que cualquier medida cuyo efecto era complicar el proceso de registro para evitar fraudes podría traer como consecuencia la reacción secundaria de desalentar el registro legítimo. Se resume a continuación.
Si bien algunas de las medidas discutidas en esta propuesta pueden reducir hasta cierto grado el fraude electoral potencial, al mismo tiempo:
- impondrían molestias significativas a los electores; y/o
- supondrían un aumento en los costos administrativos
Algunas de las medidas propuestas también tenderían a afectar a los miembros no privilegiados o al margen de la sociedad. Las molestias impuestas a los electores podrían reducir el alto nivel de cumplimiento voluntario del registro y la votación obligatorios. Estos factores tenderían a disminuir en lugar de fomentar la legitimidad del proceso electoral en Australia.
En vista de estas desventajas, y a falta de evidencia de necesidad real, la AEC no apoya en este momento la introducción de estas medidas o de cambios sustanciales en los procesos de registro y de votación a fin de eliminar el fraude potencial
El informe del Comité de Noviembre de 1994 sobre las Elecciones Federales de 1993 El informe que presentó el Comité en noviembre de 1994 sobre la Elección Federal de 1993 manifestó claras diferencias de opinión, que reflejaron la conformación partidista de dicho organismo: los miembros del Partido Laboral Australiano (en el poder), así como varios miembros de partidos más pequeños representados en el Senado, opinaron que el Comité no debería recomendar que se exigiera prueba de identidad para fines de registro, mientras que los miembros de los partidos Liberal y Nacional (de oposición), recomendaron lo siguiente en otro informe:
Los individuos que exigen su derecho a obtener un registro deben presentar ante la AEC prueba de su identidad y evidencia de ciudadanía, ya sea mediante un acta de nacimiento, un pasaporte vigente o un certificado de naturalización.
Durante la elección federal de marzo en 1996, hubo un cambio de gobierno en Australia, que se reflejó en la conformación del Comité Permanente Conjunto sobre Cuestiones Electorales. La cuestión de la identificación de las personas que solicitan su registro electoral surgió nuevamente en las propuestas para la investigación de las elecciones hecha por el Comité, y nuevamente la AEC presentó ante este organismo una propuesta detallada. (Esta propuesta está disponible en la página Web del AEC, en http://www.aec.gov.au/committee/lnet.pdf".) El Informe de la investigación sobre todos los aspectos de la elección federal de 1996 y temas relacionados, presentado por el Comité en junio de 1997 (disponible en http://www.aph.gov.au/house/committee/em/elec/elec.pdf) incluyó varias recomendaciones para hacer cambios en el proceso de registro, entre los cuales se cuentan los siguientes:
que el AEC prepare un plan de instrumentación integral sobre las medidas propuestas por el Comité para mejorar la integridad del proceso de registro y de votación, y que rinda un informe al respecto al Comité para fines de 1997;
que como parte del plan de instrumentación propuesto, la AEC asigne una clase recomendada de personas elegibles para llenar la parte de testigo del formulario, si a éste se le convierte en una declaración de prueba de identidad. Este formulario mejorado debe especificar que el testigo esté registrado en el padrón electoral de la Mancomunidad (en lugar de ser solamente elegible para estar registrado). Deben tomarse las medidas adecuadas para los grupos identificables de personas para quienes va a ser muy difícil encontrar testigos;
que el Acta Electoral debe enmendarse a fin de que incluya disposiciones para que quien solicite su registro deba presentar al menos un documento que demuestre su identidad, cuando dicha información no se haya proporcionado previamente (es decir, todos los procedimientos de registro inicialmente y los registros nuevos subsecuentes). Los documentos aceptables incluyen la licencia de manejo, las actas de nacimiento, los documentos de Seguro Social (tales como notificaciones de pensiones) o tarjetas de veteranos, certificados de ciudadanía, pasaportes, tarjetas de Medicare, o referencias escritas para ciertas personas que no puedan proporcionar los documentos anteriormente mencionados;
que la AEC lleve a cabo, con la colaboración de las agencias y departamentos pertinentes del Mancomunado, el Estado y el Territorio, un estudio de identificación de costos, beneficios, métodos de instrumentación y requisitos de enmiendas legislativas de las siguientes opciones para el creciente cotejo de datos de registro:
(a) suministro manual de datos en respuesta a solicitudes de información relacionada con los registros individuales;
(b) cotejo de volúmenes de datos con que cuente la AEC y otros departamentos y agencias;
(c) conexiones en línea entre el Sistema de Administración del Padrón Electoral de la AEC (RMANS) y los sistemas de cómputo de otras agencias y departamentos gubernamentales, lo cual permite la verificación de datos conforme se introduce el formulario de registro en el sistema; y
(d) otras opciones viables que puedan surgir como resultado del estudio.
Los miembros de oposición del Comité manifestaron su desacuerdo con respecto a cada una de estas recomendaciones.
Cambio en la legislación
A raíz del informe del Comité se elaboró el estudio de instrumentación requerido por la AEC, y el gobierno preparó la legislación para poner en vigencia algunas de las recomendaciones propuestas. Las diferencias de opinión entre el gobierno y la oposición se reflejaron en el debate parlamentario sobre la legislación, que finalmente fue aprobada (en octubre de 1999) con enmiendas significativas hechas por el Senado, donde el gobierno era minoría.
La legislación dispuso entre otras cosas que en el futuro las solicitudes de registro tendrían que ser atestiguadas por otro elector "miembro de la clase de electores recomendados en las regulaciones", y que " la identidad de una persona que haga una solicitud debe ser verificada en la forma recomendada en las regulaciones, a menos que el funcionario electoral divisional esté seguro de que dicha persona ha sido un elector previamente." Para marzo de 2000 estos cambios no habían entrado en vigor, puesto que las regulaciones en cuestión no se habían elaborado. Puesto que el Senado, donde el gobierno es minoría, puede anular estas regulaciones, aún no se sabe cuál será el futuro de los cambios propuestos para los procedimientos de registro.
Comentarios finales
El debate en Australia con respecto a la identificación de los votantes está muy polarizada en este momento, y sigue sobre las líneas de discusión que se han estado desarrollando desde hace algún tiempo. Quienes están a favor de exigir requisitos de registro más rigurosos subrayan el riesgo del registro fraudulento, mientras que quienes se oponen a ello aducen la carga que pueden imponer sobre ciertos electores y el posible efecto discriminatorio. El debate también refleja las diferentes nociones de "integridad": para algunos, el registro fraudulento es la mayor amenaza para la integridad en el proceso electoral, mientras que para otros, la integridad del proceso resulta igualmente, si no es que más amenazada, por la imposición de requisitos de registro indebidamente estrictos.
