Cuando se recibe una queja o se reporta un presunto delito, se debe decidir si se realiza una investigación o no. El determinar la decisión sobre investigar o no una denuncia legítima es un asunto de integridad, como lo es el investigar denuncias que pueden carecer de fundamento o son acometidas por razones políticas.
Para asegurar la integridad en el proceso de revisión de la denuncia y en la toma de decisión sobre investigarla o no, las denuncias deben ser revisadas de manera objetiva y oportuna. En estas revisiones se debe considerar la credibilidad de la denuncia, si existen razones suficientes para sospechar que la ley ha sido violada y si es probable que una investigación deslinde responsabilidades.
La mayoría de los sistemas desarrollan procedimientos y criterios generales de operación para determinar si una denuncia es válida y debe ser investigada. En Canadá, por ejemplo, solo se investigan los casos que reúnen los requisitos establecidos en la denominada "Threshold Test and Standard". Una política específica determina en que punto se ubica el umbral de esa prueba. La política vigente es que "la existencia de elementos razonables para creer que la gravedad o la seriedad del presunto delito justificaría o no el poner en operación una investigación", junto con la consideración de "factores de interés público". 338
Pueden surgir problemas de integridad si los procedimientos son discriminatorios o permiten una excesiva discrecionalidad. En estos casos, la revisión puede ser utilizada ya sea para desechar una denuncia válida o para perseguir a alguien por razones personales o políticas.
Validez de la denuncia
Para que los mecanismos de cumplimiento de la ley funcionen como una salvaguarda de la integridad electoral, el proceso de revisión debe ser capaz de identificar las denuncias válidas y determinar si ameritan o no una investigación. Entre los factores que se utilizan para determinar la validez de una denuncia y que agencia tendría jurisdicción en la investigación, figuran los siguientes:
- Sustento. ¿El sustento de la denuncia sugiere que se ha cometido un delito y que es lo suficientemente serio para demandar una investigación?
- Violación. ¿Ha sido violada alguna ley y, de ser el caso, cuál en el específico? ¿Es un caso civil o penal? ¿Ha sido violada una ley nacional lo que determina una investigación central o federal o ha sido una ley regional o local con lo que su manejo debe darse a ese nivel?
- Alcance. ¿Es la violación un acto aislado o parte de un proceso organizado para corromper el proceso electoral?. Dependiendo del sistema, este elemento influiría en la jurisdicción. Un problema generalizado usualmente exige atención y manejo a nivel nacional.339
- Evidencia. ¿Existe suficiente evidencia en la denuncia para ameritar una investigación? ¿Es razonable creer que esas evidencias pueden ser verificadas a través de la investigación? ¿Son confiables los testigos y están dispuestos a cooperar y a ofrecer información?.
A fin de apoyar una investigación penal, una investigación debe ser confiable y suficientemente específica respecto a los hechos para ofrecer una vía lógica a través de la cual ... una investigación preliminar puede confirmar o descartar que ... haya ocurrido un delito... Como la mayoría de estos delitos tienen que ver con fraudes relacionados con defectos en actos individuales de registro o votación, los hechos supervinientes en una denuncia deben normalmente proveer elementos para la detección de actos corruptos específicos. Si los hechos contenidos en la denuncia no reúnen estas normas, por lo regular se le dice al denunciante que no tiene suficiente información para permitir una evaluación y se le alienta a obtener y aportar las evidencias o elementos fácticos adicionales que se requieren para una evaluación preliminar.340
La mayoría de los sistemas han desarrollado procedimientos detallados para la evaluación de una denuncia, incluyendo un plazo límite para darle respuesta al denunciante. Contar con procedimientos claros y precisos puede coadyuvar a asegurar que se cumpla con las normas de integridad.
En la mayoría de los sistemas, las denuncias suelen ser desechadas si:
- son anónimas y la materia no parece ser suficientemente seria como para ameritar mayor investigación;
- son demasiado vagas o frívolas y parece poco probable que alguna investigación adicional permita recabar información más específica;
- no hay indicio de que alguna ley o regulación haya sido violada;
- la denuncia parece estar fundada pero no es posible que una investigación se traduzca en la identificación del responsable o insuficiente evidencia como para usarla en contra de un sospechoso;
- la evidencia sugiere que no hubo una tentativa criminal, o que el asunto ha sido enmendado por otros medios; o
- son presentadas de manera extemporánea.
Los errores normalmente no son perseguidos y son manejados a través de los procedimientos de supervisión del organismo electoral o de algún procedimiento civil. Los errores que provocan un impacto significativo en el resultado de una elección muy reñida suelen ser impugnados por el candidato perdedor a través del proceso de Quejas y Apelaciones .
Consideraciones sobre la política aplicable
Las políticas juegan un papel importante para determinar que casos serán investigados y cuáles desechados. Como resultado, la Política pública para cumplir con la ley debe ser justa y no partidista.
Por ejemplo, como se mencionó líneas arriba, Canadá cuenta con un umbral de prueba que determina que casos ameritan una investigación. Ese umbral y la norma correspondiente son fijadas por una política pero tiene indicadores objetivos para determinar si una denuncia amerita una investigación. Sin embargo, también incluye un indicador subjetivo sobre que resulta lo más conveniente en aras del interés público. Los factores de "interés público" incluyen:
- las circunstancias, opiniones, confiabilidad y credibilidad del denunciante y la especificidad de la denuncia planteada;
- la necesidad de mantener la confianza pública en la administración de la justicia y en la integridad del proceso electoral;
- el predominio del tipo de delito y cualquier necesidad relacionada con un factor disuasivo genérico o especifico derivado del proceso de investigación y de los procedimientos legales;
- la antigüedad del supuesto delito o la probable duración y costo de la investigación en relación a su seriedad; y
- la disponibilidad y eficacia de cualquier alternativa a la investigación, como por ejemplo, remedios administrativos o medidas voluntarias de reparación por parte del presunto transgresor. 341
Los indicadores subjetivos pueden permitir una mayor discrecionalidad en el manejo de una denuncia; que las investigaciones ponderen los méritos individuales de cada caso. Sin embargo, algunos sistemas, como el mexicano, limitan deliberadamente la discrecionalidad como uno de sus mecanismos de frenos y contrapesos.
Darle prioridad a los casos
Las políticas también determinan la prioridad de una investigación. Las investigaciones relacionadas con alegatos de fraude demandan mucho tiempo y trabajo. Algunas agencias de investigación no tienen los recursos humanos y financieros suficientes para investigar todas las denuncias. Pueden surgir problemas de integridad si la prioridad de las investigaciones no se determina sobre la base de criterios objetivos y se deja a discreción de los investigadores. Esta puede ser utilizada para congelar casos políticamente sensibles o darle prioridad a los casos menos relevantes.
Este tipo de problemas de integridad pueden ser atendidos a través de un efectivo monitoreo y supervisión del proceso legal para ser cumplir la ley, tal como se examina en Monitoreo del Cumplimiento de la Ley.
