La política electoral es un reflejo del Contexto Social y Político de cada país. La política es un factor importante cuando se trata de desarrollar el esquema legislativo y reglamentario para las elecciones, así como de asegurar una adecuada asignación de fondos para la administración electoral. También determina los parámetros para la participación de los partidos políticos y candidatos y fija el tono para el tipo de elecciones que se celebra en cada país.
Una elección libre y justa requiere un consenso general sobre las reglas del juego y el valor de la integridad electoral. Una buena política de imparcialidad en las elecciones ayuda a establecer un clima propicio para elecciones libres y justas.
Un consenso general sobre la política electoral entre los principales actores políticos y civiles reduce una de las causas fundamentales de los problemas de integridad - desacuerdos fundamentales sobre cómo y cuándo realizar las elecciones. Este problema es más frecuente en sociedades post-conflictivas o en países que llevan a cabo un proceso de transición cuando se están desarrollando nuevas políticas y es evidente la falta de confianza (ver Consideraciones Especiales para los Países en Transición).
La política afecta los mecanismos adoptados para proteger la integridad en todas las democracias. Esto comprende cuestiones como la equidad en el Acceso a los Medios, la capacidad de los ciudadanos para obtener y examinar información política, la distribución de fondos públicos para las campañas (ver Financiamiento de las Campañas), la transparencia del proceso (ver Proceso Justo y Equitativo) y cómo hacer frente al fraude y la corrupción.
Para que la política sea efectiva se debe reflejar claramente en el marco legal. Esto asegura que las políticas sean respetadas y cumplidas en la realización de las elecciones.
Por ejemplo, en California en los Estados Unidos, una acción ciudadana se tradujo en un cambio de política sobre la integridad de las elecciones. Mediante una iniciativa incorporada en la papeleta de votación, los electores de California aprobaron la ley de reforma política de 1974, un paquete legislativo diseñado para apoyar la integridad de las elecciones. Debido a los cambios en la política derivados en la aplicación de esa ley, la conducta de los oficiales públicos y los comités de campaña son ahora regulados de manera más estrecha. Las contribuciones a las campañas y los gastos de los candidatos deben ser totalmente manifestados y revelados públicamente. Los oficiales de gobierno a nivel estatal y local, incluyendo los encargados de las elecciones, son ahora sujetos a normas éticas más estrictas. 62
