Esta sección examina el papel de la integridad en el proceso electoral. La integridad es un factor importante tanto en la administración de elecciones libres y justas, como en la participación de los partidos políticos, candidatos, grupos de interés y electores.
El objetivo de contender en una elección es el de ganar un cargo público, acceder al poder e influir sobre las políticas públicas y recursos estatales. Las elecciones son resultado de un complejo proceso que requiere la participación de una diversidad de actores, cada uno con diferentes funciones y agendas. Las elecciones se traducen en ganadores y perdedores. Todos quieren ganar, nadie perder. Los intereses en juego pueden ser tan altos como la tentación de tratar de asegurar el triunfo a través de medios ilícitos o poco éticos.
La integridad es inherente a los principios de la democracia y es un componente importante de unas elecciones libres, justas y competidas que son, a su vez, la base de un gobierno representativo. Sin integridad, no hay garantía de que la voluntad de los electores se reflejará en los resultados de la elección. Sin ella, las elecciones pueden ser arregladas de antemano, predeterminar ganadores y perdedores. Las elecciones pueden ser violentadas, minando la participación de candidatos o electores y lanzando sombras de duda sobre la legitimidad de los resultados. Una elección sin integridad desvirtúa el cometido de unas elecciones democráticas e impide considerarlas libres y justas.
La integridad constituye un código de conducta así como un conjunto de dispositivos adoptados para proteger la honestidad y viabilidad del proceso electoral. La integridad electoral requiere:
- un código de conducta ética ampliamente aceptado en la política;
- un marco legal justo e igualitario;
- una administración de las elecciones justa, transparente e imparcial;
- libertad política para participar de manera libre e igualitaria en un clima exento de amenazas;
- responsabilidad de todos los participantes;
- el diseño de mecanismos para salvaguardar la integridad y asegurar la rendición de cuentas, incluyendo la vigilancia de la sociedad civil y de medios de comunicación independientes; y
- la aplicación de la ley.
Cada uno de estos requerimientos será examinado a detalle en los apartados subsecuentes.
Normalmente se piensa en la corrupción electoral como una corrupción política -la manipulación del proceso para asegurar el triunfo de un candidato, partido o posición determinada. Sin embargo, la corrupción política permite la corrupción económica y, por tanto, ambas deben ser enfrentadas. Los interesados en subvertir el sistema pueden sobornar a un oficial electoral corrupto para obtener un tratamiento privilegiado o arreglar un determinado resultado. Un soborno o cualquier otro incentivo financiero personal para la asignación de un contrato de suministro puede dañar, quizá sin pretenderlo, la integridad de la elección mediante la compra de servicios deficientes o inexistentes. O si tiene que ver con la selección de una empresa deshonesta y que tiene intereses políticos para la impresión de algo tan sensible como las papeletas de votación, puede afectarla de manera adversa y deliberada.
La integridad requiere que exista voluntad política para un buen gobierno y elecciones "limpias". En virtud de la naturaleza facciosa de la política y la sociedad, la integridad no debe darse por descontada. Es necesario crear mecanismos para asegurar el cumplimiento de la integridad en el marco legal, la administración de las elecciones y las condiciones de la competencia. Entre ellos se considera la existencia de pesos y contrapesos en la administración del organismo electoral, la supervisión por parte de otra agencia o instancia de gobierno, un monitoreo independiente del proceso por la sociedad civil y los medios y el cumplimiento de las reglas mediante la aplicación de acciones administrativas o legales.
La existencia de mecanismos legales para hacer cumplir la integridad es especialmente importante porque sin ello las mejoras, reglas y disposiciones pueden terminar convirtiéndose en simples buenas intenciones. Identificar la corrupción electoral y detenerla a través de medidas administrativas o legales cumple con el doble propósito de inhibir cualquier corrupción en el futuro y conservar la integridad del proceso en curso.
En esta sección también se describen los desafíos a la integridad del proceso electoral y los mecanismos desarrollados para preservarla.
