Un componente fundamental del éxito electoral es tener acceso a los medios para propósitos de campaña electoral. En virtud de que se puede tener acceso a la mayoría de los electores a través de los medios masivos de comunicación, es esencial asegurarse que cada uno de los candidatos pueda tener acceso a los mismos. Debido a que los costos de las campañas en medios masivos de comunicación pueden ser muy elevados, y a que cada partido no cuenta con la misma proporción de recursos, asegurar la igualdad de acceso a éstos es un problema de integridad muy importante.
En la gran mayoría de los países la legislación y/o regulaciones electorales contemplan un tema relativo al acceso a los medios garantizando que cualquier persona que esté en condiciones de pagar los anuncios y propaganda respectiva, tenga libre acceso a los mismos. En algunos sistemas electorales se provee de financiamiento público o tiempo de transmisión gratuito para ayudar a los partidos a conseguir tiempo en los medios (ver Financiamiento Público de las Campañas). Los requisitos de elegibilidad para tiempos iguales, o financiamiento público para tiempos de transmisión, pueden estar basados en la forma en que se categoriza a los partidos políticos durante su registro y otros factores, como el relativo al porcentaje de votos obtenido en la elección previa, o el número de escaños durante su gobierno.
Acceso y trato igualitario
La mayoría de las leyes y regulaciones electorales exigen acceso y trato igualitario a aquellos que desean transmitir propaganda electoral.
En Nueva Zelanda, por ejemplo, la ley "prohíbe a las difusoras ofrecer o proporcionar a cualquier partido político términos para tiempos de transmisión que sean más favorables de los ofrecidos a cualquier otro partido político. Esa misma sección también prohíbe a una radiodifusora ofrecer u otorgar a cualquier candidato términos para tiempos de transmisión que sean más favorables que los otorgados a otro candidato".177
Los términos para el acceso no pueden garantizar igual trato. En un campo tan atestado de candidatos y partidos contendientes, en donde los candidatos consiguen llegar al aire en primer lugar -¿o al último? ¿Hay suficiente tiempo para transmitir toda la propaganda de los candidatos en el periodo de campaña oficial, o para los electores a efecto de absorber todos los mensajes? ¿qué espacio de tiempo se distribuyó entre los candidatos y para cuándo dentro de la campaña? Aún si los candidatos tienen igual tiempo de transmisión, ¿disponen de acceso igualitario a los recursos de producción necesarios para hacer su propaganda?
Asignación pública o financiamiento de tiempo de transmisión.
Aún cuando se asigne acceso igualitario, los partidos diferirán en su capacidad por el pago de propaganda. Para compensar estas diferencias, la mayoría de los sistemas intentan brindar financiamiento público para campañas o de libre tiempo de transmisión proporcionado por los sistemas de transmisión pública. Esto hace necesario una fórmula equitativa para dividir los recursos o tiempo de transmisión y puede estar basado en la forma en que los partidos políticos han sido categorizados por el EMB (para mayor información sobre este tema ver Registro de los Partidos y Financiamiento Público de las Campañas).
Una vez que se ha adoptado una fórmula razonable, se debe aplicar con justicia en la práctica. Por ejemplo, en Canadá, el Jefe de la Oficina Electoral designó a un Árbitro de Transmisiones, quien establece la remuneración por concepto de tiempo libre de transmisión a los partidos políticos durante las elecciones de acuerdo a una fórmula establecida por la ley. En la India, la Comisión de Elecciones otorga a todos los partidos nacionales y estatales libre acceso a los medios electrónicos propiedad del estado en una escala extensiva para sus campañas electorales. La Comisión adjudica 122 horas libres en términos de igualdad al combinar una base límite y tiempo adicional vinculado al desempeño del partido en las más recientes elecciones.
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En Nueva Zelanda, se prohíbe a los partidos utilizar sus recursos para comprar tiempo en radio y televisión con fines de propaganda electoral. 179 En su lugar, el Acta de Radiodifusión de 1980 brindó una asignación de tiempo libre o reducido de transmisión electoral en radio y televisión durante el periodo electoral oficial. Esto incluyó la transmisión de los discursos de apertura y clausura de los líderes de los partidos políticos en la radio y televisión nacionales.180 Para calificar, los partidos políticos deben haber estado registrados por lo menos con tres meses de anticipación a la disolución del Parlamento, o tener al menos cinco candidaturas nominadas. La asignación de tiempo libre está basado en ciertos criterios que incluyen el número de gente que votó por ese partido en las elecciones anteriores, el apoyo popular de ese partidos de acuerdo a encuestas de opinión y el número de adherentes, así como el número de MPs pertenecientes a ese partido al momento de la disolución.181
Cumplimiento de las regulaciones sobre el acceso
Hay países que protegen el acceso igualitario a los medios a través de la legislación y la regulación, que contienen mecanismos para asegurar que se están cumpliendo. Este cumplimiento es necesario para asegurarse que el propósito y disposiciones de la ley sean aplicados en la práctica.
El cumplimiento de estas disposiciones difiere de acuerdo al sistema y a los requisitos legales. En el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, la ley exige que las radiodifusoras entreguen a la Comisión Electoral un informe "completo y preciso" de todas las transmisiones de los programas electorales efectuadas por los partidos y candidatos durante el periodo electoral. El informe tiene que incluir:
- El candidato o partido político para quien, o por quien, cada programa electoral fue transmitido;
- La duración de cada programa electoral y el horario en que fue transmitido; y
- El monto pagado por la transmisión de cada programa electoral y la tasa o tasas por la que el monto fue fijado.182
En la mayoría de los sistemas, la ley civil faculta a los partidos y a los candidatos que suponen no haber recibido el mismo acceso o trato por las radiodifusoras, para presentar su caso ante un tribunal. Las violaciones a las leyes podrían ser manejadas en forma independiente al sistema penal de justicia.
