Los problemas de integridad y las actividades anti-corrupción se extienden más allá de los asuntos electorales y tienen que ver con las cuestiones políticas, sociales y económicas enfrentadas por todo gobierno. Sin embargo, las cuestiones de integridad relacionadas con el proceso electoral deben ser tomadas en cuenta por los legisladores y autoridades electorales al diseñar el régimen electoral y administrar las elecciones.
Un buen sistema puede combatir y poner al descubierto la corrupción económica y política y coadyuvar a garantizar la integridad. Construir un buen sistema electoral con pesos y contrapesos es una prioridad de la mayoría de los organismos electorales.
Establecer pesos y contrapesos
Un buen sistema, con pesos y contrapesos, ajustado a las condiciones políticas y económicas del país (ver Contexto Social y Político) reduce las posibilidades de fraude electoral e incrementa las oportunidades de detectar las prácticas corruptas. Un proceso electoral creíble fomenta la participación y estimula un ambiente electoral saludable
En primer lugar, la separación y limitación de poderes ha de ser integrada al Marco Legal de las elecciones. Por ejemplo, la ley puede separar los aspectos administrativos de los relativos a la sanción de delitos electorales, así como las indagatorias legales de la corte que dictará las sentencias. La constitucionalidad o validez de la legislación electoral o de las acciones administrativas deben estar sujetas a impugnación a través del sistema judicial o de algún mecanismo especial a fin de que sea posible revisar su legalidad.
En Nueva Zelanda, por ejemplo, existe una división de responsabilidades para actividades electorales específicas entre diferentes instituciones. El Director General de elecciones es responsable de conducir las elecciones y depende del Ministerio de Justicia. El registro y la conservación de las listas de los electores es realizada por el Centro de Inscripción electoral, que forma parte de la Oficina Postal.
La Comisión Electoral es un organismo legal independiente que se encarga de registrar a los partidos políticos y sus símbolos, de promover la conciencia pública sobre asuntos electorales, de distribuir los fondos públicos destinados a las transmisiones de campaña en los medios electrónicos y de recibir los informes financieros de campaña. La policía es responsable de investigar las violaciones a la ley electoral y de procesar a los presuntos infractores ante los tribunales. Un organismo independiente, la Comisión de Representación, determina los límites de los distritos y un comité parlamentario revisa la administración de las elecciones y formula recomendaciones para reformas legales en la materia.7
Sin embargo, la separación de atribuciones en Nueva Zelanda obedece, en gran medida, a razones históricas y en algún momento se puede considerar la creación de un solo organismo electoral semejante a la Comisión Electoral de Australia, que tiene carácter federal.8
Cuando existe una distribución de las atribuciones electorales entre distintas autoridades, es importante desarrollar mecanismos de coordinación que garanticen su trabajo conjunto, que no dupliquen esfuerzos o marchen en direcciones opuestas. También es importante asegurarse que el público, los políticos y los partidos estén informados sobre las atribuciones y funciones de cada instancia para evitar confusiones y malos entendidos. 9
En los países en transición, cuando no hay precedentes de un poder judicial independiente o de la vigencia de sistema jurídico (ver Consideraciones Especiales para los Países en Transición), el establecimiento de un organismo electoral con amplias atribuciones, del tipo que normalmente serían ejercidas por instituciones legales, puede ser la única fórmula para contrarrestar la influencia de las instituciones existentes. 10
La delegación de autoridad y la limitación de las atribuciones de cada área al interior del organismo electoral también puede ser determinada con toda claridad en las Regulaciones, administrativas, junto con los mecanismos de pesos y contrapesos que serán utilizados. Esto asegurará que las autoridades electorales sepan muy bien cuales son sus responsabilidades, los límites de su autoridad y que existe un sistema para prevenir cualquier exceso.
Los mecanismos de integridad también pueden ser incorporados en los procedimientos de la administración electoral para garantizar una aplicación justa, transparente y honesta del marco legal. Estos mecanismos se describen en los apartados de Integridad en la Administración Electoral , en donde cada sub-apartado detalla los problemas de integridad asociados a cada paso del proceso y los mecanismos que se pueden utilizar para enfrentarlos.
Los Códigos de Conducta/Ética pueden fijar normas de integridad para la participación y la administración, tal como se estila en muchos países. Estos pueden comprender desde normas sobre el comportamiento esperado hasta códigos éticos de conducta para oficiales electorales, candidatos y partidos políticos. En los casos de elecciones de transición o post-bélicas, los códigos de conducta pueden fijar normas sobre las conductas esperadas que, de ser acatadas, pueden coadyuvar a generar confianza en el proceso electoral y reducir los niveles de cinismo o temor.
Hacer cumplir la integridad
El cumplimiento de los procedimientos adecuados y del marco legal es esencial para combatir la corrupción. Es necesario desarrollar mecanismos para hacer cumplir la integridad (Aplicación de la Ley sobre Integridad Electoral) tanto en el marco legislativo como en el administrativo para que los infractores de la legislación electoral sean capturados y procesados de manera oportuna, profesional y no partidista. Un cumplimiento legal afectivo también sirve para prevenir problemas futuros.
Un ejemplo de reforma electoral exitosa en el empleo de la división de atribuciones y de pesos y contrapesos es la del sistema electoral mexicano que experimentó una serie de reformas entre 1990 y 1996. De acuerdo con Andreas Schedler, esa reforma incorporó seis mecanismos que se reforzaron mutuamente:
A fin de someter el leviatán electoral a límites creíbles, los partidos políticos configuraron un esquema integral de constreñimientos institucionales interconectados. Entre otras cosas, redactaron una nueva legislación electoral, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Retiraron de las manos de la Secretaría de Gobernación la administración de las elecciones y crearon un organismo electoral permanente, no partidista y autónomo, el Instituto Federal Electoral (IFE). Diseñaron un tribunal judicial especializado para resolver las controversias electorales. Integraron un catálogo de delitos electorales respaldado por severas sanciones penales, que serían aplicadas por un fiscal especializado. Reformaron el registro electoral y emitieron, con base en una alta tecnología y grandes medidas de seguridad, nuevas credenciales de identidad para votar. Establecieron un régimen "panóptico" de vigilancia de los partidos, que les permite vigilar cada etapa del proceso. 11
Evitar leyes y regulaciones contradictorias
Los funcionarios electorales deben conocer como embonan las distintas partes administrativas y legales del proceso. Los códigos legales y administrativos deben relacionarse de forma tal que conformen un marco legal coherente para la promoción y protección de la integridad electoral. Por ejemplo, ¿está el fraude electoral de naturaleza delictiva incluido en el código penal? En un sistema federal ¿quién tiene jurisdicción sobre la corrupción electoral? ¿El gobierno federal o los estatales? ¿Puede un crimen pasar inadvertido o quedar sin castigo por lagunas en el marco legal o administrativo?
Ya sea que se trate de crear un nuevo sistema o de modernizar uno antiguo, los funcionarios electorales requieren visualizar de manera integral las distintas leyes, regulaciones y procedimientos que operan para salvaguardar la integridad electoral. Las lagunas, errores o contradicciones en la ley y regulaciones deben ser identificadas y subsanadas.
