Una elección puede resultar afectada por la discriminación, la intimidación y el fraude. La discriminación puede provocar que los electores se vean imposibilitados para votar. Es posible que la intimidación afecte la conducta electoral, y el fraude puede alterar el resultado de la elección.
Es necesario tomar medidas para asegurar que estos problemas no se generalicen, que se resuelvan de inmediato y que no afecten el resultado de la elección (ver Medidas de Integridad para Protección contra el Fraude). Debido al secreto del voto, es imposible invalidar un voto "contaminado" una vez emitido. Cada voto "contaminado" anula un voto válido, lo cual daña la integridad del proceso.
Los problemas pueden tratarse a nivel individual de intimidación o corrupción en pequeña escala. Esto afecta normalmente a los individuos y a su comportamiento electoral, pero no cambia el resultado de la elección. Los problemas también pueden extenderse y generalizarse, lo cual afecta el proceso al punto de que los resultados finales no reflejan la voluntad de los electores. Ambos tipos de problemas deben ser resueltos, aunque los problemas generalizados que despiertan dudas sobre la validez de los resultados deben ser evaluados de inmediato para definir si el problema es tan grave que haya que volver a celebrar las elecciones.
Discriminación
La discriminación que tiene el objetivo de evitar que ciertos grupos de electores puedan votar no es un problema limitado a un sistema o localidad. Puede presentarse sistemáticamente a través de obstáculos burocráticos en el proceso, tal como impuestos por el uso de las mesas electorales, o mediante individuos que no permitan el acceso de ciertos electores a las mesas.
Los obstáculos burocráticos pueden dificultar que ciertos segmentos de la población se registren o voten. Éstos pueden incluir:
- Impuestos. Los impuestos sobre el uso de las mesas electorales se han empleado en diversos sistemas como un mecanismo para excluir a ciertos segmentos de la población del proceso de votación. Por ejemplo, en varios estados del sur de los Estados Unidos, se exigió el pago de impuestos sobre el uso de mesas electorales como prerequisito para votar. Los afroamericanos y los blancos pobres que no podían pagar el impuesto no pudieron votar. Esta práctica discriminatoria sólo se superó mediante el uso de mecanismos de revisión y equilibrio: la constitución estadounidense se reformó en 1964 a fin de eliminarla en las elecciones federales, y la Corte Suprema de los Estados Unidos legisló en 1966 que la cláusula de "protección a la igualdad" en la constitución prohibía esta práctica en las elecciones estatales y locales.
- Falta de materiales electorales en algunas mesas. La votación puede impedirse en ciertas mesas electorales si éstas no cuentan con suficiente material electoral. Cada sitio de votación debe contar con una cantidad adecuada de papeletas y otros materiales necesarios, tales como lápices o máquinas de votación, para que los votantes puedan emitir sus votos.
El personal de la mesa, los observadores u otras personas pueden impedir la entrada de los electores a la mesa de votación. Estos actos son ilegales en todos los sistemas. En el caso de los Estados Unidos, la discriminación racial en la votación se resolvió mediante el Acta de derechos electorales de 1965. Esta acta fue aprobada en un momento en que la discriminación en algunas regiones del sur del país impedían que los afroamericanos votaran. Para combatir este problema, el acta incluyó algunas soluciones extraordinarias aplicables en las áreas conflictivas durante un periodo limitado. Éstas incluían:
- la autorización del Procurador General de los Estados Unidos para enviar registradores federales a fin de registrar a los electores en los condados donde los registradores locales se rehusaban a registrar a los afroamericanos;
- la autorización del Procurador General de los Estados Unidos para enviar observadores federales a fin de monitorear las elecciones para asegurarse que los afroamericanos elegibles para votar pudieran hacerlo y que sus votos se contaran; y
- la exigencia de que las jurisdicciones electorales cubiertas por el Acta obtuvieran la aprobación del Procurador General de los Estados Unidos antes de instrumentar nuevas prácticas o procedimientos electorales, a fin de asegurar que los cambios no fueran discriminatorios en términos raciales.
Se programó que estas disposiciones expiraran en 1970 pero se les ha renovado varias veces, y ahora se programa que desaparezcan a finales de 2007. 203
Intimidación
La intimidación puede tomar muchas formas, y puede ser sutil o recurrir a la fuerza bruta. Pero su propósito es normalmente intimidar a los electores para que voten a favor o en contra de cierta persona, partido o posición.
Las tácticas de intimidación pueden incluir:
- presionar a los electores antes de la votación, mediante amenazas de daño corporal, pérdida de empleo o de oportunidades académicas, y otro tipo de amenazas físicas o económicas;
- presionar a los electores para asistir o no asistir a reuniones, mítines, marchas, manifestaciones u otros eventos;
- presionar a las personas no registradas o no elegibles para votar para hacerse pasar por otro votante, o presionar a los votantes elegibles para que voten varias veces;
- presionar a los votantes para que hagan un juramento de apoyo para cierto candidato. El juramento se ha usado en lugares como Camboya, donde los observadores nacionales notaron que se obligaba a los electores a beber un vaso de agua que contenía una bala, para jurar así que votarían por los candidatos de cierto partido;
- presionar a los electores durante la votación, apostando a una persona del partido a la entrada de la mesa electoral, o mediante activistas del partido que caminan cerca de los electores formados en la fila. Las amenazas pueden ser verbales o gestuales. Pueden incluir la disrupción física del orden dentro de la mesa electoral o en el área general del sitio de votación. Pueden ser muy sutiles, como que un trabajador electoral porte un gafete o un emblema de un candidato o partido específico;
- asistir a los electores que no desean o necesitan asistencia;
- colocar las mesas electorales en una localidad que sea propiedad de un candidato, partido político o funcionario del gobierno;
- evitar que los electores puedan tener acceso a la mesa electoral, a una oficina electoral, o a ver a un monitor acreditado de partido político o a un observador nacional o internacional;
- presionar a un funcionario de mesa electoral o interferir con la independencia e imparcialidad de los empleados electorales.
Cualquiera puede ejercer la intimidación - un candidato, un monitor de partido político, otro elector, un administrador electoral o un funcionario de gobierno. La mayoría de las leyes electorales clasifican a la intimidación como ilegal. Sin embargo, es difícil probar las formas sutiles de intimidación.
En el caso de México, la ley electoral considera ilegal que cualquier administrador o funcionario de partido ejerza presión sobre los electores durante la jornada electoral dentro de las mesas de votación o cuando los votantes están formados en la fila. También es ilegal que hagan propaganda electoral cuando realizan sus labores, o que impidan el voto o ejerzan fuerza física o moral sobre los funcionarios electorales. También es ilegal dar información falsa sobre el desarrollo de la elección y su resultado.204
Fraude
El fraude durante la votación se da a nivel del elector cuando las personas no elegibles votan, o cuando las elegibles votan varias veces. Esto se da también a nivel administrativo donde aquéllos con acceso a los materiales o a los sitios electorales delicados pueden llenar urnas con papeletas premarcadas, votar por los electores ausentes o cambiar los resultados en las hojas de informe del escrutinio.
A nivel de la votación, las posibilidades para fraude incluyen:
- hacerse pasar por otro elector en las mesas de votación o emitiendo una papeleta de voto en ausencia;
- votar con una papeleta premarcada;
- votos múltiples emitidos por un solo votante;
- votar cuando no se es elegible;
- pedir dinero para votar por cierto candidato o partido, o para no votar; y
- pagarle a alguien para que vote o no vote.
Del lado administrativo, las posibilidades de fraude incluyen:
- permitir que voten las personas no elegibles;
- cambiar o destruir los registros o listas electorales;
- evitar que los electores calificados voten;
- permitir que los electores voten más de una vez;
- sustituir sus propios votos por votos legítimamente emitidos, o votar por los electores que no asistieron a las urnas;
- no votar por el candidato que solicitaron los electores que requirieron asistencia para votar. Esto ha sido un problema en países como Kenia, donde el 15-25% de la población es analfabeta;205
- llenar las urnas con papeletas premarcadas o permitir que alguien más llene las urnas;
- perder o destruir papeletas válidas;
- no contar las papeletas con precisión o introducir información incorrecta en las hojas de conteo; y
- cambiar los resultados de la elección o anunciar resultados falsos.
