Esta decisión es generalmente adoptada por la oficina o agencia de procuración de justicia. Normalmente es una institución u oficina separada de la agencia investigadora y esa separación es parte de los frenos y contrapesos para proteger a los ciudadanos contra una acción policiaca arbitraria.
La integridad exige que la decisión de procesar se realice objetivamente, sobre la base de una revisión exhaustiva del caso, el peso de la evidencia y la autoridad de la instancia responsable.
Revisión objetiva
Al decidir que casos procesar, la instancia responsable normalmente lleva a cabo una revisión objetiva y exhaustiva del caso. Esta revisión puede tomar en cuenta los siguientes factores:
- que leyes fueron violadas;
- si las denuncias fueron sustanciadas con hechos y por testigos creíbles y confiables que están en disposición y condiciones de testificar ante la corte;
- si la evidencia recabada vincula al sospechoso con el crimen y es admisible ante las cortes;
- si la naturaleza del crimen es intencional; y
- si existe una perspectiva razonable de sentencia.
Sin embargo, en algunos sistemas las instancias o autoridades acusadoras (procuradores de justicia) son oficiales elegidos popularmente. Esto puede significar que esas autoridades sean muy sensibles a la opinión pública y a las implicaciones políticas de cada caso, especialmente fraudes electorales que pueden implicar a funcionarios de alto nivel. Aunque el interés público puede afectar el juicio subjetivo de la autoridad acusadora, también les brinda un mecanismo distinto de rendición de cuentas que a la policía o a los investigadores, que pueden ser funcionarios de carrera. Si los electores deciden que no les agrada el estilo o registro de la autoridad acusadora, pueden retirarlos del cargo en la siguiente elección.
A pesar de la necesidad de satisfacer a la opinión pública, los procuradores de justicia deben esforzarse por ser imparciales y aplicar la ley de manera justa y pareja. Se supone que la revisión de los expedientes de denuncia y de los hallazgos debe traducirse en una determinación objetiva respecto a si se ordena una acción judicial y si eso abona a favor del interés público.
Un proceso judicial que no es justo puede ser remediado a través de Monitoreo del Cumplimiento de la Ley o del proceso de apelación (ver Acusación y Procedimiento Judicial).
Factores de interés público
Como se examinó en Decisión de Investigar, algunos sistemas emplean una determinación sobre que "es lo mejor en aras del interés público" al decidir a qué casos siguen curso judicial. Esta puede ser una decisión subjetiva sobre la que influye el Contexto Social y Político de que cada sistema.
Para Elecciones Canadá por ejemplo, la decisión de procesar judicialmente comprende.
La seriedad o superficialidad del supuesto delito, las circunstancias atenuantes o agravantes, el grado de responsabilidad del presunto sospechoso, las alternativas reales al curso judicial, el probable efecto de la acción judicial en el orden o confianza pública en la integridad, los recursos disponibles, el plazo legal vigente y, cuando alguna sección de la ley resulta inconstitucional en alguna provincia, la conveniencia de aplicar una decisión de manera uniforme en el país.359
En el caso de los Estados Unidos:
Los procuradores de justicia deben tener en mente que nuestra sociedad tolera durante los periodos de campaña conductas que no tolera en las relaciones comerciales personales o de gobierno. Por consiguiente, por regla general el delito federal de "fraude electoral" comprende sólo los esfuerzos organizados para corromper el proceso electoral mismo... Esta definición excluye todas las actividades relacionadas con el proceso de campaña política, a menos que sean ilegales bajo alguna otra ley específica o teoría de la procuración de justicia como robar la propiedad de los oponentes, violar sus instalaciones.. o actos ilegales bajo las leyes de financiamiento de campaña... La mayoría de las cosas que los candidatos hacen o dicen entre ellos en el transcurso de la campaña no son remediados de manera apropiada a través del procesamiento judicial.360
En estos casos, los procuradores de justicia consideran si una acción administrativa o de algún otro tipo puede representar una mejor alternativa a la acción judicial.
Acción judicial nacional o local
En los sistemas jurídicos la jurisdicción de un caso en primer término por la naturaleza de las leyes que han sido violadas. En un sistema federal, donde pueden existir leyes nacionales, estatales y locales, un delito de tipo electoral puede implicar una violación tanto a las leyes nacionales como estatales. Pueden surgir problemas de integridad en relación a que tribunales tienen jurisdicción sobre el caso. ¿un asunto políticamente sensible podrá ser tratado de manera más objetiva a nivel nacional o local? ¿las autoridades locales querrán involucrarse en un caso políticamente sensible que pueda revestir serias repercusiones?. De acuerdo con Craig Donsanto:
Los asuntos de fraude electoral son siempre políticamente sensibles y revisten perfiles de alto relieve a nivel local, los procuradores de justicia a nivel local (que usualmente son elegidos por sufragio) suelen abstenerse de darles cauce judicial por esa razón.361
La Comisión Federal de Elecciones de los Estados Unidos ha convenido que:
Los demandados en caso de fraude electoral tienen propensión a ser políticos -o representantes de ellos-, por lo que con frecuencia es prácticamente imposible que el gobierno o el demandado obtengan un juicio justo en un caso que se relaciona con la política y es manejado por un jurado local. El sistema judicial federal busca que los jueces sean seleccionados de una base geográfica más amplia, para evitar este tipo de problemas.362
Estas cuestiones necesitan ser tomadas en consideración cuando se decide que agencia va a manejar judicialmente el caso y cual está mejor posicionada para asegurar que eso sea hecho con integridad.
