La participación electoral puede
adoptar múltiples formas que contribuyen a la realización de los derechos
civiles y políticos. Los votantes y los candidatos ejercen, respectivamente, su
derecho de voto (sufragio activo) y su derecho a presentarse a elecciones (sufragio
pasivo). Los miembros de los OGE ejercen su derecho a tener acceso a la función
pública en su país. Los periodistas y profesionales de los medios de
comunicación ejercen su derecho a la libertad de opinión y expresión y
contribuyen a cumplir el derecho de todos los ciudadanos y del público en
general a acceder a información relacionada con las elecciones. Los
observadores nacionales, los mediadores electorales, los agentes de educación
electoral y otros representantes de la sociedad civil ejercen su derecho a
participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones interesadas en
la vida pública y política del país.
La desigualdad de género y la
discriminación en la sociedad y en la política tienen un impacto negativo en la
participación de las mujeres en las elecciones. En diversas capacidades, como
votantes, candidatas, periodistas, representantes de la sociedad civil y
administradoras electorales, las mujeres se enfrentan con frecuencia a barreras
sociales, físicas, psicológicas, económicas y culturales que obstaculizan el
pleno ejercicio de sus derechos de participación y, a menudo, sufren
discriminación y violencia.
