Los marcos legales nacionales establecen las reglas del juego en el
proceso electoral. Las constituciones, las leyes electorales y otras leyes
pertinentes, los acuerdos de paz en situaciones de postconflicto, y las
regulaciones y los códigos de conducta de los OGE tienen un gran impacto en la
participación y representación política de las mujeres. La publicación de 2005
de Naciones Unidas “Women
and elections: Guide to promoting the participation of women in elections”
(disponible en inglés) da cuenta del impacto de los marcos legales en la
participación de las mujeres en la práctica.[1]
Para obtener más información sobre este tema, consulte el área
temática del Proyecto ACE sobre el Marco jurídico.
Acuerdos de paz
“En los países que salen de un
conflicto, el acuerdo de paz puede estipular condiciones para las elecciones.
Si es así, es importante que el acuerdo se elabore y se aplique con una
perspectiva de género que garantice la protección y el respeto de los derechos
humanos de las mujeres en relación con el sistema electoral, tal como se
especifica en la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas” sobre Mujeres, Paz y Seguridad (2000). [2]
Constituciones
En muchos países, la constitución
garantiza explícitamente la igualdad de derechos humanos para hombres y
mujeres, incluidos los derechos civiles, políticos y electorales. “Si una
constitución no incluye específicamente dicho lenguaje, esto puede resultar en
última instancia ser un serio impedimento para la participación de las
mujeres”.[3]
Las constituciones nacionales también pueden establecer cuotas para las mujeres
y otras medidas especiales de carácter temporal.
Leyes electorales
“La ley electoral debe ser clara,
completa y transparente. Debe garantizar que ningún elemento del proceso
electoral ponga en desventaja a las mujeres, directa o indirectamente. Por
ejemplo, las leyes electorales que exigen a los candidatos que depositen grandes
depósitos monetarios pueden desfavorecer a las mujeres. Los requisitos de
alfabetización o educación pueden dar a los hombres una ventaja injusta sobre
las mujeres. Las leyes que establecen muy pocos centros de votación pueden
llevar a largas filas y desalentar el voto de mujeres con niños pequeños. En
contraste, las leyes electorales que tienen en cuenta las cuestiones de género
pueden crear un entorno en el que se pueden evitar estos y otros problemas, e
incluso pueden incluir medidas especiales para garantizar que las mujeres sean
elegidas para cargos públicos. "Es importante garantizar la conformidad
entre la ley electoral y cualquier otra ley nacional sobre no discriminación o
igualdad de mujeres y hombres".[4]
Leyes de partidos
políticos
“Dado que los partidos políticos
desempeñan un papel esencial en la selección de candidatos y en la
configuración de la agenda política para las campañas electorales, las leyes
nacionales sobre los partidos políticos suelen ser fundamentales para la
participación de las mujeres. Las mujeres disfrutarán de mayores oportunidades
si las leyes de un país estipulan que el funcionamiento interno de los partidos
políticos debe ser transparente y democrático que si las operaciones del
partido están altamente centralizadas y controladas por unos pocos líderes”.[5]
Legislación sobre el
financiamiento político y de campañas
"Las leyes de financiamiento de campañas pueden ayudar o poner en
desventaja a las mujeres, según sus disposiciones".[6] Limitar
los presupuestos de campaña por ley puede contribuir a reducir las desigualdades
entre los candidatos y mejorar el acceso de las mujeres al proceso político.
Además, la legislación política y de financiamiento de campañas puede
establecer medidas especiales de carácter temporal como un incentivo para
asegurar un mayor financiamiento público para los partidos políticos que
presentan más mujeres en sus listas de candidatos, o como una sanción para los
partidos con una baja representación de mujeres entre sus candidatos.
Reglamentos y
procedimientos de OGE
“Las leyes electorales a menudo autorizan a los OGE
a emitir reglamentos legalmente vinculantes, de conformidad con la ley, sobre
el registro de votantes, campañas, votaciones, recuento de votos, procedimientos
del contencioso y otros asuntos. Estas regulaciones son extremadamente
importantes. Si no se redactan cuidadosamente, los reglamentos, como la ley en
sí, pueden perjudicar indirectamente a las mujeres. Cuando los OGE son
sensibles a las consideraciones de género, se pueden emitir regulaciones que
faciliten la participación de las mujeres”.[7]
Reglas y reglamentos
internos de los partidos políticos
En diferentes países, algunos partidos políticos adoptan
voluntariamente reglas y reglamentos para promover la igualdad de género y la
participación de las mujeres dentro de su estructura y organización interna.
Estos pueden incluir el compromiso de garantizar la presencia de las mujeres en
la lista de candidatos y las estructuras internas de toma de decisiones, entre
otras.
Códigos de conducta
En muchos países, los códigos de conducta regulan el comportamiento de
varios actores durante el proceso electoral, incluidos los partidos políticos,
los medios de comunicación, los observadores electorales y los líderes
tradicionales, entre otros. Pueden contribuir a establecer las reglas básicas
para un entorno electoral propicio y pacífico.
Leyes de igualdad de
género y legislación relativa a la violencia contra las mujeres en política y
elecciones
Las leyes de igualdad de género en todo el mundo contribuyen a
combatir la discriminación contra las mujeres y buscan garantizar un trato
justo y equitativo de hombres y mujeres, para que puedan ejercer plenamente sus
derechos humanos. Estas leyes pueden contribuir a eliminar prácticas y
procedimientos discriminatorios que, de otro modo, podrían socavar el derecho
de las mujeres a participar en el proceso electoral.
“Algunos países han introducido una legislación para abordar el tema
de la violencia contra las mujeres en las elecciones (VCME) y en la política.
Una ley nacional en Bolivia y un protocolo en México definen violaciones y
sanciones. Estas leyes reconocen que la VCME tiene el impacto agravado de dañar
tanto a la víctima como de socavar la integridad electoral y la democracia en
general. Las leyes sobre la incitación al odio y a la violencia en campaña
también existen en otros países y pueden abordar formas de VCME. En varios
países se presentaron proyectos de ley contra la VCME pero no se aprobaron,
como es el caso de Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y
Perú”.[8]
[2] Naciones Unidas (2005): op. cit. p. 22.
[3] Naciones Unidas (2005): op. cit. p. 22.
[4] Naciones Unidas 2005): op. cit. p. 22.
[5] Naciones Unidas (2005): op. cit. p. 23.
[6] Naciones Unidas (2005): op. cit. p. 23.
[7] Naciones Unidas (2005): op. cit. p. 23.
