GÉNERO Y ELECCIONES

VISIÓN GENERAL

Las mujeres a menudo enfrentan barreras para su participación efectiva en el proceso electoral como votantes, candidatas, periodistas, administradores electorales o representantes de la sociedad civil, entre otras capacidades. Sus derechos de participación con frecuencia se ven socavados por las expectativas culturales y las normas sociales, la exclusión de las plataformas de toma de decisiones dominadas por los hombres, la falta de recursos financieros, el acceso restringido a la información y al conocimiento, la discriminación y la violencia generalizada. A lo largo del ciclo electoral, una diversidad de actores pueden comprometerse a promover la igualdad de género y la participación de las mujeres desde sus respectivos campos de acción, incluidos los partidos políticos, los organismos de gestión electoral, la sociedad civil, los observadores electorales, los medios de comunicación, los proveedores de asistencia electoral internacional y muchos otros. Esta área temática analiza los obstáculos a la participación política de las mujeres, así como las estrategias implementadas por los actores relevantes para promover la igualdad de género a lo largo del proceso electoral.

A pesar de la falta de datos en muchas áreas, se ha comprobado que las mujeres están poco representadas a todos los niveles en la política y en la toma de decisiones. La participación de las mujeres en los parlamentos nacionales ha aumentado en todo el mundo en los últimos años, pasando del 13,8 por ciento en 2000 al 24,3 por ciento en 2019. [1] A pesar de estos avances, aún queda un largo camino por recorrer para lograr la igualdad de género en la representación política y la participación efectiva de todos los hombres y mujeres en el proceso electoral.

Los marcos legales y las políticas establecen las reglas del juego y afectan a la igualdad de género y la participación de las mujeres en las elecciones. La elección del sistema electoral tiene un impacto importante en este ámbito. Además, la adopción de Medidas especiales de carácter temporal (TSM), incluidas las cuotas, ha demostrado ser un factor crítico para aumentar la representación de las mujeres en los órganos electos.

Si bien las estructuras y los modelos de poder de los partidos políticos, tradicionalmente dominados por los hombres, a menudo crean barreras para las mujeres, los mismos pueden también ser instrumentales para facilitar su avance e integrar sus voces en el proceso político y asegurarles un lugar en la toma de decisiones. Los partidos políticos pueden incorporar la perspectiva de género dentro de su organización interna y en su trabajo, mediante el desarrollo de marcos legales y políticos que tengan en cuenta el género, garantizando el reclutamiento de candidatos con equilibrio de género y apoyando a las mujeres políticas en sus campañas.

Los OGE pueden considerar una amplia variedad de puntos de entrada para mejorar la participación de las mujeres y promover la igualdad de género dentro de su organización interna. Algunas de estas estrategias incluyen la recopilación de datos desagregados por sexo, la inclusión de disposiciones de igualdad de género en sus políticas internas y en su planificación, la creación de unidades o comités de género, la búsqueda de una representación equilibrada de hombres y mujeres entre el personal electoral y la organización de iniciativas de fortalecimiento de capacidades, entre otras. Además, en su estrategia externa, los OGE y otros actores relevantes pueden hacer esfuerzos para promover la igualdad de género y la participación de las mujeres en diferentes etapas del ciclo electoral, que incluyen el registro de votantes, la nominación de candidatos, la información y educación del electorado, las operaciones electorales y los procedimientos durante el día de las elecciones, y los mecanismos de resolución de disputas electorales.

Tanto la observación electoral internacional como la nacional pueden integrar una perspectiva de género, identificando barreras que dificultan la participación de las mujeres en las elecciones. Este enfoque de género puede ser incorporado a través de la observación integral de las elecciones o implementado mediante esfuerzos de observación que evalúen específicamente la participación de las mujeres. Una composición de los equipos de observación con equilibrio de género es clave para promover el principio de igualdad. Además, la integración de la temática de la participación de las mujeres en la presentación de informes, incluidos los informes finales y las recomendaciones, puede contribuir a mejorar su participación de manera constructiva.
Los medios de comunicación a menudo presentan imágenes negativas y minimizadoras de las mujeres, contribuyendo a su exclusión de la esfera política. Las iniciativas de monitoreo de medios pueden ayudar a identificar sesgos contra las mujeres en los medios y evaluar la calidad y la pluralidad de la cobertura electoral. El desarrollo de capacidades y la capacitación para periodistas y profesionales de los medios también pueden mejorar sus habilidades en la redacción de notas sensible al género. Además, la integración de disposiciones de igualdad de género en los códigos de conducta de los medios de comunicación en las elecciones puede contribuir a evitar estereotipos perjudiciales contra las mujeres e integrar sus voces en el debate público.

Otro obstáculo importante para la realización de los derechos políticos y electorales de las mujeres es la violencia contra las mujeres en las elecciones (VCME). Comprende varios tipos de violencia, incluidos el acoso, la intimidación, el abuso psicológico, la violencia sexual y los ataques físicos, dirigidos a mujeres con diferentes roles en el proceso electoral, como votantes, candidatas, militantes y simpatizantes de un partido, observadoras, administradoras electorales o funcionarias públicas, entre otros. Los diversos actores electorales pueden usar una variedad de estrategias para prevenir y mitigar la VCME a lo largo del ciclo electoral, incluido el mapeo y la medición de la VCME, la integración de este componente en la observación de elecciones y el monitoreo de la violencia, el fomento de reformas legales y políticas, la adopción de arreglos electorales específicos, el trabajo conjunto con los partidos políticos y la sensibilización del público sobre este tema.

A pesar de las amenazas existentes al disfrute de los derechos de reunión y asociación pacíficas y la tendencia mundial actual de reducción del espacio cívico, las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo siguen reclamando la igualdad de género en la política y procesos electorales más inclusivos. En muchos países, los esfuerzos de las asociaciones de mujeres han contribuido a un cambio social positivo, al aumentar la participación de las mujeres. Las acciones para promover la igualdad de género también deben involucrar a los hombres y comprometer a los aliados masculinos en la construcción de sistemas democráticos inclusivos.

Durante el período postelectoral, los legisladores pueden desempeñar un papel importante en la promoción de la igualdad de género y la participación de las mujeres, mediante la adopción de legislación pertinente, la supervisión efectiva de las políticas gubernamentales y el fortalecimiento de las estructuras parlamentarias para promover la igualdad y los derechos de las mujeres.

Además, esta área temática incluye documentos, estrategias y ejemplos de actores electorales que también abordan la igualdad de género en el proceso electoral desde una perspectiva no binaria, con el fin de promover la realización de los derechos políticos de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI). Las diferentes secciones de la presente área temática incluyen un análisis de las barreras que afectan la participación electoral de las personas LGBTI, así como las estrategias puestas en práctica por una variedad de actores, incluidos los OGE, para promover la inclusión política. 

CONTEXTO

El principio de que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” [1]  se encuentra en el corazón de los sistemas democráticos, que han sido moldeados, históricamente, por instituciones, movimientos sociales y personas que reclamaron por los derechos humanos. Los defensores de la igualdad de género han liderado y continúan liderando una batalla a favor de los derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos, bajo el ideal de que "los derechos de las mujeres son derechos humanos" [2]. El movimiento de sufragio de mujeres hizo avanzar la agenda de derechos humanos con la lucha por el derecho de las mujeres a votar. En 2015, Arabia Saudita permitió que las mujeres votaran por primera vez, uniéndose a la mayoría de los países del mundo, donde es común que las constituciones nacionales y los marcos legales consagren el derecho al voto de hombres y mujeres en términos de igualdad. La mayoría de los países también reconocen el derecho de las mujeres a presentarse a elecciones, su derecho a expresar sus opiniones o su derecho a asociarse y reunirse pacíficamente y, por lo tanto, las mujeres deberían supuestamente ser libres y capaces de contribuir a la vida política y pública sin mayores restricciones. Sin embargo, el reconocimiento formal de los derechos políticos de las mujeres está lejos de traducirse en una participación efectiva de las mujeres en la práctica.

A nivel mundial, las mujeres solo representan el 6,6 por ciento de los jefes de estado, el 5,2 por ciento de los jefes de gobierno[3], el 24,3 por ciento de los parlamentarios, [4] y la proporción de mujeres elegidas para el gobierno local es desconocida. [5]  A pesar del reconocimiento formal de sus derechos políticos, los datos disponibles muestran que las mujeres continúan excluidas del proceso político y democrático y que la toma de decisiones sigue estando dominada por los hombres.

Algunas de las barreras a las que se enfrentan las mujeres actualmente cuando ingresan a la arena política incluyen, entre otras, la violencia generalizada, los marcos legales que no consideran la igualdad de género, la falta de educación formal y política, las prácticas existentes dentro de los partidos políticos que conducen a la exclusión de las mujeres, la cobertura mediática del proceso electoral con sesgo de género y el acceso limitado a la financiación de las campañas. El predominio masculino en el espacio político y público es, en última instancia, el resultado de expectativas culturales profundamente arraigadas sobre los roles que deben desempeñar las mujeres y los hombres en la sociedad. En los sistemas patriarcales, los hombres tienden a tener roles predominantes en el liderazgo político, la autoridad moral, el privilegio social y el control sobre la propiedad, y tienen poder sobre la mayoría de las decisiones en la vida, mientras que las mujeres están excluidas del proceso de toma de decisiones y relegadas a los roles de cuidadoras.

 

Las mujeres han sufrido históricamente y continúan sufriendo discriminación y violencia en la vida pública y privada. Sin embargo, en el siglo pasado los roles de género tradicionales comenzaron a ser cuestionados por los movimientos de mujeres que reclamaban la igualdad de derechos. A largo plazo, contribuyeron a un cambio social positivo y fueron centrales en la construcción de sociedades más inclusivas y democráticas. A pesar de las persistentes desigualdades y los avances desiguales, los derechos de las mujeres encontraron un espacio en la agenda política y las mentalidades en todo el mundo comenzaron a experimentar un cambio profundo.

La adopción de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1979 fue un hito histórico que permitió el reconocimiento específico de los derechos humanos de las mujeres, incluidos los derechos políticos. Otro punto de inflexión fue la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, donde los gobiernos unieron esfuerzos para comprometerse con la igualdad de género y para "garantizar la plena implementación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas [...]". La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing estableció el objetivo del equilibrio de género en la toma de decisiones y reconoció que “el empoderamiento de las mujeres y su plena participación sobre la base de la igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluida la participación en el proceso de toma de decisiones y el acceso al poder, son fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz ".

Aunque las mujeres siguen estando escasamente representadas en los puestos de toma de decisiones, se han logrado avances en las últimas décadas a medida que surgieron debates sobre cómo la representación numérica o descriptiva en los parlamentos y las instituciones de toma de decisiones se puede traducir en una representación sustantiva, de manera que los intereses y demandas de las mujeres se reflejen en la legislación y en las decisiones adoptadas por el órgano electo. La teoría de la masa crítica proporciona una perspectiva sobre este asunto, argumentando que se requieren ciertos niveles de representación para que las voces de las mujeres sean escuchadas. Por otro lado, la investigación ha demostrado que los "actos críticos" en términos de representación sustantiva de las mujeres son posibles incluso sin alcanzar una masiva crítica en la representación. [6]

La participación política y electoral de las mujeres no solo se limita a la representación en las instituciones de toma de decisiones, ya que las mujeres también pueden ejercer sus derechos de participación durante las elecciones en diferentes capacidades, ya sea como votantes, candidatas, autoridades electas, administradoras electorales, observadoras y representantes de la sociedad civil, entre otros. Un enfoque integral de la participación política de las mujeres debe tener en cuenta todas las etapas del ciclo electoral, que abarca los períodos preelectoral, electoral y postelectoral. A lo largo de todo el proceso, la participación de varios actores, desde los OGE a los partidos políticos, los medios de comunicación o la sociedad civil, es clave para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a largo plazo.

En los últimos años, ha habido un evolución de perspectiva desde los problemas de las mujeres a la noción más amplia de igualdad de género, con el foco que ha pasado de centrarse exclusivamente en mujeres a percibir tanto a mujeres como hombres como beneficiarios de la igualdad de derechos. Cada vez más hombres están comenzando a involucrarse en la búsqueda de la igualdad de manera lenta pero constante, desafiando las nociones tradicionales de masculinidades patriarcales y promoviendo una profunda transformación positiva de las actitudes y normas sociales. A través del compromiso global con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que entienden la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como una clave para el desarrollo, los hombres defienden cada vez más la igualdad de género.

Los planteamientos a propósito del género más allá de la lógica binaria también han comenzado a surgir, teniendo en cuenta los derechos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género. Las personas LGBTI a menudo sufren discriminación y violencia, y se socavan sus derechos de participación. Al menos 75 países han criminalizado las relaciones entre personas del mismo sexo[7] y los delitos de odio contra esta comunidad están aumentando en todo el mundo. A pesar de estas barreras, la participación efectiva de las personas LGBTI sigue siendo un aspecto importante en la construcción de sistemas verdaderamente democráticos, basados en el principio de que nadie debe quedarse atrás. Los esfuerzos realizados por numerosos OGE en todo el mundo para promover la inclusión política de estas comunidades se basan en la convicción de que los procesos electorales inclusivos requieren la participación de todos los ciudadanos, así como el respeto de sus derechos humanos.

 

PRINCIPIOS RECTORES

En todo el mundo, se utiliza una amplia variedad de estrategias para promover la igualdad de género y la participación de las mujeres en el proceso electoral. A pesar de diversidad de enfoques, hay una necesidad de principios generales que guíen este tipo de intervenciones. Los siguientes principios rectores apuntan a orientar los programas y políticas para mejorar la participación efectiva, significativa e igualitaria de todos los géneros en la política y las elecciones. 

• Enfoque basado en los derechos humanos: El enfoque basado en derechos humanos ayuda a identificar las desigualdades, la discriminación y las relaciones de poder desequilibradas en el proceso electoral. Fundamentándose en los principios de los derechos humanos, esta perspectiva enfatiza la participación de todos los actores en el proceso de toma de decisiones, con un enfoque particular sobre los grupos con escasa representación. Las estrategias que promueven la igualdad de género y la participación de las mujeres en el proceso electoral buscan cumplir con los derechos civiles y políticos de todas las personas, independientemente de su identidad de género, ayudándoles a superar barreras y garantizando reglas justas en el campo de juego de la política. 
• Inclusión: Reconocer el valor de la diversidad es clave para asegurar que los procesos electorales sean genuinamente democráticos y no dejen a nadie atrás. Todos los actores relevantes deben poder participar plenamente en las elecciones sin discriminación ni violencia, independientemente de su identidad de género, etnia, orientación sexual, clase, edad, estado de discapacidad y religión, entre otras condiciones. 
• Participación: A través de una serie de mecanismos de participación, los hombres y las mujeres están facultados para desempeñar un papel esencial en su propio desarrollo y también en sus comunidades. Las estrategias de participación constructiva en el proceso electoral comprenden una amplia gama de actividades, como votar, presentarse como candidato, expresar opiniones, apoyar a los partidos políticos y candidatos, actuar como miembros de mesa electoral, protestar pacíficamente y observar las elecciones, entre otros. 
• Transparencia: Las estrategias que promueven la igualdad de género y la participación de las mujeres en las elecciones deben ser claras y abiertas, y el proceso debe ser comprensible para todas las partes involucradas. Los actores deben asumir la responsabilidad de sus acciones y ser responsables. 
• Imparcialidad: Reconociendo la naturaleza política del proceso electoral, los actores que promueven la igualdad de género y la participación de las mujeres no deben tomar partido en favor de los partidos políticos y los candidatos. Al perseguir el objetivo de la igualdad de género, deben poder trabajar con hombres y mujeres de todos los orígenes ideológicos y líneas partidarias, tratándolos de manera equitativa y justa, sin dar ventaja a ninguna tendencia. Este principio guía puede presentar la excepción de los actores que tengan una naturaleza estrictamente política, como los partidos políticos, los candidatos y los activistas. 
• Integridad: El comportamiento de los actores que buscan promover la igualdad de género y la participación de las mujeres en las elecciones debe reflejar estándares éticos elevados. Cuando acatan los principios de transparencia, responsabilidad e imparcialidad, la credibilidad del trabajo de género a menudo se fortalece y la confianza entre los socios y el público tiende a aumentar. 
• Colaboración efectiva: las partes interesadas que trabajan para promover procesos electorales inclusivos deben unir sus fuerzas y garantizar una colaboración efectiva y sincera, para evitar vacíos y superposiciones en la programación relativa al trabajo por la igualdad de género. 
• “Do no harm” (no dañar): cuando abogan por la igualdad de género en el proceso electoral, las partes interesadas deben estar conscientes de las dinámicas sociales y de conflicto existentes, de manera que sus acciones no terminen perjudicando a los actores involucrados o socavando sus derechos de ninguna manera. Esto es de suma importancia cuando se trabaja con comunidades LGBTI en entornos altamente hostiles. 

 

Estos principios rectores no son exhaustivos; son un punto de partida y pueden fortalecerse, expandirse y aplicarse a diferentes experiencias y realidades al promover la igualdad de género y la participación política de las mujeres.

Conceptos clave sobre género e igualdad de género

• El Género puede entenderse como "los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada en un momento dado considera apropiados para hombres y mujeres". Estas realidades se construyen socialmente y se aprenden a través de la socialización. Son específicos al contexto y al tiempo y están sujetos a cambios. [1] Aunque las formas tradicionales de identidad de género se basan en la clasificación binaria de hombres y mujeres, las realidades de género son diversas y fluidas, en constante evolución, y la lógica binaria podría restringir la libertad y las posibilidades de los seres humanos, especialmente para las personas transgénero, intersexuales y no conformes con el género.
• Equilibrio de género se refiere a la participación de aproximadamente el mismo número de mujeres y hombres dentro de una actividad u organización. Algunos ejemplos son: representación en comités, estructuras de toma de decisiones, o proporción de mujeres y hombres en la plantilla de personal. [2] 
• Igualdad de género significa igualdad de oportunidades, derechos y responsabilidades para mujeres y hombres, niñas y niños. Igualdad no significa que las mujeres y los hombres son iguales sino que las oportunidades, derechos y responsabilidades no dependen de si alguien nace mujer u hombre. Esto implica que deben tenerse en consideración los intereses, necesidades y prioridades tanto de mujeres como de hombres. [3]
• La incorporación de la perspectiva de género es el proceso mediante el cual se evalúa qué implicaciones puede tener sobre las mujeres y los hombres, toda acción planificada en todas las áreas y a todos los niveles, lo que incluye leyes, políticas y programas. La incorporación de la perspectiva de género en los OGE asegura que sean tenidas en cuenta las preocupaciones, necesidades y experiencias de las mujeres y de los hombres en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de todas las actividades. Durante este proceso, el OGE tiene como objetivo reducir las brechas de oportunidades de desarrollo entre mujeres y hombres y trabajar para la igualdad entre ambos como parte integral de la estrategia, políticas y funcionamiento de la organización, y el foco de sus continuados esfuerzos para el logro de la excelencia.8 En algunos contextos también se utiliza el término “integración de la perspectiva de género”. [4] 
• Sensible a la perspectiva de género toma en consideración la diversidad de varios grupos de mujeres y hombres, y sus actividades y desafíos específicos. [5] 
• Las intervenciones específicas de género o dirigidas a cuestiones de género buscan abordar áreas específicas en las que las mujeres están insuficientemente representadas o son desfavorecidas, lo que incluye la adopción de medidas especiales de carácter temporal, y forman parte de un abordaje amplio de incorporación de la perspectiva de género. [6] 
• LGBTI significa “lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales”. Este acrónimo se usa generalmente para referirse a personas con diversas identidades de género u orientación sexual, o grupos que abogan por sus derechos humanos. Sin embargo, hay una amplia variedad de expresiones que se usan a menudo para referirse a estas comunidades, incluidas LGBTQ (personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y “queer” o “questioning”) o LGBT+ (el símbolo de la suma incluye a otros grupos, como las personas asexuales, intersexuales, “queer”, “questioning”, etc.), entre otros. Al referirse a casos o ejemplos específicos, esta área temática reproduce su propia terminología, utilizando el término al que se refiere la fuente. Los colectivos LGBTI no son homogéneos y reúnen a personas con diferentes intereses y necesidades. 
• Los datos desagregados por sexo se recolectan y tabulan para mujeres y hombres por separado. Permiten medir las diferencias entre mujeres y hombres en las diferentes dimensiones sociales y económicas. [7]

 

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Los roles de las mujeres en el proceso electoral

La participación electoral puede adoptar múltiples formas que contribuyen a la realización de los derechos civiles y políticos. Los votantes y los candidatos ejercen, respectivamente, su derecho de voto (sufragio activo) y su derecho a presentarse a elecciones (sufragio pasivo). Los miembros de los OGE ejercen su derecho a tener acceso a la función pública en su país. Los periodistas y profesionales de los medios de comunicación ejercen su derecho a la libertad de opinión y expresión y contribuyen a cumplir el derecho de todos los ciudadanos y del público en general a acceder a información relacionada con las elecciones. Los observadores nacionales, los mediadores electorales, los agentes de educación electoral y otros representantes de la sociedad civil ejercen su derecho a participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones interesadas en la vida pública y política del país. 

 

La desigualdad de género y la discriminación en la sociedad y en la política tienen un impacto negativo en la participación de las mujeres en las elecciones. En diversas capacidades, como votantes, candidatas, periodistas, representantes de la sociedad civil y administradoras electorales, las mujeres se enfrentan con frecuencia a barreras sociales, físicas, psicológicas, económicas y culturales que obstaculizan el pleno ejercicio de sus derechos de participación y, a menudo, sufren discriminación y violencia.

Obstáculos para la participación efectiva de las mujeres en el proceso electoral

A lo largo del ciclo electoral, las mujeres pueden enfrentar numerosas barreras para su participación efectiva y el cumplimiento de sus derechos electorales. Aunque esta no es una lista exhaustiva, a continuación se encuentran algunos de los obstáculos que pueden encontrar las mujeres en diferentes capacidades durante el proceso electoral:[1]

Como candidatas, miembros de partidos políticos y activistas políticas:

• Roles tradicionales de género, estereotipos de género y actitudes y normas discriminatorias.
• El modelo de política dominado por los hombres que tiende a socavar el valor de las contribuciones de las mujeres y su participación.
• Falta de apoyo de los partidos políticos y exclusión de las estructuras de toma de decisión de los partidos.
• Marco legal que no considera el género.
• Sistemas electorales desfavorables y falta de medidas especiales de carácter temporal.
• Falta de fondos de campaña.
• Falta de recursos financieros para ser consideradas como miembros significativos de los partidos políticos.
• Falta de educación formal o política y acceso limitado a la información.
• Falta de experiencia política.
• La doble carga y una distribución desproporcionada del trabajo doméstico.
• Falta de cobertura de los medios de comunicación y prejuicios y estereotipos de género en los medios.
• En los países donde los candidatos son responsables de desplegar sus propios representantes de partido para el monitoreo durante el día de las elecciones, la falta de representantes de partidos daña los intereses de las candidaturas de mujeres.
• La percepción de la política como “sucia”.
• Violencia desde dentro y fuera del partido político.

Como votantes: 

• Roles tradicionales de género, estereotipos de género y actitudes y normas discriminatorias.
• Falta de identificación y documentación requerida para el registro de electores, centros de registro que no son accesibles, están lejos o no están abiertos en el tiempo adecuado, así como la falta de información y conocimiento sobre los procedimientos del registro de electores.
• Falta de información y conocimiento sobre la votación, los procesos electorales y los derechos políticos en general.
• Insuficientes programas de educación cívica y electoral, o falta de acceso a los existentes.
• Ubicación de los colegios electorales.
• Falta de procedimientos efectivos para garantizar el secreto del voto.
• El voto familiar y la presión de la familia y la comunidad en el ejercicio de sus derechos políticos.
• Procedimientos de identificación invasivos (para los votantes transgénero, las votantes con un velo, etc.)
• La percepción de la política como "sucia".
• Violencia dentro y fuera del hogar.

Como administradoras electorales: 

• Roles tradicionales de género, estereotipos de género y actitudes y normas discriminatorias.
• Falta de representación entre el personal de los OGE, especialmente en posiciones de liderazgo.
• Exclusión de las estructuras de toma de decisiones dentro del OGE.
• Falta de oportunidades para el desarrollo profesional.
• Falta de medidas de conciliación para la vida personal y profesional.
• Falta de capacitación y sensibilización de género para el personal electoral.
• Falta de políticas internas para combatir el acoso sexual y la intimidación dentro del OGE.
• Violencia desde dentro y fuera del OGE.

Como representantes de la sociedad civil (observadoras electorales, mediadoras, defensoras de derechos humanos, activistas sociales, etc.): 

• Roles tradicionales de género, estereotipos de género y actitudes y normas discriminatorias.
• Falta de representación como observadoras electorales, mediadoras, etc.
• Exclusión de las estructuras de toma de decisiones dentro de las organizaciones de la sociedad civil.
• Violencia dentro y fuera de las organizaciones de la sociedad civil.

Se han propuesto varios modelos para comprender mejor cómo estas barreras afectan a las mujeres en sus carreras políticas y en su desarrollo profesional. Las mujeres políticas, así como las que trabajan en OGE y otras organizaciones, encuentran con frecuencia el "techo de cristal", una barrera organizativa entendida como los "obstáculos que enfrentan las mujeres que aspiran a ocupar altos cargos en igualdad de condiciones salariales y laborales [...]". Otra barrera organizativa es la "pared de cristal", que consiste en la segregación horizontal que relega a las mujeres a roles menores o les niega el acceso a ciertos campos. El "techo de cemento", una barrera de naturaleza psicológica, se refiere a la negativa de las mujeres a aceptar posiciones de liderazgo porque piensan que sería difícil equilibrar la vida personal y laboral. Finalmente, el "suelo pegajoso" es una barrera cultural que empuja a las mujeres a lidiar con las tareas domésticas y los roles de cuidado, lo que dificulta su desarrollo profesional.  [2]

Desde una perspectiva regional, la “Reference Guide on Women’s Representation and Political Participation for the Arab Region” del PNUD de 2019 (disponible en inglés) ofrece una visión general del estado de las mujeres en la vida política en la región árabe, los desafíos que enfrentan y las posibles estrategias y herramientas implementadas en diferentes países para promover su participación en la política y las elecciones.[3]

 

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Los datos y estadísticas desagregados por sexo sobre la participación electoral muestran que las mujeres están en general poco representadas en las instituciones de toma de decisiones en todos los niveles. Estos datos son clave para comprender los obstáculos que enfrentan las mujeres cuando ejercen sus derechos políticos. Sin embargo, los datos desagregados por sexo a menudo no están disponibles, especialmente a nivel global. Con la excepción de la representación de mujeres en los parlamentos nacionales (indicador ODS 5.5.1a), con estadísticas bien establecidas a través de la base de datos de la Unión Interparlamentaria,[1] los datos sobre la participación electoral de las mujeres son muy limitados, y no se cuenta con bases de datos globales para las candidatas, las mujeres en el gobierno local, las mujeres en puestos de liderazgo o personal superior en OGE, las mujeres inscritas en los padrones electorales y participación real de mujeres votantes.

 

La representación de las mujeres en los parlamentos

Según los datos de la Unión Interparlamentaria, la representación de las mujeres en los parlamentos nacionales ha aumentado sustancialmente en las últimas décadas, pasando de 13,8 por ciento en 2000 a 24,3 por ciento en 2019. Entre los promedios regionales, los países nórdicos son los que tienen la mayor proporción de mujeres en el parlamento, con un 42,5 por ciento en ambas cámaras combinadas. Le siguen las Américas (30,6 por ciento), Europa - Países miembros de la OSCE, incluidos los países nórdicos (28,6 por ciento), Europa - Países miembros de la OSCE, excluidos los países nórdicos (27,2 por ciento), África subsahariana (23,9 por ciento), Asia (19,9 por ciento), los Estados árabes (19 por ciento) y el Pacífico (16,3 por ciento). Los países con mayor presencia de mujeres en las cámaras bajas del parlamento son Ruanda (61,3 por ciento), Cuba (53,2 por ciento) y Bolivia (53,1 por ciento). En todos los demás países, las mujeres parlamentarias representan menos de la mitad de sus respectivas cámaras bajas del parlamento. [1]

 

Se pueden encontrar estadísticas actualizadas sobre la representación de las mujeres en los parlamentos nacionales en la base de datos de la Unión Interparlamentaria.

 

La representación de las mujeres en los gobiernos nacionales

Como se muestra a continuación, el mapa de “Mujeres en la Política 2019” [1], creado por la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres, muestra una baja representación de las mujeres en la posición más alta del Estado, con solo 10 mujeres como jefas de estado o de gobierno en todo el mundo, lo que representa el 6,6 por ciento de todos los jefes de estado y el 5,2 por ciento de todos los jefes de gobierno.

Con respecto a la participación de las mujeres en gabinetes gubernamentales, solo hay nueve países donde las mujeres detentan al menos la mitad de los cargos ministeriales, incluidos España (64,7 por ciento), Nicaragua (55,6 por ciento), Suecia (54,5 por ciento), Albania (53,3 por ciento), Colombia (52,9 por ciento), Costa Rica (51,9 por ciento), Ruanda (51,9 por ciento), Canadá (50 por ciento) y Francia (50 por ciento). Las carteras ministeriales más comunes que tienen las ministras incluyen principalmente asuntos sociales, familia / niños / jóvenes / ancianos / personas discapacitadas, y medio ambiente / recursos naturales / energía, entre otros. [2]

En lo que respecta a la presencia de mujeres en la administración pública, no existe una base de datos completa a nivel mundial, pero los datos disponibles sugieren que, en general, están poco representadas en los niveles más altos de la administración pública. De acuerdo a un estudio realizado por el PNUD en 2014,[3] los niveles de representación de las mujeres en la administración pública son muy variables, desde el 75 por ciento en Ucrania hasta el 12 por ciento en la India y otros países. Aunque en muchos países las mujeres representan al menos el 30 por ciento de la administración pública, por lo general no se pueden encontrar en puestos de alto nivel o en todos los sectores de manera uniforme.

 

La participación de las mujeres en los gobiernos locales

La recopilación de datos a nivel global sobre la representación de las mujeres en el gobierno local es un desafío, en parte porque los procesos de descentralización son diferentes en cada país y, teniendo en cuenta la gran diversidad de estructuras de gobernabilidad a nivel subnacional, no existe un entendimiento común de qué nivel de gobierno constituye gobierno local. Hasta hace poco, faltaba un sistema estandarizado para recopilar información sobre mujeres en los gobiernos locales. Sin embargo, ONU Mujeres ha desarrollado la metodología y actualmente está recopilando datos para medir la proporción mundial de puestos ocupados por mujeres en el gobierno local como la agencia guardiana para el indicador 5.5.1b de los ODS, con el objetivo de monitorear el progreso hacia el logro de la meta 5.5 de los ODS: "Participación efectiva e igualdad de oportunidades para el liderazgo en todos los niveles de toma de decisiones en la vida política, económica y pública".  [1]

 

La participación de las mujeres como votantes y electoras

En la mayoría de los países, el proceso de inscripción del electorado es una etapa clave para garantizar el derecho al voto de toda la ciudadanía, ya que estar registrado en el padrón electoral se considera comúnmente como un criterio de elegibilidad para los votantes. Asegurarse de que las mujeres estén bien representadas en el proceso de registro puede contribuir a fomentar su participación. Aunque los datos desagregados por sexo sobre la composición del padrón electoral pueden ayudar a detectar brechas e irregularidades en la inscripción de electores, este tipo de datos a menudo no están disponibles. Según una encuesta de investigación que evaluó la igualdad de género en 35 OGE, realizada por ONU Mujeres y el PNUD entre 2011 y 2012, solo el 50 por ciento de los OGE encuestados contaban con datos del padrón electoral desagregados por sexo. [1]

 

Los datos de participación de los votantes desagregados ​​por sexo proporcionan un indicador claro de la participación de las mujeres en el proceso electoral. En la mayoría de los países, las estadísticas oficiales de participación de votantes desagregadas por sexo no son publicadas por las autoridades electorales, en parte porque el secreto del voto dificulta que los OGE recopilen dicha información. Aunque algunos países, como Australia, India o Costa Rica, recopilan este tipo de datos, la mayoría de los OGE no asumen esta tarea. [2] Según la encuesta del PNUD y ONU Mujeres 2011-2012, solo el 30 por ciento de los OGE encuestados contaban con datos desagregados por sexo sobre la participación de los votantes.  [3] 

 

La participación de las mujeres en la administración electoral

Una representación equilibrada de las mujeres en la administración electoral también es esencial para el cumplimiento de sus derechos de participación, en particular el derecho a tener acceso a la función pública en su país. Sin embargo, no hay datos de referencia globales sobre la representación de las mujeres en posiciones de liderazgo o como personal directivo de los OGE. En la encuesta de OGE de 2011-2012, el 34 por ciento de los países declaró mantener una base de datos para el personal electoral desagregado por sexo. [1]

Discriminación en el proceso electoral por motivos de identidad de género y orientación sexual y obstáculos para la participación efectiva de las personas LGBTI

Las normas internacionales de derechos humanos reconocen el derecho de todos los ciudadanos a participar en la vida pública sin discriminación, independientemente de su orientación sexual e identidad de género. A pesar de esto, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) de todo el mundo a menudo enfrentan numerosas barreras que restringen el pleno ejercicio de sus derechos, incluidos sus derechos políticos.

Las leyes y prácticas discriminatorias, la violencia, la falta de información y los prejuicios y estereotipos sociales a menudo impiden que las personas LGBTI participen en las elecciones y en la democracia. En un contexto más amplio, el informe del PNUD de 2018 “The Sustainable Development Goals: Sexual and Gender Minorities" (disponible en inglés) da cuenta del complejo panorama de la exclusión social y política que sufren las minorías sexuales y de género, analizando los obstáculos existentes a su participación política, incluida la "desaprobación familiar y social, amenazas de violencia, desafíos para encontrar y mantener un empleo, acceso deficiente a los servicios de salud, acoso escolar y otras formas de ostracismo en las escuelas [...], desafíos para encontrar viviendas seguras y privadas y desafíos para establecer y construir relaciones y una red de amigos que les apoyen". [1]

El Índice de aceptación global del Instituto Williams, un ranking de la aceptación social de las personas y los derechos LGBT en 141 países, muestra que “los niveles promedio de aceptación para las personas y los derechos LGBT han aumentado a nivel mundial desde 1980, aunque la aceptación se ha polarizado, aumentando en los países con mayor aceptación y disminuyendo en aquellos con menor aceptación”. Según el índice, para el período 2009-2013, los países con la mayor aceptación fueron Islandia, los Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Andorra, mientras que los países con la menor aceptación fueron Azerbaiyán, Georgia, Arabia Saudita, Bangladesh y Egipto.[2]

La criminalización de las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo es un obstáculo importante para las personas LGBTI. Al menos 75 países tienen leyes que penalizan las relaciones privadas y consensuales con personas del mismo sexo, y al menos en cinco países la condena puede llevar a la pena de muerte. Además, la criminalización tiende a alimentar la violencia y la discriminación homofóbica y transfóbica. [3] En ambientes hostiles, los derechos humanos de las personas LGBTI están a menudo en peligro y estas apenas pueden participar en el proceso electoral.

Los grupos de derechos LGBTI y otras organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel importante en la promoción de los derechos humanos para esta comunidad, incluidos los derechos de participación. Otros actores relevantes, como los OGE, los partidos políticos, los parlamentos, los proveedores de asistencia electoral internacional y los observadores electorales, también han contribuido a estos esfuerzos, con acciones que llevan a una mayor inclusión de este grupo social en la vida democrática y en las elecciones.

La falta de datos hace que sea difícil comprender hasta qué punto está representada la comunidad LGBTI en los parlamentos nacionales. La Iniciativa de Investigación de Derechos y Representación LGBTQ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y “queer”) en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill ha estado recolectando datos relevantes que aportan algo de luz sobre este tema. El programa realiza investigaciones sobre los vínculos entre la representación y los derechos políticos de las personas LGBTQ, reuniendo datos sobre la representación política de los representantes LGBTQ que prestan servicios en el gobierno y reuniendo legislación nacional relacionada con los derechos de esta comunidad. [4] La base de datos de esta iniciativa hace posible rastrear la participación política de las personas LGBTI a lo largo del tiempo, con estadísticas sobre los parlamentarios elegidos y la existencia de leyes relativas a los derechos de este colectivo en todo el mundo. Entre los países analizados, la investigación del programa pudo identificar en 2013 a un total de “95 parlamentarios que ocupan cargos en 20 países (73 homosexuales, 17 lesbianas, cuatro parlamentarios bisexuales y uno transgénero). El número más grande era 24 en la Cámara de los Comunes británica ". [5]

Las personas transgénero generalmente enfrentan barreras específicas cuando ejercen su derecho de voto en la práctica. El registro y la identificación de los votantes parecen ser dos áreas particulares de preocupación para este colectivo, porque su identidad de género real no siempre coincide con la de sus documentos de identidad oficiales. En algunos países, los OGE han adoptado procedimientos especiales para promover su participación, prestando especial atención al proceso de registro de electores en el padrón electoral y su identificación durante la jornada electoral. [6]

 

Interseccionalidad, identidades transversales y discriminación múltiple

Las identidades personales son complejas y multifacéticas. Además de sus características de género, los hombres y las mujeres pueden identificarse en relación con su edad, etnia, clase, orientación sexual, estado de discapacidad o religión, entre muchas otras dimensiones. Al igual que los hombres, las mujeres normalmente tienen varias identidades transversales que se cruzan y, en algunos casos, están expuestas a una discriminación doble o múltiple. Los grupos específicos de mujeres que son especialmente vulnerables a la discriminación y la violencia podrían encontrar barreras adicionales para ejercer plenamente sus derechos políticos y participar en el proceso electoral.

Para obtener más información sobre este tema, consulte la respuesta consolidada del Proyecto ACE en “Strategies to include multiply marginalized groups in elections” (disponible en inglés).

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Los marcos legales y de políticas definen las reglas del juego y afectan directamente a la igualdad de género y la participación de las mujeres en todo el proceso electoral. Los instrumentos internacionales de derechos humanos consagran el derecho de las mujeres a participar en políticas y elecciones. Las constituciones y las legislaciones nacionales tienen un impacto importante sobre la participación y la representación de las mujeres. La elección del sistema electoral es también un aspecto clave del marco legal, con implicaciones concretas con respecto a la elección de mujeres. La adopción de medidas especiales de carácter temporal, incluidas las cuotas, puede contribuir a fomentar la igualdad de oportunidades y puede ser un factor crítico para aumentar la representación de las mujeres en los órganos electos.

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La participación política de las mujeres y la igualdad de género en las elecciones se puede promover mediante compromisos internacionales y disposiciones legales nacionales. Los instrumentos internacionales de derechos humanos contienen compromisos y obligaciones adoptados por los Estados para promover la participación de las mujeres en las elecciones. Los marcos legales nacionales, incluidas las constituciones, las leyes electorales y la legislación relevante, así como los reglamentos y los códigos de conducta de los OGE, también afectan en gran medida la participación electoral y la representación política de las mujeres.

Los instrumentos internacionales de derechos humanos sobre la participación de las mujeres y la igualdad de género en el proceso electoral

La participación plena de las mujeres en los procesos políticos y electorales se origina en los principios de no discriminación e igual disfrute de los derechos políticos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) [1] adoptada en 1948, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (CPRW, 1952) [2] y otras convenciones regionales que explícitamente establecen que el goce de tales derechos no debe tener distinción de ningún tipo, incluyendo sexo o género. Varios instrumentos internacionales de derechos humanos incluyen disposiciones que reconocen los derechos políticos de las mujeres, a la luz de los principios de no discriminación e igual disfrute de los derechos.

El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, 1966) [3]  consagra el derecho de todos los ciudadanos a "participar en la dirección de los asuntos públicos" y "votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”.

Si bien el PIDCP establece que no se permite la discriminación por motivos de sexo en el ejercicio del derecho de voto y de participación en la vida pública, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) [4] va más allá de este enfoque, al imponer a los Estados parte la obligación positiva de tomar todas las medidas apropiadas para poner fin a esa discriminación, tal como se estipula en el Artículo 7:

“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

• Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;
• Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;
• Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país”.

Además, el artículo 4 de la CEDAW alienta el uso de medidas especiales de carácter temporal para acelerar el logro de la igualdad de facto, a la luz del artículo 7 de la Convención.

El derecho de las mujeres a participar plenamente en todas las facetas de la vida pública ha seguido siendo una piedra angular de las resoluciones y declaraciones de la ONU. Desde la Resolución del Consejo Económico y Social de la ONU (E/RES/1990/15), a la “Declaración y Plataforma de Acción de Beijing” (1995)[5], la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad (2000) [6], la “Conclusiones acordadas de la Comisión sobre la condición jurídica y social de la mujer de 2006” [7]y la Resolución 66/130 de la Asamblea General sobre la participación de la mujer en la política (2011) [8], se ha instado sistemáticamente a los gobiernos a implementar medidas para aumentar sustancialmente el número de mujeres en funciones y cargos públicos electivos y de nombramiento en todos los niveles, con miras a lograr una representación equitativa de mujeres y hombres, si es necesario a través de acciones positivas, en cargos gubernamentales y de administración pública.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, “lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, busca “asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública” (meta 5.5. ). Sus indicadores incluyen la “proporción de puestos ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales y los gobiernos locales” (5.5.1.) Y la “proporción de mujeres en cargos directivos” (5.5.2). Además, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, brindar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”, no se puede lograr sin garantizar la igualdad de oportunidades para que hombres y mujeres participen en política y elecciones.[9]

Los derechos de participación, como todos los derechos humanos, son para todas las personas, independientemente de su identidad de género u orientación sexual. Varias declaraciones subrayan la importancia de garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas LGBTI, incluidos los Principios de Yogyakarta (2007) [10]  y la Declaración de Montreal (2006) [11]. El Principio 25 de los Principios de Yogyakarta reconoce el derecho de todos los ciudadanos "a participar en la conducción de los asuntos públicos, incluido el derecho a presentarse a cargos electos, a participar en la formulación de políticas que afectan su bienestar y a tener igual acceso a todos los niveles de servicio público […], sin discriminación por orientación sexual o identidad de género”.

 

Marcos legales nacionales y disposiciones sobre igualdad de género y participación de las mujeres en el proceso electoral

Los marcos legales nacionales establecen las reglas del juego en el proceso electoral. Las constituciones, las leyes electorales y otras leyes pertinentes, los acuerdos de paz en situaciones de postconflicto, y las regulaciones y los códigos de conducta de los OGE tienen un gran impacto en la participación y representación política de las mujeres. La publicación de 2005 de Naciones Unidas “Women and elections: Guide to promoting the participation of women in elections” (disponible en inglés) da cuenta del impacto de los marcos legales en la participación de las mujeres en la práctica.[1]

Para obtener más información sobre este tema, consulte el área temática del Proyecto ACE sobre el Marco jurídico.

Acuerdos de paz 

“En los países que salen de un conflicto, el acuerdo de paz puede estipular condiciones para las elecciones. Si es así, es importante que el acuerdo se elabore y se aplique con una perspectiva de género que garantice la protección y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en relación con el sistema electoral, tal como se especifica en la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas” sobre Mujeres, Paz y Seguridad (2000). [2]

Constituciones

En muchos países, la constitución garantiza explícitamente la igualdad de derechos humanos para hombres y mujeres, incluidos los derechos civiles, políticos y electorales. “Si una constitución no incluye específicamente dicho lenguaje, esto puede resultar en última instancia ser un serio impedimento para la participación de las mujeres”.[3] Las constituciones nacionales también pueden establecer cuotas para las mujeres y otras medidas especiales de carácter temporal.

Leyes electorales

“La ley electoral debe ser clara, completa y transparente. Debe garantizar que ningún elemento del proceso electoral ponga en desventaja a las mujeres, directa o indirectamente. Por ejemplo, las leyes electorales que exigen a los candidatos que depositen grandes depósitos monetarios pueden desfavorecer a las mujeres. Los requisitos de alfabetización o educación pueden dar a los hombres una ventaja injusta sobre las mujeres. Las leyes que establecen muy pocos centros de votación pueden llevar a largas filas y desalentar el voto de mujeres con niños pequeños. En contraste, las leyes electorales que tienen en cuenta las cuestiones de género pueden crear un entorno en el que se pueden evitar estos y otros problemas, e incluso pueden incluir medidas especiales para garantizar que las mujeres sean elegidas para cargos públicos. "Es importante garantizar la conformidad entre la ley electoral y cualquier otra ley nacional sobre no discriminación o igualdad de mujeres y hombres".[4] 

Leyes de partidos políticos

“Dado que los partidos políticos desempeñan un papel esencial en la selección de candidatos y en la configuración de la agenda política para las campañas electorales, las leyes nacionales sobre los partidos políticos suelen ser fundamentales para la participación de las mujeres. Las mujeres disfrutarán de mayores oportunidades si las leyes de un país estipulan que el funcionamiento interno de los partidos políticos debe ser transparente y democrático que si las operaciones del partido están altamente centralizadas y controladas por unos pocos líderes”.[5]

Legislación sobre el financiamiento político y de campañas 

"Las leyes de financiamiento de campañas pueden ayudar o poner en desventaja a las mujeres, según sus disposiciones".[6] Limitar los presupuestos de campaña por ley puede contribuir a reducir las desigualdades entre los candidatos y mejorar el acceso de las mujeres al proceso político. Además, la legislación política y de financiamiento de campañas puede establecer medidas especiales de carácter temporal como un incentivo para asegurar un mayor financiamiento público para los partidos políticos que presentan más mujeres en sus listas de candidatos, o como una sanción para los partidos con una baja representación de mujeres entre sus candidatos.

Reglamentos y procedimientos de OGE 

“Las leyes electorales a menudo autorizan a los OGE a emitir reglamentos legalmente vinculantes, de conformidad con la ley, sobre el registro de votantes, campañas, votaciones, recuento de votos, procedimientos del contencioso y otros asuntos. Estas regulaciones son extremadamente importantes. Si no se redactan cuidadosamente, los reglamentos, como la ley en sí, pueden perjudicar indirectamente a las mujeres. Cuando los OGE son sensibles a las consideraciones de género, se pueden emitir regulaciones que faciliten la participación de las mujeres”.[7]

Reglas y reglamentos internos de los partidos políticos 

En diferentes países, algunos partidos políticos adoptan voluntariamente reglas y reglamentos para promover la igualdad de género y la participación de las mujeres dentro de su estructura y organización interna. Estos pueden incluir el compromiso de garantizar la presencia de las mujeres en la lista de candidatos y las estructuras internas de toma de decisiones, entre otras.

Códigos de conducta 

En muchos países, los códigos de conducta regulan el comportamiento de varios actores durante el proceso electoral, incluidos los partidos políticos, los medios de comunicación, los observadores electorales y los líderes tradicionales, entre otros. Pueden contribuir a establecer las reglas básicas para un entorno electoral propicio y pacífico. 

Leyes de igualdad de género y legislación relativa a la violencia contra las mujeres en política y elecciones 

Las leyes de igualdad de género en todo el mundo contribuyen a combatir la discriminación contra las mujeres y buscan garantizar un trato justo y equitativo de hombres y mujeres, para que puedan ejercer plenamente sus derechos humanos. Estas leyes pueden contribuir a eliminar prácticas y procedimientos discriminatorios que, de otro modo, podrían socavar el derecho de las mujeres a participar en el proceso electoral.

 

“Algunos países han introducido una legislación para abordar el tema de la violencia contra las mujeres en las elecciones (VCME) y en la política. Una ley nacional en Bolivia y un protocolo en México definen violaciones y sanciones. Estas leyes reconocen que la VCME tiene el impacto agravado de dañar tanto a la víctima como de socavar la integridad electoral y la democracia en general. Las leyes sobre la incitación al odio y a la violencia en campaña también existen en otros países y pueden abordar formas de VCME. En varios países se presentaron proyectos de ley contra la VCME pero no se aprobaron, como es el caso de Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y Perú”.[8]

 

El impacto de los sistemas electorales en la representación de las mujeres

Existe una amplia variedad de sistemas electorales en todo el mundo, que responden a diferentes necesidades en términos de relevancia histórica, representación, gobernabilidad y estabilidad. Todos los sistemas electorales tienen su propio valor, y cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas en términos de representación y gobernabilidad, así como implicaciones concretas con respecto a la elección de mujeres. Si bien todos los sistemas electorales pueden contribuir al funcionamiento de la democracia, ninguno es neutral en cuanto al género, ya que tienen un gran impacto en la representación política de las mujeres.

Para obtener más información sobre este tema, consulte el contenido relacionado del Proyecto ACE, que incluye:

 

• El área temática sobre Sistemas electorales.
• Más específicamente, la sección sobre “Representación de las mujeres” en el área temática Sistemas electorales.

A. Conceptos clave sobre sistemas electorales y tipología

Un sistema electoral se define como “la manera en que los votos se traducen en escaños. Tres elementos clave de cualquier sistema electoral son:

• Tamaño del distrito: el número de representantes electos en un distrito electoral;
• Fórmula electoral: por la cual se elige el ganador de un escaño; y
• Estructura de la boleta electoral: determina si el votante vota por un candidato o un partido, y si el votante hace una sola elección o expresa una serie de preferencias. [1]  
  

Hay tres familias principales sistemas electorales, clasificadas según la forma en que se traducen los votos en escaños (sistemas mayoritarios, mixtos y proporcionales) y una cuarta familia, en la que se agrupan los sistemas individuales que no encajan en las tres familias principales. Hay 12 sistemas electorales individuales identificados dentro de estas principales familias.[2] 

 

• Los sistemas de pluralidad/mayoría se basan en el principio de que el candidato o partido con una mayoría simple de votos (es decir, más que cualquier otro) o una mayoría absoluta de votos (es decir, 50 por ciento más uno) se declara ganador. Dicho sistema puede usar distritos uninominales (por ejemplo, el sistema de mayoría simple, el sistema de voto alternativo o el sistema de doble ronda) o distritos plurinominales (por ejemplo, el sistema de voto en bloque o el sistema de voto en bloque por partido). [1]
• Los sistemas de representación proporcional se basan en el principio de traducir los votos de un partido o agrupación en una proporción correspondiente de escaños en el órgano electo. Por ejemplo, un partido que gana el 30 por ciento de los votos recibirá aproximadamente el 30 por ciento de los escaños. Todos los sistemas proporcionales requieren el uso de distritos plurinominales. Hay dos tipos principales de sistemas proporcionales: el sistema de representación proporcional por listas y el sistema de voto único transferible. [2]
• En un sistema mixto, los votantes eligen a sus representantes a través de dos sistemas diferentes: uno proporcional y otro mayoritario. Hay dos tipos de sistemas mixtos: los sistemas paralelos y el sistema de representación proporcional personalizada. Como la representación de las mujeres en promedio es mayor en los sistemas de representación proporcional que en los sistemas de pluralidad o mayoría, el diseño estratégico de un sistema mixto (por ejemplo, la elección de la mitad de los miembros del parlamento a través de un sistema de representación proporcional y la otra mitad utilizando un sistema mayoritario) puede ser una forma efectiva de aumentar la representación de las mujeres. [3]
• Tres tipos de sistemas electorales individuales (voto único no transferible, voto limitado y conteo de Borda) forman parte de una cuarta familia de sistemas electorales, en la que el sistema de voto único no transferible se aplica en distritos plurinominales de modo que los votantes pueden emitir un voto por un candidato. El voto limitado es similar al sistema de voto único no transferible, pero los votantes tienen más de un voto (pero menos que el número total de candidatos, como en el sistema de voto en bloque)”.[4]

 

B. Fórmula electoral 

Los países que aplican sistemas de representación proporcional tienden a tener una mayor proporción de mujeres en sus parlamentos que aquellos con sistemas mayoritarios. Esto se debe al hecho de que, en los sistemas proporcionales, la fórmula electoral normalmente conduce a más partidos representados en la legislatura y menos escaños perdidos, lo que ofrece a los partidos mayores incentivos para presentar listas de candidatos más plurales y diversas, probablemente incluyendo más mujeres entre ellas.[5] A pesar de esta tendencia que a menudo favorece a un mayor número de mujeres en los sistemas de representación proporcional, también es posible tener una representación relativamente alta de mujeres elegidas en los sistemas de mayoría, como lo demuestra el caso del Reino Unido, con un 32,2 por ciento de mujeres en la cámara baja del parlamento. Otros casos relevantes son Etiopía (38.8 por ciento) y Granada (46.7 por ciento), que son sistemas mayoritarios sin cuotas de género y tienen una alta representación de mujeres en el parlamento. [6]

C. Tamaño del distrito

En general, los distrito electorales de gran tamaño tienden a favorecer la representación de las mujeres. Esto se debe al hecho de que en los sistemas con distritos plurinominales grandes, los hombres y las mujeres no necesitan “competir por un solo puesto en el proceso de nominación dentro de un partido. Por lo tanto, los partidos están menos preocupados por un posible sesgo masculino entre los votantes, lo que a menudo los lleva a nominar a un candidato masculino en lugar de uno femenino en distritos uninominales, a menudo refiriéndose a él como el candidato más aceptable en términos generales”. [7]

D. Estructura de las boletas de votación 

Las boletas de votación con listas cerradas, especialmente cuando se usan junto con las cuotas de candidatos para mujeres, tienden a producir mejores resultados que las listas abiertas en términos de representación femenina. En los sistemas con listas cerradas y bloqueadas, los votantes votan por un partido y no pueden alterar la secuencia en la que se elegirán los candidatos, mientras que en los sistemas de listas abiertas los votantes pueden seleccionar directamente candidatos individuales. Teniendo en cuenta esto, comúnmente se cree que en los países donde la aceptación pública de las mujeres políticas es baja, las listas abiertas podrían llevar a los votantes a seleccionar más candidatos masculinos y evitar las candidaturas de las mujeres, mientras que en los sistemas de listas cerradas y bloqueadas los votantes no podrían modificar la secuencia de personas electas entre los candidatos propuestos por el partido. [8] A pesar de esta tendencia que a menudo favorece la representación de mujeres en sistemas con listas cerradas, algunos países muestran que también es posible tener un alto número de mujeres electas con listas abiertas. Este es el caso de Ecuador, con el 38 por ciento de las mujeres electas en la cámara única de su parlamento.[9]

 

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Las medidas especiales de carácter temporal pueden contribuir a promover reglas de juego más justas en el proceso electoral, abordar las desigualdades y promover la participación efectiva de las mujeres. Comprenden una amplia variedad de medidas, que incluyen cuotas de género y financiamiento público con enfoque de género para los partidos políticos, entre otras.

Conceptos clave sobre las medidas especiales de carácter temporal

Las medidas especiales de carácter temporal son las “políticas adoptadas y aplicadas para aumentar el acceso de las mujeres a la participación política y la toma de decisiones con el fin de superar las barreras estructurales que enfrentan las mujeres en la política electoral dominada por los hombres [...]. La recomendación general No. 25 (2004) del Comité para la Eliminación de la discriminación contra la mujer[1] establece que “los Estados Partes tienen la obligación de adoptar y aplicar medidas especiales de carácter temporal en relación con cualquiera de esos artículos si se puede demostrar que dichas medidas son necesarias y apropiadas para acelerar el logro del objetivo general de la igualdad sustantiva o de facto de la mujer o de un objetivo específico relacionado con esa igualdad” (párrafo 24). La recomendación general No. 25 del CEDAW proporciona algunas aclaraciones básicas sobre la naturaleza de las medidas especiales de carácter temporal:

 

•  Amplio alcance: las medidas especiales de carácter temporal “deben tener como finalidad acelerar la participación en condiciones de igualdad de la mujer en el ámbito político, económico, social, cultural y civil, o en cualquier otro ámbito”.
• Carácter temporal: “Las medidas especiales de carácter temporal deben suspenderse cuando los resultados deseados se hayan alcanzado y se hayan mantenido durante un período de tiempo” (párrafo 20). Por lo tanto, los Estados partes deben "distinguir claramente" entre las medidas especiales de carácter temporal y otras políticas sociales implementadas para mejorar la situación de las mujeres (párrafo 26).
•  Diversidad de medidas: “El término “medidas” abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa, y reglamentaria, como pueden ser los programas de divulgación o apoyo; la asignación o reasignación de recursos; el trato preferencial; la determinación de metas en materia de contratación y promoción; los objetivos cuantitativos relacionados con plazos determinados; y los sistemas de cuotas” (párrafo 22).
•  Especificidad del contexto: “La elección de una “medida” en particular dependerá del contexto [...] y del objetivo específico que pretende lograr” (párrafo 22). Las medidas especiales de carácter temporal deben diseñarse, explicarse, evaluarse e informarse según el contexto especial que establece objetivos concretos (por ejemplo, los párrafos 28, 33, 36). No hay un enfoque único que aplique a todas las medidas especiales de carácter temporal. [2]

 

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“Los términos medidas especiales de carácter temporal y cuotas se han utilizado indistintamente. Los mecanismos de cuotas son en realidad solo un tipo de medida especial de carácter temporal vinculada al sistema electoral o al proceso de selección de candidatos de un país que tiene como objetivo garantizar o promover la representación de mujeres u otros grupos con escasa representación en un órgano electo”. [1]

Los tres tipos principales de cuotas de género son los siguientes: 

• Cuotas legales de candidatos;
• Cuotas de escaños reservados;
• Cuotas voluntarias de partidos políticos. 

Una parte importante de esta sección se basa en el “Atlas of Gender Quotas” (disponible en inglés) de 2013, publicado conjuntamente por IDEA Internacional, la Unión Interparlamentaria y la Universidad de Estocolmo. [2] 

Para obtener más información sobre este tema, consulte el contenido relacionado del proyecto ACE, que incluye: 

• La sección “Cuotas voluntarias de candidatos” en el área temática sobre Partidos y candidatos.
• La sección “Cuotas legales” en el área temática sobre Partidos y candidatos.
• La respuesta consolidada sobre “Experiences with reserved seats or constituencies for women in parliamentary elections” (disponible en inglés).
• La respuesta consolidada sobre “Gender quotas in Africa” (disponible en inglés).
• La respuesta consolidada sobre “Abrogation of quotas for women” (disponible en inglés).

 

Cuotas legales de candidatos

"Las cuotas legales de candidatos, establecidas a través de constituciones y/o leyes electorales o de partidos, requieren que un número mínimo de candidatos sean mujeres (o del sexo menos representado). Este tipo de cuota suele ser una forma vinculante de la cuota de candidatos para todos los partidos que pretenden disputar escaños parlamentarios. Las cuotas legales de candidatos le dan al Estado la oportunidad de imponer sanciones para obligar a los partidos políticos a cumplir con la norma adoptada. [Según datos del estudio de 2013,] en todo el mundo, 60 países y territorios utilizan las cuotas legales de candidatos para la composición las cámaras bajas y/o altas del parlamento, y/o los órganos representativos a nivel subnacional. El orden de clasificación y la ubicación de las candidatas en los puestos elegibles en las listas cerradas de los sistemas electorales de representación proporcional influyen en gran medida en la efectividad de las cuotas legales de candidatos para garantizar la elección de las candidatas. [Según los datos extraídos de la investigación de 2013], 12 países y territorios con cuotas legales de candidatos requieren una estricta alternancia entre candidatos femeninos y masculinos en las listas de candidatos para al menos una de las cámaras del poder legislativo (conocidos como sistemas de cremallera o cebra), 12 requieren un orden de clasificación basado en “una mujer por cada tres candidatos” o un estándar cercano a este nivel, mientras que los países restantes tienen un requisito de clasificación muy débil, de “una mujer por cada cinco candidatos” o no tienen ningún requisito de orden de clasificación. Las reglas de cuotas que incluyen una alternancia estricta o una condición como “un mujer por cada tres candidatos” requieren que los partidos incluyan a un gran número de candidatas en el conjunto de su lista, y que no solo las coloquen en la parte inferior. Sin embargo, esta regla solo es efectiva si las listas de candidatos están cerradas y bloqueadas. [1]   

[Según los datos de 2013], de los 60 países y territorios que han legislado cuotas de candidatos, 34 países (57 por ciento) estipulan sanciones por incumplimiento que consisten en rechazar la lista completa o negarse a registrar la sección o los candidatos de la lista que impiden la aplicación de las disposiciones legales; solo ocho países (13 por ciento) prevén una sanción financiera”. [2]

 

Cuotas de escaños reservados

“Mientras que las cuotas de candidatos legales y voluntarias regulan el número mínimo de mujeres o de candidatos del sexo con menor representación para ser incluidas en las listas de candidatos, los escaños reservados estipulan el número de mujeres, o de representantes del sexo con menor representación, que deberán ser elegidas en los órganos legislativos. Los escaños reservados son el tipo de cuota menos utilizado a nivel mundial, pero se utilizan cada vez más en África y en el sudeste asiático. Hasta la fecha, 36 países y territorios han adoptado el sistema de escaños reservados utilizando tres métodos principales para las cámaras bajas y/o altas y/o los órganos de representación a nivel subnacional: [1]   

1.       Una circunscripción especial a nivel nacional solo para mujeres candidatas: este método se puede aplicar de diferentes formas, por ejemplo: (1) la elección de un número determinado de mujeres desde distritos diseñados para elegir únicamente parlamentarias (en Ruanda, donde las mujeres son elegidas en 24 provincias a través de un colegio electoral especialmente designado); (2) una circunscripción separada de mujeres parlamentarias elegidas directamente en distritos uninominales (en Uganda); y (3) una circunscripción separada reservada para que las mujeres sean elegidas mediante una lista especial nacional compuesta exclusivamente de mujeres (como los 60 escaños reservados para mujeres en Marruecos, elegidos a través de una lista cerrada de representación proporcional compuesta solo de mujeres, y en Mauritania, que elige 20 mujeres a través de una lista nacional solo para mujeres). [2]

2.       Cuotas de rotación: este método garantiza que en estos distritos solo habrán mujeres candidatas. Se usa a nivel subnacional en India al rotar los distritos reservados de un ciclo electoral a otro, para evitar la eliminación de candidatos masculinos de la competencia electoral en un distrito determinado durante un largo período de tiempo”.”[3]

3.       Umbrales alternativos: “Estos sistemas establecen dos umbrales para resultar electo: uno basado en el mayor número absoluto de votos, el otro basado en el mayor porcentaje de votos dentro de un subconjunto de candidatos (en este caso, mujeres). Bajo este enfoque, todos los candidatos (hombres y mujeres) compiten juntos en una sola competencia electoral y el candidato con el mayor número de votos gana el escaño. Posteriormente, las candidatas que obtuvieron la mayor proporción de votos sin obtener la mayoría en su distrito llenan un número adicional de asientos reservados. A veces, esto se conoce como el sistema de "mejor perdedor".[4]

" Algunos países reservan un número fijo de escaños para mujeres, como Tanzania, donde el 30 por ciento de los escaños están reservados para mujeres, pero no requieren que estos candidatos sean elegidos públicamente, y en su lugar, asignan los escaños especiales a mujeres de los partidos ganadores en proporción al número de escaños que se les otorga en el Parlamento. Las listas de mujeres que eventualmente asumirán estos mandatos se envían al organismo de administración de elecciones antes de las elecciones, y los métodos que usan los partidos para seleccionar a estos candidatos son diversos, desde las elecciones internas del partido hasta los nombramientos. Un sistema similar se usa en Zimbabue y en Pakistán para designar a mujeres para asientos reservados en la cámara baja y en las elecciones subnacionales de Lesoto. [5]

Un análisis comparado de las experiencias en el uso y el impacto de los asientos reservados sugiere que el diseño de las cuotas de asientos reservados debe considerar cómo otorgar a las mujeres la “legitimidad de electas”, es decir, los asientos reservados deben estar sujetos a elecciones competitivas entre varias candidatas, donde las mujeres electas tienen su propia base de poder y el apoyo de su electorado”. [6]

 

Cuotas voluntarias de los partidos políticos

“Las cuotas voluntarias de los partidos han sido cada vez más populares entre los partidos de izquierda y centro-izquierda, como los partidos Verde, Socialista y Social Demócrata [...] en muchos países de Europa. En Suecia, muchos partidos políticos introdujeron cuotas voluntarias de partidos mediante una regla según la cual “ninguno de los dos sexos debería estar representado por menos del 40 por ciento” en las décadas de 1970 y 1980, como resultado de lo cual el número de parlamentarias alcanzó el 39 por ciento en las elecciones de 1988. Fue solo después de las elecciones de 1991 (cuando el número de mujeres en el parlamento bajó a 34 por ciento) que las mujeres en varios partidos exigieron medidas más estrictas, como alternar entre candidatos masculinos y femeninos en todas las listas de candidatos, para asegurar la verdadera paridad entre los representantes electos. Las cuotas voluntarias de los partidos contribuyeron a avances significativos en la representación de mujeres en los parlamentos nacionales en países tan diversos como Australia, Alemania, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Sudáfrica y el Reino Unido. […] En aproximadamente 37 países y territorios, uno o más partidos utilizan cuotas voluntarias de partidos. [1]   

Cualquier partido político puede introducir cuotas de género para sus propias listas de candidatos en las elecciones. Uno o dos partidos pueden ser precursores respecto a otros partidos en un país. En muchos países, las cuotas de género fueron introducidas por primera vez individualmente por algún partido político, y luego fueron adoptadas por los parlamentos con regulaciones de cuotas vinculantes para todos los partidos políticos.[2]

Las cuotas voluntarias de los partidos aplicadas a las listas de candidatos deben complementarse con disposiciones de orden de clasificación para garantizar que las mujeres se incluyan en los puestos principales de las listas de candidatos y se distribuyan de manera uniforme en toda la lista. [3]   

Es probable que las cuotas voluntarias se respeten y se implementen adecuadamente en partidos con reglas claras, una cultura burocrática y prácticas estandarizadas [...]. Por lo tanto, los partidos altamente institucionalizados pueden proporcionar un ambiente más propicio para adoptar e implementar cuotas voluntarias de partidos”.[4]   

 

Adaptación de las disposiciones sobre las cuotas al sistema electoral

“Los sistemas electorales y las estructuras de los partidos tienen implicaciones importantes en cuanto a la facilidad con que se aplican las cuotas de género o las dificultades que pueden encontrar sus defensores cuando cabildean para su adopción. […] [Se cree comúnmente que] las cuotas de candidatos (tanto legisladas como voluntarias) son más fáciles de implementar en los sistemas de representación proporcional con distritos grandes que en los distritos uninominales, en los cuales las decisión sobre qué candidato (uno solo por partido) se presenta en cada distrito es mucho más debatida y los partidos tienden a favorecer a los candidatos masculinos debido a los estereotipos de género y al poder de las autoridades salientes, que a menudo son hombres. Sin embargo, los sistemas electorales de mayoría/pluralidad con distritos uninominales o plurinominales también se han combinado con éxito con cuotas de candidatos, por ejemplo en el Reino Unido, donde el Partido Laborista ha instituido un sistema voluntario de preselección de mujeres para la nominación de candidatos en determinados distritos para las elecciones parlamentarias. […] Otros ejemplos de cuotas legales de candidatos combinadas con los sistemas de mayoría/pluralidad incluyen Senegal, que utiliza un sistema electoral paralelo en el que los partidos deben presentar un número igual de candidatos hombres y mujeres en distritos plurinominales. Uganda tiene un nivel adicional de circunscripciones solo para mujeres donde las mujeres son elegidas directamente, e India tiene distritos reservados para las mujeres en el nivel subnacional, donde estas son elegidas directamente”.[1]    

La investigación de 2014 de Gabrielle Bardall y Skye Christensen sobre “Gender Quotas in Single-Member District Electoral Systems” (disponible en inglés) refuta el mito de la incompatibilidad de las cuotas con las circunscripciones uninominales, basándose en ejemplos de casos de diferentes contextos regionales y estrategias efectivas para implementar cuotas en las circunscripciones uninominales. [2]

IDEA Internacional publicó en 2007 “Designing for Equality: Best-fit, medium-fit and non-favourable combinations of electoral systems and gender quotas” (disponible en inglés), que “ofrece una visión general de los diversos sistemas electorales y combinaciones con cuotas electorales, ilustrando qué resultados puede esperarse cuando se aplica una cierta cuota bajo un determinado sistema electoral”.[3]  La tabla a continuación, extraída de esta publicación de IDEA Internacional, resume posibles combinaciones de tipos de cuotas para mujeres con sistemas electorales.

 

 

Reglas de orden y mandatos de posicionamiento en las reglas de cuota

“En todos los sistemas electorales (y con cuotas legales y voluntarias de candidatos), las disposiciones relativas a la cuota deben incluir reglas sobre el orden de clasificación según el género. Una distribución vertical justa de los candidatos femeninos y masculinos en la lista electoral (sistemas de representación proporcional con listas de partido cerradas) y/o una distribución horizontal de ambos sexos en escaños que se pueden ganar es esencial para que las mujeres tengan una posibilidad real de ser elegidas. Las reglas de orden de clasificación se adoptan para evitar que las reglas de cuotas (por ejemplo, una regla general del 30 o 50 por ciento de candidatas) se vuelvan meramente simbólicas, y solo unas pocas mujeres sean elegidas porque los partidos políticos han colocado a la mayoría de las candidatas en la parte inferior de las listas o en las circunscripciones no ganables. Hoy en día, muchos sistemas de cuotas combinan reglas sobre el número total de mujeres y hombres en las listas de candidatos con reglas específicas sobre la composición de género de los candidatos principales [...]. [1]

Algunos ejemplos de reglas de orden vertical para la distribución de candidatos femeninos y masculinos son:

• Sistemas de cebra o de cremallera: alternando candidatos femeninos y masculinos en todas las listas (por ejemplo, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Francia, Kenia, República de Corea, Lesoto, Libia, Nicaragua, Senegal, Túnez y Zimbabue). La alternancia es utilizada por muchos partidos verdes, así como partidos socialdemócratas;
• Un requisito de que los dos candidatos principales no sean del mismo sexo (por ejemplo, Bélgica);
• Proporción de 40:60 por cada cinco puestos en la lista (por ejemplo, España); y
• Uno de cada grupo de tres candidatos debe ser una mujer (por ejemplo, Albania, Argentina, Indonesia, Serbia, Timor-Leste)”. [2]
 

 

Financiamiento público con perspectiva de género para los partidos políticos

IDEA Internacional publicó en 2018 “Gender-targeted Public Funding for Political Parties: A comparative analysis” (disponible en inglés). Según este estudio, “el financiamiento público con enfoque de género significa que la cantidad de financiamiento público de un partido político recibe está conectado con el nivel de igualdad de género entre los candidatos que presenta para la elección (o que logran ser elegidos), o que una cierta proporción de la financiación pública que recibe un partido está destinada a actividades relacionadas con el género”, como la capacitación para mujeres miembros del partido. Los principales objetivos de la financiación pública con enfoque de género incluyen aumentar la representación de las mujeres en los organismos electos y empoderar a las mujeres en los partidos políticos. El financiamiento público con enfoque de género puede ser un instrumento eficaz para promover la participación de las mujeres, especialmente en sistemas donde “la proporción del ingreso total de las partes que se recibe de fuentes públicas es alta”, como es el caso de Albania, donde el 90 por ciento de los presupuestos de los partidos proviene del financiamiento público. [1]

Ejemplo: En Georgia, “se otorgará un 30 por ciento adicional en financiamiento a los partidos que tienen 3 mujeres por cada 10 candidatos”. [2]   

Ejemplo: En Moldavia, “los partidos con 40 por ciento de mujeres candidatas reciben un financiamiento público adicional del 10 por ciento, más un múltiplo no especificado para cada mujer electa”.[3]   

Ejemplo: En Albania, “30 por ciento de los candidatos deben ser mujeres en todas las elecciones. El incumplimiento es punible con multas, que se toman de la financiación pública respectiva de cada partido”.[4]  

Ejemplo: En Francia, “si la diferencia de género entre los candidatos es mayor al 2 por ciento, la financiación pública se reduce en 1,5 veces esta diferencia”.[5]

Ejemplo: En Panamá, “al menos el 10% de la financiación pública se destina a actividades de educación cívica y política. El 2,5% se canalizará únicamente para apoyar las actividades de capacitación de mujeres”. [6]

Ejemplo: En México, “cada partido debe dedicar el 2% de su financiamiento público regular anual a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo de mujeres”. [7]

En una discusión en línea de 2018 de iKNOW Politics sobre “Financiamiento para mujeres candidatas”, los participantes hicieron las siguientes recomendaciones para mejorar la participación de las mujeres a través de mecanismos de financiamiento.  

• “Limitar los presupuestos de campaña para reducir las carreras de recaudación de fondos;
• Asegurar la transparencia en el financiamiento de campañas para limitar el uso de dinero ilegal y de redes ilícitas;
• Reforzar el mandato y el presupuesto operativo de los OGE para monitorear adecuadamente los gastos de campaña y pedir cuentas a los partidos políticos;
• Proporcionar préstamos sin intereses a mujeres candidatas;
• Deducir los impuestos de los donantes que financian las campañas de mujeres candidatas;
• Introducir incentivos financieros para aumentar la participación política de las mujeres”.[8]

 

La evolución de las cuotas hacia la democracia paritaria

Varios países han adoptado leyes para garantizar una representación más igualitaria de hombres y mujeres en las instituciones democráticas, bajo el paradigma de la paridad, especialmente en América Latina. El principio de paridad va más allá del enfoque de las cuotas de género y otras medidas especiales de carácter temporal. A diferencia de las medidas especiales de carácter temporal, las medidas de paridad no se ven como temporales, sino permanentes, y buscan repensar la distribución del poder político en la búsqueda del equilibrio de género y la democracia sustantiva. En estos países, la paridad se considera un paso adicional y esencial en la construcción de sociedades genuinamente democráticas, donde las mujeres, que representan aproximadamente la mitad de la población, deberían poder participar plenamente en la vida social y pública en igualdad de condiciones que los hombres, y también deberían tener derecho a ocupar la mitad de los cargos decisorios en la esfera política. [1]    

Aunque la democracia paritaria ya había sido anteriormente reclamada por grupos de mujeres, el concepto se defendió más tarde en la Declaración de Atenas, adoptada en el marco de la primera Cumbre Europea de Mujeres en el Poder en 1992, según la cual la “igualdad [de mujeres y hombres] requiere paridad en la representación y administración de las naciones”. La declaración contiene varios argumentos a favor de una representación igualitaria de hombres y mujeres en el proceso de toma de decisiones: calidad de la democracia, buen uso de los recursos humanos, satisfacción de las necesidades e intereses de las mujeres y la mejora del proceso de elaboración de políticas. [2]

La región de América Latina ha sido particularmente activa en la promoción de la democracia paritaria, con varios países que reconocen los mecanismos de paridad en sus respectivos marcos legales para las elecciones, entre ellos Bolivia (2008), Costa Rica (2009), Ecuador (2008), México (2014), Nicaragua (2012) y Argentina (2017).[3] La proporción de mujeres parlamentarias en las cámaras bajas o únicas de estos países después de las últimas elecciones se encuentra entre las más altas del mundo y representa, respectivamente, 53,1 por ciento, el 45,6 por ciento, el 38 por ciento, el 48,2 por ciento, el 45,7 por ciento y el 38,9 por ciento. [4] En el caso de Argentina, la ley que prevé mecanismos de paridad aún no se ha aplicado en las elecciones legislativas.

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En su resolución de 2012 sobre “La participación de la mujer en la política”, la Asamblea General de la ONU insta a todos los estados parte a “Alentar encarecidamente a los partidos políticos a que supriman todos los obstáculos que discriminen, directa o indirectamente, contra la participación de la mujer, a que desarrollen su capacidad para analizar las cuestiones desde una perspectiva de género y a que adopten las políticas necesarias a fin de promover la capacidad de la mujer para participar plenamente en todos los niveles de la adopción de decisiones dentro de los propios partidos”. [1]

Al competir en el proceso electoral para ganar poder político, los partidos políticos juegan un rol esencial en la democracia representativa. Funcionan como guardianes de la participación política de las mujeres, al actuar como intermediarios que articulan visiones ciudadanas a través de programas políticos y agendas, y al permitir el acceso de los políticos a roles de representación como miembros electos de instituciones democráticas. Aunque las estructuras y los modelos de poder de los partidos políticos, tradicionalmente dominados por los hombres, a menudo crean barreras para las mujeres, estos pueden también ser un poderoso instrumento para facilitar el avance político de las mismas, integrando  sus voces en el proceso político y asegurando que ellas tengan un lugar en la toma de decisiones.

La literatura sobre el tema sugiere que los partidos políticos altamente institucionalizados, aquellos que se sitúan a la izquierda o centro-izquierda del espectro político y también los partidos con una organización interna de mujeres bien coordinada tienden a ser más sensibles a las demandas de igualdad género, pero esos partidos – aunque en general mejores que otros - a menudo se quedan cortos en términos de paridad o equidad. [2] En la práctica, de cualquier modo, la mayoría de partidos de todo tipo han tomado medidas para promover la participación política de mujeres alrededor del mundo.

Los partidos políticos pueden incorporar la perspectiva género dentro de su organización interna desarrollando e implementando marcos normativos y políticas sensibles al género que fomenten la inclusión y la representación de las mujeres en las estructuras de toma de decisiones en el seno del partido. La selección de candidatos es también una etapa clave que permite a los partidos políticos promover una justa representación, incluyendo a las mujeres en puestos de su lista de candidatos que pueden llegar a ganar. Además, los partidos políticos pueden proporcionar a las candidatas mujeres apoyo para financiar y hacer campaña, con el objetivo de aumentar sus posibilidades de ser electas. Durante el día de la elección, los partidos políticos pueden llevar a cabo un seguimiento de los procedimientos electorales con perspectiva de género, evaluando la discriminación contra las mujeres candidatas y las votantes. [3] Por último, los partidos también pueden jugar un rol en la promoción de la inclusión de las personas LGBTI en el proceso político, realzando la participación electoral de esta comunidad.

Una de las publicaciones clave sobre este tema es la guía del PNUD y de NDI de 2012 “Empoderando a las mujeres para el fortalecimiento de los partidos políticos: Una guía de buenas prácticas para promover la participación política de las mujeres”, [4] que ofrece una descripción general de lo que pueden hacer los partidos políticos para promover la participación de las mujeres en la política. Con el propósito de ilustrar las estrategias utilizadas por los partidos políticos en diferentes países, en esta sección se pueden encontrar ejemplos de buenas prácticas, basadas principalmente en la guía del PNUD y de NDI. El siguiente recurso gráfico, extraído de la guía del PNUD y del NDI, resume los puntos de entrada para promover la participación de las mujeres en los partidos políticos.

 

 

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Las estructuras de poder dominadas por los hombres y los modelos masculinos tradicionales de ejercicio del poder a menudo crean obstáculos para la participación de las mujeres, excluyéndolas del proceso político dentro y fuera de los partidos políticos. Sin embargo, en varios países, los partidos políticos han adoptado estrategias y medidas concretas para crear un entorno de apoyo para las mujeres y mejorar su participación dentro de sus estructuras internas y en los procesos internos de toma de decisiones. Los partidos políticos pueden desarrollar políticas internas y marcos normativos propios para asegurar que las voces de las mujeres sean escuchadas y que estén representadas de manera justa a todos los niveles dentro del partido. Pueden adoptar medidas para promover la representación de las mujeres en la toma de decisiones, como las cuotas internas para mujeres en las juntas directivas y en otros órganos electos. Las secciones de mujeres de los partidos también pueden desempeñar un papel importante en la integración de las voces e intereses de las mujeres en la toma de decisiones interna, dando visibilidad al tema de la igualdad de género y sirviendo como plataformas para fomentar el liderazgo femenino. Además, los partidos políticos pueden integrar la igualdad de género en el desarrollo de políticas, apoyando políticas públicas que promuevan los derechos humanos de las mujeres. [1]

 

 

 

Marcos normativos y políticas sensibles al género en los partidos políticos

Los documentos oficiales y las declaraciones de los partidos políticos a menudo establecen marcos normativos y políticas para la igualdad de género, ya que proporcionan una visión del partido y establecen las reglas de conducta. Los partidos políticos con frecuencia incluyen disposiciones sobre la participación de las mujeres y la igualdad de género en los documentos que les rigen y otros reglamentos normativos internos. [1] “Partidos políticos y paridad: la ecuación pendiente”, una investigación realizada por IDEA Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo en 2011, reveló que el 70 por ciento de los partidos políticos en América Latina se referían a la igualdad de género y a la no discriminación en los documentos del partido, mientras que el 30 por ciento restante no mencionaba estos principios. [2] Según otro estudio realizado en 2013 por IDEA Internacional sobre los compromisos de los partidos políticos en 33 países africanos, el 27 por ciento de los partidos analizados había incluido compromisos de igualdad de género en sus constituciones y el 58 por ciento en los manifiestos del partido, aunque hubo una brecha significativa entre estos compromisos escritos y medidas específicas para su implementación. [3] 

Según el Marco para el desarrollo de políticas de género para los partidos políticos de IDEA Internacional (“Framework for Developing Gender Policies for Political Parties”, disponible en inglés), las políticas de género pueden ayudar a los partidos políticos a identificar las desigualdades de género; proporcionar una dirección clara y medidas políticas para promover la igualdad de género en la política; integrar este tema en su planificación estratégica; establecer objetivos específicos, metas medibles y estrategias de implementación; y desarrollar mecanismos de rendición de cuentas para el cumplimiento de estos objetivos. Este marco establece un modelo para “ayudar a los partidos políticos y a los defensores de la igualdad de género en sus esfuerzos por desarrollar políticas integrales para promover la igualdad de género dentro de los partidos políticos”. [4] Ofrece una reflexión sobre los principios clave que deben guiar las políticas internas de género de los partidos políticos, que contemplan la igualdad sustantiva, en contraposición a la mera igualdad formal; el uso de medidas especiales para promover la participación de las mujeres; la consideración de grupos marginados entre las mujeres; la conciliación de la vida personal y profesional; y la recopilación de datos y estadísticas desagregados por sexi en el interno del partido. El documento también describe una serie de objetivos específicos que podrían incluirse en las políticas internas de género, como mejorar la participación de las mujeres a todos los niveles en la gobernanza de los partidos; asegurar niveles adecuados de poder y recursos para los grupos de mujeres dentro del partido; mejorar el acceso de las mujeres candidatas a recursos financieros y a las campañas en los medios de comunicación; aumentar el número de mujeres candidatas; integrar la igualdad de género en la estrategia de capacitación del partido; y asegurar la integración del enfoque género en posiciones políticas para promover los derechos de hombres y mujeres. [5]

Aunque es esencial instituir estos marcos y políticas – y muchos partidos lo han hecho -, a menudo han quedado rezagados en la implementación real de las políticas. Si bien el desarrollo de políticas y marcos apropiados dentro de los partidos políticos es un paso importante hacia la igualdad de género, también es crucial implementarlos en la práctica.

Ejemplo: En Sierra Leona, varios partidos políticos han adoptado políticas internas de género. A través de su política de género, el All People’s Congress (APC) se compromete a promover la participación de las mujeres en sus estructuras ejecutivas y órganos electos internos. La política de género del People’s Movement for Democratic Change (PMDC) establece el objetivo de asegurar la representación de las mujeres en el partido a todos los niveles, así como en procesos inclusivos de toma de decisiones. La política de género del Sierra Leone People’s Party (SLPP) tiene como objetivo aumentar la representación de las mujeres a todos los niveles de la estructura interna del partido y también en el poder legislativo y en los consejos locales. Uno de los objetivos de la política de género de la National Democratic Alliance (NDA) es promover políticas sensibles al género dentro y fuera del partido, con el fin de lograr una representación más equilibrada de hombres y mujeres, a la luz de la Constitución del partido y del PIDCP. [6]

Ejemplo: En El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) incluyó en su código de ética y en su declaración de misión una cláusula sobre la igualdad política de las mujeres. Dentro de este partido, la presencia tradicionalmente significativa de mujeres entre sus miembros y líderes, así como el papel activo de la Secretaría de Mujeres, ha permitido desarrollar un fuerte compromiso institucional con la igualdad de género y la participación de las mujeres, que también se traduce en reglas internas incluyentes. [7]

Ejemplo: En Costa Rica, el Partido Acción Ciudadana (PAC) abordó la igualdad de género en sus estatutos y reglamentos, y estableció una Fiscalía para la Igualdad de Género con el mandato de monitorear, informar y asesorar sobre la implementación de los reglamentos. Este partido está especialmente comprometido con el principio de igualdad de género y garantiza una composición equilibrada de género en todas sus estructuras internas, posiciones de liderazgo y listas de candidatos. [8]

Ejemplo: En Kenia, el Artículo 91 de la Constitución de 2010 establece el requisito de que los partidos políticos “respeten el derecho de todas las personas a participar en el proceso político, incluidas las minorías y los grupos marginados”. Además, la Sección 7 de la Ley de Partidos Políticos requiere que órganos de gobierno de los partidos políticos reflejen el equilibrio de género con no más de dos tercios de sus integrantes del mismo género. Todos los partidos políticos registrados en Kenia han cumplido con estas disposiciones legales, adaptando los estatutos de sus partidos y los reglamentos internos en consecuencia. Por ejemplo, la Constitución del partido National Alliance de 2010 incluyó entre sus valores y principios fundamentales la promoción de la participación igualitaria y la inclusión de todas las personas en la gobernanza, la igualdad ante la ley y la equidad en la asignación de recursos. El partido Orange Democratic Movement Party se compromete, en su Constitución de 2007, a apoyar la emancipación de las mujeres, combatir el sexismo y asegurarse de que se escuchen las voces de las mujeres y que estén representadas de manera justa en los órganos internos a todos los niveles. La Constitución y el manifiesto del Wiper Democratic Movement incluyen el compromiso de promover la libertad de participar en la toma de decisiones políticas mediante el reconocimiento de la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes. El partido United Republican Party se compromete a promover la participación plena de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y otros grupos marginados a través de la acción afirmativa y la integración, al tiempo que se reserva una posición para mujeres en su órgano directivo. El partido United Democratic Forum Party, en su Constitución de 2013, se compromete a proteger y defender los derechos de toda la ciudadanía keniana, especialmente las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y otros grupos marginados. [9]

 

Auditorías de género y planes de acción de género en los partidos políticos

Las auditorías internas de género y los planes de acción también pueden ayudar a institucionalizar la igualdad de género en las estructuras, los procesos y las prácticas de los partidos políticos, de acuerdo con el “Manual para promover la participación de las mujeres en los partidos políticos” de la OSCE/OIDDH (Handbook on Promoting Women’s Participation in Political Parties, disponible en inglés). Las auditorías de género evalúan los procedimientos, las actividades y la cultura de los partidos desde una perspectiva de género y ayudan a identificar prácticas discriminatorias que impiden a las mujeres avanzar en sus carreras políticas. En el marco de las auditorías de género, se analizan los estatutos, las políticas, la estrategia y la plataforma del partido, así como las normas internas de procedimiento, tanto formales como informales. Sobre la base de las brechas identificadas por estas actividades de autoevaluación, los partidos políticos pueden desarrollar planes de acción integrales para fomentar la participación de las mujeres. [1]

 

Medidas para promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones

A nivel mundial, las mujeres están poco representadas en posiciones de liderazgo dentro de los partidos políticos, aunque según datos de 2012 representan entre el 40 y el 50 por ciento de los miembros de los partidos políticos en todo el mundo. Los factores que impiden que las mujeres avancen en su carrera política pueden incluir actitudes discriminatorias de los miembros de los partidos políticos, la exclusión de las estructuras de poder y de las redes de información internas masculinizadas, recursos financieros limitados y la falta de conciliación de la vida profesional y familiar, entre otras razones. Con el objetivo de aumentar la participación interna de las mujeres, los partidos políticos de todo el mundo han adoptado múltiples estrategias, incluidas cuotas a todos los niveles, especialmente en juntas directivas, comités ejecutivos y otras plataformas de toma de decisiones. [1]

Ejemplo: En Botsuana, las constituciones del Botswana Movement for Democracy (BMD), el Botsuana Congress Party (BCP) y el Botsuana National Front (BNF) contienen disposiciones para una cuota del 30 por ciento para mujeres en sus comités centrales y estructuras regionales y locales. [2]

Ejemplo: El Partido Sam Rainsy de Camboya y el Partido Laborista de Australia adoptaron cuotas internas para garantizar la representación de las mujeres en algunas o todas sus juntas directivas[3]

Ejemplo: En Marruecos, la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) tiene cuotas internas para cada sección local, lo que ha ayudado a fomentar la inclusión de las mujeres en todos los niveles del partido. [4]

Ejemplo: En México, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue uno de los primeros partidos en adoptar una cuota interna del 20 por ciento en 1990, que luego se elevó al 30 por ciento. Fue seguido por el Partido de Acción Nacional (PAN), que adoptó una cuota interna del partido para mujeres en las juntas directivas y en el comité ejecutivo. [5]

Ejemplo: En la India, el Partido Bhatariya Janata (BJP) modificó su constitución en 2008 para reservar el 33 por ciento de las posiciones de liderazgo del partido para mujeres y convertir a la presidente de la sección nacional de mujeres en miembro del comité central de elecciones del partido. [6]

Ejemplo: En Alemania, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) adoptó una cuota del 33 por ciento para los representantes del partido en 1996. Si esta cuota no se cumple, las elecciones internas deben repetirse. [7]

Ejemplo: En Sudáfrica, la constitución del African National Congress (ANC) establece que el partido aplicará un programa de acción afirmativa para garantizar la plena representación de las mujeres en las estructuras de toma de decisión, incluida una cuota de al menos 50 por ciento de mujeres en todos los órganos electos.[8]

Ejemplo: En los Estados Unidos de América, el Partido Democrático adoptó reglas para la participacimujeres como delegadas en las convenciones nacione mujeres en todos los ón de mujeres como delegadas en las convenciones nacionales para la nominación de candidatos. Como resultado del cabildeo interno y el apoyo de los líderes del partido, la carta del partido requiere un igual número de mujeres y de hombres entre los delegados de la convención para la nominación de candidatos.[9]

 

Secciones de mujeres en los partidos políticos

En muchos países, los partidos políticos han establecido secciones de mujeres para promover su participación política. Entre otras funciones, estas estructuras pueden abogar dentro del partido a favor de temas de particular interés para las electoras y las mujeres miembros del partido; influir en las posiciones políticas del partido; promover el liderazgo de las mujeres a todos los niveles dentro del partido; promover y supervisar las políticas de género; y movilizar a las mujeres votantes y apoyar al partido y sus candidatos durante las elecciones. [1]

La relación de las secciones de mujeres con la estructura de poder del partido varía en cada caso y con frecuencia se aborda en los estatutos y reglamentos del partido. En algunos casos, los grupos de mujeres están representados en las estructuras de liderazgo de los partidos y en sus plataformas de toma de decisiones, como los comités ejecutivos y las convenciones. Además, un cierto grado de autonomía respecto al liderazgo del partido puede ser deseable, para asegurar que las secciones de mujeres sean libres de plantear temas que puedan ser controvertidos al principio o que puedan hacer que el liderazgo masculino se sienta incómodo. [2] Las secciones de mujeres requieren una financiación y recursos adecuados para ser eficaces, así como una base de miembros bien establecida. En consecuencia, la adopción de estrategias eficientes de recaudación de fondos y de reclutamiento puede contribuir significativamente a su éxito. [3]

Ejemplo: En Camboya, la sección de mujeres del Partido Sam Rainsy (SRP) defendió la adopción de cuotas internas para mujeres en las juntas directivas, brindó capacitación a las candidatas y realizó educación cívica y electoral. [4]

Ejemplo: En México, la sección de mujeres del Partido Acción Nacional (PAN) se convirtió en una plataforma efectiva para promover posiciones de liderazgo de mujeres. Sus miembros abogaron por aumentar el número de mujeres candidatas durante las elecciones. Además, las propuestas de documentos políticos a menudo son revisadas ​​desde una perspectiva de género por la sección de mujeres del partido.[5]

Ejemplo: En Serbia, la sección de mujeres del G17 Plus es reconocida como una estructura formal del partido. Ha abogado por aumentar el número de mujeres candidatas y situarlas en posiciones de la lista de candidatos que puedan ganarse. También ha buscado financiamiento para capacitaciones dirigidas a mujeres candidatas y activistas. [6]

Ejemplo: En el Reino Unido, la sección de mujeres del Partido Conservador, conocida como la Organización de Mujeres Conservadoras (CWO), organiza cenas anuales para recaudar fondos y solicita donaciones a simpatizantes del partido. Debido a su estrategia de recaudación de fondos efectiva, es totalmente autofinanciada. La CWO busca “ayudar al Partido Conservador a capturar el voto de las mujeres” mediante una campaña en torno a temas que son de particular interés para las mujeres votantes. [7]

Ejemplo: El Partido Laborista de Irlanda requiere que todas las mujeres afiliadas al partido se unan a la sección de mujeres. Esto puede ayudar a crear una voz unificada que permita a la sección de mujeres hablar desde una posición más fuerte. Por otro lado, como resultado de su política de membresía, la sección tiene integrantes que no necesariamente están interesadas ​​o involucradas en promover la participación y el liderazgo de las mujeres.[8]

 

Incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo de políticas

Los partidos políticos pueden integrar los temas de igualdad de género y derechos de las mujeres en sus posiciones políticas. Incluir las preocupaciones de las mujeres en el programa del partido y difundir estas ideas puede ayudar a los partidos políticos a ganar el apoyo de las mujeres votantes y mejorar sus resultados electorales. [1]

Ejemplo: En Sierra Leona, varios partidos políticos incluyeron disposiciones sobre igualdad de género en sus programas en el período previo a las elecciones generales de 2007. El programa de APC de 2007 “incluye una sección sobre el empoderamiento de las mujeres, con el objetivo de fortalecer las organizaciones de mujeres, apoyar la educación de mujeres y niñas y empoderar y trabajar con las autoridades apropiadas para poner en práctica leyes y políticas para eliminar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres". El programa de PMDC incluye el compromiso de lograr la paridad de género a través de la incorporación de la perspectiva de género y la reforma de las leyes discriminatorias. Los objetivos del programa de SLPP para el período 2007-2012 incluyen trabajar por la igualdad de género, la equidad y el empoderamiento y la promoción de los derechos de las mujeres, a través de la incorporación de la perspectiva de género, marcos legales que combatan la violencia de género, el aumento de la participación de las mujeres en la toma de decisiones y las enmiendas constitucionales para adoptar medidas de acción afirmativa para las mujeres en las elecciones legislativas, entre otras cuestiones. El programa de NDA se centró especialmente en la educación de las mujeres, y propuso extender la educación gratuita con educación primaria y secundaria para niñas en todo el país, respondiendo también a las necesidades de educación especial.[2]

Ejemplo: En Canadá, el Partido Liberal difundió una serie de Libros Rosados (Pink Books), explicando la postura del partido sobre temas prioritarios para las mujeres. [3]

Ejemplo: En la India, las mujeres miembros del BJP atrajeron los votos de las mujeres al introducir una política para poner 10.000 rupias en la cuenta de ahorro de todas las niñas nacidas en el estado de Madir Pradesh para emplearlas en su educación una vez que cumplan los 18 años de edad. [4]

Ejemplo: En Perú, el Partido Popular Cristiano (PPC) inició un proceso de revisión del capítulo de su plan de gobierno sobre mujeres e igualdad de oportunidades. Con el apoyo del Instituto Republicano Internacional (IRI), el partido consultó la opinión pública a través de audiencias públicas y reuniones con organizaciones especializadas. [5]

Selección de candidatos y participación de las mujeres

El proceso de selección de candidatos es clave para promover el acceso de las mujeres a funciones de representación y se articula a través de diferentes etapas. Los candidatos elegibles incluyen a todos aquellos que cumplan con los requisitos legales para postularse para cargos electos. El grupo se reduce cuando se trata de aspirantes, quienes realmente considerarían presentarse como posibles candidatos. La siguiente etapa en el reclutamiento de candidatos, el proceso de designación, es la más crucial para que las mujeres ocupen el cargo.[1]  Las estructuras de liderazgo dominadas por hombres a menudo obstaculizan la designación de candidatas, lo que resulta en una débil representación de las mujeres, ya que este proceso generalmente ocurre a través de acuerdos a puerta cerrada y de redes a las que las mujeres no tienen acceso. Además, garantizar una composición equilibrada de género de los comités responsables de seleccionar a los candidatos del partido puede ser fundamental para aumentar las candidaturas de las mujeres, ya que los comités de selección dominados por hombres tienden a resultar en la práctica en niveles más bajos de participación de las mujeres en la competencia electoral. Cuando existe una “organización interna débil, falta de democracia interna o reglas internas de selección poco claras, las decisiones tienden a ser tomadas por un número limitado de miembros de la élite, típicamente hombres”. Los procesos de selección deben ser transparentes y formalizados, lo que generalmente lleva a una democracia interna más fuerte y a una mayor equidad en la representación. [2]

El siguiente recurso gráfico, extraído de la publicación de 2012 del PNUD y de NDI titulada “Empoderando a las mujeres para el fortalecimiento de los partidos políticos: Una guía de buenas prácticas para promover la participación política de las mujeres”, describe las etapas principales en la selección de candidatos.

 

 

Las medidas especiales de carácter temporal pueden ayudar a los partidos políticos a abordar las desigualdades entre hombres y mujeres en la práctica y asegurar ciertos niveles de representación para las candidatas. Los partidos políticos pueden adoptar cuotas voluntarias, buscando un objetivo para la representación de las mujeres en las candidaturas. Según datos de 2013 extraídos del Atlas de cuotas de género electorales, en alrededor de 37 países o territorios, una o más partes han adoptado este tipo de medida de acción afirmativa. Las cuotas voluntarias de los partidos son cada vez más populares entre los partidos de izquierda o centro-izquierda en Europa, como los partidos Verde, Socialista y Socialdemócrata, aunque son ampliamente utilizados en muchos países por todo tipo de partidos políticos, independientemente de su posición ideológico. Las cuotas voluntarias han contribuido a aumentar la representación política de las mujeres en países como Suecia, Alemania, Australia, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Sudáfrica y el Reino Unido, entre muchos otros. [3] 

Ejemplo: En Seychelles, el Partido Nacional de Seychelles (SNP) adoptó en 2009 una política de promoción de la igualdad de género en la participación política, a través de una cuota del 33% para mujeres en el Comité Ejecutivo, en posiciones de liderazgo a nivel de distrito y también en la lista de candidatos a la Asamblea Nacional. [4]

Ejemplo: En Burkina Faso, el partido Congreso para la Democracia (CDP) adoptó una cuota del 25 por ciento para mujeres en las listas de candidatos de los partidos para las elecciones parlamentarias de 2007. [5]

Ejemplo: En Luxemburgo, el Partido Popular Social Cristiano (CSV) apunta a un objetivo de 33 por ciento de mujeres en sus listas de candidatos. [6]

Ejemplo: En Sudáfrica, el ANC adoptó una cuota del 30 por ciento de mujeres en las listas de candidatos desde 2003, que se elevó al 50 por ciento de candidatas para las elecciones de 2009. [7]

Ejemplo: En España, el Partido Socialista adoptó una política de que el 40 por ciento de todos los candidatos deberían ser mujeres. [8]

Ejemplo: En Australia, Canadá y el Reino Unido, los partidos políticos presentan a mujeres candidatas en distritos electorales o puestos seguros que muy probablemente van a ganar para aumentar el número de mujeres electas. [9]

Financiación y apoyo a las campañas de las mujeres candidatas

La falta de financiación parece ser uno de los factores más importantes que impiden a las mujeres postularse a cargos políticos. Las candidatas a menudo necesitan recaudar fondos para llevar a cabo sus campañas, con poco o ningún apoyo de los partidos políticos, tanto en el proceso interno de selección como en la campaña electoral. En algunos países, los partidos políticos han adoptado medidas voluntarias para garantizar igualdad de oportunidades para las candidatas, como reducir o eliminar los costos del registro de candidaturas, promover iniciativas de recaudación de fondos, contribuciones en especie y apoyos financieros que cubran los gastos de viaje, materiales de campaña o gastos de cuidado de niños. [1] La publicación de IDEA Internacional de 2014, “Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance” (disponible en inglés) ofrece una descripción general de los mecanismos de financiamiento político desde una perspectiva comparada. El capítulo 9 de esta investigación, sobre “Mujeres en la política: Financiamiento para la igualdad de género”, escrito por Jullie Ballington y Muriel Kahane, da cuenta de una serie de barreras que enfrentan las mujeres para financiar sus campañas electorales, así como de disposiciones del marco legal y mecanismos concretos de financiamiento político para promover su participación.

En varios países, los proyectos de asistencia electoral internacional han apoyado a los partidos políticos y a otros actores en la lucha contra las desigualdades de género en el financiamiento político y de campañas. Un estudio realizado en 2007 por el PNUD, “Electoral Financing to Advance Women’s Political Participation: A Guide for UNDP Support” (disponible en inglés), identifica los puntos de entrada para mejorar el acceso de las mujeres a la financiación electoral y proporciona directrices básicas para el diseño de programas en este ámbito. [2] 

Ejemplo: En los Estados Unidos de América, los principales partidos políticos han creado comités de acción política (PAC) como redes partidistas con el propósito de recaudar fondos para mujeres candidatas. Este es el objetivo principal de la lista EMILY del Partido Demócrata y de la lista WISH del Partido Republicano. Estas plataformas pueden proporcionar grandes sumas de dinero a las candidatas, lo cual es importante en los sistemas centrados en candidatos, donde tanto el proceso interno de selección como la campaña electoral requieren una financiación importante. A través de ambas iniciativas, las candidatas se han beneficiado de las contribuciones de individuos y del sector privado. La lista EMILY (Early Money is Like Yeast) fue creada en 1985 para apoyar a las candidatas demócratas que se postulan para el cargo ayudándolas a recaudar fondos mediante la recaudación de donaciones. La lista WISH se creó en 1992 para apoyar a las candidatas republicanas.[3]

Ejemplo: En Japón, la organización no partidista Women in New World International Network (WINWIN, por sus siglas en inglés) recauda fondos para apoyar a las mujeres candidatas que se presentan por primera vez a las elecciones, principalmente a nivel nacional. Esta iniciativa se ha inspirado en la experiencia de la lista de EMILY en los Estados Unidos de América. [4]

Ejemplo: En Canadá, el Partido Liberal estableció el Fondo Judy LaMarsh para recaudar fondos para mujeres candidatas y ayudarles a ser elegidas en el parlamento, a través de eventos de recaudación de fondos, correo postal e Internet. El Partido Liberal también proporciona apoyos financieros para mujeres candidatas, incluidos los gastos de guardería y los gastos de viaje. [5]

Ejemplo: En Ghana, una declaración realizada tras una reunión multipartidaria en 2011 propuso destinar directamente el 10 por ciento de los fondos públicos para los partidos políticos a las mujeres candidatas y reducir significativamente las tasas para las candidaturas de mujeres. [6]

Ejemplo: En Camboya, el SRP proporciona a las mujeres candidatas materiales básicos para su campaña, incluida la ropa y una bicicleta. [7]

 

Fortalecimiento de capacidades de las mujeres candidatas

En muchos países, los partidos políticos han apoyado a las mujeres candidatas en sus campañas electorales para aumentar sus posibilidades de ser elegidas. Las iniciativas de capacitación y de mentoría para mujeres candidatas son medidas populares para mejorar sus habilidades en materia de campañas, recaudación de fondos, relación con los medios de comunicación y oratoria, entre otros temas. La asignación de recursos y de fondos adecuados para estas actividades es clave para su efectividad y sostenibilidad. Por este motivo, algunos partidos políticos han creado fondos especiales para iniciativas de capacitación dirigidas a mujeres candidatas. [1]

Ejemplo: En Australia, el Partido Laborista estableció un programa de mentoras para candidatas primerizas, que están emparejadas con políticas más experimentadas, a través de su propia lista EMILY. [2]

Ejemplo: En el Reino Unido, el Partido Conservador lanzó la iniciativa Women2Win, que desempeñó un papel activo en el reclutamiento de nuevas afiliadas y les brindó capacitación y apoyo de mentoras. [3]

Ejemplo: En El Salvador, mujeres activistas de diferentes partidos se unieron para formar un instituto multipartidista que brinda capacitación a mujeres. Las participantes pueden replicar la capacitación para otros miembros del partido, resultando valiosas para sus partidos. [4]

Ejemplo: En México, el PAN organiza seminarios y talleres para mujeres candidatas, que abordan diversos temas como la motivación, el trabajo en equipo y la actitud. Estos talleres se dirigieron principalmente a mujeres interesadas en hacer campaña o que desean convertirse en coordinadoras de campaña. [5]

Seguimiento electoral de los partidos políticos desde una perspectiva de género

Los partidos políticos a menudo desempeñan una función de vigilancia durante el período electoral y son responsables de supervisar los procedimientos y operaciones del proceso de votación, así como de detectar irregularidades, como la compra de votos, la intimidación de votantes, el fraude electoral y la organización deficiente. Los partidos políticos reclutan y capacitan a agentes de partidos, y pueden tratar de asegurarse de que las mujeres estén bien representadas en este proceso. Además, las listas de verificación utilizadas por los supervisores de los partidos pueden incluir preguntas centradas en el género para evaluar las barreras existentes a la participación de las mujeres como votantes y candidatas. [1]

 

Promoción de la participación de las personas LGBTI por parte de los partidos políticos

Los partidos políticos pueden mejorar la participación de las personas LGBTI en la política y en los procesos de toma de decisiones a través de una serie de estrategias de inclusión. Algunos de estos mecanismos se refieren a la estructura interna del partido, como incluir una referencia a los derechos LGBTI en las normas y procedimientos internos, o crear secciones LGBTI dentro de la estructura del partido para representar la voz y los intereses de esta comunidad.

Los partidos políticos también pueden promover la participación de las personas LGBTI en sus estrategias externas en diferentes etapas del ciclo electoral. Algunas de las medidas adoptadas por los partidos políticos en diferentes países incluyen situar a los candidatos abiertamente LGBTI en posiciones de la lista de candidatos que se pueden ganar, incluir referencias a los derechos de las personas LGBTI en los programas electorales, o con menos frecuencia, establecer cuotas para los candidatos abiertamente LGBTI.

Otra estrategia para mejorar la inclusión política es crear partidos LGBTI que se centren principalmente en las necesidades y prioridades de este colectivo, como es el caso de Ang Ladlad en Filipinas. La creación de partidos LGBTI es bastante infrecuente y no siempre exitosa en términos de resultados electorales, pero puede ayudar a crear conciencia sobre los derechos humanos de este colectivo.

Ejemplo: En Filipinas, el partido político LGBT Ang Ladlad se creó principalmente para representar la voz de esta comunidad. Aunque el partido ha tenido un desempeño electoral moderado hasta ahora, ha contribuido a situar los derechos LGBTI en el debate público. En 2010, el Tribunal Supremo falló a favor del partido en el caso Ang Ladlad contra la Comisión de Elecciones, y ordenó su registro como una organización de la lista de partidos después de que la Comisión lo rechazara por motivos morales. [1]

Ejemplo: En diferentes países, algunos partidos políticos han adoptado cuotas voluntarias para personas LGBTI en su lista de candidatos. Es el caso del Partido Democrático Popular en Turquía, que adoptó una cuota del 50 por ciento para las mujeres y una cuota del 10 por ciento para los candidatos LGBT en las elecciones legislativas de 2015. [2] En Australia, el Partido Laborista de Queensland también adoptó medidas de acción afirmativa para los candidatos LGBTI, con una cuota mínima del 5 por ciento en los puestos que se pueden ganar, según lo establecido en su Libro de Reglas de 2017. [3]

Ejemplo: En el Reino Unido, los principales partidos políticos han establecido secciones LGBTI para dar voz a esta comunidad dentro de la estructura interna del partido, promover los derechos humanos y luchar contra la discriminación, dentro y fuera del partido. LGBT + Conservatives[4], LGBT Labor [5] y LGBT + Liberal Democrats [6]  representan, respectivamente, los intereses de este colectivo dentro del Partido Conservador, el Partido Laborista y los Demócratas Liberales.

Ejemplo: En España, la mayoría de los partidos políticos abordaron los derechos de las personas LGBTI en sus programas para las elecciones generales de 2016. Los partidos políticos con programas que hacían referencia a cuestiones LGBTI obtuvieron el 98 por ciento de los escaños en el Congreso. Hubo menciones específicas en los programas del Partido Popular [7], el Partido Socialista [8], Unidos Podemos [9], Ciudadanos [10], Izquierda Republicana de Cataluña [11], Convergencia Democrática de Cataluña y Coalición Canaria[12]. Una propuesta común en la mayoría de estos programas de los partidos es la lucha contra la discriminación y la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género, ya sea a través de esfuerzos legislativos o mediante planes de acción.

Ejemplo: Tras las elecciones generales del Reino Unido de 2016, su Parlamento alcanzó el mayor número de representantes abiertamente LGBTI en todo el mundo, con 45 diputados que se declaran homosexuales, lesbianas o bisexuales, lo que representa el 7 por ciento de la Cámara de los Comunes. El compromiso de los partidos principales con la representación inclusiva permitió situar a candidatos LGBTI en puestos de la lista de candidatos que se pueden ganar. La mayor proporción correspondió al Partido Nacional Escocés con 7 miembros electos (que representan el 20 por ciento de los escaños obtenidos por el partido), seguido por el Partido Laborista, con 19 representantes abiertamente LGBTI (7 por ciento de los escaños obtenidos), y el Partido Conservador, con 19 miembros (6 por ciento de los escaños obtenidos). [13]

 

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A través de su trabajo, los OGE pueden mejorar la participación de las mujeres tanto interna como externamente. La administración electoral inclusiva requiere voluntad política y compromiso para implementar estrategias que promuevan la igualdad de género tanto en la organización interna de los OGE como a lo largo del ciclo electoral. Esta sección trata sobre los aspectos internos de la integración de la perspectiva de género y sus implicaciones para el trabajo de los OGE.

Los OGE pueden considerar una amplia variedad de puntos de entrada para mejorar la participación de las mujeres y promover la igualdad de género dentro de su organización interna. La recopilación y difusión de datos y estadísticas desagregados ​​por sexo puede permitirles identificar las desigualdades entre hombres y mujeres, especialmente en relación con su registro y participación efectiva como votantes, su presencia como candidatos y su representación entre el personal electoral a todos los niveles. En varios países, los OGE incluyen disposiciones sobre igualdad de género en sus declaraciones de misión y visión, sus principios rectores y planes estratégicos y operativos, y han desarrollado políticas internas de género. El compromiso con la igualdad de género también puede reflejarse en la estructura institucional de los OGE, mediante el establecimiento de unidades o comités de género y el nombramiento de puntos focales de género. Los sistemas de recursos humanos pueden buscar una representación equilibrada de hombres y mujeres entre el personal electoral y en posiciones de liderazgo, y pueden establecer mecanismos institucionales para garantizar la igualdad de oportunidades en el desarrollo de sus carreras. Además, los OGE pueden garantizar la igualdad de género en el lugar de trabajo al facilitar el equilibrio entre la vida laboral y personal y combatir el acoso y la discriminación. Finalmente, los OGE pueden promover iniciativas de desarrollo de capacidades que aborden la igualdad de género e incluir este componente en los planes de capacitación para el personal electoral. [1]

Una de las publicaciones clave sobre este tema es del PNUD y de ONU Mujeres de 2016 "Procesos electorales incluyentes: Guía para los Órganos de Gestión Electoral sobre la promoción de la igualdad de género y la participación de las mujeres", [2] que ofrece una visión general sobre lo que se puede hacer para integrar el género desde la perspectiva de la administración de elecciones. Con el propósito de ilustrar las estrategias utilizadas por los OGE en diferentes países, en esta sección se pueden encontrar ejemplos de buenas prácticas, en su mayoría seleccionadas de la guía del PNUD y de ONU Mujeres de 2016. El siguiente recurso gráfico, extraído de esta guía, resume los puntos de entrada para promover la participación de las mujeres a través del trabajo de los OGE.

Para obtener más información sobre este tema, consulte el contenido relacionado del proyecto ACE, que incluye:

• La sección sobre “Responsabilidades sobre la equidad de género” en el área temática de Administración electoral.
• La respuesta consolidada sobre “Gender mainstreaming of the Electoral Administration” (disponible en inglés).
• La respuesta consolidada sobre “EMB actions in developing encouraging electoral participation of women” (disponible en inglés).

 

Datos y estadísticas desagregados por sexo

La recopilación y difusión de datos desagregados por sexo es una tarea clave para la gestión inclusiva de las elecciones, ya que permite a los OGE evaluar el equilibrio de género en el proceso electoral y planificar mejor sus estrategias y políticas. Sin embargo, los datos sobre la composición de género de los votantes inscritos en el padrón electoral, los votantes que realmente emitieron sus votos el día de las elecciones, los candidatos registrados y el personal electoral a todos los niveles no siempre están disponibles. El diseño y los procesos de recopilación de datos deben considerar la dimensión de género desde el principio, incluyendo una categoría de “sexo” o “género” como uno de los campos de datos y registrándola en el momento de la recopilación de datos, ya que revisar grandes cantidades de datos en una etapa posterior probablemente aumentaría los costos. A través de iniciativas de capacitación, los OGE pueden fortalecer las capacidades del personal y los funcionarios electorales para recopilar datos desagregados ​​por sexo. [1]

Ejemplo: En Burundi, la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) desarrolló una herramienta para recopilar y analizar datos desagregados por sexo, con el apoyo de ONU Mujeres. El personal del OGE recibió capacitación sobre el uso de esta herramienta durante un taller de BRIDGE en 2014. [2]

Ejemplo: En Etiopía, la evaluación postelectoral de las elecciones generales de 2010 analizó el nivel de participación de las mujeres como votantes, personal electoral, observadoras y candidatas, incluyendo información desagregada por sexo en todas estas áreas. [3]

Ejemplo: En Liberia, el centro de datos de la Comisión Nacional de Elecciones (NEC) genera datos desagregados por sexo, que están disponibles en el sitio web de la NEC. Actualmente está disponible para el proceso de inscripción de votantes 2011-2017. El día de la elección, los miembros de las mesas electorales completan un formulario desagregado por sexo que luego se entrega al centro de tabulación junto con los resultados, lo que garantiza la disponibilidad de datos desagregados por sexo sobre la participación electoral justo después del día de la elección. [4]

Ejemplo: En Canadá, Elections Canada (EC) mantiene el Registro Nacional de Electores, una base de datos permanente y continuamente actualizada de canadienses que están calificados para votar en elecciones y referendos federales. Contiene el nombre, la dirección, el género y la fecha de nacimiento de cada elector y se utiliza para crear listas de electores en preparación de las elecciones federales y los referendos. Aunque el registro no es público, le permite a EC proporcionar datos desagregados por sexo sobre la participación después de cada elección. Los datos para las elecciones generales de 2011 y 2015 están actualmente disponibles en línea.[5]

Ejemplo: En Nepal, los datos desagregados ​​por género están disponibles para la participación electoral y el proceso de inscripción de electores, que se realiza en tres categorías: “masculino”, “femenino” y “tercer género”. Durante las elecciones a nivel nacional de 2017, 15,42 millones de votantes nepalíes emitieron su voto, de los cuales 7,77 millones fueron hombres y 7,65 millones fueron mujeres. En ese momento, había 167 votantes de tercer género registrados en la lista de electores. [6]

Para obtener más información sobre este tema, consulte el contenido relacionado del proyecto ACE, que incluye:

•  La respuesta consolidada sobre “Voter turnout by gender” (disponible en inglés).
•  La respuesta consolidada sobre “Demographic voter information collected by EMBs” (disponible en inglés).

 

Evaluaciones de género del proceso electoral

Los OGE a menudo realizan evaluaciones de género o ejercicios de mapeo para identificar desigualdades en las oportunidades para hombres y mujeres en el proceso electoral. Estos análisis desde una perspectiva de género pueden llevarse a cabo en diferentes etapas del proceso electoral y pueden ayudar a los OGE a articular sus posiciones sobre la igualdad de género y desarrollar políticas internas en este ámbito.[1]

El período postelectoral ofrece a los OGE una ventana de oportunidad para reflexionar sobre el proceso electoral, analizar las fortalezas y vulnerabilidades de sus políticas internas de igualdad de género y recopilar las lecciones aprendidas. El impacto de las elecciones en hombres y mujeres, así como sus respectivos niveles de participación, a menudo se analiza a través de los ejercicios de evaluación postelectoral realizados por los OGE. Algunos de los aspectos que se pueden considerar en las evaluaciones postelectorales incluyen la proporción de mujeres entre las autoridades recién electas, las candidatas, el personal electoral y los funcionarios electorales, así como las tasas de participación desagregadas por sexo. Además, los análisis legislativos posteriores a las elecciones pueden ayudar a evaluar los obstáculos a la participación de las mujeres dentro de la ley, identificar áreas de mejora en el marco legal nacional y hacer recomendaciones para una reforma legal que fomente la participación de las mujeres. [2]

Ejemplo: En Sierra Leona, la Comisión Electoral Nacional (NEC) y el PNUD realizaron una evaluación de género tras las elecciones presidenciales, parlamentarias y locales de marzo de 2018. Esta evaluación examine la participación electoral de las mujeres como votantes, candidatas, miembros de partidos políticos, administradoras electorales y observadoras. El informe contiene recomendaciones para aumentar la participación de las mujeres, que estaban dirigidas al gobierno, la Comisión Electoral Nacional, la Comisión de Registro de los partidos políticos, la policía y los socios internacionales.[3]

Ejemplo: La Comisión Electoral de Nepal (ECN) realizó un mapeo de género en el ámbito electoral en 2010, con el apoyo del PNUD y de IFES. Este mapeo analizó el marco legal e institucional, identificando los obstáculos a la participación electoral de las mujeres y sus condiciones de trabajo dentro de la ECN. La metodología de mapeo se basó en entrevistas y discusiones grupales con una variedad de actores electorales. La Comisión se comprometió a seguir las recomendaciones del estudio, incluido el establecimiento de puntos focales de género, la implementación de programas de capacitación para el personal, la adopción de una política de género en 2013 y un Plan de Acción para su implementación. En 2014, también creó una Unidad de Género. [4]

Ejemplo: A través de su plan estratégico de 2011, la Comisión Electoral Central de Moldavia (CEC) se comprometió a incorporar la igualdad de género en todo su trabajo. Se creó un grupo de referencia para supervisar una auditoría de género del proceso electoral, compuesto por miembros de la Comisión, personal, sociedad civil y socios del PNUD. La auditoría hizo recomendaciones para promover la igualdad de género a través de las políticas y procedimientos de la CEC y la reforma legal. [5]

Ejemplo: La Comisión Electoral de Malawi (MEC) realizó una auditoría de género del proceso electoral en 2015, con el apoyo de ONU Mujeres. Sus hallazgos informaron el desarrollo de una Estrategia de Género en 2016. [6]

Ejemplo: En Pakistán, la Comisión Electoral llevó a cabo un análisis postelectoral en 2013 que llevó a recomendaciones concretas para reformas legislativas respecto al sistema de gestión de quejas relacionadas con la privación de voto de las mujeres votantes. [7]

Ejemplo: En Bosnia y Herzegovina, se realiza un análisis postelectoral después de cada elección con una perspectiva de género e incluye las estadísticas sobre el número de mujeres candidatas, las candidatas electas y la participación electoral. [8]

Ejemplo: En Canadá, varios informes postelectorales incluyen una perspectiva de género relacionada con las tasas de participación de los votantes, las razones para no votar y la participación de las mujeres como candidatas.[9]

Ejemplo: En Afganistán, el análisis postelectoral de 2010 llevado a cabo por la Comisión Electoral Independiente (IEC) identificó al menos tres áreas para una posible reforma legislativa con vistas a mejorar la representación de las mujeres, incluyendo una formulación más estricta de la cuota de género, reconsiderar las regulaciones que requieren que los funcionarios públicos renuncien antes de postularse como candidatos para la elección, y permitir a las mujeres candidatas aceptar el apoyo en especie de donantes internacionales para los gastos de la campaña. [10]

 

Políticas internas de género y planificación estratégica en los OGE

En varios países, los OGE han incluido disposiciones de género en sus declaraciones de misión y visión, en sus principios rectores y los objetivos internos de la organización. En una encuesta del PNUD y de ONU Mujeres completada entre 2011 y 2012, al analizar la igualdad de género en 35 OGE, el 23 por ciento de los OGE encuestados incluyó objetivos relacionados con el género en sus planes estratégicos y operativos. [1]

Según el marco para el desarrollo de políticas internas de género para los OGE de IDEA Internacional de 2016 “Framework for Developing Internal Gender Policies for EMBs” (disponible en inglés) estas políticas pueden contribuir a “hacer visible la igualdad de género y a considerarla como un aspecto integral en el diseño, planificación, implementación, monitoreo y reporte de operaciones internas, sistemas y procesos de un OGE”. Contribuyen al establecimiento de mecanismos institucionales para que los OGE aborden la desigualdad entre hombres y mujeres y las barreras para su participación en las elecciones. Los objetivos principales de estas políticas a menudo incluyen sensibilizar y fomentar el desarrollo de capacidades internas de los OGE para promover la igualdad de género; integrar el enfoque de género en la planificación, gestión y sistemas internos de los OGE; y asegurar el equilibrio de género en los sistemas de recursos humanos, los procesos de reclutamiento y los planes de desarrollo profesional.[2]

En ciertos países, los OGE han adoptado protocolos y políticas internas para promover específicamente la participación de los votantes transgénero, con un enfoque particular en el proceso de inscripción de electores y en los procedimientos de identificación durante la jornada electoral.

Ejemplo: En Costa Rica, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene una Política Interna para la Igualdad de Género y su plan de acción es una parte integral del plan de trabajo anual de la institución. Este último establece responsabilidades y recursos específicos para alcanzar los objetivos de la política interna de género y su plan de acción. [3]

Ejemplo: En Nepal, la ECN adoptó una Política de género e inclusión social en 2013 y un Plan de acción de dos años para su implementación. En 2015, la ECN adoptó una estrategia de género e inclusión para el período 2015-2020, así como un plan de acción para la implementación de esta estrategia de 2015 a 2018. [4]

Ejemplo: El Plan Estratégico de la Comisión Electoral de Pakistán para el período 2010-2014 enfatizó la necesidad de incorporar una perspectiva de género e incluyó entre sus objetivos estratégicos la participación de mujeres y otros grupos marginalizados: “formular leyes y aplicarlas estrictamente para garantizar que los grupos marginalizados, incluidas las mujeres, las minorías y las personas con discapacidad, puedan participar en los procesos políticos y electorales”. [5]

Ejemplo: En Sierra Leona, la Comisión Electoral Nacional (NEC) desarrolló una política de género en 2014, que fue utilizada para incorporar la perspectiva de género en la administración electoral, aunque nunca fue formalmente aprobada. En 2018, la NEC adoptó una nueva política de género para el periodo de 2019 a 2024, basándose en el borrador de 2014 y en una evaluación postelectoral realizada tras las elecciones de marzo de 2018. El principal objetivo de la política de género es mejorar la participación política y electoral de las mujeres en sus funciones de votantes, candidatas, observadoras y empleadas de la NEC. Busca llevar a cabo los compromisos de la NEC relativos a la promoción de la igualdad de género, identificar barreras a la participación de las mujeres en las operaciones y servicios de la NEC, aumentar la proporción de mujeres empleadas por el organismo electoral y establecer un marco a larga plazo para integrar el enfoque de género en el trabajo de la NEC.[6]

Ejemplo: En Liberia, la Comisión Nacional de Elecciones (NEC) tiene una política de integración de género que fue aprobada por la Junta de Comisionados en 2017 junto con un plan de implementación que contiene varias estrategias. [7]

Ejemplo: En México, el Instituto Nacional Electoral adoptó en 2017 un Protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas trans sin discriminación.[8] Este instrumento legal, conocido como Protocolo Trans, establece pautas para promover la participación efectiva de las personas trans como votantes durante la jornada electoral, incluidas las personas transgénero, transexuales y travestis. Está dirigido a todos los actores involucrados en las operaciones y procedimientos electorales, incluido el personal electoral, los observadores electorales, los representantes de los partidos políticos, el personal de votación y los ciudadanos en general, y se aplica a todo tipo de elecciones y mecanismos de participación ciudadana. El documento fue desarrollado a través de mecanismos de consulta con personas trans y asociaciones LGBTI. Los objetivos específicos de este protocolo incluyen los siguientes:

• Adoptar medidas concretas para garantizar que todas las personas ciudadanas trans que tengan credencial para votar vigente y estén inscritas en la Lista Nominal de Electores puedan emitir su voto el día de la elección.
• Incorporar en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral […] medidas de inclusión para asegurar un trato igualitario y sin discriminación en el ejercicio del derecho al voto a las personas trans durante la Jornada Electoral.
• Aportar información y sugerencias que contribuyan a la concientización y capacitación del personal electoral, de partidos políticos y candidaturas independientes, así como de la ciudadanía que participa en el proceso de integración de mesas directivas de casilla […].
• Contribuir a eliminar las barreras normativas, actitudinales, procedimentales, materiales y comunicacionales que dificultan que las personas trans puedan acceder y concretar, de manera efectiva, su derecho al voto.
• Informar mediante una campaña de difusión que las personas trans pueden actualizar sus datos en el Registro Federal de Electores a efecto de mantener actualizada la fotografía y/o los datos”.

El siguiente recurso gráfico describe los aspectos principales del Protocolo Trans del INE, en particular las medidas concretas para garantizar que las personas transgénero puedan emitir su voto de manera efectiva durante la jornada electoral, el registro adecuado de incidentes relacionados, una estrategia de capacitación para informar al personal electoral y a los miembros de las mesas de votación sobre las implicaciones del Protocolo y una campaña de divulgación para informar a los votantes transgénero y al público en general sobre estas mejoras.

Para obtener más información sobre este tema, consulte la respuesta consolidada del proyecto ACE “EMBs with gender policies” (disponible en inglés).

 

Integración de la perspectiva de género en la estructura institucional de los OGE: unidades de género y puntos focales

Los OGE de todo el mundo han hecho esfuerzos para institucionalizar su compromiso con el principio de igualdad entre hombres y mujeres, mediante la creación de estructuras institucionales y la dedicación de recursos específicos para la incorporación de la perspectiva de género. En algunos países, los OGE han designado un punto focal o una red de puntos focales con la tarea de dar seguimiento al trabajo relacionado con el género de diferentes unidades en la institución y ofrecer orientación a las mismas. Según la encuesta de OGE de 2012 del PNUD y ONU Mujeres, el 29 por ciento de los 35 OGE encuestados había designado un punto focal en el momento de la investigación.[1] Otra forma de institucionalizar la incorporación de la perspectiva de género en el seno de los OGE es crear una unidad o comité específico dedicado a mejorar la participación de las mujeres y promover la igualdad en el proceso electoral. Los OGE pueden incluir tanto a hombres como a mujeres como puntos focales de género y como personal de las unidades de género. [2]

Ejemplo: En Afganistán, se creó una Unidad de Género en 2009 “para aumentar la participación política de las mujeres a través de un cambio a largo plazo en la Comisión Electoral, a través del desarrollo de capacidades, la incorporación de la perspectiva de género y haciendo de la Comisión una institución amigable para las mujeres”. La Unidad de Género asesora y apoya todos los demás departamentos “para garantizar que las mujeres estén incluidas en todos los aspectos como actores políticos y como personal”. [3]

Ejemplo: En Costa Rica, el TSE nombró a la Comisión de Género en 2000, compuesta por personal electoral y presidida por una magistrada o jueza electoral. Desempeñó un papel clave en el desarrollo de una política interna para la igualdad de género. [4]

Ejemplo: En la República Democrática del Congo, uno de los siete miembros de la Comisión Nacional Electoral Independiente (CENI) fue designado como un punto focal de género, con la tarea de apoyar la creación de una Unidad de Género. La Unidad de Género está compuesta por dos mujeres, una coordinadora y una asistente. Su objetivo principal es promover la integración de la perspectiva de género en el órgano electoral. También es responsable de supervisar la implementación de las políticas de género de la CENI a nivel nacional y local. [5]

Ejemplo: En Irak, la Alta Comisión Electoral Independiente (IHEC) tenía una unidad de género en 2011, con representación de todos los departamentos y presidida por una comisaria. La unidad recibió el apoyo de un asesor de las Naciones Unidas. [6] 

Ejemplo: En Paraguay, el Tribunal Electoral estableció una Unidad especial de Igualdad de Género en 2009, con el mandato de recopilar datos desagregados ​​por sexo, analizar el proceso electoral desde una perspectiva de género, coordinar con los partidos políticos estrategias para mejorar la participación de las mujeres y colaborar con organizaciones nacionales e instituciones internacionales. [7]

Ejemplo: En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) creó el Departamento para la Promoción Política de la Mujer y el Departamento para la Inclusión Social en 2013, a través del Acuerdo no. 38-2013. El primero es parte del Instituto de Formación y Capacitación Cívico-Política y Electoral, y tiene como objetivo promover la participación política de las mujeres, especialmente a través de actividades de educación cívica y electoral. El mandato del Departamento de Inclusión Social incluye el desarrollo de iniciativas de fortalecimiento de capacidades para la comunidad LGBTI, entre otros grupos con escasa representación. [8]

 

Equilibrio de género en los OGE: consejo directivo y personal

Una representación equilibrada de hombres y mujeres en las consejos directivos y en los secretariados de los OGE es clave para promover una administración electoral inclusiva.

Los consejos directivos en los OGE son responsables de la toma de decisiones políticas. Las mujeres deben ser incluidas en su composición para asegurar una representación justa y una administración electoral inclusiva. El proceso de selección o de nombramiento varía según el país. En algunos casos, los OGE adoptan la medidas especiales de carácter temporal, incluidas las cuotas de género, para garantizar la representación de las mujeres en el consejo directivo. [1]

Como brazo de implementación de políticas de los OGE, los secretariados deben garantizar una composición equilibrada de género del personal electoral en todos los niveles, incluido el personal temporal que se ocupa de las operaciones de voto. Dependiendo del modelo de OGE, el personal del secretariado puede abarcar desde funcionarios públicos nombrados temporalmente hasta profesionales de carrera en la administración electoral. Mientras que en los OGE gubernamentales el personal del secretariado está generalmente compuesto por funcionarios públicos nombrados por el ejecutivo, en los OGE independientes el personal del secretariado es frecuentemente designado de acuerdo con sus propios procedimientos de contratación y condiciones de empleo. Cuando hay una prevalencia masculina entre el personal electoral, es importante que los OGE se comprometan a mejorar la representación de las mujeres. Los OGE pueden tomar medidas para promover la inclusión de las mujeres en los procesos de contratación y garantizar que se les ofrezcan las mismas oportunidades de desarrollo profesional que a los hombres. Algunas de las estrategias que pueden adoptar los OGE para promover la igualdad de oportunidades en el empleo incluyen adoptar políticas oficiales en este ámbito, invitar a las mujeres a solicitar el puesto en la descripción del trabajo, difundir anuncios de trabajo entre redes de mujeres y establecer paneles de selección con equilibrio de género, entre otros. [2]

Ejemplo: En Bolivia, el marco legal establece la composición del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Está compuesto por siete miembros, de los cuales al menos dos deben ser de origen indígena y al menos tres deben ser mujeres. [3]

Ejemplo: En Bosnia y Herzegovina, la ley electoral establece que “la composición de una Comisión Electoral debe reflejar en general la representación igualitaria de ambos géneros”. Según la interpretación de esta disposición legal, cada género debe integrar al menos el 40 por ciento del número total de miembros de la Comisión Electoral. Además, la Ley de igualdad de género prohíbe toda discriminación por motivos de género en la contratación, el empleo y las prestaciones laborales, incluso en el OGE. De acuerdo con la ley electoral, “se harán esfuerzos para garantizar que el número de miembros del sexo menos representado dentro de la Comisión de Elecciones Municipales y el Comité de la Mesa de Votación alcance un mínimo del 40 por ciento del número total de miembros”. [4]

Ejemplo: En Irak, la ley electoral requiere que la Junta de Comisionados, compuesta por nueve personas, incluya al menos a dos mujeres. [5]

Ejemplo: En Kirguistán, la ley electoral requiere que la membresía de la Comisión Central de Elecciones no tenga más del 70 por ciento del mismo sexo. [6]

Ejemplo: En Kenia, la ley que establece la Comisión Electoral regula que no más de dos tercios de los empleados pueden ser del mismo género. [7]

Ejemplo: En Camerún, se da prioridad a las mujeres en el proceso de reclutamiento para el puesto de presidente de mesa electoral en los centros de votación. [8]

Ejemplo: En Etiopía, aunque no existe una regulación sobre este tema, se da una práctica consolidada de asignar al menos dos mujeres de cada cinco miembros de mesa electoral en cada uno de los centros de votación. [9]

Ejemplo: En Nepal, las directrices de la Comisión Electoral establecen que al menos la mitad de los encuestadores del registro de electores, de los voluntarios de educación electoral y de los movilizadores de la comunidad deben ser mujeres. Cada centro de votación debe tener una mujer para marcar los dedos de los votantes y otra mujer para administrar la fila de espera para mujeres. [10]

Ejemplo: En Pakistán, las mujeres son nombradas integrantes de todas las mesas de votación para mujeres y también en algunas de las mesas de votación mixtas. El gobierno de Pakistán prescribió una cuota del 10 por ciento para las mujeres en el nivel de ingreso, lo que se aplica al personal de tiempo completo en la Comisión Electoral de Pakistán (ECP). [11]

Ejemplo: En Canadá, Elections Canada está obligado por ley a analizar la composición de su personal para identificar brechas en la representación de género. Este análisis es evaluado por la Comisión Canadiense de Derechos Humanos, que luego proporciona recomendaciones para que EC desarrolle las medidas correctivas necesarias a través de un plan de equidad en el empleo. Si no se garantiza la representación de género en la fuerza laboral, las organizaciones bajo jurisdicción federal recibirán multas de hasta 10,000 CAD por una sola violación, o hasta 50,000 CAD por violaciones repetidas o continuas. EC obtuvo paridad de género en su fuerza laboral, con el 56 por ciento de su personal siendo mujeres. Las mujeres en cargos ejecutivos representan el 50 por ciento. Estos números datan de abril de 2018. [12]

Para obtener más información sobre este tema, consulte el contenido relacionado del Proyecto ACE, que incluye:

 

• La sección sobre “Reclutamiento y designación de los miembros del OE” en el área temática Administración electoral.
• La respuesta consolidada sobre “Looking for a directory of women election commissioners and chief electoral officers” (disponible en inglés).

 

Cultura sensible al género en el lugar de trabajo

En muchos países, los OGE adoptan estrategias para crear una cultura sensible al género entre el personal electoral y garantizar un entorno laboral respetuoso, libre de violencia y discriminación, con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Los OGE a menudo requieren un esfuerzo considerable por parte de su personal, especialmente durante el período electoral, donde las horas extraordinarias y los horarios de trabajo cargados son frecuentes. Los OGE sensibles al género pueden implementar políticas que consideren el impacto de estas situaciones en su personal, especialmente en mujeres con familias, y promover la conciliación de la vida personal y profesional. Las medidas para fomentar el equilibrio entre la vida laboral y la personal pueden incluir la contratación de personal adicional o la organización de turnos de trabajo en lugar de horas extraordinarias, la creación de instalaciones de cuidado de niños o la provisión de cupones para el cuidado de niños, arreglos para facilitar la lactancia materna, así como permisos especiales para hombres y mujeres que responden a emergencias personales. Otra forma de promover un lugar de trabajo que tenga en cuenta las cuestiones de género es luchar contra la discriminación y el acoso dentro de la organización, a través de leyes y reglamentos y cursos de capacitación para el desarrollo profesional. En la encuesta de OGE, el 23 por ciento de los 35 OGE analizados informaron que tenían una política contra el acoso sexual. [1]

Ejemplo: En Costa Rica, la política institucional de género recomienda armonizar las responsabilidades familiares y laborales del personal electoral, considerando situaciones de violencia doméstica, padres solteros y el cuidado de ancianos, enfermos, discapacitados y grupos en edad juvenil. [2]

Ejemplo: En Georgia, la política de género prevé la provisión de un día laboral flexible para las madres de niños pequeños. A los empleados de la administración electoral se les otorgan beneficios durante su embarazo, parto, adopción de recién nacidos y cuidado de niños. El OGE mantiene una base de datos del personal, con información sobre el número de madres con niños pequeños menores de 11 años. Esto ayuda a priorizar las necesidades y adaptar el apoyo para las familias con niños pequeños. [3]

Ejemplo: En Rumania, el OGE tiene medidas de trabajo flexible para las madres con niños pequeños, incluyendo tiempo adicional para amamantar. [4]

Ejemplo: En Timor Oriental, la capacitación del personal electoral en preparación de las elecciones locales de 2009 y las elecciones nacionales de 2012 abordó medidas específicas para mujeres embarazadas y mujeres con hijos, así como medidas para la familia. [5]

 

 

Capacitación en género para el personal electoral

Los OGE sensibles al género requieren personal comprometido con la igualdad entre hombres y mujeres y con capacidad para implementar estrategias de integración de la perspectiva de género en la administración electoral. Las iniciativas de capacitación pueden contribuir a sensibilizar y fortalecer las capacidades del personal electoral en el campo de la igualdad de género. Los OGE pueden utilizar una amplia variedad de estrategias de capacitación. Algunos de ellos hacen obligatorio que todo el personal reciba capacitación sobre género. La encuesta de OGE de 2012 del PNUD y de ONU Mujeres muestra que el 11 por ciento de los 35 OGE analizados hacen que la capacitación en género sea obligatoria para todo el personal en todos los niveles. Además, el contenido de género se puede integrar en todas las capacitaciones, ya que hay implicaciones de género en todas las etapas del proceso electoral y el personal electoral debe poder abordar este problema en su trabajo diario. El fortalecimiento de las capacidades del personal con responsabilidades específicas, como los puntos focales de género y los oficiales de votación, puede ayudarles a cumplir sus responsabilidades relacionadas con la integración de la perspectiva de género. Los OGE también pueden ofrecer capacitación específica y programas de mentoras al personal femenino para ayudarles a avanzar en sus carreras profesionales. La encuesta de OGE mostró que el 59 por ciento de los OGE analizados tienen una política de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el desarrollo profesional y la capacitación, y en el 20 por ciento de los casos hubo oportunidades de mentoría para el personal femenino. [1]

En algunos países, los OGE abordan el tema de la participación de LGBTI en actividades de capacitación y sesiones de sensibilización para el personal y los funcionarios electorales, a menudo con un enfoque particular sobre los procedimientos de identificación para los votantes transgénero durante la jornada electoral, con el objetivo de evitar actitudes y prácticas discriminatorias.

Ejemplo: En el período previo a las elecciones afganas de 2010, la Unidad de Género organizó una capacitación de sensibilización sobre género para el personal femenino, los puntos focales de género y los comisarios, abordando actitudes, habilidades y conocimientos en este ámbito. Además, el personal femenino de la Comisión Electoral Independiente (IEC, por sus siglas en inglés) celebra reuniones periódicas para discutir las necesidades y los desafíos en el lugar de trabajo, con presentaciones sobre temas específicos relacionados con las elecciones o el género para fortalecer sus capacidades. Las recomendaciones de las reuniones se comparten con la alta gerencia. [2]

Ejemplo: En México, el Tribunal Electoral (TEPJF) lanzó en 2010 la iniciativa “Igualdad de género, derechos políticos y justicia electoral en México: hacia el fortalecimiento del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres”, en asociación con el PNUD, ONU Mujeres y la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. Este proyecto incluyó la capacitación de jueces en el Tribunal para ayudarles a integrar un enfoque de género en su trabajo. Según el personal del TEPJF, esta capacitación contribuyó a la adopción de iniciativas legislativas clave y de sentencias progresivas, que abordaron la implementación de cuotas, entre otras cuestiones. [3]

Ejemplo: El módulo BRIDGE (Construyendo recursos en democracia, gobernabilidad y elecciones) sobre género y elecciones ofrece un curso integral de cinco días sobre la participación de las mujeres en el proceso electoral. Hasta 2017, se han organizado un total de 187 talleres BRIDGE sobre género y elecciones en todo el mundo. [4]

Ejemplo: En Ghana, el PNUD ofreció capacitación para la Oficina de Asuntos de Género y Discapacidad de la Comisión Electoral en 2009, con el objetivo de facilitar su labor de promoción de la participación plena de mujeres y otros grupos subrepresentados en el proceso electoral.[5]

Ejemplo: En Liberia, los expertos en género del PNUD colaboraron con el organismo electoral para apoyar el desarrollo de capacidades del personal electoral, lo que resultó en la creación de una Oficina de Coordinadores de Género dentro de la Comisión Nacional de Elecciones (NEC). [6]

Ejemplo: En México, el Protocolo del Instituto Nacional Electoral para garantizar el derecho al voto de las personas trans, implementado por primera vez en las elecciones federales de 2018, establece que todas las capacitaciones dirigidas a los funcionarios electorales deben integrar esta cuestión en su contenido. En estas elecciones, consideradas las más grandes en la historia del país hasta el momento, alrededor de 1,4 millones de miembros de mesa de votación recibieron capacitación para sensibilizarles sobre la importancia de la participación de las personas trans e informarles sobre los procedimientos relacionados previstos para la jornada electoral.[7]

Ejemplo: En preparación de las elecciones presidenciales de 2014 en El Salvador, se analizaron los procedimientos de identificación de los votantes transgénero durante la jornada electoral en capacitaciones dirigidas a las ramas descentralizadas del órgano electoral, conocidas como Juntas Electorales Departamentales (JED) y Juntas Electorales Municipales (JEM). Más adelante, antes de las elecciones legislativas y locales de 2018 en El Salvador, la estrategia de capacitación del Tribunal Supremo Electoral integró la cuestión de la participación de personas LGBTI. Cuatro representantes de la comunidad LGBTI, incluidas dos mujeres transgénero, fueron incluidas en el plan de reclutamiento del Tribunal para capacitadores electorales. [8] Su manual para oficiales de votación también hizo referencia a la participación de personas LGBTI. De acuerdo con este manual, las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales deberían poder ejercer su derecho al voto en un entorno sin discriminación.

Ejemplo: En Ecuador, el Consejo Nacional Electoral organizó capacitaciones en 2016 para sensibilizar al personal electoral sobre el voto de los ciudadanos transgénero y la participación de las personas LGBTI, en el marco de su Proyecto Transgénero. [9]

Ejemplo: En el período previo a las elecciones generales de 2015 en Guatemala, el Manual de Juntas Receptoras de Votos desarrollado por el TSE incluía una sección sobre el voto de las personas transgénero, con el fin de sensibilizar a los funcionarios electorales sobre los procedimientos de identificación inclusivos. Este enfoque se continuó fortaleciendo mediante la capacitación brindada a los miembros de las mesas de votación por el Instituto de Formación y Capacitación Cívica, Política y Electoral. [10]

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En todo el mundo, los OGE y otros actores relevantes hacen esfuerzos para promover la igualdad de género y la participación de las mujeres en diferentes etapas del proceso electoral, incluidos los períodos preelectoral, electoral y postelectoral. Los OGE en diferentes países han puesto en práctica una serie de medidas para promover la inscripción de electoras en el padrón electoral, incluidos los equipos de inscripción compuestos exclusivamente por mujeres, el registro móvil y las campañas de información. Durante la etapa de nominación y registro de candidatos, se pueden adoptar una serie de medidas especiales de carácter temporal para promover la representación de las mujeres, tales como establecer cuotas legisladas en las listas de candidatos y utilizar medidas de financiamiento público como incentivo para el cumplimiento de ciertos niveles de representación de mujeres en las listas, entre otros. Los OGE, la sociedad civil y las organizaciones internacionales pueden contribuir al lanzamiento de campañas de educación cívica y electoral para promover la participación de las mujeres, dirigiéndose específicamente a las mujeres o incorporando la perspectiva de género en los mensajes dirigidos a la población general. En ciertos países, las mujeres líderes y candidatas han participado en iniciativas de desarrollo de capacidades para mejorar su desempeño durante la campaña y ayudarles a alcanzar mejores resultados electorales. Durante el proceso de votación, los OGE pueden adoptar medidas específicas para promover la igualdad de género y la participación de las mujeres, como colocar los centros de votación en lugares accesibles, establecer procedimientos de identificación inclusivos, establecer mecanismos de votación separados por género, combatir el voto familiar y garantizar el secreto del voto. Los mecanismos del contencioso electoral deben ser accesibles y claros para las candidatas, integrar a las mujeres en sus estructuras y evitar la discriminación de género. [1] Además, a lo largo de todo el ciclo electoral, los OGE, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas siguen estrategias para promover la participación efectiva de las personas LGBTI en diferentes países.

Una de las publicaciones clave sobre este tema es del PNUD y de ONU Mujeres de 2016 “Procesos electorales incluyentes: Guía para los Órganos de Gestión Electoral sobre la promoción de la igualdad de género y la participación de las mujeres”, [2]  que ofrece una visión general sobre lo que se puede hacer para integrar el género desde la perspectiva de la administración de elecciones. Con el propósito de ilustrar las estrategias utilizadas por los OGE en diferentes países, en esta sección se pueden encontrar ejemplos de buenas prácticas, en su mayoría seleccionadas de la guía del PNUD y de ONU Mujeres de 2016.

A lo largo del ciclo electoral, los OGE, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, los proveedores de asistencia electoral y otros actores relevantes pueden tomar medidas para promover la participación de las mujeres y la igualdad de género. El siguiente recurso gráfico muestra el ciclo electoral, una herramienta visual de planificación y de capacitación para ayudar a las agencias de desarrollo, los proveedores de asistencia electoral y el personal electoral a comprender la naturaleza cíclica de los diversos desafíos que enfrentan los procesos electorales. El ciclo electoral fue desarrollado por el PNUD, IDEA Internacional y la Comisión Europea como respuesta a los obstáculos para la implementación de la asistencia a largo plazo en el campo de las elecciones. Para obtener más información sobre este tema, consulte el contenido relacionado del Proyecto ACE, que incluye:

 

•  La sección sobre “El enfoque del ciclo electoral” en el área temática sobre Asistencia Electoral.
•  La sección sobre el “Electoral Cycle” (disponible en inglés).

 

Igualdad de género en el empadronamiento de electores

Un padrón electoral preciso es fundamental para la integridad electoral porque garantiza que todas las personas elegibles para votar puedan votar y que ningún individuo vote más de una vez. Existe una amplia variedad de sistemas de inscripción de electores. Los registros de electores generalmente se construyen de forma activa o pasiva y de forma continua o periódica. [1]

 

• En los sistemas activos, es responsabilidad del votante completar el proceso de empadronamiento. Los votantes deben visitar, en persona, un lugar de registro para empadronarse o, durante un período de exposición posterior, para notificar cambios en el nombre o la dirección. A veces, se crea un nuevo registro para cada elección y la gente tiene que inscribirse cada vez, a menudo durante los periodos específicos de registro en preparación de una elección (registro periódico). En otros países, el registro se actualiza de manera continua y es posible que los votantes solo tengan que registrarse una vez y luego actualizar los detalles a medida que cambien. Otra variación de la metodología de registro activo es aquella en que los equipos de registro pueden ir de puerta en puerta para registrar a las personas. En algunos países, las personas pueden verificar y cambiar sus detalles en Internet o por correo. [2]
• En los sistemas pasivos, el OGE puede crear un registro de electores extrayendo información de una lista existente, como un registro civil, una base de datos de tarjetas de identificación nacional o listas de residencia. Otras fuentes comunes de información para los registros de votantes integrados incluyen la información fiscal, los registros de inmigración, las listas de defensa nacional, las agencias de licencias de conducir, las bases de datos de estadísticas vitales, las listas electorales subnacionales (a nivel de la región, del estado, de la provincia, u otros territorios) e información proporcionada directamente por los votantes. En estos casos, los votantes generalmente no necesitan tomar ninguna acción para estar inscritos en el padrón electoral. De hecho, es posible que solo tengan que tomar medidas si no desean estar en el padrón por algún motivo, comunicándose directamente con el OGE o marcando una casilla designada en algún formulario gubernamental relacionado. Cuando se utiliza este método, un análisis de género de la forma en que se crea el registro civil o de residencia puede ayudar a garantizar que las mujeres no estén privadas de sus derechos en ese momento. [3]

Mientras los registros electorales sean transparentes, precisos e inclusivos, todos los tipos de sistemas de inscripción de electores pueden funcionar de manera efectiva. Cualquier tipo de sistema tendrá ventajas y desventajas desde una perspectiva de género y diferentes implicaciones en la participación de las mujeres. “Es más probable que las mujeres se registren en los sistemas iniciados por el Estado, en los que el Gobierno registra automáticamente a todos los ciudadanos elegibles para votar, siempre que el Estado tenga las capacidades y los recursos para hacer que dicho sistema funcione de manera efectiva. En los sistemas en los que los votantes individuales deben registrarse, los OGE deben garantizar que la necesidad de inscribirse sea bien publicitada, que las estaciones de registro de votantes sean fácilmente accesibles y que los procedimientos sean rápidos y sencillos. Se debe prestar especial atención al registro de las personas desplazadas, la mayoría de las cuales son mujeres”. [4]

Como se describe a continuación, hay tres requisitos principales en el proceso de registro que pueden afectar negativamente a la inscripción de mujeres: la prueba de identidad, la identificación con fotografía y el registro en persona.  [5]

 

1)           Prueba de identidad

Cuando se necesitan documentos de identidad como un certificado de ciudadanía o pasaporte para registrarse, las mujeres pueden tener dificultades porque a menudo tienen menos probabilidades de tener los documentos de identificación necesarios o estos pueden ser retenidos por un esposo o padre. [6]

Ejemplo: En Nepal, a principios de 2013, muchas mujeres no podían registrarse para votar, ya que no tenían los certificados de ciudadanía necesarios. La Comisión Electoral de Nepal emitió una directiva que permite a las mujeres registrarse con un funcionario local como método adicional de verificación. [7]

Ejemplo: En Egipto, ONU Mujeres y el Ministerio de Estado para el Desarrollo Administrativo (MSAD), en colaboración con otros socios, iniciaron en 2011 el proyecto Iniciativa de Ciudadanía de las Mujeres. La campaña “Tu identificación, tus derechos” tuvo como objetivo garantizar los derechos básicos de ciudadanía de las mujeres durante la transición democrática en Egipto mediante la emisión de tarjetas de identificación nacionales para dos millones de mujeres que viven en zonas rurales o remotas. [8]

Ejemplo: La Comisión Electoral de Pakistán (ECP), en colaboración con la Autoridad Nacional de Registro y Base de Datos (NADRA), el PNUD y las organizaciones de la sociedad civil implementó, desde octubre de 2017, la iniciativa nacional “Tarjeta Nacional de Identidad de la Mujeres (NIC) y Campaña de Registro de Votantes”, con el objetivo de acortar la brecha entre hombres y mujeres votantes. Desde el inicio de la campaña, 4,3 millones de mujeres obtuvieron sus NIC para poder votar. [9]

2)          Identidad fotográfica

Incluir una fotografía en la tarjeta de elector o exigir que los votantes muestren una forma de identificación con fotografía es común en las nuevas democracias y esta medida a menudo se introduce para evitar la votación fraudulenta en nombre de otra persona. Sin embargo, los requisitos de identificación con fotografía podrían restringir la participación de grupos específicos de mujeres votantes. [10]

Para las culturas donde las mujeres usan el velo, la inclusión de una fotografía en la tarjeta de identificación puede ser un obstáculo para la participación de las mujeres en la elección. Si estos problemas no se tratan, las mujeres pueden optar por no registrarse al no sentirse cómodas con una identificación con fotografía. Una preocupación que puede surgir es la necesidad de quitarse el velo para poder tomar la foto y de tener que hacerlo nuevamente cuando se verifique la identidad en el centro de votación. Donde ya se ha adoptado el uso de fotografías para la identificación, existen enfoques para la implementación que pueden facilitar la participación de las mujeres que usan el velo, como el uso de equipos de inscripción compuestos exclusivamente de mujeres. [11]

Ejemplo: En Afganistán, no se requiere que las mujeres tengan su fotografía en sus tarjetas del registro electoral. En su lugar, pueden elegir tener una huella digital en sus tarjetas de identificación en lugar de una foto, aunque la huella digital no cumple ninguna función de identificación visual. [12]

Ejemplo: Australia y Gran Bretaña no requieren que los votantes muestren una identificación con fotografía, o que revelen su rostro al emitir su voto. Si bien el padrón electoral debe indicar el número de identificación que se muestra en sus documentos de identidad (que normalmente contiene una foto), no hay ningún requisito para mostrar al empleado de registro la tarjeta de identificación. En estos casos, se pueden usar boletas electorales o provisionales para abordar las preocupaciones de fraude. [13]

3)           Empadronarse en persona

El acceso al proceso de inscripción puede ser una preocupación generalizada cuando se considera la participación de las mujeres. Dado que el método más común de inscripción es que los votantes acudan a una oficina de registro, la ubicación de la oficina y los horarios en que está abierta deben considerarse para facilitar el acceso a todas las mujeres. Además, en algunos contextos donde los individuos sienten que el acto público de la inscripción los pone en riesgo personal debido a la información requerida, algunos países permiten el registro de votantes anónimo o confidencial. Este se refiere a la práctica de colocar a ciertos individuos en la lista de votantes de tal manera que sus nombres u otras características (por ejemplo, direcciones) no aparezcan en ninguna versión publicada o distribuida del padrón electoral. [14]

Ejemplo: En Bosnia y Herzegovina, los ciudadanos con tarjetas de identificación no necesitan tomar medidas para registrarse en el Registro Central de Votantes. La inscripción activa solo es necesaria para los votantes de fuera del país. [15]

Ejemplo: En Nueva Zelanda, una solicitud para figurar en el padrón que no se publica requiere los siguientes tipos de documentación de apoyo: a) copia de la orden de protección para la violencia doméstica; b) copia de alejamiento en vigencia; c) declaración legal de la policía sobre el peligro; y d) carta de apoyo del abogado, empleador o juez de paz.[16]

Ejemplo: En Canadá, las mujeres que residen temporalmente en un albergue para mujeres maltratadas pueden empadronarse para votar mediante un voto especial sin revelar la dirección del refugio. [17]

Además de garantizar que el proceso de empadronamiento de votantes no afecte negativamente a las mujeres, los OGE de todo el mundo han puesto en práctica intervenciones con enfoque de género para la inscripción de votantes para facilitar la participación de las mujeres. Estas estrategias pueden incluir equipos de registro compuestos exclusivamente de mujeres, la inscripción móvil y las campañas de sensibilización para los votantes. [18]

 

Equipos de inscripción integrados exclusivamente de mujeres                                                                             

En países donde la norma cultural es que las mujeres no se mezclan con hombres que no forman parte de su familia, el empadronamiento de las mujeres debe ser realizado por equipos de registro integrados exclusivamente por mujeres para maximizar su participación. En una encuesta realizada por el PNUD y ONU Mujeres en 2011-2012, que analizaba las prácticas en 35 OGE, solo Afganistán y Mozambique dijeron que habían proporcionado equipos de registro integrados solo por mujeres, mientras que solo Afganistán, Irak y Pakistán proporcionaron filas separadas para hombres y mujeres en las estaciones de empadronamiento para reducir la violencia y/o facilitar el empadronamiento y la seguridad de las mujeres. [19]

Ejemplo: En Afganistán, las mujeres son empadronadas por equipos de personal femenino. Sin embargo, el OGE enfrentó dificultades para la contratación del personal debido al bajo número de mujeres alfabetizadas disponibles para la tarea, ya que en las décadas anteriores las niñas no habían ido a la escuela. [20]

 

Empadronamiento móvil 

Cuando el empadronamiento móvil está disponible, es vital que los votantes reciban información sobre el horario y la ubicación del centro de empadronamiento en su área. En la encuesta de 2012 del PNUD y ONU Mujeres sobre los OGE, el 34 por ciento de los países encuestados dijeron que habían proporcionado centros de registro móviles en áreas rurales para combatir la distancia. Estos centros generalmente se sitúan en regiones y circunscripciones que son geográficamente vastas y remotas, donde los ciudadanos necesitan viajar largas distancias. El registro por correo está disponible en algunos países y, aunque es menos frecuente, el registro por Internet es posible en otros. [21]

 

Proporcionar información a los votantes sobre cómo empadronarse

Los votantes necesitan información sobre cómo empadronarse, dónde y cuándo está abierto el centro de registro. Las mujeres también pueden necesitar estímulo para registrarse, en particular cuando las normas culturales implican que las elecciones son un ámbito masculino, o donde hay analfabetismo o apatía política generalizada. En la encuesta sobre los OGE, el 63 por ciento de los países encuestados dijeron que habían realizado actividades de sensibilización con ONG u organizaciones nacionales de mujeres para alentar a las mujeres a registrarse. [22]

Ejemplo: En Sudán, el PNUD administró más de $ 1,2 millones de dólares americanos en pequeñas donaciones a 41 OSC en 2009. Los beneficiarios recibieron capacitación sobre la metodología de educación electoral para el proceso de registro, que incluyó actividades de sensibilización para mujeres. [23]

Ejemplo: En Sudán del Sur, ONU Mujeres, en colaboración con la Unidad de Género del Equipo de Elecciones de la UNMIS, apoyó la formación de formadores en los 79 condados de Sudán del Sur sobre el proceso de registro. Los carteles de "Usted debe registrarse" y una guía de educación cívica fueron ampliamente distribuidos. [24]

 

Para obtener más información sobre este tema, consulte la sección del Proyecto ACE sobre “Women and Voter Registration” (disponible en inglés).

Los procedimientos de empadronamiento de electores también pueden restringir en la práctica la participación de los votantes transgénero, considerando que su identidad de género no siempre coincide con la de sus documentos de identidad oficiales. “Dado que los documentos de identidad son un requisito previo para el disfrute efectivo de muchos derechos humanos, incluidos los derechos electorales, las personas transgénero que no pueden obtener la documentación de identidad que refleja su género están desfavorecidos de facto”. [25] Algunos OGE de todo el mundo ponen en práctica medidas específicas para permitir que los votantes transgénero se registren de acuerdo con la identidad de género y/o el nombre social de su preferencia, con el fin de evitar que se les discrimine durante la jornada electoral. Estas medidas deben analizarse teniendo en cuenta el marco más amplio de la legislación y las políticas nacionales sobre identidad de género.

Ejemplo: En Brasil, el Tribunal Superior Electoral ha realizado esfuerzos para promover la participación efectiva de las personas transgénero en el proceso electoral. En vista de las elecciones de 2018, el Tribunal decidió permitir a los votantes transgénero registrarse con la identidad de género y el nombre social de su preferencia, tal como se reconoce en la resolución TSE 23.562 / 2018, modificando la resolución TSE 21.538 / 2003. El Tribunal estableció un período de un mes, desde el 3 de abril hasta el 9 de mayo, para que los votantes transgénero registren sus nombres sociales y actualicen su identidad de género en el padrón electoral, de modo que sus tarjetas de votante puedan imprimirse según los nuevos datos. Estas medidas se adoptaron para evitar discriminación hacia los votantes transgénero en los colegios electorales, asegurándose de que sean tratados con dignidad durante el día de las elecciones.[26] En palabras del Presidente del Tribunal Superior Electoral, Luiz Fux, “A la luz de los principios constitucionales y de acuerdo con la interpretación que el Tribunal Federal Supremo dio a estas normas, es inadmisible que el ejercicio de la ciudadanía siga sujeto a cualquier tipo de prejuicio". [27]

Ejemplo: Durante las elecciones presidenciales ecuatorianas de 2017, los ciudadanos transgénero pudieron votar por primera vez en consonancia con su identidad de género. Como resultado de los esfuerzos de incidencia de las asociaciones LGBTI, la Ley orgánica de gestión de identidad y datos civiles en Ecuador fue adoptada en 2016, permitiendo a los ciudadanos transgénero modificar su nombre (Artículo 78) y su clasificación de género (Artículo 94) en el registro civil.[28] Estas modificaciones se reflejaron más tarde en las nuevas tarjetas de identificación que se emitieron para los ciudadanos transgénero, así como en el padrón electoral. Antes de las elecciones presidenciales de 2017, 271 ciudadanos ecuatorianos cambiaron su clasificación de género en el registro civil, recibieron nuevas tarjetas de identificación y se incluyeron en el padrón electoral, de los cuales 227 emitieron su voto durante la jornada electoral. [29]

Ecuador tiene mesas de votación separadas por género y en el pasado los votantes transgénero e intersexuales se veían obligados a situarse en las mesas de acuerdo con el sexo asignado al nacer y no con su identidad de género actual. Esto hizo que muchos de ellos se sintieran incómodos y sufrieran discriminación por parte de otros votantes, los miembros de las mesas de votación y los oficiales de policía. Las reformas legales de 2016 contribuyeron a poner fin a esta situación, permitiendo a todos los ciudadanos votar de acuerdo con su identidad de género y sus nombres elegidos. [30]

Ejemplo: En Nepal, el fallo histórico de la Corte Suprema de 2007 en el caso Pant vs. Nepal reconoció todos los derechos fundamentales para las minorías de género y sexuales y estableció la categoría de “tercer género”, además de “masculino” y “femenino”. La decisión “consagra la idea de que el reconocimiento de género debe basarse en la autoidentificación”, en línea con los Principios de Yogyakarta. [31]

Desde 2010, en línea con la decisión del tribunal, la Comisión Electoral de Nepal permitió el empadronamiento de electores en la categoría de tercer género, basando todo el proceso de registro en la autoidentificación, sin necesidad de que el género registrado coincida con otros documentos de identidad.[32] Esto abrió la puerta a la participación efectiva de los votantes transgénero e intersexuales en el proceso electoral. 

Ejemplo: En un fallo histórico de 2011, la Corte Suprema de Pakistán ordenó a la Comisión Electoral empadronar a los ciudadanos transgénero como electores y solicitó a la Autoridad Nacional de Registro y Base de Datos (NADRA, por sus siglas en inglés) emitir tarjetas de identidad nacionales para aquellos que aún no se habían registrado. Este proceso de inscripción en el registro civil se basó en la autoidentificación, en cinco categorías de género: hombre, mujer, hombre transgénero / eunuco, mujer transgénero / eunuco y khasa-e-mushkil / transgénero / tercer género.

La Comisión Electoral de Pakistán lleva a cabo el proceso de empadronamiento de votantes basándose en la autoidentificación, pero estos solo pueden elegir tres opciones diferentes de identidad de género: masculina, femenina y transgénero. Dado que las mesas de votación están separadas para hombres y mujeres en Pakistán, los votantes transgénero necesitan expresar una preferencia por la identidad de género de hombres o mujeres. Esto se aplica automáticamente teniendo en cuenta los datos del registro civil de NADRA, de modo que los ciudadanos de las categorías mujer y mujer transgénero / eunuco votan en un conjunto de centros de votación y los ciudadanos que seleccionaron las categorías hombre, hombre transgénero / eunuco y khasa-e-mushkil / transgénero / tercer género votan en otros colegios electorales. [33] 

En el padrón electoral final de 2013, solo 680 votantes registrados se declararon transgénero en todo el país. A partir de octubre de 2017, solo 1.456 ciudadanos transgénero estaban registrados en el padrón electoral, de un total de 97,02 millones de electores inscritos. [34] Esta baja tasa de registro para los votantes transgénero muestra que, a pesar de las recientes reformas legales en Pakistán, los ciudadanos transgénero continúan sufriendo discriminación en la práctica. [35]

 

Ejemplo: En 2014, la decisión del Tribunal Supremo de la India en el caso de la Autoridad Nacional de Servicios Jurídicos contra India Union reconoció derechos plenos para todos los géneros y creó una categoría adicional de género conocida como “tercer género”, además de “masculino” o “femenino”, estableciendo que el reconocimiento de género debe basarse en la autoidentificación.

Antes de la decisión del tribunal, la Comisión Electoral de la India emitió instrucciones en 2009 para permitir que los votantes con identidad de género diversa se registren en la categoría de “otros”, en lugar de “hombre” o “mujer”. [36]  Teniendo en cuenta las bajas tasas de inscripción para los votantes transgénero, la Comisión organizó en 2018 iniciativas de sensibilización para promover su registro en el padrón electoral en el Estado de Karnataka, donde solo 4.552 personas se inscribieron en la categoría “otros”.[37]  A partir de 2017, solo 1.654 personas en el estado de Maharashtra se registraron en la lista de votantes bajo esta misma clasificación de género, de las 41.000 personas transgénero registradas en el censo de población de 2011.[38] Estas cifras modestas podrían explicarse principalmente por la violencia y la discriminación a las que se enfrenta la comunidad transgénero, así como por el hecho de que algunos de sus miembros no se sienten cómodos con la categoría de “otros” y prefieren usar las clasificaciones de “hombre” o “mujer” al empadronarse como electores.

 

Igualdad de género en la nominación y el registro de candidatos

Los procedimientos de nominación son aquellos que permiten a los candidatos ser incluidos en una boleta y presentarse a las elecciones. En la mayoría de los países, los candidatos se inscriben con el respaldo de un partido político (o mediante afiliación a un partido político o agrupación), especialmente bajo un sistema de representación proporcional de lista, mientras que algunos sistemas permiten candidatos independientes. [1]

Si bien los requisitos para la nominación varían de un país a otro, se debe considerar si las normas discriminan directa o indirectamente a las mujeres. Por ejemplo, si el depósito de la candidatura es demasiado alto, los candidatos de sectores más pobres pueden ser desalentados o impedidos de registrarse. Como las mujeres constituyen la mayoría de los pobres en la mayoría de los países, este requisito puede perjudicar indirectamente a las candidatas. También es necesario considerar las leyes con disposiciones de cuotas que requieren que una cierta proporción de los candidatos nominados sean mujeres o de otros grupos subrepresentados, o leyes que exijan una reducción en las asignaciones de financiamiento público de campañas si una determinada proporción de candidatos no son mujeres. [2]

Más de 80 países han legislado medidas especiales de carácter temporal en forma de cuotas de género, que tienen como objetivo aumentar el número de mujeres electas en los órganos de toma de decisiones, especialmente los parlamentos. En muchos países, la autoridad para supervisar y asegurar el cumplimiento de las cuotas de género recae en el organismo encargado de las candidaturas, a menudo el órgano electoral. En otros, el poder judicial está a cargo de verificar el cumplimiento de los requisitos de cuotas de género por parte de las listas de candidatos y, en ciertas circunstancias, puede rechazar la lista de candidatos si los partidos no cumplen con las reglas. Una tendencia interesante ha emergido en América Latina con los tribunales electorales que interpretan enérgicamente la legislación sobre cuotas electorales para garantizar su cumplimiento por parte de los partidos políticos. [3]

Se han adoptado reformas de financiamiento político en 27 países con el propósito explícito de aumentar las candidaturas femeninas y abordar la desigualdad de género a través del sistema de financiamiento público. Estas reformas apuntan principalmente a las candidaturas de mujeres por parte de los partidos políticos, donde el financiamiento público se usa como incentivo para el cumplimiento o sanción por el incumplimiento de ciertos niveles de representación de las mujeres y una parte de los fondos se asigna o reduce de acuerdo con los objetivos de esta representación. Cuando los OGE tienen la responsabilidad de supervisar el financiamiento de la campaña, a menudo también son responsables de implementar estas leyes. [4]

Ejemplo: En Kirguistán, la Ley electoral reformada en 2011 especifica una cuota de un mínimo del 30 por ciento para cada sexo en las listas electorales (Código de Elecciones, Artículo 60 [3]). 
Las listas que no cumplan con el requisito de la cuota serán rechazadas por la Comisión Electoral (Código de Elecciones 2011, artículo 61 [3]). No más de tres puestos pueden separar a hombres y mujeres en las candidaturas (Código de Elecciones 2011, Artículo 60 [3]). [5]

Ejemplo: En México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha emitido varias sentencias con una interpretación estricta de los requisitos legales de las cuotas de género, para garantizar el cumplimiento en el proceso de registro de candidatos. El TEPJF votó a favor de rechazar las listas de candidatos de cinco partidos diferentes y dos coaliciones que competían por los escaños en las elecciones de 2012 si no corregían sus listas para cumplir con la cuota del 40 por ciento. Antes de la decisión del Tribunal, las mujeres representaban el 28 por ciento de los candidatos en la lista electoral mayoritaria y el 40,2 por ciento de los candidatos en la lista de representación proporcional. Tras la decisión de 2012, esos porcentajes aumentaron a 41.5 por ciento y 49.5 por ciento, respectivamente. [6]

En 2011, el TEPJF emitió una sentencia según la cual los candidatos titulares y suplentes deben ser del mismo género. Este fallo buscó la igualdad sustantiva, para evitar el fenómeno político conocido como "Las Juanitas", por el cual los partidos políticos forzaban a las mujeres electas a renunciar en favor de sus suplentes masculinos después de la elección, mientras que aparentemente cumplían con los requisitos formales de la cuota de género durante registro de candidatos. [7]

En 2018, el TEPJF emitió una sentencia a favor del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, Colectivos Muxes y de la Diversidad Sexual, que denunció el acuerdo del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca que validaba el registro de candidatos que supuestamente eran transgénero . La queja presentada por asociaciones de mujeres y asociaciones LGBTI explicó que varios candidatos registrados fingían ser transgénero para encajar en la lista de candidatos de acuerdo con los requisitos de cuotas. La sentencia del TEPJF canceló 15 de las 17 candidaturas impugnadas. Cabe señalar que el INE desarrolló un protocolo para promover la participación de los votantes trans en México. [8]

Ejemplo: En Perú, el Jurado Nacional de Elecciones dictaminó (decisión 721-2010-JNE, 26 de julio de 2010) que el porcentaje de mujeres en la lista electoral de un partido podría redondearse hasta el siguiente número entero. Por ejemplo, si un partido presenta una lista con 29,6 por ciento de mujeres, se tomaría como 30 por ciento. El Tribunal también dictaminó (670-2010-JNE, 23 de julio de 2010) que una lista de partido será declarada inválida si ciertos candidatos deciden retirar sus candidaturas incluso después de que se apruebe la lista. [9]

Ejemplo: En Burkina Faso, las listas de candidatos deben incluir al menos el 30 por ciento de ambos sexos (Ley de cuotas, artículo 3). Si un partido alcanza o excede la cuota del 30 por ciento, recibirá fondos adicionales (Ley de cuotas, artículos 5 y 6). Si un partido político no cumple con la provisión de cuotas, su financiamiento público para campañas electorales se reducirá en un 50 por ciento. (Ley de cuotas, artículos 5 y 6). [10]

Ejemplo: En Irlanda, según la sección 17 de la Ley electoral de 1997, enmendada por la sección 42 de la Ley electoral (de financiación política) de 2012, los partidos políticos, después de la implementación de la ley en las elecciones nacionales, perderán el 50 por ciento de su financiación estatal, a menos que como mínimo el 30 por ciento de sus candidatos sean mujeres y al menos el 30 por ciento sean hombres. Después de un período de siete años, los partidos políticos deben tener una cuota de género del 40 por ciento en sus listas de candidatos para recibir la financiación estatal completa. [11]

 

Igualdad de género en la educación cívica y electoral

Con frecuencia, a los OGE se les confían actividades de sensibilización para explicar el proceso electoral al electorado desde una perspectiva imparcial, que incluye la educación cívica, la educación electoral y las campañas de información electoral. Su función no es defender las políticas o programas de los diversos partidos políticos y candidatos independientes, sino educar a la población sobre cómo empadronarse, cómo emitir un voto correctamente y por qué es importante participar en el proceso democrático, entre otras cuestiones.[1]

• La información electoral proporciona información básica que permite a los ciudadanos calificados votar, abordando la fecha, hora y lugar de votación, el tipo de elección, los documentos de identificación necesarios para votar, los requisitos de inscripción en el padrón electoral y cómo votar.
• La educación electoral generalmente aborda la motivación y la preparación de los votantes para participar plenamente en las elecciones. Se trata de conceptos complejos, como el vínculo entre el proceso de votación y los derechos humanos; el papel, las responsabilidades y los derechos de los votantes; el carácter secreto del vote; la relación entre elecciones y democracia; por qué cada voto es importante y cómo los votos se traducen en escaños.[2]
• La educación cívica se ocupa de conceptos más amplios que sustentan una sociedad democrática, como los respectivos roles y responsabilidades de los ciudadanos, el gobierno, los intereses políticos, los medios de comunicación y los sectores empresariales y sin fines de lucro, así como la importancia de elecciones competitivas. Lo ideal es que se realice de manera continua o a largo plazo. [3]

El siguiente recurso gráfico muestra el diverso alcance y la interrelación de la educación cívica, la educación electoral y la información electoral, como estrategias de divulgación para dirigirse a los ciudadanos y los votantes. A través de estas estrategias de sensibilización, los OGE, otras entidades públicas y grupos de la sociedad civil pueden promover la igualdad de género y la participación de las mujeres en el proceso electoral.

 

 Es probable que las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos y los medios de comunicación desempeñen un papel importante en la organización de todo tipo de actividades de sensibilización de los votantes. En la encuesta de los OGE de 2012 del PNUD y ONU Mujeres, el 77 por ciento de los encuestados dijo que había realizado campañas de sensibilización junto con organizaciones de la sociedad civil.[4]

Las campañas de educación cívica y electoral y de información de los votantes puede dirigirse al electorado en general o adaptarse a grupos particulares. Cuando el programa de divulgación se dirige a la población general, es importante que las consideraciones de igualdad de género se incorporen en los mensajes y la presentación de los mismos. Los materiales de divulgación deben mostrar a las mujeres de todas las edades participando en cada función, como personal de empadronamiento y miembros de mesas de votación, como observadoras y fuerzas de seguridad, como personas que solicitan su inscripción en el padrón electoral y como votantes. En la encuesta de los OGE, solo la mitad de los organismos encuestados dijo que había incorporado el género en las estrategias de información de los votantes.[5]

Si bien los programas de sensibilización generalmente se dirigen al conjunto del electorado, en muchos países se están diseñando e implementando programas específicos para llegar a grupos particulares como mujeres, jóvenes e indígenas. En la encuesta de los OGE, el 54 por ciento de los encuestados dijo que había brindado educación electoral específicamente dirigida a las mujeres. Con respecto a la igualdad de género, hay dos mensajes muy importantes que deben comunicarse: primero, que las mujeres tienen derecho a votar y presentarse a las elecciones y que su participación a menudo debe ser alentada; y segundo, que el voto es secreto, nadie más necesita saber cómo se ha emitido el voto de un individuo. En la encuesta de los OGE, el 80 por ciento de los encuestados dijo que había proporcionado educación sobre el secreto del voto y la lucha contra el voto familiar. [6]

Los métodos de difusión son importantes en cuanto a la efectividad para alcanzar a la audiencia destinataria, la facilidad con la que la audiencia puede entender el mensaje y la medida en que ese método de difusión es tomado en serio. La alfabetización es una consideración importante, como lo es el acceso a los medios de comunicación. Las mujeres siguen siendo afectadas de manera desproporcionada por el analfabetismo en muchas partes del mundo y en algunas regiones las niñas enfrentan considerables dificultades para adquirir habilidades básicas de lectura y escritura. El uso de una variedad de métodos de difusión diferentes para el mismo mensaje tendrá un impacto mayor que el uso de un solo método de difusión. Los métodos comunes de difusión para la educación cívica y electoral pueden incluir sesiones presenciales; radio y otros mensajes de audio; simulacros de elecciones o ensayos de la jornada electoral; canciones, teatro y videos; centros de recursos; y tecnología de la información y la comunicación. [7]

En muchos países, se proporciona educación cívica y electoral a los estudiantes a través del currículo académico. Brindar educación e información electoral en las escuelas es una forma de fomentar el compromiso cívico desde una edad temprana y promover la igualdad de género. En la encuesta de EMB, el 63 por ciento de los encuestados dijo que había proporcionado educación cívica en las escuelas. [8]

Ejemplo: En Burundi, la campaña “Vote y sea elegida” capacitó a casi 260 mujeres para trabajar en todo el país y educar a otras mujeres sobre el empadronamiento y la votación y para apoyar a las candidatas a desarrollar sus campañas. [9]

Ejemplo: En el Líbano, la campaña “Usa tu voz” en los medios de comunicación nacional “tuvo como objetivo promover la participación de las mujeres en el proceso electoral. La campaña incluyó a cinco mujeres libanesas prominentes que aparecieron en anuncios de televisión, radio, transporte público y vallas publicitarias”. La campaña fue organizada por el NDI y la Asociación Libanesa para Elecciones Democráticas.[10]

Ejemplo: En Albania, la Comisión Electoral Central (CEC) ha tomado varias medidas para evitar el voto familiar. Existe una necesidad continua, particularmente en las áreas rurales, de aumentar la conciencia sobre los derechos de las mujeres, la igualdad de género y los derechos políticos de las mujeres. Las campañas de educación cívica y electoral son implementadas por la CEC en los medios de comunicación (televisión y periódicos), diseñadas para llegar específicamente a las mujeres votantes. [11]  Además, el mensaje de que las mujeres tienen derecho a votar por el candidato de su elección se transmitió mediante en anuncios televisivos en tono humorístico desarrollados por la CEC y la Plataforma Nacional para la Mujer. [12]

Ejemplo: En Tanzania, uno de los componentes del programa de educación electoral del PNUD fue alentar a las mujeres a empadronarse, a través del uso de la radio, anuncios en los periódicos y un folleto. El folleto “Las mujeres y las elecciones de 2010” alentó a las mujeres a presentarse como candidatas y a votar. El folleto recordó a las mujeres que tienen derecho a elegir el candidato por el que quieren votar. También contenía detalles sobre mujeres embarazadas, madres lactantes, mujeres con discapacidad y mujeres ancianas que tienen preferencia y apoyo de los administradores electorales durante la jornada electoral. Los mensajes que alentaban a las mujeres a votar se repitieron en la televisión, la radio, el periódico y en carteles.[13]

Ejemplo: En Costa Rica, se organizan actividades de capacitación en escuelas, colegios y universidades. La educación cívica aborda no solo el ejercicio de la votación, sino también los valores democráticos, la ciudadanía activa y la participación.

Ejemplo: En Georgia, se crearon dieciséis centros regionales de recursos para apoyar la participación del público en el proceso electoral, elevar los niveles de educación de los votantes y mejorar los vínculos entre la administración electoral y los otros actores en las regiones. Los ciudadanos tienen la oportunidad de conocer y utilizar las instalaciones para la capacitación, la creación de redes, los debates y otras iniciativas relevantes. Los principales públicos objetivos son las mujeres y la generación joven de minorías nacionales que residen en el país. Algunos de los centros se establecieron en zonas geográficas específicas con una cantidad importante de poblaciones de minorías étnicas. [14]

Ejemplo: En Sudáfrica, se creó una película sobre las mujeres en las áreas rurales, los problemas que enfrentan y cómo organizar la educación de los votantes en esas áreas. La película se difundió ampliamente y se mostró en unidades de video móviles en áreas que no tenían acceso a televisión. [15]

Para obtener más información sobre este tema, consulte el contenido relacionado del proyecto ACE, que incluye:

• La sección sobre "Electores marginados y grupos con necesidades especiales" en el área temática sobre Educación electoral.
• La sección sobre “Género” en el área temática sobre Educación electoral.
• La sección “Consideraciones de grado de alfabetización y escolaridad” en el área temática sobre Educación electoral.

En varios países, los OGE y las organizaciones de la sociedad civil han lanzado campañas de educación cívica y electoral para educar a los votantes y al público en general sobre la importancia de los derechos de las personas LGBTI y para motivar la participación de esta comunidad en el proceso electoral. En algunos casos, las campañas de educación cívica y electoral tuvieron como objetivo brindar a los ciudadanos información sobre las posiciones de los candidatos sobre los derechos LGBTI, responsabilizar a los candidatos ante sus electores y ayudar a los votantes a tomar una decisión informada. Algunas campañas de educación cívica y electoral están dirigidas específicamente a personas LGBTI, con el propósito de motivar su participación como votantes. En el caso de campañas especialmente dirigidas a personas transgénero y no conformes al género, los mensajes clave a menudo tratan sobre los requisitos y los procedimientos de identificación, con el objetivo de facilitar el proceso de identificación en los centros de votación.

Ejemplo: En Guatemala, el Departamento de Inclusión Social del TSE desarrolló una campaña de educación electoral para promover el voto de las personas LGBTI en el referéndum de 2018 sobre la disputa territorial y marítima con Belice, para la cual se imprimieron 10.000 carteles. Además, desde 2016, el Departamento de Inclusión Social ha organizado talleres de sensibilización y capacitación en las escuelas, que abordan cuestiones de derechos humanos, específicamente la importancia de garantizar la participación política y cívica de todas las personas, independientemente de su identidad de género y orientación sexual. Desde 2018, el Departamento de Inclusión Social del TSE ha estado implementando el Programa de Formación para Formadores Cívico-Electorales, que se ofrece a los docentes en las escuelas y se basa en un enfoque de género e inclusión, abordando las cuestiones relativas a los derechos de las mujeres, de las personas LGBTI y otros grupos subrepresentados. Además de estas actividades de educación cívica y electoral, el Departamento de Inclusión Social del TSE contribuyó a la creación de la Red de Jóvenes por la Inclusión y la Democracia, que ha brindado capacitación y desarrollo de capacidades a los miembros de la comunidad LGBTI en al menos ocho departamentos regionales. Estas formaciones abarcan una amplia variedad de temas, como el compromiso cívico, los derechos humanos, el empadronamiento de votantes, la incidencia y el marco legal, entre otros. [16]

Ejemplo: En el Líbano, donde se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, la Fundación Árabe para las Libertades y la Igualdad lanzó una campaña de educación electoral para las elecciones generales de 2018, con el objetivo de informar a los votantes sobre las posturas de los candidatos hacia los derechos humanos de las personas LGBTI. Esta campaña incluyó una serie de videos que se publicaron en las redes sociales y un sitio web que describe las posiciones de los candidatos sobre los derechos LGBTI. [17]  Por primera vez, este tema fue parte del debate público del país, con numerosos candidatos que pidieron públicamente la despenalización de la homosexualidad. [18]

Ejemplo: En el marco de las elecciones legislativas y presidenciales colombianas de 2018, las asociaciones LGBTI lanzaron la campaña de educación electoral “Voto por la Igualdad 2018”, con dos objetivos principales: a) informar a los votantes sobre las propuestas de los candidatos sobre igualdad y no discriminación; y b) dar visibilidad a los candidatos abiertamente LGBTI. Los grupos de la sociedad civil que lanzaron esta iniciativa incluyeron Caribe Afirmativo, Colombia Diversa, Fundación Santamaría, EgoCity y Sinsentido. Recibieron apoyo del Friedrich Ebert Stiftung, el LGBTQ Victory Institute, el National Democratic Institute, el Netherlands Institute for Multi-Party Democracy y el Observatorio para la Participación Política de las personas LGBTI en Colombia. [19]

Ejemplo: En Serbia, las organizaciones nacionales de la sociedad civil Queeria e Izadji desarrollaron un proyecto de educación electoral en 2012, con el apoyo del NDI, con el objetivo de monitorear las declaraciones de los candidatos y los partidos políticos sobre temas LGBTI e informar a los ciudadanos sobre sus posiciones en relación a este asunto. Los socios del proyecto lanzaron el sitio web Voto Rosa (Roze Listici), brindaron información sobre las posturas de los candidatos y realizaron una encuesta en línea dentro de la comunidad LGBTI sobre prioridades políticas. [20]

Ejemplo: En Canadá, la organización juvenil Speqtrum Hamilton lanzó la campaña de educación electoral #ONTransVoters en las redes sociales, con el objetivo de promover la participación de los votantes transgénero en las elecciones de 2018 en Ontario. Sus mensajes se enfocaron principalmente en la identificación requerida para los votantes transgénero, las posibilidades de voto postal, los procedimientos de empadronamiento de votantes y la motivación para votar. [21]

Ejemplo: En los Estados Unidos de América, el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero lanzó la campaña de educación electoral "Votar siendo trans" en 2012, que proporcionó información a los votantes transgénero sobre los procedimientos de empadronamiento, los requisitos de identificación y los procedimientos de voto por correo, así como sobre los mecanismos de denuncia en caso de que no se les permitiera votar, como contactar a abogados voluntarios en los centros de votación o llamar a una línea telefónica especial. En el marco de esta campaña, el Centro subió videos en las redes sociales con historias personales de ciudadanos transgénero y desarrolló una lista de verificación para los votantes que representan a esta comunidad. Según esta organización, las nuevas leyes de identificación podrían haber restringido la participación de personas transgénero en gran medida, impidiéndoles votar. Por esta razón, la campaña también generó conciencia sobre la importancia de asegurarse de que el nombre y la dirección en la identificación coincidan con los datos en el padrón electoral. [22]

Ejemplo: En Guatemala, antes de las elecciones de 2015, IFES apoyó al TSE en la realización de una campaña de educación electoral en televisión, radio e internet para promover el empadronamiento de mujeres, personas LGBTI y jóvenes votantes. Esta campaña también incluyó una estrategia conocida como "No a la manipulación del voto", que buscaba sensibilizar a las mujeres y personas LGBTI a través de las artes escénicas sobre la importancia de ejercer su derecho al voto sin presión ni coacción.[23]

Ejemplo: En Haití, IFES trabajó en colaboración con la organización LGBTI KOURAJ de 2016 a 2017, para promover el compromiso cívico de las personas LGBTI y su participación en el proceso electoral. Se organizaron varios talleres de sensibilización para los miembros de esta comunidad. Más de 400 personas LGBTI participaron en estas sesiones para motivar al voto. Además, esta iniciativa incluyó el desarrollo de un cartel para promover la participación de las personas LGBTI en el período electoral. Como se muestra a continuación, el póster muestra a dos parejas del mismo sexo que se dirigen a una mesa de votación y contiene el siguiente mensaje: “Gays y lesbianas, somos hombres y mujeres haitianos, votemos para cumplir con nuestro deber cívico”.

 

Apoyar a líderes y candidatas durante el proceso electoral

La falta de educación y experiencia política ha sido identificada como un obstáculo importante para la participación de las mujeres en las elecciones. En algunos contextos, la participación política de las mujeres a nivel local les permite adquirir experiencia y conocimiento en este campo antes de ingresar a la política nacional. El fortalecimiento de las capacidades de las mujeres líderes y candidatas puede contribuir a mejorar su desempeño durante la campaña electoral y aumentar sus posibilidades de resultar electas. En diferentes países, los OGE, la sociedad civil y las organizaciones internacionales han organizado talleres de capacitación específicos para mujeres líderes y candidatas, con el objetivo de fortalecer sus capacidades en los campos del liderazgo, la igualdad de género, los asuntos legales, las estrategias de comunicación, la recaudación de fondos y la gestión de campañas, entre otros asuntos.

Ejemplo: En Timor Leste, el PNUD ha apoyado a dos organizaciones de mujeres, MOFFE y CAUCUS, en el desarrollo de las capacidades de las mujeres integrantes de la sección juvenil de los partidos políticos para convertirse en futuras líderes. Los socios organizaron un programa de capacitación de tres días dirigido a mujeres miembros de secciones juveniles de partidos políticos de 13 municipios con el objetivo de mejorar sus habilidades a través del desarrollo del liderazgo transformador. La actividad cuenta con el apoyo financiero de los gobiernos de Corea y Japón y de la KOICA. [1]

Ejemplo: En Madagascar, en el período previo a la elección legislativa de 2013, el PNUD organizó una serie de siete talleres de capacitación para candidatas, en asociación con la Comisión Nacional Independiente para la Transición (CENI-T) y la Federación de Mujeres en Política en el Océano Índico. Un total de 140 mujeres candidatas participaron en estos talleres, que cubrieron los temas de género y elecciones, el marco legal electoral y la comunicación y los medios de comunicación.[2]

Ejemplo: En Turquía, antes de las elecciones locales de marzo de 2019, ONU Mujeres organizó “talleres de política local” en cuatro ciudades diferentes, con el objetivo de empoderar a las candidatas. Después del taller, las participantes hicieron una declaración conjunta en la que pedían igualdad de género en la política y llamaban a los partidos políticos a garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones a todos los niveles. [3]

Ejemplo: IFES desarrolló el programa She Leads con el objetivo de capacitar a mujeres a través de la formación basada en habilidades y conocimientos para participar y asumir roles de liderazgo en los procesos políticos y electorales. She Leads ha capacitado a más de 2.600 mujeres en cuatro países diferentes y continúa expandiéndose. Como resultado, las alumnas de She Leads han desarrollado redes personales formales e informales, han aumentado su autoconfianza y han asumido roles de liderazgo para promover la participación política de las mujeres. [4]

Ejemplo: En Burkina Faso y Sierra Leona, entre otros países, el NDI ha organizado escuelas de capacitación para mujeres candidatas con el objetivo de ayudarles a adquirir las habilidades que necesitan para competir de manera efectiva en las elecciones. Las escuelas se enfocaron en identificar los desafíos y oportunidades para las mujeres en la política, generar apoyo entre los partidos para la ubicación favorable de mujeres en las listas de candidatos, gestionar una campaña e identificar posibles apoyos. [5]

Ejemplo: En Paraguay, la Unidad de Política de Género de la Justicia Electoral organizó una escuela de capacitación para mujeres líderes antes de las elecciones de 2018, con el apoyo inicial de USAID, para fortalecer sus conocimientos y habilidades de liderazgo. La segunda edición de la escuela de capacitación fue organizada por el Tribunal Electoral en Asunción durante el segundo semestre de 2018, en colaboración con IDEA Internacional y con el apoyo de la Unión Europea, y la tercera edición tuvo lugar en la ciudad de Encarnación durante el primer semestre de 2019, siguiendo un enfoque descentralizado. Esta iniciativa a contribuido a fortalecer la institucionalización de la Unidad de Políticas de Género y se espera que continúe en los próximos meses.

Ejemplo: En Argelia, “para hacer frente a la escasez de mujeres dispuestas a postularse para cargos locales, el Ministerio del Interior y Gobierno Local comenzó en 2015 a capacitar a mujeres elegidas localmente (a nivel municipal y provincial) sobre la democracia participativa y sus roles y responsabilidades políticas. Apoyada por el PNUD y ONU Mujeres, la iniciativa incluye capacitación de expertos internacionales e intercambios con ex ministros y parlamentarios para mejorar la participación sustantiva de las mujeres y su capacidad para promover la igualdad de género. Cerca de 800 mujeres elegidas en doce provincias recibieron capacitación en 2015 y 2016”.[6]

En algunos países, las asociaciones LGBTI y otras organizaciones de la sociedad civil han apoyado a los candidatos abiertamente LGBTI, con el propósito de aumentar sus posibilidades de ser elegidos. Un ejemplo de este apoyo se puede encontrar en los comités de acción política que financian y respaldan las candidaturas LGBTI. Además, el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo dentro de la comunidad LGBTI también puede facilitar el nombramiento de sus líderes como candidatos, y puede ayudar a los candidatos LGBTI a tener un mejor desempeño durante la campaña electoral, haciendo que sea más probable que ganen. El desarrollo de capacidades también está en línea con el Declaración de Montreal, que recomienda “que las organizaciones internacionales LGBT amplíen sus márgenes de candidatos a posiciones de liderazgo ofreciendo cursos de formación, seminarios de información, etc., a nuevos militantes, sean mujeres, hombres o transgénero, de Asia, África, América Latina y Europa del Este”. [7]

Ejemplo: En los Estados Unidos de América, la plataforma Equality PAC respalda y apoya abiertamente a los candidatos LGBT que se postulan para cargos federales, a los miembros del Grupo de Igualdad LGBT del Congreso que buscan la reelección y a otros candidatos comprometidos. Equality PAC fue creado por líderes del Grupo de Igualdad LGBT del Congreso en 2016. [8]

Ejemplo: En los Estados Unidos de América, el grupo de incidencia no partidista Trans United Fund promueve la inclusión política de personas transgénero y personas no conformes al género, apoya las capacidades de liderazgo político de las personas trans y aliados, y respalda a los candidatos comprometidos con la comunidad, proporcionándoles donaciones para la campaña, visibilidad y apoyo voluntario. [9] En 2017, el Fondo apoyó a varios candidatos trans que se postularon para cargos legislativos locales y estatales en todo el país, [10]  incluidos Phillippe Cunningham y Andrea Jenkins, quienes fueron elegidos como representantes del Consejo de la Ciudad de Minneapolis, y Danica Roem, elegida con éxito para la casa de delegados de Virginia. [11] Debido al aumento en el número de candidatos transgénero en las elecciones legislativas locales y estatales, algunos medios de comunicación calificaron a 2017 como “el año del candidato trans”. [12]

Ejemplo: En los Estados Unidos de América, el LGBTQ Victory Institute ofrece capacitaciones sobre campañas para candidatos LGBTI actuales y futuros, a fin de proporcionarles herramientas para enfrentar campañas electorales y mejorar sus habilidades en los campos del financiamiento, la comunicación y la planificación estratégica. [13] Además, en el marco del programa de liderazgo internacional de esta organización, se han llevado a cabo una serie de capacitaciones de liderazgo para activistas LGBTI en todo el mundo, a través de colaboraciones con grupos locales de la sociedad civil. En la República Dominicana, el Victory Institute y Diversidad Dominicana crearon la Escuela de Liderazgo Político LGBTI en 2016. En Colombia, el Instituto y Caribe Afirmativo “han capacitado a un total de 104 líderes LGBTI [...] desde 2012, 24 de los cuales se presentaron como candidatos y cuatro de ellos fueron elegidos”. En Honduras, más de 35 líderes fueron capacitados, en colaboración con Somos CDC. En los Balcanes, 19 líderes de toda la región recibieron capacitación del Instituto y de la organización serbia Labris. En Sudáfrica, el Instituto se asoció con la organización Triangle Project en 2016 para mejorar la participación de los miembros de la comunidad LGBTI a través de la capacitación y el desarrollo de capacidades. [14]

Ejemplo: En Ecuador, la organización de la sociedad civil Esquel organizó cuatro capacitaciones para jóvenes líderes LGBTI en 2018, en el marco del proyecto “Por una democracia diversa”, con el apoyo de la Embajada de Canadá. El objetivo de esta iniciativa era fortalecer las capacidades de liderazgo dentro de la comunidad y brindar a los participantes herramientas y habilidades que luego podrían usar como posibles candidatos en las elecciones locales de 2019. [15] 

Ejemplo: El IV Encuentro de liderazgos LGBTI de las Américas se llevará a cabo en Bogotá, Colombia, del 16 al 18 de mayo de 2019. Los organizadores de esta iniciativa incluyen Corporación Caribe Afirmativo (Colombia), el LGBTQ Victory Institute (Estados Unidos de América), Diversidad Dominicana (República Dominicana), PROMSEX (Perú) y Somos CDC (Honduras). Esta reunión, dirigida principalmente a líderes LGBTI, funcionarios públicos y aliados, tiene como objetivo proporcionar un espacio para el diálogo, el desarrollo de capacidades y el intercambio de experiencias en el campo de la participación política inclusiva. Los objetivos específicos de este encuentro incluyen identificar las mejores prácticas con respecto a la participación cívica y política de las personas LGBTI, desarrollar el liderazgo LGBTI para fomentar la inclusión social y la igualdad, explorar ideas sobre cómo promover el diálogo con las instituciones estatales y fortalecer los aliados en las instituciones estatales, la sociedad civil y el sector empresarial. [16]

 

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Los OGE deben tener en cuenta los desafíos específicos que las mujeres pueden enfrentar en el proceso de votación y tomar medidas específicas para protegerlas de estos riesgos. Para ser creíbles, todos los votantes registrados deben tener la oportunidad de emitir su voto en secreto, sin intimidación, y que su voto sea contado como parte del resultado electoral oficial.

Ubicación de los centros de votación

Hay varios factores en la ubicación del centro de votación que pueden tener un impacto en las mujeres que quieren votar. La distancia que las personas necesitan para viajar, la disponibilidad de transporte público cerca del centro de votación y la seguridad del área son consideraciones importantes. Las mujeres tienen más probabilidades de votar si hay un centro de votación cerca de los lugares que frecuentan, como el mercado, las escuelas o las clínicas. [1]

 

Voto familiar y voto por procuración

Los compromisos internacionales estipulan que todos los votantes tienen derecho a votar en secreto, independientemente de su género. Pero donde hay una tradición de hombres que emiten votos “en nombre de” la familia, entonces se necesita una ley local sólida para garantizar que el organismo electoral pueda actuar para proteger el derecho de las mujeres a votar en secreto. Esto podría incluir medidas específicas para luchar contra el voto familiar y otras violaciones del secreto de voto y de la libre elección de los votantes. Un marco legislativo y reglamentario sólido, que incluye sanciones significativas para quienes incumplan la ley, y la voluntad de procesar por parte de la policía y del poder judicial, hacen que sea más fácil para el OGE y otros organismos hacer cumplir la ley. [1]

En algunos países, hay disposiciones que permiten a los votantes que no pueden votar el día de la elección emitir un voto anticipado, y a aquellos votantes que están fuera del país votar en el extranjero. En algunos lugares, estos votantes nombran a otro votante inscrito como su representante, de manera que este pueda emitir su voto en su nombre. Tales medidas se toman para permitir que el mayor número posible de personas emitan su voto en la elección y se conocen como "voto por procuración". El voto por procuración es legal en muchos países y se considera una herramienta para proteger legítimamente la libertad de los votantes con movilidad limitada. [2]

Un fenómeno diferente es el “voto familiar” y/o el “voto por procuración forzada”, que a menudo se confunde erróneamente con el voto por procuración legalmente reconocido. El voto familiar se refiere a la situación en la que los jefes de familia (a menudo familia extensa y, generalmente, jefes de familia varones) influyen en el voto de otros miembros de la familia. Se practica comúnmente en jurisdicciones que tienen una tradición de estructuras familiares extensas que permiten al miembro dominante de la familia tomar decisiones importantes o llevar a cabo actividades importantes que afectan a la familia. El voto familiar puede ser una violación grave, especialmente cuando es malicioso, es decir, cuando se lleva a cabo con la intención de influir o eliminar la libertad de elección de un votante. En estos casos, el voto familiar viola el principio central del secreto de voto. [3]

• Cuando el voto familiar es una norma cultural, es posible que el OGE necesite considerar si el personal reclutado como miembros de las mesas de votación en el área local también podría estar bajo presión cultural para permitir el voto familiar o podría estar preocupado por las consecuencias adversas para las mujeres si no lo permiten a su familia controlar su voto. Las siguientes son acciones que pueden implementarse en la gestión de las operaciones de voto. [4]
• Ajustar el código electoral antes de la elección o promulgar instrucciones operativas claramente definidas para proteger el secreto de voto, incluida la prescripción de medidas específicas para el funcionamiento ordenado de los colegios electorales, proporcionando espacio suficiente y cabinas de votación en los colegios electorales, permitiendo solo un votante a la vez en las cabinas y emitiendo boletas de votación una por una.
• Priorizar la capacitación del personal electoral para cumplir con las disposiciones relativas al carácter secreto del voto.
• Llevar a cabo campañas de difusión pública dirigidas a educar a los votantes sobre sus derechos y el carácter secreto del voto, especialmente entre las poblaciones vulnerables, como las mujeres y los votantes analfabetos.
• Promover la confianza y la transparencia asegurando que, una vez que se emita un voto, el OGE protegerá el secreto de los votantes y nunca se revelará su elección. [5]

Ejemplo: La Comisión Electoral del Estado de Macedonia ha desarrollado una estrategia y ha tomado medidas para mitigar la práctica del voto familiar. Como parte de un programa destinado a prevenir el voto familiar, el Comité Estatal de Elecciones emitió una directiva para todo el personal que consideraba que la prevención del voto familiar y por procuración era importante. También publicó una estrategia contra el voto familiar y por procuración con el objetivo de garantizar un marco coherente para poder abordar el problema desde todos los proyectos del gobierno y de los donantes. El marco reconoce que el problema debe tratarse mediante el uso de actividades continuas a lo largo del ciclo electoral. [6]

Votación separada por género

Los centros o las mesas de votación solo para mujeres pueden ser útiles, según el contexto. En algunos países donde el voto familiar o por procuración forzada es un problema, el uso de mesas de votación para mujeres puede impedir que los hombres voten en nombre de las mujeres. En las culturas donde las mujeres no interactúan con hombres que no son parientes, tener un espacio separado con personal femenino para el proceso de votación aumenta el acceso de las mujeres votantes. Cuando las mujeres usan un velo y/o guantes y se les revisa la cara y se toman las huellas dactilares como parte del proceso de identificación el día de la votación, contar con personal femenino y una sala donde solo haya mujeres presentes aumenta la accesibilidad de las urnas. [1]

Las decisiones sobre el uso de centros o de mesas de votación solo para mujeres deben sopesar las ventajas e inconvenientes de dicha elección. Las posibles desventajas pueden incluir: el costo adicional y la complicación involucrada; si las estaciones separadas son efectivas; y si los centros de votación solo para mujeres están sujetos a distintos tipos de fraude y/o violencia. Algunas investigaciones han sugerido que la separación por sexo de los centros o las mesas de votación pueden crear más vulnerabilidad para las mujeres en algunos países. En algunos contextos, es poco probable que se abran centros de votación solo para mujeres durante la jornada electoral, por lo que se privará de derechos a todas las mujeres inscritas para votar en estos lugares, y es posible que se necesiten medidas de protección sólidas. En la encuesta sobre los OGE, cinco de los 35 países consultados (14 por ciento) declararon haber proporcionado equipos y centros de votación sólo para mujeres.[2]

En algunos lugares, los centros de votación pueden ser mixtos, pero se les pide a las mujeres y los hombres que se pongan en filas separadas mientras esperan para votar. El objetivo principal de las filas separadas es responder a las normas de seguridad o culturales y proteger a las mujeres del contacto con los hombres que prohíben los estándares culturales o religiosos. Las filas separadas pueden ser legalmente obligatorias según la ley electoral, adoptadas sistemáticamente por el OGE o implementadas de manera ad hoc a discreción del presidente de la mesa de votación. En la encuesta de los OGE, ocho de los 35 países (23 por ciento) proporcionaron mecanismos de filas separadas para hombres y mujeres en los centros de votación.[3]

Ejemplo: En Bahréin, hay un área separada en cada centro de votación para mujeres.[4]

Ejemplo: Chile Utiliza lugares de votación separados para hombres y mujeres. En los pocos centros de votación mixtos, hombres y mujeres colocan sus papeletas en cajas separadas.[5]

Ejemplo: Egipto usa centros de votación separados en algunas áreas. También se pueden usar filas separadas en los centros mixtos. [6]

Ejemplo: Kuwait ha separado los centros de votación para hombres y mujeres. [7]

Ejemplo: Pakistán utiliza centros de votación separados o mesas electorales separadas en centros de votación combinados. Los centros de votación designados para mujeres son atendidos por personal femenino. La seguridad también está disponible en los centros de votación para mujeres. [8]

Ejemplo: Líbano, Yemen y Jordania utilizan centros de votación separados. [9]

Para obtener más información sobre este tema, consulte el contenido relacionado del proyecto ACE, que incluye:

• La respuesta consolidada sobre “Best Practices in Gender-Segregated Voting” (disponible en inglés).
• La respuesta consolidada sobre “Systems with separate polling stations for men and women” (disponible en inglés).

 

 

 

 

 

Reglamentos sobre el voto de las personas desplazadas

Se estima que tres cuartas partes de las personas desplazadas en situaciones de conflicto son mujeres. Después de un desastre natural, al menos la mitad de las personas desplazadas probablemente sean mujeres. Por lo tanto, la cuestión de los refugiados y las personas desplazadas internamente también son importantes cuestiones de género. Los “Principios Rectores de los Desplazamientos Internos” de las Naciones Unidas incluyen el derecho de los desplazados internos a votar y tener acceso a los medios necesarios para ejercer este derecho. Las disposiciones para el voto ausente son a menudo fundamentales para garantizar que los desplazados internos puedan votar, ya sea en el área donde viven normalmente o en la que viven actualmente. Para algunas poblaciones grandes de refugiados, facilitar la provisión de votos fuera del país puede ser un elemento clave de un proceso de paz y una condición para cualquier solución política. [1]

Ejemplo: En Bosnia y Herzegovina, para apoyar a los desplazados internos en la primera elección posterior al conflicto, no se requirió que los votantes depositaran su voto en un centro de votación en particular y se distribuyó un padrón final de votantes en todo el país a todos los centros de votación. [2]

Ejemplo: En Kosovo, en la primera elección posterior al conflicto, los desplazados internos podían optar por emitir su voto en el municipio donde vivían actualmente o en su municipio original. [3]

Ejemplo: En Sierra Leona, se estableció un procedimiento especial para la “transferencia de votos”, que permitía a los refugiados y a las personas desplazadas internamente registrarse en un lugar y votar en otro para adaptarse al momento de la elección dependiendo de sus movimientos, desde los campamentos hasta el reasentamiento. [4]

 

Procedimientos especiales de identificación

La identificación de los votantes se lleva a cabo en dos etapas del proceso electoral: “primero durante la inscripción en el padrón electoral para establecer el derecho de voto, y luego, en el momento de la votación, para permitir que un ciudadano ejerza su derecho de voto al verificar que la persona cumple todos los requisitos necesarios para votar”. [1] Los OGE pueden tomar disposiciones generales o adoptar medidas especiales para garantizar que todos los votantes puedan identificarse correctamente durante la jornada electoral, incluidos grupos específicos de personas que pueden enfrentar desafíos durante el proceso de identificación, como mujeres que llevan velo y los votantes transgénero.

Los procedimientos de identificación invasiva durante la jornada electoral pueden ir en contra de las creencias religiosas de las mujeres que usan velo y pueden hacerles sentir que su dignidad ha sido dañada. En varios países, los OGE establecen procedimientos de identificación para garantizar que las mujeres que usan velo puedan ejercer su derecho a votar con dignidad.

Ejemplo: En Palestina, donde no hay centros de votación separados para hombres y mujeres, cualquier mujer que lleve velo puede presentarse delante de cualquier oficial de votación para verificar su identidad. Si no hay mujeres oficiales de votación presentes, el personal puede pedirle a cualquier mujer en el centro de votación que le ayude en el proceso. [2]

Ejemplo: En Australia, los votantes indican su nombre y dirección, que se verifica en el padrón electoral. Al registrarse, los votantes deben indicar el número de identificación que se muestra en su identificación (que normalmente contiene una fotografía) pero no hay ningún requisito para mostrar la tarjeta de identificación. Esto podría aumentar la preocupación de que la gente “robe” la identidad de otro votante para evitar que este emita su voto. Dichos asuntos se tratan mediante una serie de métodos, por ejemplo, mediante la emisión de boletas especiales. [3]

Para obtener más información sobre este tema, consulte la respuesta consolidada del Proyecto ACE “Identification of voters wearing a veil” (disponible en inglés).

Los procedimientos de identificación en los centros de votación durante la jornada electoral también pueden ser un motivo de preocupación para los votantes transgénero, considerando que su identidad de género actual no siempre coincide con la de sus documentos de identidad oficiales. En algunos países, los OGE han adoptado procedimientos y prácticas especiales para promover la participación de los votantes transgénero e intersexuales en el proceso electoral, asegurando un proceso de identificación inclusivo. Estas medidas deben analizarse teniendo en cuenta el marco más amplio de la legislación y las políticas nacionales sobre identidad de género.

Ejemplo: En México, el protocolo Trans del Instituto Nacional Electoral (INE) incluye disposiciones para garantizar que las personas transgénero puedan ejercer plenamente su derecho de voto. “Todas las personas ciudadanas trans que tengan Credencial para Votar vigente y estén inscritas en la Lista Nominal de Electores podrán emitir su voto el día de la elección. […] En ningún caso la falta de concordancia entre la expresión de género del o de la votante con la fotografía de la Credencial para Votar, o bien con el nombre o el sexo (hombre o mujer) asentados en ella podrá ser causa para impedir el voto. […] Si existió oposición para que la persona trans votara, por parte de alguna persona autorizada para estar presente en la casilla, se deberá asentar esta situación en la hoja de incidentes […]”. Un tríptico impreso debe estar disponible en todos los centros de votación, mostrando las medidas de igualdad para promover el derecho efectivo de votar de las personas trans. Si resulta necesario, los oficiales de votación pueden hacer uso de este folleto impreso. [4]

Ejemplo: En Canadá, las personas cuya apariencia no coincida con su foto de identificación deben poder votar, siempre que su nombre y dirección en la identificación coincidan con los inscritos del padrón electoral. Además, no es obligatorio mostrar una identificación con fotografía que incluya clasificaciones de sexo. Hay otras opciones de identificación disponibles para los votantes, como tarjetas de crédito, expedientes académicos escolares o facturas de servicios públicos, entre otras, [5]  para que las personas transgénero cuyo nombre no coincida con el que figura en la identificación o que no hayan cambiado su clasificación de género puedan efectivamente participar y emitir su voto. Además, si los votantes usan dos documentos de identificación con diferentes clasificaciones de sexo, aún pueden votar, siempre que su nombre y dirección coincidan con los inscritos en el padrón electoral.[6] Las personas transgénero preocupadas por ser discriminadas públicamente pueden decidir votar por correo o por adelantado en su oficina electoral, en lugar de votar en su centro de votación local.

Ejemplo: En las elecciones presidenciales de 2014 en El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral manifestó en una declaración institucional que “todas las personas LGBTI, en particular la población transgénero, tienen derecho a ejercer su voto, siempre que sus características físicas sean inequívocas en su identificación, su fotografía y su nombre social asignado coincidan en su número de identificación y el padrón electoral, su firma coincida con la de su identificación y cumplan con las disposiciones contenidas en el artículo 196 del Código Electoral, relativo al proceso de votación”.[7] En las elecciones legislativas y locales de 2018, el manual de capacitación para miembros de mesas de votación establece que “a las personas trans no se les debe negar el derecho de votar cuando su fotografía de identificación no coincide con su apariencia física. Debería ser suficiente que los funcionarios electorales verifiquen sus características físicas y si existe una correspondencia entre el nombre, el número y la firma en la identificación con respecto a los datos del padrón electoral”. [8]

Igualdad de género en los mecanismos de resolución de conflictos y revisión judicial de las elecciones

Los OGE o los organismos responsables del contencioso electoral deben garantizar que las mujeres comprendan los mecanismos de resolución de disputas electorales, a través de campañas de educación electoral o sesiones de concientización, y garantizar el acceso de las mujeres a las quejas y apelaciones, incluyendo los mecanismos de justicia informal o alternativa. Las mujeres también deben participar en los mecanismos de resolución de conflictos y debe evitarse la discriminación de género.[1]

Además, en algunos países, el poder judicial desempeña un papel importante en la supervisión del proceso electoral, como una garantía de que los OGE y otros actores relevantes respeten las disposiciones legales y constitucionales. Esto puede tener implicaciones concretas en términos de igualdad de género y participación de las mujeres, como se muestra en el caso de Kenia.

Ejemplo: La Comisión Electoral de Zambia (ECZ) establece Comités de Gestión de Conflictos para abordar las quejas y las disputas electorales. Tanto a nivel nacional como de distrito, los Comités de Gestión de Conflictos organizan foros para escuchar las quejas de las candidatas y las votantes. Pueden imponer sanciones en caso de violación de las normas electorales. [2]

Ejemplo: En Kenia, la Constitución de 2010 reconoció una cuota de género del 30 por ciento, otorgando al parlamento hasta agosto de 2015 para la promulgación de la legislación necesaria para que esta medida sea efectiva, un plazo que se extendió por un año sin que se aprobara ninguna legislación. En marzo de 2017, la Corte Suprema de Kenia se pronunció sobre la implementación de la cuota, dando al parlamento 60 días para aprobar una ley que garantice la aplicación de la disposición constitucional, so pena de ser disuelto en caso contrario. Este fallo fue emitido como respuesta a la petición de grupos de derechos humanos para obligar al parlamento a promulgar la ley antes de una elección general en agosto del mismo año, argumentando que la falta de cumplimiento del requisito constitucional de la cuota de género conllevaría una crisis constitucional. No se aprobó ninguna ley después de este fallo y algunos parlamentarios denunciaron el fallo como un ataque a la independencia del parlamento.[3]

 

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Las organizaciones internacionales y nacionales de observación electoral pueden integrar la perspectiva de género a través del trabajo de sus miembros, investigando las barreras que dificultan la participación de las mujeres en el proceso electoral y las medidas adoptadas por los actores relevantes para superar estos obstáculos. El enfoque de género se puede incorporar en la observación electoral, ya sea a través de la observación integral de elecciones o mediante esfuerzos de observación específicos dirigidos a la participación de las mujeres en el proceso electoral. Una composición de los equipos de observación con equilibrio de género es clave para promover el principio de igualdad en este campo. Considerar la temática de la participación de las mujeres en los informes de observación, incluidos los informes finales y las recomendaciones, también puede contribuir a mejorar la participación política de las mujeres. Además, la observación de elecciones puede abordar la participación de las personas LGBTI y evaluar su acceso al proceso electoral, identificando la legislación y las prácticas discriminatorias sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género, y haciendo recomendaciones para fomentar la inclusión política de esta comunidad.  

 

 

Desarrollar un enfoque de género en la observación electoral internacional y nacional

La observación electoral puede contribuir al desarrollo democrático a través de la recopilación de información sobre el proceso electoral, la evaluación de su calidad considerando el marco legal nacional y las normas internacionales, y la emisión de recomendaciones constructivas para mejorar las elecciones en el futuro. Puede ser fundamental para disuadir el fraude y las malas prácticas al exponer esos problemas si ocurren, así como para aumentar la credibilidad del proceso al generar confianza entre los actores relevantes. La observación de elecciones consiste en:

“ […] la evaluación independiente, sistemática y global de los marcos normativos, instituciones, procesos y el contexto político relacionados con las elecciones; el análisis imparcial, exacto y oportuno de sus hallazgos; determinaciones sobre los hallazgos, con base en los más altos estándares éticos de imparcialidad y exactitud; la presentación de recomendaciones apropiadas para lograr elecciones democráticas auténticas; y la incidencia para mejorar los marcos normativos electorales y su implementación por la administración electoral, así como la eliminación de impedimentos que impidan la plena participación de la ciudadanía en los procesos políticos y electorales”.[1]

Si bien los observadores electorales creíbles, nacionales e internacionales, comparten el objetivo común de contribuir al fortalecimiento de la democracia, existen algunas diferencias fundamentales entre ellos. Los observadores nacionales suelen tener un conocimiento profundo de su país y la situación política, y con frecuencia pueden movilizar a un mayor número de voluntarios, lo que conlleva menores costos de despliegue y un mayor alcance. También tienen mayor capacidad para llegar a lugares remotos a los que los observadores internacionales no pueden acceder. Los observadores internacionales, por otro lado, generalmente tienen metodologías bien establecidas y conocimientos comparativos de elecciones en otros países. También atraen más atención de los medios de comunicación y las autoridades nacionales, y en contextos represivos, normalmente tienen más libertad que los observadores nacionales para informar sobre sus hallazgos sin temor a represalias. [2]

En las últimas décadas, la observación electoral ha comenzado a integrar una perspectiva a largo plazo, en lugar de centrarse exclusivamente en las operaciones y procedimientos de la jornada electoral. Existe un consenso cada vez mayor sobre el hecho de que la observación de las elecciones no solo debe considerar la jornada electoral, sino también otras etapas clave del proceso, como el marco legal, el empadronamiento de votantes, la verificación de resultados o el contencioso electoral, entre otros. Si bien no existe un modelo único para todas las misiones de observación de elecciones, la estructura de estas se puede articular en diferentes niveles, de acuerdo con los requisitos de cada organización y la evaluación de las necesidades. En primer lugar, el equipo central o el grupo de expertos pueden analizar la información disponible, escribir informes y hacer recomendaciones de mejora. En segundo lugar, los observadores de larga duración pueden ser desplegados en diferentes áreas de responsabilidad, con el fin de recopilar información sobre el proceso electoral a través del territorio nacional. Las misiones nacionales e internacionales de observación de elecciones integran cada vez más observadores a largo plazo en su estructura, lo que permite un alcance más amplio de la observación que integra diferentes etapas del ciclo electoral. Por último, los observadores de corta duración pueden ser desplegados por un período más corto, si es necesario, para observar la integridad de los procedimientos y las operaciones durante la jornada electoral.

Los esfuerzos de observación de elecciones también pueden “mejorar la implementación de los derechos humanos de las mujeres y ayudar a incrementar su participación en los procesos electorales. Una observación exhaustiva debe incluir una evaluación de cómo todos los elementos de un proceso electoral afectan tanto a las mujeres como a los hombres. En cambio, los esfuerzos de observación enfocados pueden centrarse específicamente en los aspectos relativos a la participación de las mujeres en las elecciones”.[3] Si bien la inclusión de un experto en género en la estructura de la misión se considera una buena práctica en la observación de elecciones, la mayoría de las misiones integran las cuestiones de género en su trabajo, de manera tal que todos sus miembros, desde sus respectivos campos de acción, son responsables de evaluar cómo las elecciones afectan a hombres y mujeres. A la luz de las buenas prácticas, “las misiones de observación de elecciones deben:

•  Asegurar el equilibrio de género en su composición;
• Abordar las cuestiones de género y evaluar las elecciones desde una perspectiva de género;
• Recibir capacitación sobre cuestiones de género y sobre los derechos electorales de las mujeres; […]
• Llamar la atención sobre los puntos críticos del proceso electoral en los que las mujeres pueden estar en desventaja, incluso a través de fraude electoral en el que los hombres votan varias veces, supuestamente en nombre de sus familias;
• Al proporcionar una evaluación general de una elección, dar gran peso a la medida en que las mujeres han podido ejercer sus derechos;
• Recolectar datos desagregados por sexo sobre el proceso electoral;
• Hacer recomendaciones sobre mejoras electorales que conduzcan a una mayor participación política de las mujeres ”. [1]
• Recopilar datos e información sobre incidentes de violencia contra las mujeres en la política y las elecciones. [2]

 

Promover la participación de las personas LGBTI mediante la observación electoral

Las personas LGBTI a menudo enfrentan numerosos obstáculos para ejercer plenamente sus derechos de participación en el proceso electoral. En diferentes países, las organizaciones de observación electoral, tanto nacionales como internacionales, se han esforzado por identificar las barreras a la participación efectiva de esta comunidad, documentar la legislación y las prácticas discriminatorias, y formular recomendaciones para fomentar su inclusión política. Además, las personas LGBTI también pueden participar en el proceso electoral como observadores electorales.

Ejemplo: Las misiones de observación electoral de la Unión Europea ocasionalmente abordan la participación de personas LGBTI en las elecciones, incluyendo referencias a este tema en sus declaraciones preliminares e informes finales. En Honduras, el informe final de la Misión de 2017 dio cuenta de la discriminación y la violencia contra los miembros de la comunidad LGBT y de la existencia de candidaturas LGBT en las elecciones internas y al PARLACEN. También señaló el caso de una candidata trans que no tuvo la oportunidad de cambiar su nombre en la papeleta de voto para que este correspondiera a su identidad de género real.[1] El informe final de la Misión 2018 en El Salvador abordó las candidaturas LGBT, la violencia contra la comunidad LGBT y los esfuerzos del OGE para promover el voto de las personas transgénero. [2]

Ejemplo: En México, el Instituto Nacional Electoral estableció un protocolo para mejorar la participación de los votantes transgénero en las elecciones de 2018.[3] Las organizaciones de la sociedad civil Organización Fuerza Ciudadana AC y Espacio Progresista desplegaron observadores nacionales en los centros de votación durante la jornada electoral, para monitorear y evaluar la implementación del Protocolo Trans. La comunidad transgénero también tuvo la oportunidad de participar en estos esfuerzos de observación de elecciones, al convertirse en observadores nacionales. Organización Fuerza Ciudadana AC se beneficia del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral, una iniciativa lanzada por el PNUD y los OGE de México para mejorar la transparencia de la observación electoral nacional.[4]

Ejemplo: En la segunda ronda de las elecciones presidenciales guatemaltecas de 2015, Acción Ciudadana y la Red Multicultural de Mujeres Trans desplegaron observadores electorales en la Ciudad de Guatemala y otros municipios vecinos, para identificar los obstáculos que restringen la participación de las mujeres transgénero en el proceso de votación. Su informe contiene recomendaciones concretas para promover la participación electoral efectiva de esta comunidad. [5]

Ejemplo: En Pakistán, la Red de Elecciones Libres y Justas (FAFEN) reclutó a 25 personas transgénero como observadores electorales para las elecciones generales paquistaníes de 2018, para monitorear las violaciones de los derechos humanos, la violencia y la discriminación contra los grupos sociales marginalizados en el proceso electoral. [6]

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A pesar de su potencial para promover la participación política de las mujeres al enfatizar su papel clave en la democracia, los medios de comunicación a menudo presentan estereotipos de género sobre las mujeres a través de imágenes negativas y menospreciativas, lo que contribuye a su exclusión de la esfera política. Esto tiene un impacto desfavorable en las mujeres políticas y candidatas, que a menudo se presentan como líderes débiles, con un enfoque en su apariencia física o en su vida familiar, en lugar de centrarse en sus opiniones y propuestas políticas. Las iniciativas de monitoreo de medios pueden ayudar a identificar sesgos contra las mujeres en los medios de comunicación y a evaluar la calidad y la pluralidad de la cobertura electoral. El desarrollo de capacidades y la formación para periodistas y profesionales de los medios también pueden mejorar sus habilidades y promover la integración de la perspectiva de género en el oficio periodístico, apoyando la igualdad de género en la cobertura que realizan los medios de las elecciones. Además, la integración de disposiciones sobre igualdad de género en los códigos de conducta de los medios de comunicación en las elecciones puede contribuir a evitar estereotipos perjudiciales para las mujeres políticas e integrar las voces de las mismas en el debate público. Las redes sociales se han convertido en una plataforma de comunicación clave en las competencias electorales. Las redes sociales ofrecen a las mujeres políticas la oportunidad de ganar visibilidad y expresar sus ideas políticas ante el electorado, pero al mismo tiempo a menudo contribuyen a la reproducción de los estereotipos de género y perpetúan la violencia contra las mujeres en la política y las elecciones.

 

 

 

Para obtener más información sobre este tema, consulte el área temática del proyecto ACE Elecciones y Medios de comunicación.

Género, medios de comunicación y elecciones: censura y estereotipos de género

Las desigualdades de género en la sociedad a menudo encuentran eco en los medios de comunicación, con representaciones estereotipadas de hombres y mujeres, así como una menor presencia de mujeres entre el personal de las empresas de comunicación, especialmente en puestos directivos. Las investigaciones recientes sobre la representación de las mujeres en el contenido, el personal y la gestión de los medios de comunicación muestran tendencias preocupantes.

El Informe global sobre el estado de las mujeres en los medios de comunicación de noticias (The Global Report on the Status of Women in the News Media, disponible en inglés), publicado por la International Women’s Media Foundation en 2011, examinó más de 500 empresas de medios de comunicación en 59 países, lo que mostró que “los hombres ocupaban la mayoría de los puestos de trabajo de gestión y recopilación de noticias en la mayoría de los países”. Esta investigación mostró que los hombres ocupaban el 73 por ciento de los puestos de alta dirección y el 64 por ciento de los puestos de periodista. Además, el informe identificó techos de cristal para mujeres en 20 de 59 países, más comúnmente en los niveles de gerencia media y superior. Las mujeres periodistas a menudo sufren de discriminación y estereotipos de género dentro de los medios de comunicación y tienden a tener poca influencia en el contenido de la cobertura. Los editores con la última palabra sobre el contenido de las noticias tienden a ser en su mayoría hombres y, en algunos contextos, los periodistas se esfuerzan por obtener la aprobación para que se publique su contenido sobre igualdad de género. [1]

Respecto a la representación de las mujeres en el contenido mediático, el Proyecto Global de Monitoreo de Medios (The Global Media Monitoring Project, GMMP por sus siglas en inglés) mostró que en 2015 las mujeres solo representaron “el 24 por ciento de las personas que fueron leídas, escuchadas o vistas en noticias de periódicos, televisión o radio”. Entre los roles en los que se representaba a las personas en las noticias, las mujeres rara vez aparecían como expertas (19 por ciento de todos los expertos), portavoces (20 por ciento), protagonistas (26 por ciento) o testigos oculares (30 por ciento), y también estaban subrepresentadas al compartir opiniones populares (37 por ciento) y contar su experiencia personal (38 por ciento). Además, el estudio mostró que el 16 por ciento de las mujeres que aparecían en las noticias eran retratadas como víctimas. [2] La siguiente tabla, extraída de esta investigación, muestra los principales hallazgos del GMMP para el año 2015 (disponible en inglés).

 

 

 

Teniendo en cuenta estos datos, “parece que por la subrepresentación de las experiencias y de las voces de las mujeres en los medios de comunicación, estos se convierten en un actor poderoso en la censura de las mujeres, y no solo en un mensajero indirecto, ni simplemente en un espejo pasivo que refleja los valores y las normas de la sociedad”.[3] Las voces de las mujeres son silenciadas por los medios simplemente porque son mujeres, lo que socava los principios de pluralidad y diversidad. La subrepresentación de las mujeres en el contenido de los medios muestra que “la censura de género sigue siendo una realidad evidente en ausencia de voces plurales”.[4]

Las personas LGBTI en general también están subrepresentadas en los medios de comunicación, y a menudo se las retrata a través de la lente de los estereotipos dañinos. El Informe de Diversidad en los Medios 2018 (2018 Diversity Media Report), que monitoreó las noticias de televisión de diferentes canales italianos durante el año 2017, concluyó que de las 50.803 noticias analizadas, solo 291 cubrían temas, personas o eventos LGBTI, representando apenas el 0,57 por ciento del total de la muestra. Esta información muestra un aumento menor en la representación de los medios LGBTI, ya que durante el período comprendido entre 2005 y 2014, las noticias relacionadas con temas, personas o eventos LGBTI representaron en promedio un 0,3 por ciento de la muestra total. Los hallazgos de este estudio también mostraron que el tema más común en las noticias sobre cuestiones LGBTI fue el crimen y la violencia que involucran a miembros de esta comunidad, lo que representa el 45 por ciento de las noticias registradas sobre cuestiones LGBTI. Los casos de discriminación homofóbica y transfóbica recibieron atención limitada, representando el 14 por ciento de las noticias analizadas sobre la temática LGBTI.[5]

En contextos electorales, el principio de pluralidad es de suma importancia para la cobertura mediática, ya que el derecho de los ciudadanos a obtener información precisa e imparcial implica que todos los actores políticos deberían poder expresar sus opiniones a través de los medios de comunicación, incluidas las mujeres. Sin embargo, los estereotipos y prejuicios de género en la cobertura que realizan los medios de comunicación afectan negativamente a las mujeres políticas y candidatas, lo que contradice el principio de igualdad de trato. Los estereotipos mediáticos de las mujeres en la política contribuyen a crear y apoyar una cultura política que las excluye, socavando su participación y representación política real en los órganos de toma de decisiones. Con frecuencia, su visibilidad se minimiza, como lo muestra un informe del Consejo de Europa de 2017: “las candidatas reciben comparativamente menos atención de los medios que sus homólogos masculinos”. Este estudio también revela que “las mujeres políticas reciben más atención sobre su apariencia, sexo, vida privada y vida familiar en comparación con los hombres” y, a menudo, se las presenta como líderes débiles.[6] Debido a la atención innecesaria hacia la vida privada de las candidatas, que los candidatos masculinos tienden a no recibir en la misma medida, las aspirantes mujeres pueden ser desalentadas a postularse para el cargo. Esta tendencia también se puede observar en otros contextos regionales.

Los medios de comunicación también pueden tener un papel importante en la creación de una opinión pública positiva sobre la participación de las mujeres en la vida política y pública. Según la Unión Interparlamentaria, los medios de comunicación pueden “prestar atención para evitar presentar imágenes negativas o menospreciativas de las mujeres y su determinación y capacidad para participar en la política, destacando la importancia del papel de las mujeres en la vida económica y social y en el proceso de desarrollo en general”. [7]

Los actores electorales clave pueden tomar medidas para promover una cobertura mediática sensible al género del proceso electoral, mejorando su inclusión y pluralidad. Se puede utilizar una amplia gama de estrategias para promover una cobertura de medios inclusiva.

 

• El monitoreo de los medios sensible al género puede ayudar a identificar las desigualdades entre hombres y mujeres en la cobertura de las elecciones, cuantificando el espacio y el tiempo recibido por los candidatos hombres y mujeres, así como la importancia dada a la igualdad de género entre otras cuestiones programáticas.
• Las iniciativas de formación y de fortalecimiento de capacidades dirigidas a periodistas y profesionales de los medios de comunicación pueden contribuir a crear conciencia sobre la importancia de la igualdad de género en las elecciones y ayudarles a mejorar sus habilidades en la presentación de informaciones desde una perspectiva de género.
• Los códigos de conducta para los medios de comunicación en las elecciones pueden integrar disposiciones sobre la igualdad de género, involucrando a periodistas y profesionales de los medios en la construcción de una cobertura mediática inclusiva a lo largo del ciclo electoral.

 

Monitoreo sensible al género de los medios que cubren el proceso electoral

El monitoreo de los medios de comunicación que cubren las elecciones permite identificar las diferencias en el tratamiento de los candidatos masculinos y femeninos y evaluar la importancia que se otorga a la igualdad de género entre todos las demás temáticas programáticas discutidas durante la campaña. Los siguientes dos estudios, realizados por IDEA Internacional y ONU Mujeres, ofrecen perspectivas metodológicas y análisis de casos específicos de las iniciativas de monitoreo de medios con un enfoque de género durante las campañas electorales.

La publicación “Mirando con perspectiva de género la cobertura electoral: Manual de monitoreo de medios”, desarrollado por IDEA Internacional y ONU Mujeres en 2011, ofrece una herramienta metodológica para monitorear la cobertura del proceso electoral realizada por los medios desde una perspectiva de género. El objetivo del estudio es “cuantificar la cobertura de prensa de las campañas electorales en América Latina mediante un análisis con perspectiva de género que permita identificar las diferencias y desigualdades en dicha cobertura o en el tratamiento otorgado a candidatos hombres y mujeres, así como la importancia asignada a los temas de igualdad de género en relación con otros debatidos en la campaña”. La metodología de la investigación también permite la identificación de sesgos en la información que favorece o perjudica a ciertos candidatos, así como los estereotipos de género en las noticias. La naturaleza cuantitativa del análisis implica que se mide el espacio informativo dedicado a las personas y a los problemas que aparecen en una noticia. El manual ofrece algunos ejemplos de monitoreo de medios en las elecciones desde una perspectiva de género, incluidos los casos de Perú y Uruguay.[1]

El estudio de 2012 “Ojos que no ven: cobertura mediática y género en las elecciones latinoamericanas”, realizado por ONU Mujeres e IDEA Internacional, presenta los resultados de los análisis de monitoreo de medios con perspectiva de género durante las campañas electorales en ocho países diferentes de América Latina, incluidos Bolivia (2009), Chile (2010), Costa Rica (2010), Colombia (2010), República Dominicana (2010), Perú (2011), Guatemala (2011) y Argentina (2011). La metodología fue principalmente cuantitativa, basada en la medición del espacio o del tiempo ocupado por personas o temas en las noticias, con algunas características cualitativas que permitieron evaluar el tono de la historia, el género periodístico y el soporte gráfico. Los análisis de monitoreo de medios se realizaron durante los 30 días que precedieron a las elecciones, considerando una muestra nacional de medios públicos y privados con altos niveles de audiencia y pluralidad ideológica.[2]

Los hallazgos de este estudio regional muestran que la igualdad de género se ubicó en una posición baja entre todas las cuestiones programáticas debatidas durante la campaña, por debajo del 2 por ciento en la mayoría de los casos, con la excepción de Chile, donde esta temática llegó al 5,1 por ciento de cobertura. En lo que respecta al tratamiento de las candidaturas en los medios, en siete de los ocho países, la cobertura de los medios a las candidatas fue inferior a la proporción de candidaturas ocupadas por mujeres. En Guatemala, donde el 25 por ciento de todas las candidaturas correspondieron a mujeres, la cobertura de los medios para las candidatas alcanzó solo el 12,8 por ciento; en Bolivia, donde había 47 por ciento de mujeres candidatas, su cobertura fue de solo 20,6 por ciento; en Argentina, el 36 por ciento de todas las candidaturas eran de mujeres y estas recibieron el 18,9 por ciento de la cobertura de los medios; en Perú, las mujeres obtuvieron el 34 por ciento de todas las candidaturas, recibiendo el 25,7 por ciento de la cobertura de los medios; en Costa Rica, el 50 por ciento de los candidatos eran mujeres, recibiendo el 38,3 por ciento de la cobertura; en República Dominicana, el 36 por ciento de todos los candidatos eran mujeres, recibiendo el 19,9 por ciento de la cobertura; en Colombia, las mujeres ocuparon el 20 por ciento de todas las candidaturas y recibieron el 18,3 por ciento de la cobertura. Solo en Chile, la cobertura de los medios de comunicación recibida por las candidatas fue mayor que la representación femenina entre los candidatos, con el 16 por ciento de las candidatas que recibieron el 18 por ciento de la cobertura de los medios.

Ejemplo: Durante las elecciones legislativas de 2006 en Perú, un estudio realizado por IDEA Internacional y la Asociación Civil Transparencia mostró que las candidatas solo obtuvieron el 19 por ciento de la cobertura de los medios impresos, el 22 por ciento de la cobertura de televisión y el 26 por ciento de la radio, a pesar de dar cuenta del 39 por ciento de las candidaturas al Congreso. Entre los problemas programáticos, la igualdad de género representó un porcentaje muy limitado de la cobertura de los medios, con menos del 2 por ciento en medios impresos, televisión y radio. [3]

Ejemplo: En las elecciones nacionales de 2004 en Uruguay, el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República realizó un análisis de los medios de comunicación, en colaboración con la Comisión Nacional de Seguimiento de Mujeres para la Democracia, la Equidad y la Ciudadanía. Según sus hallazgos, solo el 3,8 por ciento de las figuras políticas presentadas en los medios de comunicación eran mujeres, frente al 96,3 por ciento de hombres. Durante las elecciones generales de 2009, el mismo instituto realizó un estudio similar en colaboración con el Cotidiano Mujer, que reveló que las mujeres candidatas solo obtuvieron el 13,6 por ciento de las apariciones en las noticias de la campaña, a pesar de que representaron el 22,6 por ciento de todas las candidaturas. La categoría “género e interés de las mujeres” alcanzó el 3,5 por ciento de las temáticas programáticas analizadas. [4]

Ejemplo: En Túnez, el Grupo de Trabajo Árabe para el Monitoreo de los Medios realizó un monitoreo de medios con un enfoque de género en el marco de las elecciones de 2011 a la Asamblea Constituyente, en asociación con la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas y otras ONGs. Los resultados de este análisis mostraron que las mujeres candidatas solo recibieron el 6,6 por ciento de la cobertura en la prensa escrita, el 8 por ciento en la radio y el 10,9 por ciento en la televisión. [5]

Formaciones de género para periodistas

Las iniciativas de formación y de desarrollo de capacidades sobre la cobertura mediática de las elecciones pueden contribuir a promover la igualdad de género, sensibilizando a los periodistas sobre su papel “como agentes de cambio social para la construcción de sociedades más equitativas, y ayudarlos a alejarse de visiones de la realidad que resaltan lo masculino y no muestran la presencia y aportes de las mujeres en todos los ámbitos de la vida en sociedad”.[1] La sociedad civil nacional, las autoridades y los socios internacionales a menudo han organizado capacitaciones sobre género, medios de comunicación y elecciones para promover una cobertura mediática del proceso electoral sensible al género, la lucha contra los estereotipos de género y los prejuicios contra las mujeres.

Ejemplo: En el período previo a las elecciones locales de 2015 en Timor Leste, Search for Common Ground organizó un taller sobre información sensible al género, en colaboración con la Asociación de Hombres contra la Violencia y ONU Mujeres. Un total de 20 periodistas de radio de todo el país participaron en esta iniciativa. Los participantes se comprometieron a entrevistar a los miembros de la comunidad después de la capacitación, incluidas las candidatas a las elecciones de succo (aldea). [2]

Ejemplo: En el proceso electoral de 2013 en Madagascar, la Comisión Nacional Electoral Independiente para la Transición (CENI-T) organizó una serie de talleres de tres días para periodistas, en colaboración con el PNUD, UNESCO, Medios en Acción para la Formación (MAF) y la Agencia Nacional de Noticias (ANTA). El objetivo principal de esta iniciativa fue “profundizar las habilidades profesionales y éticas de los periodistas de la prensa escrita, la radio y la televisión”. Un total de tres talleres se llevaron a cabo en todo el país, en las ciudades de Antsirabe, Mahajanga y Fianarantsoa. Las sesiones de capacitación cubrieron las temáticas de ética de los medios, el papel de los medios en el proceso electoral, la prevención de conflictos y el género, los medios y las elecciones.[3]

Ejemplo: En Jordania, el Instituto de Medios de Jordania organizó en 2013 un foro abierto de cinco días dirigido a periodistas y profesionales de los medios, en colaboración con la UNESCO. A través de debates abiertos, los participantes discutieron “temas tales como una revisión de las prácticas democráticas y electorales en Egipto y el Líbano en comparación con Jordania, las leyes electorales de Jordania con respecto a las normas internacionales, las elecciones desde una perspectiva sensible al género y las directrices para una cobertura de las elecciones profesional e independiente”.[4]

Ejemplo: En el período previo a las elecciones locales de 2018 en Sri Lanka, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) organizó una capacitación de dos días sobre principios de información periodística sobre elecciones para 37 periodistas de todo el país. Este taller permitió a los participantes analizar el nuevo marco legal para las elecciones locales, explorar los principios de cobertura electoral y examinar los aspectos clave de la información periodística con perspectiva género.[5]

Ejemplo: La organización de la sociedad civil Gender Links ha realizado capacitaciones sobre género, medios de comunicación y elecciones en la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC), en la República Democrática del Congo, Botsuana, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Tanzania. Esta iniciativa tiene como objetivo cerrar las brechas entre las mujeres políticas y los medios de comunicación, “uniéndolas para deliberar sobre la naturaleza de género de la cobertura de las elecciones”.[6]

 

Disposiciones relacionadas con el género en los códigos de conducta para los medios de comunicación en las elecciones

Los códigos de conducta para los medios de comunicación en las elecciones brindan a los periodistas y a los medios de comunicación principios y directrices clave para la cobertura del proceso electoral. En algunos casos, incluyen disposiciones sobre la igualdad de género, que exigen a los periodistas y profesionales de los medios que abandonen los estereotipos de género y promuevan la información sensible al género, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de hombres y mujeres 

Ejemplo: El código de conducta propuesto por IDEA internacional sobre los medios de comunicación y las elecciones reconoce el papel de los medios como plataforma para la educación de los votantes, estableciendo que “la educación de los votantes incluirá programas en idiomas minoritarios y programas dirigidos a grupos que tradicionalmente pueden haber sido excluidos del proceso político, como mujeres y personas con discapacidad”. Una disposición similar también se integró en el Código de conducta de la Junta Nacional Electoral de Etiopía para la cobertura de elecciones[1]  (2010), que exige que todos los medios proporcionen una educación electoral inclusiva.

Ejemplo: En diferentes países, una serie de códigos de conducta para los medios de comunicación en las elecciones prohíben la incitación a la violencia o el discurso de odio basado en el origen étnico, el género, las ideas políticas o las creencias religiosas, entre otras condiciones. Este es el caso de los códigos de conducta de Lesoto y Zambia, adoptados por sus respectivos OGE, la Comisión Electoral Independiente de Lesoto[2]  y la Comisión Electoral de Zambia.[3] En Tanzania, el Código de conducta de los medios de comunicación para la cobertura electoral [4], adoptado en 2010 por un grupo de editores que se reunieron en un taller, estableció que “Al informar sobre las opiniones de quienes defienden la discriminación o la violencia por cualquier motivo, incluida la raza, el género, el idioma, la religión, las opiniones políticas u otras, y los orígenes nacionales o sociales, los periodistas deben hacer todo lo posible para poner esas opiniones en un contexto claro e informar sobre las opiniones de aquellos contra quienes se dirigen tales sentimientos”.

Ejemplo: En Haití, el Código de ética para los medios de comunicación y los periodistas establece que “los medios de comunicación y los periodistas deben mostrar una sensibilidad particular con respecto al problema de los estereotipos de género. Los medios de comunicación y los periodistas se deben asegurar de que reflejan la igualdad intelectual y emocional de hombres y mujeres. Deben alentar la participación de las mujeres en los medios de comunicación, incluidos los cargos directivos”. Si bien este código de conducta no solo se limita a la cobertura electoral, también puede ser utilizado por periodistas y profesionales de los medios de comunicación cuando estos informan sobre elecciones.[5]

Para obtener más información sobre este tema, consulte la sección sobre “Códigos de conducta para los medios de comunicación durante las elecciones” en el área temática sobre Elecciones y medios de comunicación.

 

Redes sociales y participación política de las mujeres

Las redes sociales en línea se han vuelto cada vez más populares y disponibles, lo que demuestra que “las formas en que las personas se comunican y comparten información han cambiado rápidamente”.[1] Esta profunda transformación del panorama de las comunicaciones ha tenido un impacto en los procesos electorales, al cambiar los canales utilizados por los ciudadanos y los votantes para obtener información, las estrategias de comunicación de los OGE y las plataformas donde los candidatos presentan sus ideas y programas políticos.

Los medios sociales pueden ofrecer a hombres y mujeres un espacio para ejercer su derecho a la libertad de expresión y participar en la vida pública como ciudadanos comprometidos. También ofrece a las mujeres políticas y candidatas una plataforma para presentarse y presentar sus programas políticos ante los ciudadanos. Teniendo en cuenta “su bajo costo y el papel que desempeña la iniciativa personal en su uso”, las redes sociales “pueden servir como igualador para las parlamentarias que de otro modo están en desventaja política”, teniendo el potencial de promover la participación de las mujeres en la política. [2]

De acuerdo con un estudio del Parlamento Europeo de 2013, los nuevos medios de comunicación tienen un potencial impacto positivo en el empoderamiento de las mujeres, permitiéndoles “establecer contactos con otras mujeres, generar confianza en línea y atraer a otras mujeres y a pares a través de estilos y temas que son directamente relevantes y atractivos, y proporcionan una base de poder alternativa que podría ser de interés para los políticos en general”. La comunicación política en línea, especialmente a través de las redes sociales, permite a los políticos tener más control sobre sus propios mensajes, y esto funciona especialmente bien para mujeres no electas o jóvenes, cuya situación hace que sea menos probable que se vean restringidas por el aparato del partido político. [3]

Una encuesta realizada en 2016 por el Foro Global de Mujeres en Parlamentos, Facebook y el Centro Shorenstein sobre Medios, Política y Políticas Públicas de la Escuela Kennedy de Harvard, analizó el uso de las redes sociales por parte de parlamentarias en 107 países. Sus hallazgos mostraron que más del 85 por ciento de las parlamentarias encuestadas usan las redes sociales, especialmente durante el período de campaña. Los hallazgos de esta investigación incluyen información detallada sobre las plataformas en línea más utilizadas, las audiencias más comunes, así como la edad, los ingresos y la maternidad de las parlamentarias que usan las redes sociales. Facebook fue, con mucho, la plataforma más utilizada, siendo utilizada por el 90 por ciento de las parlamentarias encuestadas. La audiencia principal estaba compuesta por votantes, electores y equipos de campaña, seguidos por audiencias de élite, como periodistas y otros políticos. La edad y los ingresos parecen ser factores importantes que determinan el uso de las redes sociales, con un mayor uso entre los encuestados menores de 50 años y entre aquellos con ingresos muy altos o por encima del promedio. La maternidad no fue un factor determinante en el uso de las redes sociales por parte de las mujeres políticas encuestadas, ya que las encuestadas con hijos eran tan activos como el resto. [4]

El uso efectivo de las redes sociales puede ayudar a las candidatas a mejorar sus estrategias de comunicación durante la campaña. Las iniciativas de desarrollo de capacidades y de formación dirigidas a mejorar el conocimiento y las habilidades de las mujeres políticas en las redes sociales pueden fortalecer sus estrategias de comunicación y los planes de alcance al electorado.

Los medios sociales también pueden ser un espacio hostil para las mujeres en la política, con ataques crecientes y restricciones muy limitadas al acoso, la difamación y las amenazas. El anonimato y la impunidad de quienes cometen actos de violencia en línea contra las mujeres impide revertir esta tendencia, pero ciertas estrategias de comunicación pueden ayudar a las mujeres a responder al abuso en línea. En marzo de 2018, ONU Mujeres, el ACNUDH y la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres organizaron en Nueva York una reunión de un grupo de expertos sobre "Violencia contra las mujeres en la política, sus causas y consecuencias”. El informe de esta reunión da cuenta del alcance, la naturaleza y las implicaciones de la violencia en línea contra las mujeres políticas y presenta los enfoques existentes para prevenir y combatir este tipo de violencia. [5]

Ejemplo: En Armenia, el Consejo de Europa brindó capacitación sobre redes sociales a mujeres candidatas, con el propósito de “crear un grupo de expertos [...] capaces de mejorar el conocimiento y las habilidades sobre redes sociales de mujeres candidatas que se pondrán en práctica en las elecciones locales de 2016 y ofrecerles orientación individual si así lo solicitan”. La iniciativa consistió en un taller sobre mujeres en la política y representación en línea, así como una formación de formadores de dos días sobre la comprensión de las redes sociales para mujeres candidatas. Los temas tratados durante estas actividades incluían los principios de las redes sociales, las principales redes sociales, las estrategias para redes sociales y la medición de las redes sociales, entre otros asuntos. [6]

Ejemplo: En los Estados Unidos de América, la organización VoteRunLead brinda capacitación a mujeres candidatas de todos los partidos políticos, abordando el acoso en línea, la violencia y el trolling, entre otros temas. Su directora, Erin Vilardi, sugiere estrategias de comunicación para lidiar con el abuso en línea: “informe a la policía si hay problemas de seguridad, use el humor si es posible [...] y, por último, encuentre la oportunidad de hacer algo más largo, como escribir un artículo de opinión sobre el incidente”. [7]

Ejemplo: En Irak, una serie de campañas de difamación en las redes sociales atacaron a mujeres candidatas durante las elecciones parlamentarias de 2018, como lo denunció el Representante Especial del Secretario General (SRSG) de las Naciones Unidas para Irak. El SRSG instó a los partidos políticos y otros actores relevantes a luchar contra esta práctica dañina, que socava la integridad electoral y la gobernabilidad democrática. [8]

 

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La violencia contra las mujeres en las elecciones (VCME) es un tema poco investigado, en parte debido a la falta de datos y definiciones acordadas en este campo. La VCME es considerada como una forma de violencia que dificulta la realización de los derechos políticos de las mujeres en contextos electorales. Comprende varios tipos de violencia, incluidos el acoso, la intimidación, el abuso psicológico, la violencia sexual y los ataques físicos, dirigidos a mujeres con diferentes roles en el proceso electoral, como votantes, candidatas, miembros del partido, observadoras, administradoras electorales o funcionarias públicas, entre otros. Los actores involucrados en el proceso electoral pueden utilizar una amplia variedad de estrategias para prevenir y mitigar la VCME a lo largo del ciclo electoral, incluido el mapeo y la medición de la VCME, la integración de este componente en la observación de elecciones y el monitoreo de la violencia, las reformas legales y políticas, los procedimientos electorales, el involucramiento de los partidos políticos y la concienciación social sobre este tema.[1] Para fines de recopilación de datos, prevención, monitoreo y formulación de políticas, trabajar en estrecha colaboración con el sector sanitario puede contribuir al éxito de las estrategias de prevención y mitigación de la violencia. Otras formas específicas de violencia electoral basada en el género, como el acoso y los ataques homofóbicos y transfóbicos, tienen un impacto negativo en la participación de las personas LGBTI, lo que socava sus derechos humanos.

Una de las publicaciones clave sobre este tema es la guía del PNUD y de ONU Mujeres de 2017 “Prevenir la violencia contra las mujeres durante las elecciones: una guía de programación”, que ofrece una descripción general sobre las estrategias de prevención y mitigación contra la VCME. Con el propósito de ilustrar estrategias para combatir y prevenir la violencia contra las mujeres, se pueden encontrar ejemplos de buenas prácticas de diferentes países en esta sección, en su mayoría seleccionados de la guía del PNUD y de ONU Mujeres de 2017. [2]

Para obtener más información sobre este tema, consulte el contenido relacionado del proyecto ACE, que incluye:

• La respuesta consolidada “Safeguards Against Violence and Intimidation Against Women Candidates During the Campaign Period” (disponible en inglés).
• La respuesta consolidada “Practices Associated with Combatting Political Violence Against Women” (disponible en inglés).

Conceptos clave sobre la violencia contra las mujeres en las elecciones

Actualmente no hay definiciones comúnmente acordadas sobre el concepto de VCME. El estudio de la violencia contra las mujeres (VCM) y de la violencia de género (VBG) a menudo no ha contemplado la dimensión política. La violencia política y electoral, por otro lado, ha sido apenas analizada desde una perspectiva de género. La falta de definiciones claras de la VCME, así como la ausencia de indicadores estándar para medir su alcance, hace que sea difícil desarrollar un marco integral para el análisis de este problema. Una comprensión más profunda de la VCME requiere explorar definiciones estándar de violencia electoral desde una perspectiva de género y analizar el alcance de las formas específicas de violencia que sufren las mujeres en la esfera política, en comparación con la experiencia de los hombres en la violencia política. A continuación se encuentran algunas definiciones clave sobre estos temas, extraídas de la guía del PNUD y de ONU Mujeres.[1]

• La violencia contra las mujeres (VCM) es la manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres en la vida privada y pública. Se caracteriza por el uso y abuso de poder y control sobre las mujeres, y es una forma de discriminación que viola gravemente y perjudica el disfrute por parte de las mujeres y las niñas de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. La VCM puede ocurrir en diferentes contextos, incluyendo la familia, la comunidad y el Estado.[2]
• La violencia de género (VBG) se refiere a la violencia dirigida contra una persona debido a su género y las expectativas de su papel en una sociedad o cultura. En el contexto de la violencia política y relacionada con las elecciones, el concepto de VCM se usa más comúnmente que la noción más amplia de VBG, que puede incluir otro tipo de violaciones, como el matrimonio infantil o la violencia sexual infantil.[3]
• La violencia contra las mujeres en la política (VCMP) es cualquier acto o amenaza de violencia de género que provoque daños físicos, sexuales, psicológicos o sufrimientos a las mujeres, que les impiden ejercer y hacer realidad sus derechos políticos, ya sea en público o en espacios privados, incluido el derecho a votar y ocupar cargos públicos, votar en secreto y hacer campaña libremente, asociarse y reunirse, y disfrutar de la libertad de opinión y expresión. Dicha violencia puede ser perpetrada por un miembro de la familia, un miembro de la comunidad y/o por el Estado. [4]
• La violencia electoral se considera generalmente como una forma de violencia política. El PNUD define la violencia electoral como “actos o amenazas de coerción o daños físicos perpetrados para afectar un proceso electoral, o que surgen en el contexto de la competencia electoral. Cuando se comete para afectar un proceso electoral, la violencia puede emplearse para influir en el proceso de la elección, con el objetivo de retrasar, interrumpir o descarrilar una encuesta e influir en los resultados”. De acuerdo con la Directriz de las Naciones Unidas para la prevención y mitigación de la violencia relacionada con las elecciones (2016), este tipo de violencia “a menudo está diseñada para influir en el resultado electoral y, por lo tanto, en la distribución del poder político”.[5]
• La violencia contra las mujeres en las elecciones (VCME) es una forma de violencia contra las mujeres con la intención de impactar la realización de los derechos políticos de las mujeres en un contexto electoral. Esto incluye la participación de mujeres como candidatas, votantes, activistas, simpatizantes de partidos, observadoras, trabajadoras electorales o funcionarias públicas. La VCME puede adoptar múltiples formas, incluidos el abuso psicológico y la intimidación, los ataques sexuales y la violencia física. [6]

Según Mona Lena Krook y Juliana Restrepo, activistas de toda América Latina contribuyeron a definir el concepto de “violencia política y acoso político hacia las mujeres”, trabajando inductivamente a partir de sus experiencias y observaciones. El concepto apareció por primera vez en 2000 en Bolivia, “donde una gran campaña de base culminó con una reforma legal en 2012”. El caso boliviano fue clave para desarrollos posteriores, en tres aspectos: “dio un nombre a este fenómeno, destacó las formas psicológicas junto con las formas físicas de abuso, y se desarrolló legislación para criminalizar estos comportamientos". [7]

La reunión del Grupo de expertos (disponible en inglés) celebrada en marzo de 2018 por ONU Mujeres, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, mostró que el consenso está empezando a surgir en este ámbito. El informe y las recomendaciones de la reunión del Grupo de Expertos brindan una visión general del estado del arte con respecto a la VCMP. Aborda las causas y consecuencias de la VCMP; los marcos internacionales, regionales y nacionales; los aspectos programáticos en la prevención y mitigación de la VCMP; y la medición y el seguimiento de este fenómeno. Algunos entendimientos comunes en el estudio de VCMP se resumieron en las palabras de Mona Lena Krook: “[La VCMP] se dirige a las mujeres debido a su género; su forma misma puede basarse en el género, como lo ejemplifican las amenazas sexistas y la violencia sexual; y su impacto es disuadir a las mujeres de ser o de volverse políticamente activas”. [8]

La VCMP y la VCME son fenómenos poco declarados, ya que “las víctimas pueden tener miedo de hablar públicamente y enfrentar desincentivos adicionales si reportan incidentes, por ejemplo, reacción política, difamación, impacto familiar, marginación dentro de sus propios partidos, mostrar debilidad, recibir críticas de que no son aptas para el trabajo, o la humillación y la frustración de no haber sido tomadas en serio por la policía”.[9] Una parte central de VCMP (y la VCME) es culpar a las víctimas, “ya que los hombres y las mujeres intentan restablecer una jerarquía de poder y de gobernanza puesta en cuestión”.[10]

En su informe de 2018 sobre la violencia contra las mujeres en la política, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer (SRVAW) resume sus conclusiones y recomendaciones sobre la prevención y el combate de tales manifestaciones de VBG. Un aspecto central es la falta de datos e indicadores estándar para medir la incidencia de la VCMP y la VCME a todos los niveles. Estos actos de violencia generalmente se tratan como incidentes aislados, en lugar de como resultado de la discriminación estructural y generalizada contra la mujer en la vida pública. La VCMP “a menudo se normaliza y se tolera, especialmente en contextos donde el patriarcado está profundamente arraigado en la sociedad”. Una de las recomendaciones emitidas por la SRVAW en su informe es recopilar y monitorear datos sobre VCMP a nivel nacional y diseñar estrategias de prevención en consecuencia.[11]

En 2018, iKNOW Politics celebró una discusión en línea sobre la violencia contra las mujeres en la política, que analizó algunos aspectos poco investigados de este fenómeno, como las causas detrás de los altos niveles de prevalencia de VCMP en todo el mundo, las razones de las bajas tasas de denuncia y las estrategias para contrarrestarla en las redes sociales.[12]

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Parece que hay un creciente impulso global para abordar la VCME, especialmente en América Latina, donde los marcos legales comienzan a incluir medidas contra este fenómeno.[1] A lo largo del ciclo electoral, los actores relevantes pueden tomar medidas para prevenir y mitigar la VCME. Basada en la guía del PNUD y de ONU Mujeres, esta sección recopila las buenas prácticas en este ámbito y presenta los siguientes seis puntos de acción para la prevención y la eliminación de la VCME: 

1. Mapeo y medición de la VCME; 
2. Integración de la VCME en la observación de elecciones y el monitoreo de la violencia; 
3. Reforma legal y política para prevenir y responder a la VCME; 
4. Prevenir y mitigar la VCME a través de procedimientos electorales; 
5. Trabajar con los partidos políticos para prevenir y reducir la VCME; 
6. Sensibilización y cambio de normas.[2] 

Mapeo y medición de la VCME

A pesar de los datos limitados, las investigaciones sugieren que la VCME está presente en todos los países y las regiones. El mapeo y la recopilación de datos sobre VCME es un paso crítico para su mitigación y prevención, ya que contribuye a evaluar la participación de las mujeres en las elecciones, ayuda a identificar los puntos críticos y los patrones de violencia y facilita la implementación de medidas de prevención y de respuesta. Las evaluaciones regionales y específicas de cada país pueden ayudar a comprender mejor la naturaleza, las causas y las implicaciones de la VCME, a través de metodologías de investigación cuantitativas y cualitativas. Los mapeos de VCME también pueden ser llevados a cabo por OGE o integradas como parte de evaluaciones de seguridad más amplias realizadas por la sociedad civil y otras organizaciones. La naturaleza sensible de este problema y la falta de voluntad de las supervivientes para denunciar presentan importantes limitaciones para la recopilación de datos en esta área.[1]

La recopilación de datos sobre VCME puede ser todo un reto, ya que los marcos metodológicos generales para evaluar la VCM, así como los indicadores globales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o los indicadores básicos de VCM de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, a menudo carecen de medidas específicas para la dimensión política. Se ha propuesto una amplia gama de indicadores para medir la VCME, que incluyen mediciones cuantitativas, como la frecuencia de incidentes o los tipos de ataques, así como indicadores cualitativos. Idealmente, las mediciones de VCME deben considerar la prevalencia de la VCME (es decir, la proporción de víctimas entre la población general), la incidencia de la VCME (es decir, el número de incidentes durante un período de tiempo determinado) y los períodos específicos (como una etapa específica del ciclo electoral o durante un período de tiempo prolongado). Los datos de fuente abierta y las herramientas de visualización de datos de fuente abierta pueden proporcionar una plataforma efectiva para rastrear los incidentes de VCME.[2]

Ejemplo: En Pakistán, ONU Mujeres llevó a cabo un estudio en 2016 sobre los desafíos a la participación política de las mujeres, con un enfoque importante en la violencia contra las mujeres en el proceso electoral. El objetivo del estudio fue identificar los tipos de VCME con el fin de fomentar medidas políticas adecuadas y una reforma legal, involucrando a la Comisión Electoral de Pakistán y a otros actores clave.[3]

Ejemplo: En América Latina, el Centro de Capacitación para la Mujer de las Naciones Unidas en la República Dominicana desarrolló un proyecto de investigación sobre la violencia contra las mujeres en la política para apoyar la implementación del Consenso de Quito de 2007 para el empoderamiento de las mujeres. El proyecto incluyó cuatro estudios y mapeo de la violencia política en Costa Rica (2011), El Salvador (2012), Ecuador (2012) y Bolivia (2012), contribuyendo al desarrollo de marcos teóricos y metodológicos para abordar este tema.[4]

Ejemplo: En India, Nepal y Pakistán, ONU Mujeres y el Centro de Investigación Social (India) realizaron un estudio regional sobre la violencia contra las mujeres en la política en 2014 para comprender el alcance y las motivaciones de la violencia contra las mujeres en la política y las elecciones. También tuvo como objetivo crear conciencia mediante la identificación y difusión de buenas prácticas para la mitigación a través de un taller consultivo. [5]

Ejemplo: En Tanzania, la organización de la sociedad civil local Tanzania Women Cross Party Platform (TWCP) recopiló datos sobre VCME antes, durante y después de las elecciones generales de 2015, con el apoyo de ONU Mujeres. TWCP capacitó a más de 50 monitores de VCME en todo el país, con la ayuda de los coordinadores electorales regionales de la NEC y equipados con listas de verificación y cuestionarios de monitoreo. Los monitores de VCME asistieron a un total de 530 eventos relacionados con las elecciones para observar la participación de las mujeres y la ocurrencia de VCME. También realizaron entrevistas estructuradas con un total de 1.532 encuestados, incluidos votantes mujeres y hombres, líderes locales y miembros influyentes de la comunidad, así como mujeres candidatas para las elecciones parlamentarias y locales. De acuerdo con los hallazgos, el 69 por ciento de las mujeres candidatas consultadas reportaron lenguaje abusivo, acoso verbal e insultos, el 17 por ciento dijo que había sido atacada físicamente y el 13 por ciento reportó demandas de favores sexuales. Entre las mujeres encuestadas, el 53 por ciento declaró no votar por temor a la violencia, por no disponer de tarjeta de votante o por la presión de su cónyuge. [6]

Ejemplo: En Zimbabue, IFES realizó una Evaluación de VCME (disponible en inglés) en el marco del proceso electoral de 2018. Sus hallazgos mostraron que las mujeres candidatas eran el principal objetivo de la VCME, enfrentando una intensa violencia psicosocial, especialmente ataques contra su probidad moral y violencia física ocasional. El abuso y la violencia dentro del partido fueron generalizados y el riesgo generalizado de violencia electoral disuadió a las mujeres de asistir a mítines y eventos políticos. La extensa intimidación y el acoso en línea degrada y disuade a las mujeres políticas y a las aspirantes. [7]

Ejemplo: En Haití, IFES realizó una evaluación piloto de VCME durante el proceso electoral de 2016. Sus hallazgos mostraron que la violencia electoral endémica, particularmente durante la jornada electoral, disuade a las mujeres de participar. Las mujeres enfrentan violencia física, psicológica y financiera que dificulta su participación, en un contexto político dominado por hombres con partidos y sistemas judiciales débiles.[8]

Ejemplo: En Bangladesh, IFES realizó un estudio en 2016 con el objetivo de analizar los efectos de la violencia sobre la participación de las mujeres en la política y las elecciones. Sus hallazgos mostraron que la cultura política violenta del país dificulta la participación de las mujeres. Muchas mujeres experimentan violencia psicológica dentro del hogar, incluida la intimidación y el acoso. Las mujeres candidatas a menudo son víctimas de violencia sexual y su acceso a recursos financieros con frecuencia se les arrebata. Algunas mujeres son perpetradoras de violencia electoral y la utilizan para limitar la elección de los votantes dentro del hogar y difamar a otros candidatos en el espacio público.[9]

 

Integración de la VCME en la observación de elecciones y el monitoreo de la violencia

Las iniciativas de observación de elecciones y de monitoreo de la violencia pueden proporcionar una plataforma para la recopilación de datos en relación con la VCME. Hay margen para mejorar el monitoreo de la VCME en la observación de elecciones. En los últimos años, organizaciones como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Unión Europea (UE), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter han realizado esfuerzos para integrar el género en sus misiones de observación electoral (MOE), al desarrollar directrices específicas para observar la participación de las mujeres en las elecciones, recopilar datos desglosados ​​por sexo, aumentar el uso de observadores a largo plazo y nombrar asesores de género en los equipos centrales de analistas. Las organizaciones nacionales de observación y de monitoreo en todo el mundo también han integrado una perspectiva de género en su trabajo y, en algunos casos, han lanzado proyectos para monitorear específicamente la VCME, creando mecanismos de alerta temprana y de respuesta rápida. [1]

Ejemplo: En el marco del proyecto Votos sin violencia (Votes Without Violence), NDI se ha asociado con organizaciones nacionales de la sociedad civil para lanzar misiones de observación de elecciones con un fuerte componente de género en Myanmar, Nigeria, Guatemala, Tanzania, Birmania y Costa de Marfil. Esta iniciativa permite a los observadores reportar la VCME a lo largo del ciclo electoral. Los datos desagregados por sexo se canalizan mediante una herramienta de visualización en línea para crear conciencia sobre cómo la VCME restringe el derecho de las mujeres a participar en la vida pública. En las elecciones guatemaltecas de 2015, NDI se asoció con Acción Ciudadana para monitorear el financiamiento de campañas y la violencia electoral con un enfoque en VCME. Una de las principales áreas de preocupación fue el uso de la violencia para influir en las elecciones de los votantes, especialmente de las mujeres. Durante el proceso electoral de 2015 en Costa de Marfil, NDI se asoció con la Plataforma de organizaciones de la sociedad civil para la observación de las elecciones (POECI). Esta colaboración permitió a POECI aumentar el número de mujeres observadoras e incluir preguntas específicas sobre VCME en sus formularios de observación. [2]

Ejemplo: El programa de Educación y Resolución de Violencia Electoral de IFES (EVER) es un ejemplo de herramienta específica de recolección de microdatos de violencia. Bajo este programa, IFES ha monitoreado 15 elecciones en 13 países desde 2003, con datos desagregados por sexo en seis casos. El uso de esta metodología permitió a IFES publicar en 2011 uno de los estudios comparativos sobre VCME más exhaustivos disponibles hasta la fecha: “Breaking the Mold: Understanding Gender and Electoral Violence” (disponible en inglés).[3] Este estudio recopiló datos de seis países diferentes entre 2006 y 2010, incluidos Timor-Leste, Burundi, Nepal, Bangladesh, Guinea y Guyana. Sus hallazgos muestran que las mujeres que sufren VCME son frecuentemente víctimas de intimidación (en el 32 por ciento de los casos), acoso verbal (11 por ciento), daños físicos (10 por ciento) y peleas de grupo (10 por ciento). En lo que respecta a los tipos de víctimas, las mujeres suelen ser identificadas como víctimas cuando se las asocia con un papel público, ya que los líderes, candidatos y simpatizantes de partidos políticos alcanzaron el 48 por ciento de todos los casos. Los votantes fueron el segundo tipo de víctima más reportado, con el 22 por ciento de los casos. Además, basándose en la metodología del programa EVER, IFES publicó en 2016 una tipología y una serie de metodologías para evaluar la VCME. [4]

Ejemplo: Los Women Situation Rooms (WSR) tienen como objetivo prevenir y reducir la violencia electoral contra las mujeres y promover su participación en las elecciones. En los WSR, hombres y mujeres de diferentes sectores monitorean la VCME en todo el país y advierten a las autoridades gubernamentales y a las fuerzas de seguridad cuando se requiere una respuesta rápida. Se componen de una secretaría, un centro de llamadas, un grupo de líderes eminentes y observadoras electorales desplegadas en el terreno que reportan incidentes. Esta iniciativa se ha implementado en varios países, generalmente con el apoyo de ONU Mujeres y del PNUD, incluidos Ghana (2016), Uganda (2016), Nigeria (2015), Mali (2013), Kenia (2013), Senegal (2012) Sierra Leona (2012) y Liberia (2011). Los WSR han sido reconocidos por la Unión Africana y las Naciones Unidas como una buena práctica para la prevención de conflictos y violencia, y varios informes destacan su contribución para reducir la violencia sexual gracias al enfoque preventivo de alerta temprana.[5] En Nigeria, ONU Mujeres se asoció con el Centro Internacional Angie Brooks y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) para lanzar en 2015 la "Plataforma de Mujeres Nigerianas para Elecciones Pacíficas", con el apoyo del PNUD. Esta plataforma trabajó en estrecha colaboración con la policía nigeriana y la Comisión Nacional Electoral para brindar una respuesta oportuna a los casos denunciados de violencia electoral.[6]

Reforma legal y política para prevenir y responder a la VCME

A través de la adopción de tratados y declaraciones políticas internacionales y regionales, varios países han asumido el compromiso de prevenir y erradicar la VCMP y la VCME. En América Latina y el Caribe se han producido avances recientes en este ámbito, creándose en las últimas décadas varios instrumentos regionales que tienen en cuenta la lucha contra la VCME, incluida la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres de 1994 (también conocida como la Convención de Belém do Pará), la Declaración de Quito de 2007, el Consenso de Santo Domingo de 2013, la Estrategia de Montevideo de 2016 y la Declaración de la Organización de Estados Americanos sobre el Acoso Político y la Violencia contra la Mujer de 2016. [1]

Los legisladores nacionales pueden promover reformas legales para prevenir, proteger y sancionar los actos de VCME, a través de tres estrategias principales:

1) Adoptar nueva legislación específica como leyes independientes especiales para abordar VCMP.

Hasta ahora, Bolivia es el único país de América Latina que ha aprobado una legislación independiente para abordar la VCMP. Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Perú también han considerado aprobar legislación específica sobre este asunto.

2) Incluir la VCMP en las leyes existentes sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres.

América Latina también ofrece ejemplos de países que incluyen la VCMP en sus leyes de eliminación de violencia contra las mujeres. Este es el caso de la de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de México de 2007, así como las leyes de eliminación de violencia contra las mujeres en El Salvador (2011) y Panamá (2013).

3) Reforma de los códigos electorales y penales.

Las enmiendas de los códigos electorales o penales también pueden incluir disposiciones para prevenir, proteger o sancionar los actos de VCME. En Ecuador, donde el Congreso rechazó una legislación específica contra la VCME en 2011, el Código electoral de 2012 introdujo una disposición según la cual el acoso sistemático de candidatos o funcionarios electos está sujeto a sanciones del código penal. [2]

A pesar de estos avances legislativos, especialmente en América Latina, los instrumentos legales que combaten la VCME generalmente no se implementan, financian o aplican de manera suficiente, como lo reconocieron los expertos en la reunión del Grupo de Expertos celebrada en marzo de 2018 por ONU Mujeres, el ACNUDH y la SRVAW.[3] Una implementación efectiva de estos desarrollos legislativos puede requerir sensibilidad de género del órgano de adjudicación, la presencia de jueces mujeres, el acceso a los procesos formales de denuncia y leyes de aplicación.[4]

En varios países, los OGE han desarrollado marcos regulatorios y normativos para abordar la VCMP y la VCME. Este es el caso de México, donde el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Federal Electoral, la Fiscalía Federal de Delitos Electorales, el Instituto Nacional de Mujeres y otras agencias publicaron en 2016 el Protocolo para responder a la violencia contra las mujeres en la política. Este es el protocolo más completo de América Latina. En otros países, como Ecuador y Macedonia, los OGE también han realizado esfuerzos para prevenir, proteger y sancionar los actos de VCME mediante la adopción de directrices.[5]

Los códigos de conducta legales buscan regular el comportamiento de una amplia variedad de actores involucrados en el proceso electoral, incluidos los partidos políticos, los candidatos independientes, los movimientos políticos y los medios de comunicación. Pueden ser vinculantes, establecer sanciones e incluir disposiciones que aborden específicamente la VCME.[6]

Ejemplo: Aunque la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) no aborda específicamente la VCMP, su Comité ha abordado esta cuestión en sus observaciones finales de los informes de los Estados Partes. El Comité ha abordado la VCMP en seis casos desde 2012, incluidas las Bahamas (2012), Togo (2012), Bolivia (2015), Honduras (2016), Costa Rica (2017) e Italia (2017).[7]

Ejemplo: El mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, conocido como MESECVI, es una metodología de evaluación permanente y multilateral y un Comité de Expertos que permite analizar el progreso en la implementación de la Convención por parte de los Estados Partes. En 2015, MESECVI emitió una Declaración sobre Violencia y Acoso Político contra las Mujeres que condujo al desarrollo de una “ley modelo” sobre VCMP. La Ley Modelo proporciona una definición amplia de VCMP, en línea con los marcos legales internacionales e interamericanos, extendiendo la protección a todas las mujeres que participan en la esfera pública, incluidas las mujeres electas y nombradas, las defensoras de los derechos humanos, etc. Otros avances tras la adopción de la Ley Modelo incluyen “la distribución a los Estados Partes (2018-2020); la publicación de un Protocolo modelo de partidos políticos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en la vida política (2018); la publicación de una Guía para jueces con perspectiva de género en el campo electoral: el caso de Violencia contra las mujeres en la vida política (2018); y la capacitación de los Tribunales Electorales sobre VCMP (1ª edición, México, 2018)”. [8]

Ejemplo: En Bolivia, la Ley 243 contra el acoso y la violencia política contra las mujeres se adoptó en 2012. No solo se aplica a las mujeres en cargos públicos, sino también a cualquier mujer que ejerza un papel político o público. Esta ley clasifica los actos de acoso y violencia política como “leves”, “serios” y “muy serios”, estableciendo sanciones para cada categoría, lo que permite identificar claramente estos actos y sus correspondientes sanciones. En casos de acoso y violencia política, la superviviente, los miembros de su familia o cualquier persona física o jurídica pueden presentar un informe ante las autoridades competentes, por tres vías diferentes: administrativa, penal y constitucional. La vía penal responde a las categorías de delitos reconocidas en el Código Penal boliviano y no permite la conciliación, para evitar una mayor presión sobre las víctimas.[9] Durante su intervención en la reunión del Grupo de Expertos de 2018, Katia Uriona, Presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, “destacó el importante hito de la aprobación del decreto reglamentario de la Ley en 2016, que aclaró muchos aspectos de la implementación y el papel de los diferentes actores”. [10]

Ejemplo: En Nepal, el Código de conducta incluye una regulación que se aplica a cuatro tipos diferentes de actores: 1) candidatos, partidos políticos y otras “personas interesadas”; 2) Gobiernos nacionales y locales e instituciones públicas; 3) empleados públicos; y 4) medios de comunicación, ONG y observadores electorales. Las reglas con respecto a la participación de las mujeres varían dependiendo de cada actor. De acuerdo con el Artículo 4, los candidatos y los partidos políticos reciben instrucciones de no involucrarse en ninguna actividad que “incite al odio o la enemistad entre [...] los géneros”. Los miembros de los medios de comunicación deben difundir información sin prejuicios, dando “igualdad de oportunidades a los partidos políticos y candidatos” sin dañar “la relación y la armonía entre los diferentes [...] sexos”, de conformidad con el Artículo 14. Los observadores deben respetar los diferentes sexos y ser imparciales durante el proceso electoral, de conformidad con el artículo 16. [11]

Ejemplo: En Chad, el artículo 4 del Código de conducta prohíbe el uso de la violencia en todas sus formas. Sus firmantes se comprometen a no mantener, financiar o utilizar milicias, autodefensas o grupos paramilitares para su propia protección, amenazar o cometer actos de violencia y acoso. También se comprometen a ejercer moderación en sus discursos, escritos, actitudes y comportamiento durante el proceso electoral, rechazando el uso de comentarios inflamatorios y abusivos que inciten a la violencia o al odio étnico, religioso o de género. [12]

Prevenir y mitigar la VCME a través de procedimientos electorales

En todo el mundo, las políticas y procedimientos de la administración electoral abordan la VCME de diferentes maneras. Los OGE pueden considerar una amplia variedad de puntos de entrada para abordar la VCME a lo largo del ciclo electoral. La realización de evaluaciones de riesgo y el mapeo de la VCME, así como la integración de esta dimensión en las evaluaciones de seguridad de carácter general, pueden ayudar a los OGE a identificar puntos de acceso y diseñar estrategias de monitoreo y mitigación efectivas. Durante los procesos de registro de votantes y candidatos, los OGE pueden adoptar medidas para garantizar la seguridad de las mujeres, como no publicar los nombres de los votantes y sus características de identificación (registro anónimo) y ajustar la ubicación, los horarios de apertura y el protocolo de seguridad de las oficinas de registro de candidatos. Durante la campaña electoral, los OGE también pueden luchar contra la VCME remitiendo los casos de VCME a las autoridades competentes, implementando programas de educación cívica y electoral y concienciando al personal electoral. La integración del tema de VCME en los programas de capacitación y actividades de sensibilización puede contribuir a aumentar la conciencia pública sobre la importancia de este tema para los derechos de las mujeres. Cuando sea necesario, los OGE pueden adoptar medidas de seguridad sensibles al género durante la jornada electoral, como filas separadas para hombres y mujeres en los centros de votación, la contratación de suficiente personal femenino de votación y la ubicación de los centros de votación para minimizar el tiempo de viaje. La policía y otras fuerzas de seguridad también pueden tomar medidas para abordar la VCME, especialmente durante el período electoral, al evaluar los riesgos de seguridad específicos de género en la planificación operativa para la seguridad electoral, reclutar más mujeres entre su personal y remitir los casos de VCME a los puntos focales de género. En el período posterior a las elecciones, cuando su mandato lo permite, los OGE pueden iniciar investigaciones, sancionar a los perpetradores de VCME y proporcionar pruebas en casos judiciales.[1]

Ejemplo: En Tanzania, el Proyecto de Empoderamiento Democrático (DEP), implementado conjuntamente por el PNUD, ONU Mujeres, la UNESCO, la Comisión Nacional Electoral (NEC) y la Comisión Electoral de Zanzíbar (ZEC), tuvo como objetivo combatir la discriminación y la violencia contra las personas con discapacidad en las elecciones de 2015. El proyecto permitió la revisión del Código de Conducta Electoral, el desarrollo de directrices sensibles al género para la observación de elecciones y la educación electoral, así como la adopción de una Política de Género e Inclusión Social por parte de la ZEC. Esta iniciativa también apoyó la capacitación de la policía mediante el desarrollo de un manual de capacitación sobre género, derechos humanos y el papel de la policía durante las elecciones, que aborda cómo los diferentes tipos de violencia que pueden ocurrir durante las campañas electorales afectan a hombres y mujeres. Un total de 103 oficiales de policía participaron en formaciones de formadores y, a su vez, capacitaron a otros 6.000 oficiales de policía en todo el país. La Fuerza de Policía de Tanzania (TPF) integró la VCM en su Sistema de Respuesta e Informe de Incidentes (IRRS, por sus siglas en inglés), una herramienta informática que facilita la respuesta rápida a la violencia electoral, basada en la tipología y las listas de verificación desarrolladas en colaboración con la Red de Mujeres Oficiales de Policía. [2]

Ejemplo: En Macedonia, la Comisión Estatal de Elecciones implementó un programa para mitigar la práctica del voto familiar. Como parte de este programa, la Comisión emitió una directiva para todo el personal sobre la prevención del voto familiar y publicó una estrategia contra el voto familiar y por procuración que permitió coordinar los esfuerzos del gobierno y los donantes en esta área.[3]

Ejemplo: En Kenia, ONU Mujeres elaboró ​​un borrador del manual de capacitación para formadores en 2017, con el apoyo del PNUD, para fortalecer las capacidades de las personas que apoyan a las supervivientes de la VCME utilizando el protocolo y las medidas existentes para informar, responder, investigar y procesar la VCM. Este manual se creó como respuesta a la violencia postelectoral sufrida por mujeres y niñas en el proceso electoral de 2007, y como parte de iniciativas más amplias para luchar contra la VCME en el país. Con un enfoque centrado en la superviviente, el manual cubre temas como la forma de brindar apoyo directo a las personas afectadas por VCME. También proporciona información sobre el marco legal relevante de Kenia y las respuestas de los sectores de salud, seguridad y justicia a los casos de VCME.[4]

Ejemplo: En Burundi, en 2014, la Comisión Nacional Electoral Independiente (CENI) desagregó las estadísticas de las elecciones anteriores para comprender mejor la VCME en el país y para planificar estrategias de prevención en las próximas elecciones de 2015.[5]

Ejemplo: En Papúa Nueva Guinea, la Comisión Electoral descubrió que las mujeres estaban sujetas a coacción por las prácticas de voto familiar y comunitario, donde el jefe de familia o el líder de la comunidad les instruía cómo votar, comprometiendo el secreto de los votantes. Como respuesta, la Comisión instituyó cabinas de votación separadas para hombres y mujeres, bajo el supuesto de que las mujeres votarían libremente si sus homólogos masculinos no estuvieran presentes. [6]

Trabajar con los partidos políticos para prevenir y reducir la VCME

Los partidos políticos tienen un papel importante en la prevención y mitigación de la VCME a lo largo del ciclo electoral. Al asegurar que los candidatos y los miembros del partido cumplan con los códigos de conducta, así como al integrar las disposiciones que prohíben la VCME en sus documentos y regulaciones internas, los partidos políticos pueden contribuir a prevenir y proteger a las mujeres contra los actos de VCME. También pueden prevenir y mitigar la VCME durante el proceso de selección de candidatos con directivas claras por parte de los líderes del partido y procedimientos transparentes, y ayudar a las candidatas a enfrentar formas económicas de VCME al apoyar el financiamiento de sus campañas. Las estrategias de capacitación de los partidos políticos para los miembros del partido y las campañas de educación electoral también deben considerar este asunto. Los monitores de los partidos deben recibir capacitación sobre la VCME y poder reportar este tipo de incidentes durante los procesos de registro y de votación. Además, los partidos políticos tienen un papel que desempeñar para garantizar que el comité electo del partido esté bien al tanto de las amenazas potenciales para las mujeres en cargos electivos y para garantizar que las representantes mujeres no se sientan presionadas a renunciar a sus escaños en favor de los hombres. [1]

Ejemplo: En Liberia, el Comité Electoral Nacional trabajó con varios partidos políticos para desarrollar un Código de Conducta. Entre otros objetivos, tuvo como objetivo evitar “la marginación de las mujeres a través de la violencia, la intimidación y el fraude”. Los partidos políticos acordaron “el principio de no discriminación, no utilizar lenguaje abusivo y no polemizar sobre la base de sexo y género”.[2]

Ejemplo: En Macedonia, los partidos políticos acordaron un Código de conducta en 2006, comprometiéndose a “facilitar la plena participación de los ciudadanos, incluidas las mujeres y otros grupos minoritarios, durante las elecciones; garantizar el acceso gratuito de los ciudadanos [...] a todos los eventos de la campaña; en general, abstenerse de obligar a los ciudadanos a apoyar a un partido político o candidato en particular o a participar o abstenerse de participar en cualquier actividad política que no sea de acuerdo con su elección libre; apoyar el concepto universal de “una persona, una voto” y desalentar el voto por procuración”. [3]

Sensibilización sobre la VCME y cambio de normas

Las intervenciones de sensibilización desempeñan un papel importante en la prevención de la violencia contra la mujer, pero deben complementarse con estrategias más amplias contra los estereotipos de género y las normas, actitudes y conductas sociales discriminatorias, promoviendo un cambio social positivo a largo plazo. Una amplia variedad de actores pueden involucrarse en la sensibilización sobre las causas y las consecuencias de la VCME, incluidos los partidos políticos, los OGE, la sociedad civil, los legisladores, los académicos y los medios de comunicación, entre otros. En algunos países, los partidos políticos, los OGE y la sociedad civil han lanzado campañas específicas para promover el conocimiento de la VCME. Al proporcionar información sensible al género y ofrecer a los periodistas una capacitación adecuada, los medios de comunicación también pueden desempeñar un papel en la prevención de la VCME. Si bien los medios en línea pueden convertirse en entornos hostiles hacia las mujeres en la política, con ataques crecientes y muy pocas restricciones al acoso y las amenazas en línea, estos tienen el potencial de promover la visibilidad de las mujeres a través de estrategias de comunicación efectivas. Los parlamentarios pueden luchar contra la VCM a través de la acción legislativa y mediante la sensibilización sobre este tema de sus electores y otros parlamentarios. Además, incluir a hombres y niños en el diálogo social sobre la igualdad de género y la VCME, con una atención particular a hombres jóvenes y parlamentarios hombres, es clave para promover un cambio positivo en las actitudes y normas sociales. [1]

Ejemplo: En “Sexismo, acoso y violencia contra las mujeres parlamentarias”, un estudio de 2016 de la Unión Interparlamentaria[2] que analizó la información proporcionada por 55 mujeres parlamentarias de 36 países, el 81,8 por ciento de las encuestadas informó haber sufrido violencia psicológica, el 25,5 por ciento declaró haber estado expuesta a violencia física y el 21,8 por ciento se identificó como víctima de violencia sexual. Estos esfuerzos de investigación contribuyeron a crear conciencia sobre el impacto de la VCMP en las mujeres parlamentarias. [3]

Ejemplo: En Bolivia, ONU Mujeres, el Ministerio de Autonomías y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, llevaron a cabo conjuntamente varios talleres de sensibilización en 2014, dirigidos a las autoridades locales y a mujeres líderes, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para enfrentar el acoso político y la violencia en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. Las autoridades municipales y las mujeres que habían enfrentado directamente el acoso y la violencia política también hicieron propuestas para la implementación de la Ley 243. [4]

Ejemplo: En Burundi, las asociaciones de mujeres tomaron medidas para prevenir y mitigar la violencia relacionada con las elecciones en 2010. El Colectivo de Asociaciones y ONG de Mujeres de Burundi y Dushirehamwe lanzaron la campaña Pañuelos blancos para la paz bajo el tema “Las mujeres cuentan para la paz en Burundi”. Sus objetivos incluían demostrar el rechazo de la violencia por parte de las mujeres burundesas e invitarlas a prevenir la violencia en sus comunidades. La campaña recibió el apoyo del PNUD, la Oficina de las Naciones Unidas en Burundi, Panos Paris e International Alert, con apoyo en las comunicaciones y apoyo material de 10.000 bufandas. La campaña recibió mucha cobertura de los medios de comunicación en las estaciones locales de radio y televisión, generando conciencia pública y contribuyendo a la prevención de la violencia durante el proceso electoral.[5]

Ejemplo: En Kenia, ONU Mujeres participó en una iniciativa de múltiples actores en 2012, con el objetivo de educar e integrar mecanismos para responder a la VCME, en colaboración con la Comisión Nacional de Cohesión e Integración, los medios de comunicación y dos plataformas de la sociedad civil (la plataforma UWIANO para la paz y la plataforma USALAMA). [6]

Ejemplo: En Sierra Leona, las asociaciones de mujeres lanzaron en 2007 una campaña de incidencia para abogar por elecciones sin violencia, con el apoyo de ONU Mujeres, dirigida a los partidos políticos en respuesta al aumento de la violencia política. La campaña se lanzó en la ciudad sureña de Bo en medio de violentos brotes entre grupos políticos rivales. Grupos de mujeres, acompañados por bandas de música, marcharon por la ciudad con mensajes de paz y fueron dirigidos por el alcalde de la ciudad. Posteriormente, se enviaron mensajes de paz a las sedes de los partidos políticos en las cuatro provincias de Sierra Leona. En la capital, Freetown, los dirigentes de los partidos políticos se comprometieron a celebrar elecciones sin violencia. El PNUD y la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona ampliaron posteriormente esta iniciativa.[7]

Ejemplo: En Zimbabue, antes del proceso electoral de 2010, la organización nacional National Constitutional Assembly (NCA) llevó a cabo la campaña de “Actuar ahora contra la violencia política”, que duró un año. Esta campaña se centró en las mujeres y trató de “abordar el flagelo de la violencia política a medida que el país se aproximaba a otra elección mediante la concienciación, la creación de estructuras de apoyo, el señalamiento público de los perpetradores, y el desarrollo de capacidades de las mujeres y las comunidades en general para tratar la VCME”. [8]

Otras formas de violencia electoral de género: violencia homofóbica y transfóbica en las elecciones

La violencia homofóbica y transfóbica ha sido denunciada en todos los países y regiones, y abarca “desde agresiones psicológicas agresivas y sostenidas hasta agresiones físicas, torturas, secuestros y asesinatos selectivos. […] Los ataques a las personas debido a su orientación sexual o identidad de género a menudo son impulsados ​​por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género y se consideran una forma de violencia de género”. A pesar de las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional para proteger los derechos de las personas LGBTI, pocos países han adoptado sistemas adecuados de seguimiento y denuncia de los delitos de odio homofóbicos y transfóbicos.[1]

La violencia homofóbica y transfóbica en el contexto de los procesos electorales perjudica a las personas LGBTI y afecta negativamente la realización de sus derechos políticos, incluido el derecho a votar y a presentarse a las elecciones. El discurso inflamatorio y de odio utilizado por los candidatos que se oponen a los derechos humanos de las personas LGBTI puede resultar en un aumento de los ataques contra esta comunidad en diferentes etapas del ciclo electoral. En Costa Rica, por ejemplo, se registró un aumento sustancial de los ataques contra personas LGBTI después de la primera ronda de las elecciones presidenciales, con una campaña electoral dominada por el debate sobre las leyes de matrimonio y las declaraciones anti-LGBTI de uno de los principales candidatos presidenciales.[2] Además, los candidatos, los representantes públicos y los activistas políticos LGBTI a menudo sufren acoso y ataques en todo el mundo. En Pakistán, los candidatos y las asociaciones transgénero denunciaron amenazas e intimidación durante el proceso electoral de 2018.[3] En los Estados Unidos, en 2018, Christine Hallquist, la primera mujer transgénero en ganar la nominación de un partido importante para gobernadora en Vermont, dijo que había estado recibiendo amenazas de muerte desde que ganó la primaria de su partido. [4]

 

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Las libertades de reunión pacífica y de asociación son un pilar clave de los principios e instituciones democráticos y de los procesos electorales creíbles. En todo el mundo, las asociaciones de mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil continúan abogando por la igualdad de género y los procesos electorales inclusivos a pesar de las amenazas existentes para el disfrute de estas libertades y la tendencia mundial actual de reducción del espacio cívico. En muchos países, los esfuerzos de incidencia de las asociaciones de mujeres han contribuido al cambio social positivo a largo plazo, al aumentar la participación de las mujeres y fomentar la igualdad. Los esfuerzos para promover la igualdad de género también deben incluir a los hombres e involucrar a los aliados masculinos en la construcción de principios e instituciones democráticos inclusivos. Además, las asociaciones LGBTI en diferentes países han liderado acciones de incidencia para promover la inclusión política y la participación efectiva de este colectivo en la vida pública.

Esta sección aborda principalmente el trabajo de incidencia realizado por organizaciones de la sociedad civil para promover la participación inclusiva de todos los géneros en el proceso electoral. Sin embargo, la contribución de la sociedad civil para promover la igualdad de género y la participación de las mujeres en las elecciones no se limita exclusivamente a los esfuerzos de incidencia, sino que cubre un espectro mucho más amplio del proceso electoral, a través de una amplia variedad de actividades, como la educación cívica y electoral, la observación electoral, el desarrollo de capacidades y la formación, entre otros. Para obtener más información, consulte la sección 5 de esta área temática, “Promover la igualdad de género y la participación de las mujeres a lo largo del ciclo electoral”, así como la sección 6, “Fomentar la perspectiva de género en la observación y el monitoreo de las elecciones”.

Libertades de asociación y de reunión pacífica e igualdad de género

El derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación está reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, a saber, en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los artículos 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las libertades de asociación y de reunión pacífica son pilares clave en los sistemas democráticos y en los procesos electorales creíbles, y todos los ciudadanos deben poder disfrutar plenamente de estos derechos de participación. A través de la práctica de estas libertades civiles, los movimientos sociales y la sociedad civil han perseguido la justicia social y la igualdad a lo largo de la historia y han logrado hacer avanzar la agenda de los derechos humanos. Un ejemplo histórico es el movimiento sufragista, que permitió a las mujeres obtener el derecho a votar en muchos países.

En su primer informe temático al Consejo de Derechos Humanos en 2018, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación identifica una serie de tendencias mundiales que afectan el ejercicio de estos derechos, entre ellas:

• Uso de la legislación para reprimir el ejercicio legítimo de la libertad de reunión y de asociación pacífica;
• Criminalización, uso indiscriminado y excesivo de la fuerza para contrarrestar o reprimir la protesta pacífica;
• Represión de movimientos sociales;
• Estigmatización y ataques contra actores de la sociedad civil;
• Restricciones dirigidas a grupos particulares;
• Limitaciones de derechos durante períodos electorales;
• Impacto negativo del populismo creciente y el extremismo; y
• Obstrucciones encontradas en el espacio digital. [1]

Asociaciones de mujeres que abogan por la igualdad de género en la política y las elecciones

La incidencia es una forma de participación en los asuntos públicos y tiene el potencial de ayudar a individuos y organizaciones a promover y proteger los derechos humanos. En muchos países, las asociaciones de mujeres han desempeñado un papel importante en el fomento de la igualdad de género y la participación de las mujeres en la política y las elecciones. A través de campañas de incidencia, los grupos nacionales e internacionales de mujeres han logrado convencer a los actores relevantes sobre la importancia primordial de garantizar la igualdad de oportunidades y derechos para hombres y mujeres, contribuyendo a un cambio social positivo. A través del monitoreo, la documentación y las estrategias de comunicación efectivas, los defensores de la igualdad de género pueden fomentar la inclusión en diferentes etapas del proceso electoral.

Las estrategias de incidencia utilizadas por los grupos de mujeres a lo largo del proceso electoral pueden dirigirse a diversos actores ​​y buscar una amplia variedad de objetivos, incluidos un mayor equilibrio de género entre los candidatos, en los puestos de toma de decisiones en el seno de los partidos políticos, entre los observadores, en la administración electoral y otros actores; influenciar agendas políticas y el debate público; apoyar la reforma legal y la revisión de los procedimientos electorales; promover una cobertura mediática sensible al género en el proceso electoral; y fortalecer el componente de género en la observación de elecciones, entre muchos otros.

Ejemplo: En Madagascar, el Consejo Nacional de Mujeres llevó a cabo una campaña de cabildeo durante el proceso electoral de 2013, dirigida a los líderes de los partidos políticos. Esta iniciativa incluyó reuniones con líderes de partidos políticos para alentar una mayor representación de mujeres en las listas de candidatos, así como para involucrar al partido en posiciones políticas progresistas que favoreciesen los derechos de las mujeres. Además de estos esfuerzos de incidencia, el Consejo Nacional de Mujeres, la Comisión Electoral Nacional Independiente para la Transición (CENI-T) y el PNUD organizaron un diálogo interpartidario de alto nivel con candidatos presidenciales que abordaron las políticas de igualdad de género. [1]

Ejemplo: En Haití, IDEA Internacional y el Ministerio de la Mujer organizaron un foro en 2017 que permitió a los “partidos políticos y organizaciones de mujeres reunirse, relacionarse, y compartir experiencias y lecciones aprendidas para promover con éxito la participación y representación política de las mujeres”. [2]

Ejemplo: En Malí, como resultado de los esfuerzos de incidencia de las asociaciones de mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil, en 2015 se aprobó un proyecto de ley de cuotas de género, que exige que al menos el 30 por ciento de las autoridades electas o designadas sean mujeres. En este trabajo de incidencia, las organizaciones de la sociedad civil unieron fuerzas con legisladoras de la Red de Mujeres Parlamentarias y el Ministerio para la Promoción de las Mujeres, los Niños y la Familia. Los aliados masculinos, especialmente los parlamentarios, también desempeñaron un papel clave en la adopción de la ley. [3]

Ejemplo: En Paraguay, una coalición multisectorial con diversos partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil lanzó un debate nacional sobre la baja representación de las mujeres en política, organizando una serie de formaciones y foros de 2014 a 2018 para sensibilizar a las mujeres y abogar por la adopción de una ley de paridad democrática. Esta iniciativa, apoyada por ONU Mujeres, el PNUD y el Ministerio de la Mujer, alcanzó 14 de los 17 departamentos del país. Las organizaciones de la sociedad civil que participaron de estos esfuerzos incluyeron el Centro de Documentación y Estudios (CDE), DECIDAMOS Campaña por la Expresión Ciudadana, la Red de Mujeres Munícipes del Paraguay y la Red de Mujeres del Sur, entre otras.[4]

Ejemplo: IFES ha apoyado los esfuerzos de incidencia de las mujeres con discapacidad en varios países. En Nepal, en 2018, IFES y la Asociación Nacional de Mujeres con Discapacidad ofrecieron capacitación sobre incidencia para mujeres con discapacidad, que abordó cómo desarrollar un programa político unificado y la práctica de habilidades de incidencia para comunicarse con el gobierno.[5]  En Kenia, IFES se asoció con Women Challenged to Challenge, una organización para personas con discapacidad, con el objetivo de desarrollar una agenda de políticas públicas que ayudaría a las mujeres con discapacidad en sus esfuerzos de incidencia. [6]

Ejemplo: En Myanmar, IFES lanzó en 2017 la campaña “Nos unimos”, en colaboración con la organización nacional Yaung Chi Thit (YCT), para alentar la participación política de las mujeres. Los integrantes de esta campaña se acercaron a las autoridades electas para conversar sobre la importancia de la participación política de las mujeres, movilizaron a sus comunidades y recolectaron solicitudes fotográficas para demostrar su apoyo en mesas redondas a nivel regional. [7]

Ejemplo: En Honduras, los líderes de los partidos y los aspirantes a candidatos presidenciales de siete partidos se reunieron en octubre de 2016 para ratificar el “Pacto de paridad y alternancia política”, mediante el cual los partidos se comprometieron a colocar a las mujeres en los primeros puestos de las listas de candidatos, asegurando la aplicación de la paridad entre sus candidatos y mecanismos efectivos de alternancia. Este acuerdo fue el resultado de la campaña de incidencia "La peregrinación de la trenza" lanzada por la Red de Mujeres Interpartidarias de Honduras, en asociación con NDI. [8]

Los aliados masculinos y el cambio de las normas sociales en política y elecciones: construyendo masculinidades transformativas

Aunque los hombres tienden a tener más libertad que las mujeres, sus vidas aún están moldeadas por rígidas expectativas sociales atribuidas a la masculinidad. Mientras que las identidades tradicionales de los hombres están profundamente arraigadas en el sistema del patriarcado, a menudo asociado con la violencia y el control sobre las mujeres, las masculinidades transformadoras “deben ser positivas para todos, porque enfatizan los valores de igualdad, respeto y dignidad para las personas de todas las identidades de género”. [1] Hombres y mujeres de todo el mundo, tanto individualmente como organizados en grupos, han comenzado a desafiar nociones establecidas de masculinidades patriarcales, promoviendo una profunda transformación positiva de las actitudes y las normas sociales. Sin embargo, “al avanzar con los esfuerzos que involucran a hombres y niños, es importante recordar que el cambio no es fácil de lograr, en particular porque desafiar las nociones de masculinidad de los hombres puede en cierto modo ser similar a desafiar sus nociones de sí mismos”. [2]

En los últimos años, “ha habido un cambio estratégico en el énfasis [...] de los problemas de las mujeres a los relacionados con la igualdad de género, en el que el enfoque se ha trasladado de las mujeres exclusivamente a hombres y mujeres como beneficiarios mutuos del desarrollo social y económico”.[3] Esta evolución en el enfoque se debe, en parte, a la comprensión de que, para ser efectivos, los esfuerzos para promover la igualdad de género también deben incluir a los hombres en la conversación, involucrando a los aliados masculinos en la construcción de sistemas democráticos inclusivos. Los parlamentarios y líderes políticos masculinos tienen el potencial de convertirse en aliados estratégicos y poderosos defensores de la igualdad de género, contribuyendo a abrir el espacio político para las mujeres. En contextos de débil representación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones, los hombres sentados en la mesa pueden inclinar la balanza a favor de los derechos de las mujeres y promover una agenda de igualdad de género con la adopción de la legislación pertinente. Además, educar al público, y especialmente a los hombres y mujeres jóvenes, sobre la importancia de la igualdad y la inclusión política y social de las mujeres puede promover un cambio social positivo a largo plazo, transformando actitudes y mentalidades sociales.

Ejemplo: IFES ha desarrollado el módulo de capacitación Hombres aliados para la igualdad del liderazgo (MALE), con el propósito de sensibilizar a mujeres y hombres sobre la importancia de trabajar juntos para lograr la igualdad de género y apoyar coaliciones amplias para abogar por procesos electorales más inclusivos. El módulo MALE se creó a través de discusiones de grupos focales en Siria y Nigeria. [4] Desde entonces, IFES ha organizado talleres MALE en diferentes países, incluyendo Haití, Ucrania y Libia. [5]

Ejemplo: International Gender Champions es “una red de liderazgo que reúne a mujeres y hombres que toman decisiones y están decididos a romper las barreras de género y hacer que la igualdad de género sea una realidad en sus esferas de influencia”. La red está formada por más de 200 campeones de género e integrantes, que son jefes de organizaciones internacionales, de misiones permanentes y de organizaciones de la sociedad civil. Todos los campeones de género firman el compromiso de no participar en paneles donde haya representado un solo sexo y se comprometen a tratar a cada persona con respeto y justicia, valorar la diversidad, crear y mantener lugares de trabajo seguros y trabajar junto con otros campeones en un espíritu de franqueza, honestidad y transparencia. [6]

Ejemplo: La campaña HeForShe de ONU Mujeres “invita a hombres y personas de todos los géneros a solidarizarse con las mujeres para crear una fuerza audaz, visible y unida para la igualdad de género”. [7] En 2016, el vicepresidente de la Comunidad de Desarrollo del África Austral - Foro Parlamentario (SADC -PF), junto con varios portavoces de los parlamentos nacionales de la región, se inscribieron como campeones de HeForShe para la igualdad de género. [8]

Ejemplo: En Paraguay, IDEA Internacional organizó en 2018 una serie de talleres sobre nuevas masculinidades en democracia, dirigidos a representantes de la sociedad civil. Los participantes se involucraron en un proceso de reflexión sobre la construcción de las identidades de los hombres y la violencia contra las mujeres, y discutieron estrategias para promover sistemas políticos inclusivos y mejorar la participación de las mujeres en el proceso electoral. [9]

Ejemplo: En México, el INE organizó un seminario sobre “Nuevas masculinidades: ¿por qué el género es relevante para los hombres?” en 2019, durante el período postelectoral. Esta iniciativa estaba dirigida principalmente a ciudadanos motivados y miembros de la sociedad civil. La primera conferencia de este seminario se celebró en la Ciudad de México el 13 de febrero. Se transmitió un video en vivo en las redes sociales para maximizar el alcance de la iniciativa.

Colectivos LGBTI que abogan por la inclusión política

Las asociaciones LGBTI en todo el mundo han llevado a cabo campañas de incidencia en diferentes etapas del ciclo electoral para influir sobre aquellos que tienen la responsabilidad de implementar decisiones políticas. En algunos países, los grupos de la sociedad civil se han dirigido a los partidos políticos y a los candidatos antes de las elecciones, buscando colocar los derechos de las personas LGBTI en la agenda política y asegurar el compromiso de los políticos con políticas inclusivas. Durante el período posterior a las elecciones, las organizaciones de la sociedad civil también pueden hacer trabajo de incidencia, dirigiéndose a parlamentarios, OGE y otras instituciones para asegurar la participación e inclusión de todos los ciudadanos en el proceso político, independientemente de su identidad de género y orientación sexual.

A través de los esfuerzos de incidencia global, las organizaciones también pueden crear conciencia sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBTI y apoyar su compromiso cívico y su participación ciudadana. De acuerdo con la Declaración de Montreal, "los derechos humanos LGBT deben integrarse en los debates mundiales sobre temas sociales y políticos". [1]

Ejemplo: En el marco de las elecciones legislativas francesas de 2017, un grupo de asociaciones LGBTI realizó una campaña de cabildeo dirigida a los candidatos, pidiéndoles que suscriban una carta de compromiso sobre los derechos humanos de las personas LGBTI para luchar contra la discriminación y la violencia contra esta comunidad. Las organizaciones que apoyan esta iniciativa incluyen Inter-LGBT, Caelif, Mag Jeunes y Glup. [2] 

Ejemplo: En Pakistán, TransAction, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, lanzó el “Manifiesto Electoral de la Comunidad Transgénero e Intersexual 2018” antes de las elecciones generales de 2018, con el objetivo de integrar sus reclamos de derechos humanos en la agenda política y el debate público, luchar contra la discriminación y promover políticas inclusivas que empoderan a esta comunidad. [3]

Ejemplo: En Macedonia, los grupos de la sociedad civil hicieron esfuerzos de incidencia para involucrar a los parlamentarios a favor de los derechos humanos para la comunidad LGBTI mediante la promoción de una legislación inclusiva, con el apoyo del NDI. La organización Educación e Investigación en Salud (Health Education and Research, HERA) testificó en varias audiencias del comité parlamentario sobre temas como la anticoncepción, el derecho de aborto, el acoso y el cuidado y tratamiento de las personas que viven con el VIH/SIDA. También abogaron con éxito por el establecimiento de un comité parlamentario sobre cuestiones del VIH, que integró a 10 parlamentarios de seis partidos diferentes. La Coalición por los Derechos de Salud Sexual y las Comunidades Marginalizadas (Coalition for Sexual Health Rights and Marginalized Communities) abogó por una declaración parlamentaria sobre el discurso de odio, en respuesta a la creciente hostilidad hacia las personas LGBTI. Aunque la declaración no fue adoptada finalmente, la Coalición logró asegurar una amplia cobertura de la prensa y un debate público sobre el discurso de odio. [4]

Ejemplo: En Nepal, la Blue Diamond Society realizó esfuerzos de promoción para promover los derechos LGBTI e impulsar la implementación de la decisión de la Corte Suprema de 2007 en el caso Pant vs. Nepal, que reconoció plenos derechos de las minorías sexuales y de género y determinó que la identidad de género debería basarse en la autoidentificación, creando una categoría de “tercer género”, además de “masculino” y “femenino”. Según esta organización de la sociedad civil, como resultado de estos esfuerzos de incidencia, la Comisión Electoral de Nepal decidió incluir una categoría de “tercer género” en su formulario para el empadronamiento de votantes, cumpliendo con la decisión de la Corte Suprema. [5]

Ejemplo: En 2017, IDEA Internacional realizó la película “Viajes de inclusión política LGBTI”, con las trayectorias de asociaciones LGBTI en Nepal y Malawi. Su objetivo es “mostrar estrategias para la inclusión política de las personas LGBTI como un principio de participación democrática en la vida pública”, abogando por una mayor participación política y el compromiso cívico de esta comunidad a nivel mundial. Algunas de las estrategias de inclusión descritas en la película incluyen aumentar la conciencia sobre la situación de los derechos humanos de la comunidad LGBTI, desafiar las leyes discriminatorias ante los tribunales nacionales y realizar campañas de promoción para los partidos políticos y los parlamentarios. [6]

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Durante el período postelectoral, las autoridades recién electas tienen un papel importante en la promoción de la igualdad de género. Los parlamentarios pueden contribuir a promover y proteger los derechos humanos a través de las principales funciones parlamentarias de representación, legislación y supervisión, así como al establecer mecanismos institucionales y foros informales para tratar este tema.[1] Los parlamentarios pueden apoyar los derechos de las mujeres y su participación política mediante la creación de bancadas de mujeres, la implementación de programas relevantes de desarrollo de capacidades y un fuerte compromiso con agendas progresivas y sensibles al género para la reforma legal. Además, los miembros del parlamento también pueden contribuir a promover los derechos humanos para todos los ciudadanos independientemente de su identidad de género y orientación sexual, y mejorar la participación de las personas LGBTI en la política y las elecciones

Construyendo parlamentos sensibles al género

Según una encuesta de la Unión Interparlamentaria (disponible en inglés), realizada entre 2006 y 2008, las mujeres enfrentan grandes obstáculos para ingresar a la política, incluidos los prejuicios y las percepciones culturales sobre los roles de las mujeres en la sociedad, la violencia contra las mujeres en la política y la falta de recursos financieros. Cuando se involucran, las mujeres parlamentarias aportan nuevas perspectivas y prioridades al proceso de toma de decisiones, situando las preocupaciones de las mujeres en la agenda parlamentaria. Este estudio concluyó que la participación de las mujeres es un motor importante del cambio hacia la igualdad de género en el parlamento. Sin embargo, sus hallazgos también mostraron que los parlamentos en general no son generalmente instituciones sensibles al género, y la mayoría de los parlamentarios están de acuerdo en que la igualdad de género es solo “ocasionalmente” o “rara vez” incorporada al parlamento. [1]

La Unión Interparlamentaria publicó en 2011 otro estudio sobre Parlamentos sensibles al género: una reseña global de las buenas prácticas, [2] centrado en lo que los parlamentos están haciendo, como instituciones, para promover la igualdad de género. Los parlamentos sensibles al género responden “a las necesidades e intereses de hombres y mujeres en sus estructuras, operaciones, métodos y en su trabajo”. En los parlamentos sensibles al género, hombres y mujeres tienen el mismo derecho a participar plenamente sin discriminación en el proceso de toma de decisiones y el género se integra en todo el trabajo parlamentario. Algunos ejemplos concretos de acciones que pueden tomar los parlamentos que tienen en cuenta las cuestiones de género incluirían el nombrar a mujeres para dirigir comités importantes, darles el mismo tiempo para hablar en los debates parlamentarios, asegurar que sus oficinas tengan recursos iguales y adecuados, y celebrar sesiones en momentos en que las mujeres son se estén ocupando del tareas domésticas y de cuidado, entre otros.

Los parlamentos deben ser espacios seguros para todos los hombres y mujeres, pero en la práctica, el sexismo, el acoso y la violencia contra las mujeres parlamentarias están muy extendidos, como lo demuestra la publicación de la Unión Interparlamentaria de 2016 “Sexismo, acoso y violencia contra las mujeres parlamentarias”. Esta investigación muestra altos niveles de prevalencia, con el 81,8 por ciento de las encuestadas sometidas a violencia psicológica, el 21,8 por ciento a violencia sexual, el 25,5 por ciento a violencia física y el 32,7 por ciento a violencia económica. [3]

Los parlamentarios pueden promover la igualdad de género dentro de las políticas internas, las estructuras y la cultura de la institución, así como al cumplir con sus responsabilidades parlamentarias en el proceso legislativo, la supervisión de las políticas gubernamentales y la función de la representación. El Plan de acción para los parlamentos sensibles al género de la Unión Interparlamentaria de 2017, basado en el anterior Plan de acción de 2012, tiene como objetivo ayudar a los parlamentos en sus esfuerzos por volverse más sensibles al género, presentando estrategias en las siguientes áreas de acción: 

1) Aumentar el número de mujeres en el parlamento y lograr una participación igualitaria; 

2) Fortalecer la legislación y las políticas de igualdad de género; 

3) Integrar la igualdad de género en todo el trabajo parlamentario; 

4) Instituir o mejorar la infraestructura y la cultura parlamentaria sensibles al género; 

5) Asegurarse de que la responsabilidad por la igualdad de género sea compartida por todos los parlamentarios, hombres y mujeres; 

6) Alentar a los partidos políticos a ser campeones de la igualdad de género; y 

7) Mejorar la sensibilidad de género y la igualdad de género entre el personal parlamentario. [4]

 

Bancadas de mujeres en el parlamento

Las bancadas de mujeres en los parlamentos reúnen a mujeres miembros del parlamento de diferentes líneas partidarias, con el propósito de proporcionar apoyo y trabajo en red para fomentar agendas legislativas y políticas de igualdad de género. Las bancadas de mujeres pueden participar en una amplia variedad de actividades, incluida la recopilación de datos, la realización de investigaciones, la creación de acuerdos con aliados dentro y fuera del parlamento, la facilitación de debates públicos, la sensibilización sobre temas clave, la promoción de la educación cívica y el aprendizaje de experiencias de otros países, entre otros asuntos.  

Aunque en algunos casos las bancadas de mujeres han tenido un efecto positivo en la adopción de legislación a favor de la igualdad de género, el impacto de la mayoría de las bancadas de mujeres en este ámbito sigue siendo limitado. En una discusión virtual conjunta de AGORA e iKNOW Politics de 2011 (disponible en inglés), en la que se analizaron los factores que podrían impedir que las bancadas de mujeres promuevan legislación sobre igualdad de género, los participantes señalaron tres motivos diferentes:

• La pequeña proporción de mujeres en muchos parlamentos hace que la bancada sea un órgano pequeño, que no alcanza el peso necesario para promover la reforma legal. 
• La creación de bancadas de mujeres requiere esfuerzos adicionales en términos de organización, liderazgo y carga de trabajo. 
• La naturaleza multipartidaria de las bancadas de mujeres hace que sea difícil encontrar un terreno común y unir fuerzas. Si bien existe la percepción de que las bancadas son órganos débiles y esta posición permite que los parlamentarios les consideren como un “lugar seguro para la redacción de legislación entre partidos”, su naturaleza suave a veces les impide consolidar agendas sensibles al género en la elaboración de leyes. [1] 

 

Desarrollo de capacidades y capacitación en igualdad de género para parlamentarios

El desarrollo de capacidades y la formación para hombres y mujeres parlamentarios pueden contribuir al fortalecimiento institucional y conducir a un mayor compromiso con la igualdad de género en el trabajo parlamentario. “Una vez electos, los hombres y mujeres legisladores necesitan apoyo, capacitación y asesoramiento para navegar en la institución del parlamento. La capacitación debe proporcionarse sobre las responsabilidades principales de los legisladores: relaciones con el electorado, deberes legislativos y supervisión del poder ejecutivo, incluida la consideración de los presupuestos nacionales”. Los programas de desarrollo de capacidades pueden abordar específicamente el tema de la igualdad de género con el objetivo de sensibilizar a los parlamentarios hombres y mujeres, así como ofrecerles herramientas para cumplir con sus deberes de manera efectiva al tiempo que se promueve el principio de igualdad y los derechos de las mujeres en la legislación y en la supervisión gubernamental.

Las estrategias de fortalecimiento de capacidades deben tener en cuenta las circunstancias específicas, como el hecho de que “las legisladoras tienen menos probabilidades de haber servido antes como políticas que sus colegas masculinos”. Algunos programas de capacitación están diseñados exclusivamente para parlamentarias, para abordar las brechas existentes en los ámbitos de la educación formal y política. “Las sesiones exclusivamente para mujeres han demostrado ser útiles para fomentar la confianza en sí mismas, ya que proporcionan un entorno de aprendizaje seguro en el que las mujeres tienen más probabilidades de participar activamente”. [1]

Ejemplo: En México, el Instituto Nacional Electoral (INE) brindó a las parlamentarias capacitación en línea sobre estilos de comunicación y negociación en 2018, a través de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y la No Discriminación en la Participación Política. [2]

Ejemplo: En Marruecos, el Foro de Mujeres Parlamentarias ofrece a sus miembros talleres de resolución de conflictos para mejorar sus habilidades de liderazgo. [3]

Ejemplo: En Burundi, la Asociación de Mujeres Parlamentarias organiza sesiones de capacitación sobre liderazgo, incidencia y comunicación. [4]

Ejemplo: En Etiopía, la Bancada de Mujeres Parlamentarias organiza actividades que permiten a sus miembros practicar las habilidades de debate en un entorno seguro. [5]

Ejemplo: En Georgia, el Consejo para la Igualdad de Género del Parlamento organizó en 2017 un período de sesiones de seis días sobre las prácticas de presupuestos con perspectiva de género y la integración del enfoque de género en las políticas públicas y el proceso legislativo, en asociación con el PNUD, el NDI, el Gobierno de Suecia, el Gobierno del Reino Unido y la Iniciativa de Buena Gobernabilidad para Georgia de USAID. [6]

 

Participar en reformas legales y políticas para promover la igualdad de género

En su capacidad legislativa, los parlamentarios pueden aprobar leyes que promuevan los derechos de las mujeres. También pueden tomar en consideración las implicaciones de género de leyes específicas, al evaluar su impacto sobre los hombres y las mujeres 

La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE/OIDDH) desarrolló una guía para la legislación sensible al género en 2017 (A guide to gender-sensitive legislation, disponible en inglés). Esta establece un marco para analizar el impacto de la legislación en la vida de hombres y mujeres e integrar la perspectiva de género en el proceso de elaboración de leyes. Este documento proporciona una guía paso a paso sobre cómo llevar a cabo un análisis de legislación sensible al género, que incluye recomendaciones sobre cómo abordar un análisis de género en un sector específico, evaluar las implicaciones de género de leyes específicas, integrar actividades específicas de género en la nueva legislación, desarrollar indicadores sensibles al género para monitorear la implementación de las leyes y analizar los presupuestos desde una perspectiva de género. También señala la importancia de institucionalizar la legislación sensible al género dentro de las estructuras parlamentarias internas, como los comités de igualdad de género o los comités que tratan, entre otros asuntos, la igualdad de género, las estructuras parlamentarias y las redes informales de mujeres, las unidades técnicas de género y los servicios de investigación externos.[1]

Los mecanismos de supervisión parlamentaria permiten a los parlamentarios hacer un seguimiento de los compromisos del gobierno con la igualdad de género, al analizar sus políticas públicas y responsabilizar políticamente al ejecutivo. Los mecanismos comunes de supervisión incluyen preguntas parlamentarias y solicitudes de documentación. Una discusión electrónica de iKNOW Politics de 2016 sobre supervisión parlamentaria de la igualdad de género (Parliamentary Oversight of Gender Equality, disponible en inglés) [2] identificó los siguientes cuatro modelos de supervisión parlamentaria de la igualdad de género:

1. El parlamento solicita información al gobierno:
   Mujeres y hombres parlamentarios pueden hacer preguntas en todas las áreas políticas, solicitando información sobre los beneficiarios y el impacto de las políticas en hombres y mujeres.
2. El parlamento solicita al gobierno una aclaración pública de la política:
   Los parlamentarios pueden preguntar si los datos considerados en la formulación de la política están desagregados por sexo e indagar sobre la inclusión de las mujeres en los mecanismos de consulta durante el diseño de la política.
3. El parlamento obtiene información de fuentes externas al gobierno:
   Los parlamentarios pueden establecer canales de comunicación con asociaciones de mujeres y expertos en género.
4. El parlamento expresa sus opiniones al gobierno y al público:
   Los parlamentarios pueden hacer recomendaciones para que el gobierno promueva la igualdad de género y los derechos de las mujeres en sus políticas.

Ejemplo: A través de proyectos de fortalecimiento parlamentario, el PNUD ha apoyado mecanismos para la supervisión parlamentaria de la igualdad de género en varios países, incluidos los PALOP [3], Colombia, Swazilandia, Nepal, Guinea-Bissau, Moldavia, Ruanda, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, El Salvador, Nigeria, Jordania, Líbano, Somalia, Sudán, Gambia, Túnez, Argentina e Irak. [4]

Ejemplo: El PNUD y el Parlamento de Fiyi desarrollaron un conjunto de herramientas prácticas para los parlamentarios sobre cómo analizar la legislación desde una perspectiva de género, para ayudarles a integrar el género en el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con los requisitos del reglamento interno. “El reglamento del Parlamento requiere que las comisiones parlamentarias utilicen un análisis con perspectiva de género para examinar la legislación o realizar sus funciones de supervisión”. [5]

Ejemplo: En Argentina, el PNUD desarrolló una guía práctica para integrar el enfoque de género en el trabajo legislativo, con el objetivo de apoyar a los legisladores nacionales, regionales y locales en el proceso de incorporación de la igualdad de género en la formulación de leyes. Esta guía se desarrolló en colaboración con el Consejo Nacional de Mujeres, ONU Mujeres y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). [6]

Parlamentos y participación e inclusión política de las personas LGBTI

Los parlamentarios pueden promover leyes que apoyen la igualdad y la no discriminación, independientemente de la identidad de género y la orientación sexual de las personas. Una mayor representación de personas LGBTI en los parlamentos nacionales puede tener un impacto en la legislación, lo que a menudo lleva a la promulgación de leyes de igualdad centradas en la orientación sexual. Según un estudio de 2013 (disponible en inglés), el matrimonio entre personas del mismo sexo era más probable que ocurriera en países con representación de parlamentarios abiertamente gays en el parlamento. Además, los resultados de la investigación mostraron que “los países con los derechos LGBT más progresivos han tenido algún nivel de representación gay durante más tiempo y continúan teniéndola hoy”. [1]

El establecimiento de mecanismos institucionales y de foros informales para discutir los derechos LGBTI, como los grupos parlamentarios LGBTI, puede ser positivo para el trabajo de los parlamentarios que defienden esta causa, ya que la creación de dichas plataformas brinda un fuerte mensaje político a favor de la inclusión social y la igualdad. Además, los proyectos internacionales de fortalecimiento parlamentario pueden promover la inclusión política y los derechos humanos de la comunidad LGBTI, apoyando el trabajo de los parlamentarios en este campo.

Ejemplo: En los Estados Unidos de América, el Grupo por la Igualdad LGBT del Congreso se creó en la Cámara de Representantes en 2008, con el objetivo de promover los derechos humanos de las personas LGBT en el país y en todo el mundo. El Grupo tiene más de 100 miembros y actualmente está copresidido por seis miembros del Congreso abiertamente LGBT. Su trabajo se centra en promover la igualdad de derechos humanos, derogar la legislación discriminatoria, luchar contra la violencia de odio y mejorar la salud y el bienestar de las personas LGBT. [2]

Ejemplo: En el Reino Unido, el Grupo Parlamentario Interpartidario sobre los Derechos Globales LGBT se creó en 2005 para proporcionar un foro para que los parlamentarios promuevan el disfrute de los derechos humanos de las personas LGBTI dentro del país y en el extranjero. Entre otras funciones, el Grupo Parlamentario promueve los derechos LGBTI a nivel nacional e internacional, se reúne con activistas de todo el mundo, asiste a conferencias y crea vínculos con grupos parlamentarios LGBTI en otros países. En 2016, publicó un informe mundial sobre violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de género, y recomendó un mayor apoyo y financiamiento a los grupos LGBTI en el terreno. [3]

Ejemplo: El Intergrupo del Parlamento Europeo sobre derechos LGBTI es un foro informal para los miembros del Parlamento Europeo que desean promover los derechos de las personas LGBTI. Con 150 miembros de diferentes orígenes políticos, es el intergrupo más grande dentro del Parlamento Europeo. Su trabajo consiste en “monitorear el trabajo de la Unión Europea; monitorear la situación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) en los Estados miembros de la UE y más allá; y establecer contactos con grupos de la sociedad civil para transmitir sus inquietudes a nivel europeo”. Las prioridades del Intergrupo incluyen la libertad de movimiento para las personas LGBTI, la supervisión de la Comisión Europea, la lucha contra la discriminación en la Unión Europea, la protección de los derechos de las personas transgénero e intersexuales y la vigilancia de los derechos humanos en el trabajo de la Unión Europea.

Ejemplo: La organización Parlamentarios para la Acción Global, una amplia red internacional de legisladores, ha llevado a cabo una campaña parlamentaria mundial contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, para movilizar a los parlamentarios en favor de los derechos LGBTI. [4] En el marco de esta campaña, la organización lanzó un sitio web de inclusión en 2017, como una plataforma de recursos para que los parlamentarios promuevan la inclusión de personas LGBTI. [5]  En 2017, publicó “Promoviendo los derechos humanos y la inclusión de las personas LGBTI: un manual para los parlamentarios y las parlamentarias”, en colaboración con el PNUD, que “ofrece consejos prácticos, herramientas y recursos diseñados para ayudar a los parlamentarios a realizar actividades legislativas, de representación y de supervisión que promuevan los derechos y la inclusión de las personas LGBTI”.[6]

ANEXO I. ESTUDIOS DE CASO DE PAÍS ADICIONALES

Para obtener más información sobre estudios de caso de país relacionados con el género y las elecciones, véase el siguiente contenido del proyecto ACE

• La sección “Indonesia: continuidad, acuerdos y consenso” en el área temática sobre Sistemas electorales.

• La sección “Maldives: Women’s Representation in Political Processes” (disponible en inglés) en el área temática sobre Sistemas electorales.

• La sección “South Africa: Gender and Elections” (disponible en inglés) en el área temática sobre Elecciones y Medios de comunicación.

•  La sección “Case Studies” en la página “Women and Voter Registration” (disponible en inglés).

• La sección “Liberia: the National Elections Commission” (disponible en inglés) en el área temática sobre Administración electoral.

• La sección “Namibia: The Role of the EMB in Electoral Reform” (disponible en inglés) en el área temática sobre Marco jurídico.

• La sección “The Case of Kenya” (disponible en inglés) en el área temática sobre Administración electoral.

 

 

CONTRIBUCIONES

El área temática de género y elecciones de la Red de Conocimientos Electorales ACE fue escrita por Lluís Juan Rodríguez, como autor principal, bajo la supervisión de Aleida Ferreyra, especialista en política electoral del PNUD. Lluís Juan Rodríguez ha contribuido a la promoción de la participación de las mujeres y la igualdad de género en la política y las elecciones, a través de su trabajo con el PNUD, IDEA Internacional e IFES, entre otras organizaciones, en varios países, entre ellos Paraguay, Guatemala, México, Haití, Madagascar y España.

Aleida Ferreyra supervisó y apoyó todo el proceso de escritura de esta área temática, brindando orientación esencial e indicaciones valiosas sobre los contenidos y su estructura. Aleida Ferreyra se desempeña como Especialista en Políticas Electorales para el PNUD en Nueva York desde 2010. Es responsable de desarrollar políticas y conocimientos en el área de la asistencia electoral y de brindar apoyo electoral a las oficinas y proyectos del PNUD en el terreno.

Esta área temática se enriqueció con las valiosas contribuciones de los socios de la Red de Conocimientos Electorales ACE, a través de un profundo proceso de revisión por pares. Aleida Ferreyra y Risa Arai, del PNUD, contribuyeron a mejorar el área temática con información y ejemplos relevantes. El equipo de IFES también apoyó la consolidación de esta área temática, con contribuciones de Gabrielle Bardall, Meagan Allen, Marita Ivonne Jimenez, Stephen W. Weiland, Gina Chirillo y Brikena Avdyli. En representación de IDEA Internacional, Therese Pearce-Laanela, Sofie Bingemark y Maryam Safi hicieron algunas sugerencias con respecto a esta área temática, incluidas referencias bibliográficas importantes. Además, André Fecteau, de Elections Canada, participó en el proceso de revisión por pares.

Esta área temática también se benefició de los comentarios de Julie Ballington y de Gabriella Borovsky, en nombre de ONU Mujeres. El trabajo anterior de la Sra. Ballington sobre la igualdad de género en la administración electoral, la participación de las mujeres en los partidos políticos y la violencia contra las mujeres en las elecciones ha brindado una base sólida para algunos de los capítulos de esta área temática.

Carmen Echauri, como experta independiente de género, también contribuyó al proceso de revisión por pares, aportando ejemplos de Paraguay, su país de origen.

Esta área temática está en deuda con las investigaciones y las publicaciones existentes sobre la participación de las mujeres y la igualdad de género en el proceso electoral, ya que algunas de sus secciones se basan principalmente en una serie de estudios realizados por los socios de ACE y otras organizaciones. En particular, las siguientes referencias deben ser reconocidas:

• La sección 3. “Promover la igualdad de género y la participación de las mujeres en los partidos políticos” se basa principalmente en la guía del PNUD y de NDI de 2012 “Empoderando a las mujeres para el fortalecimiento de los partidos políticos: una guía de buenas prácticas para promover la participación política de las mujeres”, una de las publicaciones clave en este campo, que ofrece una descripción general sobre lo que pueden hacer los partidos políticos para promover la participación de las mujeres en la política. La autora principal de esta guía es Julie Ballington, y entre los autores y colaboradores de los estudios de casos se encuentran Randi Davis, Mireya Reith, Lincoln Mitchell, Carole Njoki, Alyson Kozma y Elizabeth Powley. Otras partes de esta sección, especialmente el contenido sobre la participación de LGBTI en la política y las elecciones, es trabajo inédito del autor principal de esta área temática.
• La sección 4. “La integración de la perspectiva de género en los órganos de gestión electoral” se basa principalmente en la publicación de 2016 del PNUD y de ONU Mujeres “Procesos electorales incluyentes: Guía para los Órganos de Gestión Electoral sobre la promoción de la igualdad de género y la participación de las mujeres”, que ofrece una visión general de lo que se puede hacer para incorporar el género desde la perspectiva de la gestión electoral. Las principales contribuyentes de esta guía son Julie Ballington, Gabrielle Bardall, Sonia Palmieri y Kate Sullivan. Otras partes de esta sección, especialmente el contenido sobre la participación de LGBTI en la política y las elecciones, es un trabajo inédito del autor principal de esta área temática.
• La sección 5, “Promover la igualdad de género y la participación de las mujeres a lo largo del ciclo electoral” se basa principalmente en la publicación de 2016 del PNUD y de ONU Mujeres mencionada “Procesos electorales incluyentes: Guía para los Órganos de Gestión Electoral sobre la promoción de la igualdad de género y la participación de las mujeres”. Otras partes de esta sección, especialmente el contenido sobre la participación de LGBTI en la política y las elecciones, es un trabajo inédito del autor principal de esta área temática.
• La sección 8, “Violencia contra las mujeres en elecciones y otras formas de violencia electoral basada en el género” se basa principalmente en la publicación de PNUD y de ONU Mujeres de 2017 “Prevenir la violencia contra las mujeres durante las elecciones: una guía de programación”, que ofrece una descripción general sobre las estrategias de prevención y de mitigación contra la VCME. La autora principal de esta guía es Julie Ballington, y otras autoras que contribuyeron a la misma son Gabrielle Bardall y Gabriella Borowsky. Esta sección también incluye contenido de los estudios publicados por IFES en este campo, en particular el trabajo de Gabrielle Bardall: “Breaking the Mold: Understanding Gender and Electoral Violence” (2011).

 

BIBLIOGRAFÍA

 

 

 

 

Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en El Salvador (2018): Informe final.

 

 

 

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Ver: http://iknowpolitics.org/en/knowledge-library/guide-training-material/women-elections-guide-promoting-participation-women

 

 

 

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Ver: https://www.unfe.org/learn-more/

 

 

 

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Ver: https://www.unfe.org/learn-more/

 

 

 

Naciones Unidas Libres e Iguales: “Fact Sheet. Equality and Non-Discrimination”.

 

Ver: https://www.unfe.org/learn-more/

 

 

 

Needja, Amirouche (2014): “Couverture électorale sensible au genre: vers l’égalité dans l’espace public”, in Femmes et médias au Maghreb. Revue d’analyse nº 7.

 

Ver: unesdoc.unesco.org/images/0024/002481/248166F.pdf

 

 

 

O’Malley, Jeffrey et al. (2018): “Sexual and gender minorities and the Sustainable Development Goals”, PNUD.

 

Ver: https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/sexual-and-gender-minorities.html

 

 

 

ONU Mujeres (2012): “Annual Report 2011-2012.”

 

Ver: http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/8/annual-report-2011-2012

 

 

 

ONU Mujeres (2015): “Preparing Journalists to Promote Change: Training on Gender Sensitive Reporting in Timor Leste”. 1 de junio de 2015.

 

Ver: http://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2015/06/preparing-journalists-to-promote-change-training-on-gender-sensitive-reporting

 

 

 

ONU Mujeres et al. (2017): “Electoral Gender Based Violence Training Facilitators Manual”, borrador de manual de trabajo.

 

 

 

ONU Mujeres, ACNUDH y SRVAW (2018): “Violence Against Women in Politics: Expert Group Meeting Report and Recommendations”, 8-9 de marzo de 2018, Nueva York.

 

Ver: http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/9/egm-report-violence-against-women-in-politics

 

 

 

O’Reilly, Christiana; Flanigan, Annetta y Sullivan, Kate (2018): “Women, use your power: a gender assessment of Sierra Leone’s elections”, Comisión Electoral Nacional de Sierra Leona y PNUD.

 

 

 

Organización de los Estados Americanos (2013): “Manual para integrar la perspectiva de género en las Misiones de Observación Electoral de la OEA”.

 

Ver: http://iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/guide-training-material/manual-incorporating-gender-perspective-oas

 

 

 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (2004): “Handbook for Monitoring Women’s Participation in Elections”. Ver: https://www.osce.org/odihr/elections/13938

 

 

 

OSCE/OIDDH (2014): “Handbook on Promoting Women’s Participation in Political Parties”.

 

Ver: https://www.osce.org/odihr/120877

 

 

 

OSCE/OIDDH (2017): “Making Laws Work for Women and Men: A Practical Guide to Gender-Sensitive Legislation”.

 

Ver: https://www.osce.org/odihr/327836

 

 

 

Palmieri, Sonia (2011): “Gender-Sensitive Parliaments: A Global Review of Good Practice”. Unión Interparlamentaria, p. 61.

 

Ver: https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2016-07/gender-sensitive-parliaments

 

 

 

Parlamento Europeo (2013): “Women in decision-making: the role of the new media for increased political participation”.

 

Ver: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/129c4c8b-66b9-45c3-a7f1-702517b1b3e0/language-en/format-PDF/source-74181956

 

 

 

PNUD: “Enhancing women’s participation throughout the electoral process”, curso en línea.

 

Ver: http://iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/online-courses/undp-online-course-enhancing-women%E2%80%99s-participation

 

 

 

PNUD y ONU Mujeres (2012): “Survey on Gender Mainstreaming in Electoral Management Bodies”.

 

 

 

PNUD y NDI (2012): “Empoderando a las mujeres para el fortalecimiento de los partidos políticos: Una guía de buenas prácticas para promover la participación política de las mujeres”. Autora principal: Julie Ballington.

 

Ver: https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/womens-empowerment/empower-women-political-parties.html

 

 

 

PNUD (2014): “Igualdad de género en la Administración pública”.

 

Ver: http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/public_administration/gepa.html

 

 

 

PNUD (2014): “Gender Equality Women’s participation and leadership in governments at the local level, Asia and the Pacific 2013”.

 

Ver: http://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/democratic_governance/gender-equality-in-local-gov-2013.html

 

 

 

PNUD (2015): “Observing elections from a gender perspective; UNDP builds capacity for women CSOs”.

 

Ver:http://www.ng.undp.org/content/nigeria/en/home/presscenter/articles/2015/02/03/observing-elections-from-a-gender-perspective-undp-builds-capacity-of-women-csos-.html

 

 

 

PNUD (2019): “Reference Guide on Women’s Representation and Political Participation for the Arab Region”, UNDP Regional Office for Arab States.

 

 

 

PNUD y ONU Mujeres (2016): “Procesos electorales incluyentes: Guía para los Órganos de Gestión Electoral sobre la promoción de la igualdad de género y la participación de las mujeres”. Autoras principales: Julie Ballington, Gabrielle Bardall, Sonia Palmieri y Kate Sullivan.

 

Ver: https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/democratic-governance/electoral_systemsandprocesses/guide-for-electoral-management-bodies-on-promoting-gender-equali.html

 

 

 

PNUD y ONU Mujeres (2017): “Prevenir la violencia contra las mujeres durante las elecciones: Una guía de programación”.

 

Autora principal: Julie Ballington. Autoras colaboradoras: Gabrielle Bardall y Gabriella Borovsky.

 

Ver: http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/electoral_systemsandprocesses/preventing-violence-against-women-in-elections--a-programming-gu.html

 

 

 

PNUD/PAG (2017): “Promoviendo los derechos humanos y la inclusión de las personas LGBTI: Un manual para los parlamentarios y las parlamentarias”. Ver:  https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/parliamentary_development/advancing-the-human-rights-and-inclusion-of-lgbti-people--a-hand.html

 

 

 

Red Multicultural de Mujeres Trans and Acción Ciudadana (2016): “Informe del Observatorio para la Promoción del Voto de las Mujeres Trans Guatemaltecas. Segunda vuelta de elecciones Guatemala 2015”.

 

Ver: https://www.ndi.org/es/publications/informe-sobre-la-observaci%C3%B3n-electoral-con-%C3%A9nfasis-transg%C3%A9nero-de-acci%C3%B3n-ciudadana-y

 

 

 

Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association to the Human Rights Council, Thirty-eighth session, 13 June 2018.

 

 

 

Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on violence against women, A/73/301, 6 August 2018, submitted in accordance with Assembly resolution 71/170.

 

Ver: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/AnnualReports.aspx#ga

 

 

 

Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 66/130 sobre la Participación política de las mujeres, 2012.

 

Ver: http://www.un.org/en/ga/66/resolutions.shtml

 

 

 

Reynolds, Andrew (2013): “Out in Office. LGBT Legislators and LGBT Rights Around the World”.

 

 

 

Reynolds, Andrew (2013): “Representation and Rights: the Impact of LGBT Legislators in Comparative Perspective”, en American Political Science Review. Mayo de 2013.

 

Ver: http://reynolds.web.unc.edu/downloads-2/

 

 

 

Rosas, Vivian; Llanos, Beatriz y Garzón de la Roza, Gisela (2011): “Género y partidos políticos: la ecuación pendiente”. Banco Interamericano de Desarrollo e IDEA Internacional.

 

Ver: https://www.idea.int/publications/catalogue/partidos-politicos-y-paridad-la-ecuacion-pendiente?lang=en

 

 

 

Sacchet, Teresa (2005): “Political Parties: When do they work for Women?”, Naciones Unidas.

 

Ver: http://iknowpolitics.org/en/2008/08/political-parties-when-do-they-work-women

 

 

 

Sidhu, Gretchen Luchsinger y Meena, Ruth (2007): “Electoral Financing to Advance Women’s Political Participation: A Guide for UNDP Support”, PNUD.

 

Ver: https://agora-parl.org/node/10216

 

 

 

Silva-Leander, Annika y Noonan, Joseph (2018): “Is the space for civil society really shrinking?” IDEA Internacional, 17 de julio de 2018.

 

Ver: https://www.idea.int/news-media/news/space-civil-society-space-really-shrinking

 

 

 

Solijonov, Abdurashid (2016): “Voter Turnout Trends around the World”. IDEA Internacional.

 

Ver: https://www.idea.int/publications/catalogue/voter-turnout-trends-around-world

 

 

 

The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (2017): “The Women Situation Room in Africa”.

 

Ver: http://www.accord.org.za/conflict-trends/womens-situation-room-africa/

 

 

 

Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (2014): Memoria Especial Elecciones 2014.

 

 

 

Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, Dirección de Capacitación y Educación Cívica (2018): Instructivo para Juntas Receptoras de Votos. Elección de Diputaciones a Asamblea Legislativa y de integrantes a Concejos Municipales, domingo 4 de marzo 2018.

 

 

 

Trust for Democratic Education and Accountability, 25 de enero de 2018.

 

Ver: http://tdea.pk/transgender-disabled-women-rights-activists-urge-ecp-sensitize-polling-staff/

 

 

 

UNESCO (2013): “Awareness and debate sessions emphasize the role of the journalists during elections”, en Media and Elections Journal. Edition 1, 1 de julio de 2013.

 

 

 

Unión Europea (2016): “Manual de Observación Electoral de la Unión Europea”.

 

Ver: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/handbook_for_eu_eom_2016.pdf

 

 

 

Unión Interparlamentaria (1994): “Plan Of Action to Correct Present Imbalances In The Participation Of Men And Women In Political Life”. 16 March 1994.

 

Ver: http://archive.ipu.org/Wmn-E/Planactn.Htm

 

 

 

Unión Interparlamentaria y ACNUDH (2005): “Human Rights Handbook for Parliamentarians”.

 

Ver: http://www.ipu.org/PDF/publications/hr_guide_en.pdf

 

 

 

Unión Interparlamentaria (2013): “Guidelines for Women’s Caucuses”.

 

Ver: https://www.ipu.org/resources/publications/reference/2016-07/guidelines-womens-caucuses

 

 

 

Unión Interparlamentaria (2016): “Sexismo, acoso y violencia contra las mujeres parlamentarias”. Ver: https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2016-10/sexism-harassment-and-violence-against-women-parliamentarians

 

 

 

Unión Interparlamentaria (2017): “Plan of action for gender-sensitive parliaments”.

 

Ver: https://www.ipu.org/resources/publications/reference/2016-07/plan-action-gender-sensitive-parliaments

 

 

 

Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres (2017): “Mapa de Mujeres en Política 2019”

 

Ver: https://www.ipu.org/resources/publications/infographics/2019-03/women-in-politics-2019

 

 

 

Virginia Garcia Beaudoux (2017): “Dancing Backwards in High Heels: Women, Leadership and Power”, Netherlands Institute for Multiparty Democracy.

 

 

 

Who Makes the News (2015): “Global Media Monitoring Project 2015”.

 

Ver: http://whomakesthenews.org/gmmp/gmmp-reports/gmmp-2015-reports

 

 

 

Women in Parliaments Global Forum (2016): “Social Media: Advancing Women in Politics?”

 

Ver: https://www.womenpoliticalleaders.org/event/launch-wip-facebook-harvard-report-use-social-media-women-politics-2/

 

 

 

ARTÍCULOS DE PRENSA

 

 

 

Boldrini, Angela (2018): Transexuais e travestis poderão votar com nome social, Folha de S. Paulo. 02/04/2018.

 

Ver: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/04/transexuais-e-travestis-poderao-votar-com-nome-social.shtml

 

 

 

El Telégrafo (2016): “Funcionarios son capacitados sobre los derechos de los GLBTI”, 23/07/2016.

 

Ver: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/funcionarios-son-capacitados-sobre-derechos-de-los-glbti

 

 

 

El Universo (2017): Transgéneros ecuatorianos votan por primera vez de acuerdo con el género elegido. 19/02/2017

 

Ver: https://www.eluniverso.com/noticias/2017/02/19/nota/6055933/transgeneros-ecuatorianos-votan-primera-vez-acuerdo-genero-elegido

 

 

 

Ghauri, Irfan (2017): Only 1,456 transgender listed from 97,02 million voters in electoral rolls. The Express Tribune. 21/10/2017.

 

Ver: https://tribune.com.pk/story/1537485/1-1456-transgender-listed-electoral-rolls/

 

 

 

Khan, Muhammad Salman (2018): “FAFEN hires 25 transgender persons as electoral observers” en The Express Tribune. 05/07/2018.

 

Ver: https://tribune.com.pk/story/1749937/1-fafen-hires-25-transgender-persons-electoral-observers/

 

 

 

La Razón (2018): “Democracia para todos… es ¡todos!”. 08/07/2018

 

Ver: https://www.razon.com.mx/democracia-para-todos-es-todos/

 

 

 

La Red 21 (2018): “Incrementa en Costa Rica violencia contra población LGBTI tras ascenso de político evangélico”. 18/02/2018.

 

Ver: http://www.lr21.com.uy/mundo/1359960-costa-rica-fabricio-alvarado-lgbti-discriminacion-homofobia

 

 

 

Margolin, Emma (2018): “How a New Wave of Female Candidates Is Training to Fight the Trolls. Running for office in the age of #MeToo”, in Politico Magazine. 12/03/2018.

 

Ver: https://www.politico.com/magazine/story/2018/03/12/how-a-new-wave-of-female-candidates-is-training-to-fight-the-trolls-217350

 

 

 

Moreau, Julie (2017): “Will 2017 Be the Year of the Transgender Candidate?” en NBC News, 12/06/2017. Ver: https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/will-2017-be-year-trans-candidate-n768831

 

 

 

Pink News (2017): A majority of people in the transgender community in India are not voting in elections. 05/02/2017

 

Ver: https://www.pinknews.co.uk/2017/02/05/a-majority-of-the-transgender-community-in-india-are-not-voting-in-elections/

 

 

 

Qiblawi, Tamara (2018): “Gay rights come to the fore as Lebanon prepares to vote”, en CNN. 04/05/2018.

 

Ver: https://edition.cnn.com/2018/05/04/middleeast/lebanon-elections-lgbt-rights-intl/index.html

 

 

 

Reliefweb (2018): “UN’s Kubiš rejects and denounces malicious acts against election integrity, in particular defamation and threats against women, urges respect and civility”. 24/04/2018.

 

See: https://reliefweb.int/report/iraq/un-s-kubi-rejects-and-denounces-malicious-acts-against-election-integrity-particular

 

 

 

Sajjad Haider, Muhammad (2018): “Pakistan’s 13 transgender candidates face threats of violence”, Samaa. 14/06/2018.

 

Ver: https://www.samaa.tv/uncategorized/2018/06/pakistans-13-transgender-candidates-face-threats-of-violence/

 

 

 

Shugerman, Emily (2018): “Transgender governor nominee Christine Hallquist says she is getting death threats”. Independent. 22/08/2018.

 

Ver: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/christine-hallquist-transgender-vermont-death-threats-democrat-governor-nominee-a8503701.html

 

 

 

Tajali, Mona (2015): “The promise of gender parity: Turkey’s People’s Democratic Party (HDP)”, en Open Democracy. 29/10/2015.

 

Ver: https://www.opendemocracy.net/5050/mona-tajali/promise-of-gender-parity-turkey-s-people-s-democratic-party-hdp

 

 

 

Talkoof, Emma (2017): “Will 2017 Be the Year of the Transgender Candidate?” in Time, 06/07/2017. Ver: http://time.com/4846082/transgender-political-candidates/

 

 

 

The Guardian (2016): Trans rights: meet the face of Nepal’s progressive third gender movement. 12/02/2016

 

Ver: https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/feb/12/trans-rights-meet-the-face-of-nepals-progressive-third-gender-movement

 

 

 

Times of India (2018): Transgender encouraged to register in voters’ list. 19/04/2018.

 

Ver: https://timesofindia.indiatimes.com/city/mangaluru/transgenders-encouraged-to-register-in-voters-list/articleshow/63821670.cms

 

 

 

UN News (2014): Sexual minorities given right to vote in India’s elections.

 

Ver: https://news.un.org/en/audio/2014/05/588452

 

 

 

Wasib, Sehrish (2018): “Transgender community files manifesto for upcoming elections”, in The Express Tribune. 14/03/2018.

 

Ver: https://tribune.com.pk/story/1659983/1-transgender-community-files-manifesto-upcoming-elections/

GLOSARIO: GÉNERO Y ELECCIONES

Este glosario incluye términos y palabras relevantes para el campo del género y las elecciones.

 

A

Autonomía: el concepto de autonomía se refiere a la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, lo que les permite ser y actuar de acuerdo con sus propias aspiraciones y deseos, en un contexto histórico que hace que sean posibles. La autonomía de las mujeres a menudo se conceptualiza según tres dimensiones:

 

1. Autonomía física (la libertad de tomar decisiones sobre la sexualidad, la reproducción y el derecho a vivir una vida libre de violencia);

 

 2. Autonomía económica (derecho a trabajar y ganar su propio ingreso, distribución del trabajo remunerado y no remunerado entre mujeres y hombres); y

 

3. Autonomía en la toma de decisiones (participación de mujeres en todas las ramas del gobierno, firma del protocolo opcional de la CEDAW, posicionamiento de mecanismos nacionales para el avance de las mujeres). [1]

 

 

B

 

Bifobia es un miedo, odio o aversión irracionales hacia las personas bisexuales. [2]

 

C

 

Cuotas: Los sistemas de cuotas han sido vistos como una de las medidas especiales o acciones afirmativas más efectivas para aumentar la participación política de las mujeres. En la actualidad hay 77 países con cuotas constitucionales, electorales o de partidos políticos para mujeres. En los países donde los problemas de las mujeres siempre han sido entendidos como de baja prioridad, los aumentos en el número de mujeres en puestos de toma de decisiones ayudan a llevar las agendas de las mujeres a un nivel de prioridad más alto. [3]

  

D 

 

Datos desagregados por sexo se recopilan y tabulan por separado para mujeres y hombres. Permiten medir las diferencias entre mujeres y hombres en diversas dimensiones sociales y económicas.[4] 

 

Discriminación contra las niñas y las mujeres significa tratar directa o indirectamente a las niñas y mujeres de manera diferente a los niños y los hombres de una manera que les impide disfrutar de sus derechos. La discriminación puede ser directa o indirecta. La discriminación directa contra las niñas y las mujeres es generalmente más fácil de reconocer, ya que ese tipo de discriminación es bastante obvia. Por ejemplo, en algunos países, las mujeres no pueden legalmente poseer propiedades; están prohibido por ley que tengan ciertos trabajos; o las costumbres de una comunidad pueden no permitir que las niñas vayan a la educación superior. La discriminación indirecta contra las niñas y las mujeres puede ser difícil de reconocer. Se refiere a situaciones que pueden parecer imparciales, pero que resultan en un tratamiento desigual de niñas y mujeres. Por ejemplo, un trabajo para un oficial de policía puede tener criterios mínimos de altura y peso que las mujeres pueden encontrar difíciles de cumplir. Como resultado, las mujeres pueden no ser capaces de convertirse en agentes de policía. [5] 

 

Discriminación múltiple: concepto utilizado para describir la complejidad de la discriminación que implica más de un motivo, también conocido como “aditiva”, “acumulativa”, “compuesta”, “interseccional”, “de sesgo complejo” o “desigualdades multidimensionales”. La terminología puede parecer confusa, y tiende a describir dos situaciones: (1) situación en la que una persona se enfrenta a más de una forma de discriminación basada en motivos diversos (es decir, discriminación por sexo más discapacidad o género más orientación sexual). En tales circunstancias, todas las mujeres y todas las personas con discapacidad (tanto hombres como mujeres) están potencialmente sujetos a la discriminación. (2) Situación en la que la discriminación afecta solo a aquellos que son miembros de más de un grupo (es decir, solo a mujeres con discapacidad y no a hombres con discapacidad), también conocida como discriminación interseccional.

 

Respecto a la discriminación contra la mujer, la Recomendación general número 25 de la CEDAW reconoce lo siguiente: “Ciertos grupos de mujeres, además de sufrir discriminación dirigida contra ellas como mujeres, también pueden sufrir múltiples formas de discriminación por motivos adicionales como raza, identidad étnica o religiosa, discapacidad, edad, clase, casta u otros factores. Tal discriminación puede afectar principalmente a estos grupos de mujeres, o en un grado diferente o de manera diferente a los hombres. Es posible que los Estados partes deban tomar medidas especiales de carácter temporal específicas para eliminar tales formas múltiples de discriminación contra las mujeres y su impacto negativo sobre ellas”. [6] 

 

Diversidad de género es un término que reconoce que las preferencias y la autoexpresión de muchas personas están fuera de las normas de género comúnmente entendidas. [7]

 

E

 

Empoderamiento de las mujeres y las niñas se relaciona con su poder y control sobre sus propias vidas. Implica sensibilización, fomento de la confianza en sí misma, expansión de opciones, mayor acceso y control sobre los recursos y acciones para transformar las estructuras e instituciones que refuerzan y perpetúan la discriminación de género y la desigualdad. Esto implica que para estar empoderadas no solo deben tener iguales capacidades (como educación y salud) e igual acceso a recursos y oportunidades (como la tierra y el empleo), sino que también deben contar con la libertad para usar estos derechos, capacidades, recursos y oportunidades para tomar decisiones estratégicas (como se brinda a través de oportunidades de liderazgo y participación en instituciones políticas). 

 

Además, la UNESCO explica: “Nadie puede empoderar a otro: solo el individuo puede empoderarse a sí mismo o a sí misma para tomar decisiones o hablar. Sin embargo, las instituciones, incluidas las agencias de cooperación internacional, pueden apoyar procesos que puedan fomentar el autoempoderamiento de individuos o grupos ”.

 

Los insumos para promover el empoderamiento de las mujeres deben facilitar la articulación de sus necesidades y prioridades y un papel más activo en la promoción de estos intereses y necesidades. El empoderamiento de las mujeres no se puede lograr en el vacío; Los hombres deben acompañar en el proceso de cambio. El empoderamiento no debe verse como un juego de suma cero donde las ganancias para las mujeres implican automáticamente pérdidas para los hombres. El aumento del poder de las mujeres en las estrategias de empoderamiento no se refiere al poder sobre, o el control de las formas de poder, sino a formas alternativas de poder: poder para; poder con y poder desde dentro que se enfoca en utilizar las fortalezas individuales y colectivas para trabajar hacia objetivos comunes sin coerción ni dominación. [8] 

 

Equilibrio de género se refiere a la participación de aproximadamente el mismo número de mujeres y hombres dentro de una actividad u organización. Algunos ejem- plos son: representación en comités, estructuras de toma de decisiones, o proporción de mujeres y hombres en la plantilla de personal. [9]

 

 

 

Expresión de género es la forma en que expresamos nuestro género a través de acciones y apariencia. La expresión de género puede ser cualquier combinación de masculino, femenino y andrógino. Para muchas personas, su expresión de género está acorde con las ideas que nuestras sociedades consideran apropiadas para su género. Para otras personas no. Las personas cuya expresión de género no se ajusta a las normas y expectativas de la sociedad, como los hombres percibidos como "femeninos" y las mujeres percibidas como "masculinas" a menudo se enfrentan a sanciones severas, incluida la violencia física, sexual y psicológica y el acoso. La expresión de género de una persona no siempre está relacionada con el sexo biológico, la identidad de género o la orientación sexual de la persona.[10] 

 

G 

 

Género puede entenderse como “los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada en un momento dado considera apropiados para hombres y mujeres”. Estas realidades se construyen socialmente y se aprenden a través de la socialización. Son específicos al contexto y al tiempo y están sujetos a cambios. [11] Aunque las formas tradicionales de identidad de género se basan en la clasificación binaria de hombres y mujeres, las realidades de género son diversas y fluidas, en constante evolución, y la lógica binaria podría restringir la libertad y las posibilidades de los seres humanos, especialmente para las personas transgénero, intersexuales y no conformes con el género. 

 

H

 

Homofobia es un miedo irracional, odio o aversión hacia las personas lesbianas, gays o bisexuales. [12]

 

 

I 

 

Identidad de género refleja un sentido profundo y experimentado del propio género. Todos tienen una identidad de género, que es parte de su identidad general. La identidad de género de una persona suele estar alineada con el sexo que se le asigna al nacer. Transgénero (a veces acortado a "trans") es un término general que se usa para describir a personas con una amplia gama de identidades, incluidas personas transexuales, travestis (a veces denominadas "travestis"), personas que se identifican como de tercer género y otras cuya apariencia y características se consideran como de género atípico y cuyo sentido de su propio género es diferente al sexo que se les asignó al nacer. Las mujeres trans se identifican como mujeres, pero fueron clasificadas como hombres cuando nacieron. Los hombres trans se identifican como hombres, pero fueron clasificados como mujeres cuando nacieron. Cisgénero es un término usado para describir a las personas cuyo sentido de su propio género está alineado con el sexo que se les asignó al nacer. La identidad de género es distinta de la orientación sexual y de las características sexuales.[13]

 

 

Igualdad de género significa igualdad de oportunidades, derechos y responsabilidades para mujeres y hombres, niñas y niños. Igualdad no significa que las mujeres y los hombres son iguales sino que las oportunidades, derechos y responsabilidades no dependen de si alguien nace mujer u hombre. Esto implica que deben tenerse en consideración los intereses, necesidades y prioridades tanto de mujeres como de hombres. [14]

 

 

Incorporación de la perspectiva de género es el proceso mediante el cual se evalúa qué implicaciones puede tener sobre las mujeres y los hombres, toda acción planificada en todas las áreas y a todos los niveles, lo que incluye leyes, políticas y programas. La incorporación de la perspectiva de género en los OGE asegura que sean tenidas en cuenta las preocupaciones, necesidades y experiencias de las mujeres y de los hombres en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de todas las actividades. Durante este proceso, el OGE tiene como objetivo reducir las brechas de oportunidades de desarrollo entre mujeres y hombres y trabajar para la igualdad entre ambos como parte integral de la estrategia, políticas y funcionamiento de la organización, y el foco de sus continuados esfuerzos para el logro de la excelencia.8 En algunos contextos también se utiliza el término “integración de la perspectiva de género”. [15] 

 

Intersexualidad: las personas intersexuales nacen con características sexuales físicas o biológicas, como la anatomía sexual, los órganos reproductivos, los patrones hormonales y/o los patrones cromosómicos, que no se ajustan a las definiciones típicas de hombre o mujer. Estas características pueden ser evidentes al nacer o emerger más tarde en la vida, a menudo en la pubertad. Las personas intersexuales pueden tener cualquier orientación sexual e identidad de género. [16]

 

 

Intervenciones específicas de género o dirigidas a cuestiones de género buscan abordar áreas específicas en las que las mujeres están insuficientemente representadas o son desfavorecidas, lo que incluye la adopción de medidas especiales de carácter temporal, y forman parte de un abordaje amplio de incorporación de la perspectiva de género. [17]

 

 

L

 

LGBT/LGBTI: LGBT significa “lesbianas, gays, bisexuales y transexuales”; “LGBTI” significa "lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales". Si bien estos términos tienen una resonancia creciente, las diferentes culturas usan términos diferentes para describir a las personas que tienen relaciones con personas del mismo sexo o que exhiben identidades de género no binarias (como hijra, meti, lala, skesana, motsoalle, mithli, kuchu, kawein, travesty, muxé, fa'afine, fakaleiti, hamjensgara y two-spirit). [18]

 

 

M 

 

Masculinidad: una perspectiva de género, o una forma de analizar el impacto del género en las oportunidades, los roles sociales y las interacciones de las personas, nos permite ver que hay presión sobre hombres y niños para que se desempeñen y se ajusten a roles específicos. De este modo, el término masculinidad se refiere al significado social de la condición de hombre, que se construye y define social, histórica y políticamente, en lugar de ser impulsado por la biología. Hay muchas definiciones construidas socialmente para ser un hombre y estas pueden cambiar con el tiempo y de un lugar a otro. El término se relaciona con las nociones e ideales percibidos acerca de cómo los hombres deben comportarse en un entorno determinado. Las masculinidades no son una cuestión que afecte únicamente a los hombres; las mujeres también realizan y producen el significado y las prácticas de lo masculino. [19]

 

 

Medidas especiales de carácter temporal son medidas específicas que se toman para acelerar la participación igualitaria de las mujeres en el campo político, económico, social, cultural, civil o cualquier otro. Dado el compromiso legal de los estados para producir la igualdad de facto o sustantiva de mujeres y hombres de manera oportuna, es posible que se deban adoptar medidas especiales para mejorar la participación política y electoral de las mujeres. [20]

 

 

O

 

 

 

Organismo de gestión electoral (OGE) son las estructuras y los individuos responsables de llevar a cabo las muchas actividades relacionadas con la planificación y la administración de las elecciones. Si bien un solo organismo puede ser el principal responsable de la mayoría de estas actividades, también es común que las tareas de la administración electoral se distribuyan entre múltiples organismos. En algunos contextos, diferentes entidades desempeñan funciones de administración electoral, como el registro de votantes y la regulación de los medios de comunicación. [21] 

 

Orientación sexual se refiere a la atracción física, romántica y/o emocional de una persona hacia otras. Todo el mundo tiene una orientación sexual, que es parte de su identidad. Los hombres homosexuales y las lesbianas se sienten atraídos por individuos del mismo sexo que ellos mismos. Las personas heterosexuales se sienten atraídas por individuos de un sexo diferente a ellos. Las personas bisexuales pueden sentirse atraídas por personas del mismo sexo o de personas diferentes. La orientación sexual no está relacionada con la identidad de género y las características sexuales.[22] 

 

P

 

Participación política de las mujeres se refiere a la capacidad de las mujeres para participar por igual que los hombres, en todos los niveles y en todos los aspectos de la vida política y la toma de decisiones. La participación de las mujeres y el acceso a las estructuras formales de poder político varían de un país a otro. Existe una tendencia al alza constante en la participación y representación política de las mujeres en los países desarrollados, particularmente en los países nórdicos. De los doce países donde la representación de las mujeres en el parlamento es más del 33%, nueve de ellos están clasificados en la categoría de alto desarrollo humano. Sin embargo, las mejoras en los países de desarrollo humano medio y bajo no son significativas. Las restricciones estructurales y funcionales que enfrentan las mujeres están determinadas por las relaciones sociales y políticas en una sociedad. El patrón común de exclusión política de las mujeres se deriva de (a) los discursos sociales y políticos, (b) las estructuras e instituciones políticas, y (c) las restricciones socioculturales y funcionales que ponen límites a la libertad individual y colectiva de las mujeres. [23]

   

Patriarcado: este término se refiere a una forma tradicional de organización de la sociedad que a menudo se encuentra en la raíz de la desigualdad de género. Según este tipo de sistema social, a los hombres, o lo que se considera masculino, tienen más importancia que a las mujeres, o lo que se considera femenino. Tradicionalmente, las sociedades se han organizado de tal manera que la propiedad y la residencia, así como la toma de decisiones con respecto a la mayoría de las áreas de la vida, han sido el dominio de los hombres. A menudo, esto se basa en apelaciones al razonamiento biológico (las mujeres, por ejemplo, son más aptas para ser cuidadoras) y sigue siendo la base de muchos tipos de discriminación de género. [24]

 

 

S 

 

Sensible a la perspectiva de género toma en consideración la diversidad de varios grupos de mujeres y hombres, y sus actividades y desafíos específicos. [25] 

 

Sexo (biológico): características físicas y biológicas que distinguen a hombres y mujeres.[26]  

 

T

 

Techo de cristal: el término “techo de cristal” es una metáfora que se ha utilizado a menudo para describir las barreras invisibles (“vidrio”) a través de las cuales las mujeres pueden ver posiciones de élite, por ejemplo, en el gobierno o en el sector privado, pero no pueden alcanzarlas. Estas barreras impiden que un gran número de mujeres y de minorías étnicas obtengan y mantengan los trabajos más poderosos, prestigiosos y mejor remunerados de la fuerza laboral. [27] 

 

Toma de decisiones y participación: la participación de las mujeres en la vida pública, específicamente en el ámbito de la toma de decisiones públicas, es una medida clave del empoderamiento de las mujeres y una estrategia para lograr la igualdad de género. La Plataforma de Acción de Beijing tiene dos objetivos estratégicos relacionados: tomar medidas para garantizar la igualdad de acceso y la participación plena de las mujeres en las estructuras de poder y la toma de decisiones y aumentar la capacidad de las mujeres para participar en la toma de decisiones y el liderazgo. La participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones no solo es una mera exigencia de justicia o democracia, sino que también puede considerarse como una condición necesaria para que los intereses de las mujeres se tengan en cuenta. Sin la participación activa de las mujeres y la incorporación de la perspectiva de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones, los objetivos de igualdad, desarrollo y paz no se pueden lograr.

 

Es importante reconocer que la toma de decisiones se refiere a muchas áreas diferentes de la vida pública, incluidas, entre otras, los puestos de toma de decisión en gobiernos, órganos legislativos y partidos políticos. También es necesario buscar una representación equitativa de mujeres y hombres en puestos de toma de decisiones en los ámbitos del arte, la cultura, los deportes, los medios de comunicación, la educación, la religión y el derecho, así como organizaciones de empresarios y sindicatos, empresas transnacionales y nacionales, bancos, instituciones académicas y científicas, y organizaciones regionales e internacionales, incluidas las del sistema de las Naciones Unidas. [28]

  

Transfobia es un miedo, odio o aversión irracionales hacia las personas transgénero. [29]

 

Transgénero (a veces acortado a "trans") es un término general que se utiliza para describir una amplia gama de identidades cuya apariencia y características se perciben como de género atípico, incluidas personas transexuales, travestis y personas que se identifiquen como tercer género. Las mujeres trans se identifican como mujeres pero fueron clasificadas como hombres cuando nacieron, los hombres trans se identifican como hombres pero fueron clasificados como mujeres cuando nacieron, mientras que otras personas trans no se identifican con el género binario. Algunas personas transgénero buscan cirugía o toman hormonas para alinear su cuerpo con su identidad de género; otros no lo hacen. [30] 

 

V

 

Violencia contra las mujeres es la manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres en la vida privada y pública. Se caracteriza por el uso y abuso de poder y control sobre las mujeres, y es una forma de discriminación que viola gravemente y perjudica el disfrute por parte de las mujeres y las niñas de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, resolución 48/104 de 20 de diciembre de 1993, definió la VCM como “cualquier acto de violencia de género que resulte o pueda causar daños físicos, sexuales o psicológicos o el sufrimiento de las mujeres, incluidas las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea en la vida pública o privada”. [31]

 

Violencia de género se refiere a la violencia dirigida contra una persona debido a su género y las expectativas de su papel en una sociedad o cultura. [32]