Actualmente no hay definiciones comúnmente acordadas sobre el concepto
de VCME. El estudio de la violencia contra las mujeres (VCM) y de la violencia
de género (VBG) a menudo no ha contemplado la dimensión política. La violencia
política y electoral, por otro lado, ha sido apenas analizada desde una
perspectiva de género. La falta de definiciones claras de la VCME, así como la
ausencia de indicadores estándar para medir su alcance, hace que sea difícil desarrollar
un marco integral para el análisis de este problema. Una comprensión más
profunda de la VCME requiere explorar definiciones estándar de violencia
electoral desde una perspectiva de género y analizar el alcance de las formas
específicas de violencia que sufren las mujeres en la esfera política, en
comparación con la experiencia de los hombres en la violencia política. A
continuación se encuentran algunas definiciones clave sobre estos temas,
extraídas de la guía del PNUD y de ONU Mujeres.[1]
- La violencia contra las
mujeres (VCM) es la manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre hombres y mujeres en la vida privada y pública. Se caracteriza
por el uso y abuso de poder y control sobre las mujeres, y es una forma de discriminación
que viola gravemente y perjudica el disfrute por parte de las mujeres y las
niñas de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. La VCM puede
ocurrir en diferentes contextos, incluyendo la familia, la comunidad y el
Estado.[2]
- La violencia de género
(VBG) se refiere a la violencia dirigida contra una persona debido a su género
y las expectativas de su papel en una sociedad o cultura. En el contexto de la
violencia política y relacionada con las elecciones, el concepto de VCM se usa
más comúnmente que la noción más amplia de VBG, que puede incluir otro tipo de
violaciones, como el matrimonio infantil o la violencia sexual infantil.[3]
- La violencia contra las
mujeres en la política (VCMP) es cualquier acto o amenaza de violencia de
género que provoque daños físicos, sexuales, psicológicos o sufrimientos a las
mujeres, que les impiden ejercer y hacer realidad sus derechos políticos, ya
sea en público o en espacios privados, incluido el derecho a votar y ocupar
cargos públicos, votar en secreto y hacer campaña libremente, asociarse y
reunirse, y disfrutar de la libertad de opinión y expresión. Dicha violencia
puede ser perpetrada por un miembro de la familia, un miembro de la comunidad
y/o por el Estado. [4]
- La violencia electoral
se considera generalmente como una forma de violencia política. El PNUD define
la violencia electoral como “actos o amenazas de coerción o daños físicos
perpetrados para afectar un proceso electoral, o que surgen en el contexto de
la competencia electoral. Cuando se comete para afectar un proceso electoral,
la violencia puede emplearse para influir en el proceso de la elección, con el
objetivo de retrasar, interrumpir o descarrilar una encuesta e influir en los
resultados”. De acuerdo con la Directriz de las Naciones Unidas para la
prevención y mitigación de la violencia relacionada con las elecciones (2016), este
tipo de violencia “a menudo está diseñada para influir en el resultado
electoral y, por lo tanto, en la distribución del poder político”.[5]
- La violencia contra las
mujeres en las elecciones (VCME) es una forma de violencia contra las mujeres
con la intención de impactar la realización de los derechos políticos de las
mujeres en un contexto electoral. Esto incluye la participación de mujeres como
candidatas, votantes, activistas, simpatizantes de partidos, observadoras,
trabajadoras electorales o funcionarias públicas. La VCME puede adoptar
múltiples formas, incluidos el abuso psicológico y la intimidación, los ataques
sexuales y la violencia física. [6]
Según Mona
Lena Krook y Juliana Restrepo, activistas de toda América Latina
contribuyeron a definir el concepto de “violencia política y acoso político hacia
las mujeres”, trabajando inductivamente a partir de sus experiencias y
observaciones. El concepto apareció por primera vez en 2000 en Bolivia, “donde
una gran campaña de base culminó con una reforma legal en 2012”. El caso
boliviano fue clave para desarrollos posteriores, en tres aspectos: “dio un
nombre a este fenómeno, destacó las formas psicológicas junto con las formas
físicas de abuso, y se desarrolló legislación para criminalizar estos
comportamientos". [7]
La reunión
del Grupo de expertos (disponible en inglés) celebrada en marzo de
2018 por ONU Mujeres, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
(ACNUDH) y la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas
y consecuencias, mostró que el consenso está empezando a surgir en este ámbito.
El informe y las recomendaciones de la reunión del Grupo de Expertos brindan
una visión general del estado del arte con respecto a la VCMP. Aborda las
causas y consecuencias de la VCMP; los marcos internacionales, regionales y
nacionales; los aspectos programáticos en la prevención y mitigación de la
VCMP; y la medición y el seguimiento de este fenómeno. Algunos entendimientos
comunes en el estudio de VCMP se resumieron en las palabras de Mona Lena Krook:
“[La VCMP] se dirige a las mujeres debido a su género; su forma misma puede basarse
en el género, como lo ejemplifican las amenazas sexistas y la violencia sexual;
y su impacto es disuadir a las mujeres de ser o de volverse políticamente
activas”. [8]
La VCMP y la VCME son fenómenos poco declarados, ya que “las víctimas
pueden tener miedo de hablar públicamente y enfrentar desincentivos adicionales
si reportan incidentes, por ejemplo, reacción política, difamación, impacto
familiar, marginación dentro de sus propios partidos, mostrar debilidad,
recibir críticas de que no son aptas para el trabajo, o la humillación y la frustración
de no haber sido tomadas en serio por la policía”.[9]
Una parte central de VCMP (y la VCME) es culpar a las víctimas, “ya que los hombres
y las mujeres intentan restablecer una jerarquía de poder y de gobernanza puesta
en cuestión”.[10]
En su
informe de 2018 sobre la violencia contra las mujeres en la política,
la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer (SRVAW) resume sus
conclusiones y recomendaciones sobre la prevención y el combate de tales
manifestaciones de VBG. Un aspecto central es la falta de datos e indicadores
estándar para medir la incidencia de la VCMP y la VCME a todos los niveles.
Estos actos de violencia generalmente se tratan como incidentes aislados, en
lugar de como resultado de la discriminación estructural y generalizada contra
la mujer en la vida pública. La VCMP “a menudo se normaliza y se tolera,
especialmente en contextos donde el patriarcado está profundamente arraigado en
la sociedad”. Una de las recomendaciones emitidas por la SRVAW en su informe es
recopilar y monitorear datos sobre VCMP a nivel nacional y diseñar estrategias
de prevención en consecuencia.[11]
En 2018, iKNOW Politics celebró una discusión
en línea sobre la violencia contra las mujeres en la política, que
analizó algunos aspectos poco investigados de este fenómeno, como las causas
detrás de los altos niveles de prevalencia de VCMP en todo el mundo, las
razones de las bajas tasas de denuncia y las estrategias para contrarrestarla
en las redes sociales.[12]
[1] PNUD y ONU Mujeres (2017): op. cit. p. 20
[2] PNUD y ONU Mujeres (2017): op. cit. p. 20
[3] PNUD y ONU Mujeres (2017): op. cit. p. 20
[4] PNUD y ONU Mujeres (2017): op. cit. p. 20.
[5] PNUD y ONU Mujeres (2017): op. cit. p. 21.
[6] PNUD y ONU Mujeres (2017): op. cit. p. 23.
[7] Krook, Mona Lena y Restrepo Sanín, Juliana (2015): “Gender and
political violence in Latin America. Concepts, debates and solutions.”
Ver: mlkrook.org/pdf/pyg_2016.pdf
[9] ONU Mujeres, ACNUDH y SRVAW (2018): op. cit. p. 15.
[10] ONU Mujeres, ACNUDH y SRVAW (2018): op. cit. p. 9.
