La violencia homofóbica y transfóbica ha sido denunciada en todos los
países y regiones, y abarca “desde agresiones psicológicas agresivas y
sostenidas hasta agresiones físicas, torturas, secuestros y asesinatos
selectivos. […] Los ataques a las personas debido a su orientación sexual o
identidad de género a menudo son impulsados por el deseo de castigar a
quienes se considera que desafían las normas de género y se consideran una
forma de violencia de género”. A pesar de las obligaciones de los Estados en
virtud del derecho internacional para proteger los derechos de las personas
LGBTI, pocos países han adoptado sistemas adecuados de seguimiento y denuncia de
los delitos de odio homofóbicos y transfóbicos.[1]
La violencia homofóbica y transfóbica en el contexto de los procesos
electorales perjudica a las personas LGBTI y afecta negativamente la
realización de sus derechos políticos, incluido el derecho a votar y a
presentarse a las elecciones. El discurso inflamatorio y de odio utilizado por
los candidatos que se oponen a los derechos humanos de las personas LGBTI puede
resultar en un aumento de los ataques contra esta comunidad en diferentes
etapas del ciclo electoral. En Costa Rica, por ejemplo, se registró un aumento
sustancial de los ataques contra personas LGBTI después de la primera ronda de
las elecciones presidenciales, con una campaña electoral dominada por el debate
sobre las leyes de matrimonio y las declaraciones anti-LGBTI de uno de los
principales candidatos presidenciales.[2]
Además, los candidatos, los representantes públicos y los activistas políticos
LGBTI a menudo sufren acoso y ataques en todo el mundo. En Pakistán, los
candidatos y las asociaciones transgénero denunciaron amenazas e intimidación durante
el proceso electoral de 2018.[3]
En los Estados Unidos, en 2018, Christine Hallquist, la primera mujer
transgénero en ganar la nominación de un partido importante para gobernadora en
Vermont, dijo que había estado recibiendo amenazas de muerte desde que ganó la
primaria de su partido. [4]
