Las normas internacionales de
derechos humanos reconocen el derecho de todos los ciudadanos a participar en
la vida pública sin discriminación, independientemente de su orientación sexual
e identidad de género. A pesar de esto, las personas lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) de todo el mundo a menudo
enfrentan numerosas barreras que restringen el pleno ejercicio de sus derechos,
incluidos sus derechos políticos.
Las leyes y prácticas
discriminatorias, la violencia, la falta de información y los prejuicios y
estereotipos sociales a menudo impiden que las personas LGBTI participen en las
elecciones y en la democracia. En un contexto más amplio, el informe del PNUD de
2018 “The
Sustainable Development Goals: Sexual and Gender Minorities" (disponible en inglés) da
cuenta del complejo panorama de la exclusión social y política que sufren las
minorías sexuales y de género, analizando los obstáculos existentes a su
participación política, incluida la "desaprobación familiar y social,
amenazas de violencia, desafíos para encontrar y mantener un empleo, acceso
deficiente a los servicios de salud, acoso escolar y otras formas de ostracismo
en las escuelas [...], desafíos para encontrar viviendas seguras y privadas y
desafíos para establecer y construir relaciones y una red de amigos que les
apoyen". [1]
El Índice de aceptación global del
Instituto Williams, un ranking de la aceptación social de las personas y los derechos
LGBT en 141 países, muestra que “los niveles promedio de aceptación para las
personas y los derechos LGBT han aumentado a nivel mundial desde 1980, aunque
la aceptación se ha polarizado, aumentando en los países con mayor aceptación y
disminuyendo en aquellos con menor aceptación”. Según el índice, para el
período 2009-2013, los países con la mayor aceptación fueron Islandia, los Países
Bajos, Suecia, Dinamarca y Andorra, mientras que los países con la menor
aceptación fueron Azerbaiyán, Georgia, Arabia Saudita, Bangladesh y Egipto.[2]
La criminalización de las
relaciones consensuales entre personas del mismo sexo es un obstáculo importante
para las personas LGBTI. Al menos 75 países tienen leyes que penalizan las
relaciones privadas y consensuales con personas del mismo sexo, y al menos en
cinco países la condena puede llevar a la pena de muerte. Además, la
criminalización tiende a alimentar la violencia y la discriminación homofóbica
y transfóbica.
[3] En ambientes hostiles, los
derechos humanos de las personas LGBTI están a menudo en peligro y estas apenas
pueden participar en el proceso electoral.
Los grupos de derechos LGBTI y otras
organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel importante en la
promoción de los derechos humanos para esta comunidad, incluidos los derechos
de participación. Otros actores relevantes, como los OGE, los partidos
políticos, los parlamentos, los proveedores de asistencia electoral
internacional y los observadores electorales, también han contribuido a estos
esfuerzos, con acciones que llevan a una mayor inclusión de este grupo social
en la vida democrática y en las elecciones.
La falta de datos hace que sea
difícil comprender hasta qué punto está representada la comunidad LGBTI en los
parlamentos nacionales. La Iniciativa de Investigación de Derechos y
Representación LGBTQ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y “queer”) en la
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill ha estado recolectando datos
relevantes que aportan algo de luz sobre este tema. El programa realiza
investigaciones sobre los vínculos entre la representación y los derechos
políticos de las personas LGBTQ, reuniendo datos sobre la representación
política de los representantes LGBTQ que prestan servicios en el gobierno y
reuniendo legislación nacional relacionada con los derechos de esta comunidad. [4] La base de datos de esta
iniciativa hace posible rastrear la participación política de las personas
LGBTI a lo largo del tiempo, con estadísticas sobre los parlamentarios elegidos
y la existencia de leyes relativas a los derechos de este colectivo en todo el
mundo. Entre los países analizados, la investigación del programa pudo
identificar en 2013 a un total de “95 parlamentarios que ocupan cargos en 20
países (73 homosexuales, 17 lesbianas, cuatro parlamentarios bisexuales y uno
transgénero). El número más grande era 24 en la Cámara de los Comunes británica
".
[5]
Las personas transgénero
generalmente enfrentan barreras específicas cuando ejercen su derecho de voto
en la práctica. El registro y la identificación de los votantes parecen ser dos
áreas particulares de preocupación para este colectivo, porque su identidad de
género real no siempre coincide con la de sus documentos de identidad
oficiales. En algunos países, los OGE han adoptado procedimientos especiales
para promover su participación, prestando especial atención al proceso de registro
de electores en el padrón electoral y su identificación durante la jornada
electoral.
[6]
[5] Reynolds, Andrew (2013): “Out in
Office. LGBT Legislators and LGBT Rights Around the World.” Según este estudio, los países con
parlamentarios abiertamente LGBTQ en 2013 incluyeron Bélgica, Brasil, Canadá,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Lituania,
México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Sudáfrica, Suecia, el
Reino Unido y los Estados Unidos de América.
[6] En la sección
5 de esta área temática, ”Promover la igualdad de género y la participación de
las mujeres a lo largo del ciclo electoral”, se presentan ejemplos de buenas
prácticas sobre este tema.
