Los OGE o los organismos responsables del contencioso electoral deben
garantizar que las mujeres comprendan los mecanismos de resolución de disputas
electorales, a través de campañas de educación electoral o sesiones de
concientización, y garantizar el acceso de las mujeres a las quejas y
apelaciones, incluyendo los mecanismos de justicia informal o alternativa. Las
mujeres también deben participar en los mecanismos de resolución de conflictos
y debe evitarse la discriminación de género.[1]
Además, en algunos países, el poder judicial desempeña un papel
importante en la supervisión del proceso electoral, como una garantía de que
los OGE y otros actores relevantes respeten las disposiciones legales y
constitucionales. Esto puede tener implicaciones concretas en términos de
igualdad de género y participación de las mujeres, como se muestra en el caso
de Kenia.
Ejemplo: La Comisión Electoral de Zambia (ECZ) establece Comités de Gestión de
Conflictos para abordar las quejas y las disputas electorales. Tanto a nivel
nacional como de distrito, los Comités de Gestión de Conflictos organizan foros
para escuchar las quejas de las candidatas y las votantes. Pueden imponer
sanciones en caso de violación de las normas electorales. [2]
Ejemplo: En Kenia, la Constitución de 2010 reconoció una cuota de género del
30 por ciento, otorgando al parlamento hasta agosto de 2015 para la
promulgación de la legislación necesaria para que esta medida sea efectiva, un
plazo que se extendió por un año sin que se aprobara ninguna legislación. En
marzo de 2017, la Corte Suprema de Kenia se pronunció sobre la implementación
de la cuota, dando al parlamento 60 días para aprobar una ley que garantice la
aplicación de la disposición constitucional, so pena de ser disuelto en caso
contrario. Este fallo fue emitido como respuesta a la petición de grupos de
derechos humanos para obligar al parlamento a promulgar la ley antes de una
elección general en agosto del mismo año, argumentando que la falta de
cumplimiento del requisito constitucional de la cuota de género conllevaría una
crisis constitucional. No se aprobó ninguna ley después de este fallo y algunos
parlamentarios denunciaron el fallo como un ataque a la independencia del
parlamento.[3]
[1] IFES (2014): “Gender Equality and Election Management Bodies: A Best
Practices Guide”. Autoras: Sarah Bibler,
Vasu Mohan y Katie Ryan.
[2] PNUD y ONU Mujeres (2016): op. cit. p. 85.
