En los Estados Unidos, los votantes de Massachusetts han estado facultados desde 1715 para usar la iniciativa ciudadana con el fín de poner artículos en la agenda fija de su poblado para poder llamar a una reunión del pueblo. Actualmente, 23 constituciones estatales, comenzando con la de Dakota del Sur en 1898, autorizan el uso de peticiones para colocar propuestas en la papeleta del referéndum. La iniciativa constitucional existe en 17 estados de la Unión Americana y la iniciativa estatutaria puede ser empleada en 21 estados. El poder de veto del gobernador no se extiende a la legislación en curso. El dispositivo también puede ser usado en la mayoría de los estados para adoptar y enmendar los estatutos de los gobiernos locales y para promulgar ordenanzas en muchas municipalidades. La Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso de la Compañía de Teléfonos y Telégrafo de los Estados Pacíficos contra Oregon, 223 U.S. 118 (1912) rechazó un desafío a la iniciativa de que violaba la Constitución de los Estados Unidos la cual garantizaba a cada estado una forma republicana de gobierno.
Las iniciativas pueden ser clasificadas como:
- Estatales o locales.
- Constitucionales o estatutariuas.
- Directas o indirectas. y
- Consultivas.
Las primeras dos categorías se explican por si mismas. Bajo la iniciativa directa, se evade por completo el proceso legislativo, ya que las propuestas son colocadas directamente en la papeleta del referéndum, si se cumple el requisito del número y distribución de las firmas válidas que deben recaudadas y certificadas.
La iniciativa indirecta, empleada en ocho estados, requiere un proceso más complejo en la medida que la propuesta es referida al cuerpo legislativo para la comprobación en archivos del número requerido de firmas certificadas que amparan la petición. Si el cuerpo legislativo no aprueba la propuesta dentro de un número estipulado de días - que varían desde 40 en Michigan hasta un aplazamiento indefinido en la legislatura del estado de Maine - obliga a que la propuesta sea colocada automáticamente en la papeleta del referéndum. En Massachusetts, Ohio y Utha, se deben recabar peticiones de firmas adicionales para poder poner la propuesta en la papeleta. Solamente la constitución de Massachusetts autoriza el uso de iniciativa indirecta para colocar reformas constitucionales en la papeleta.
Las legislaturas estatales de Maine, Massachusetts, Michigan, Nevada y Washington están autorizadas para poder colocar una propuesta substituta en la papeleta cuando una iniciativa de propuesta califica y es aceptada. Aunque una sección de la constitución de Alaska permite solamente la iniciativa directa, otra sección permite a la legislatura estatal promulgar un substituto legislativo que anule la iniciativa de petición de propuesta sustituta, por considerar que ésta contiene substancialmente lo mismo. Maine, Massachusetts y Wyoming autorizan solamente la iniciativa estatutaria indirecta. Michigan, Nevada, Ohio, Dakota del Sur, Utah y Washington autorizan el empleo de los dos tipos.
Las iniciativas de carácter consultivo, permiten a los votantes circular peticiones para colocar preguntas no obligatorias en una papeleta electoral, para presionar a los cuerpos legislativos a promulgar legislaciones específicas y convertirlas en leyes. Tales iniciativas no eran usadas antes de finales de los años setenta y generalmente atraían sólo atención local. El crecimiento de movimientos ambientalistas y en contra de la proliferación nuclear, ha incrementado el empleo de esta iniciativa para llamar la atención de los medios de comunicación, a nivel nacional.
Los estados que autorizan el uso de la iniciativa para colocar en la papeleta de referéndum, estatutos propuestos, requieren, con la excepción de Alaska, el registro preliminar de una petición ante al Fiscal General o al Secretario de Estado, quien chequea que la petición esté conforme con requerimientos constitucionales y/o estatutarios. En Alaska, los patrocinadores registran la petición con el Vice-Gobernador, quien también recibe todas las peticiones con las firmas registradas para la fecha límite. Tres estados requieren un depósito - $100 a $1000 - cuando una aplicación es archivada, pero el depósito es reintegrado cuando la propuesta califica para ser colocada en la papeleta. En los tres estados la petición es revisada por oficiales estatales quienes pueden sugerir cambios y reformulación a los patrocinadores.
El Fiscal General (el Vice-Gobernador en Alaska) prepara un nombre para la papeleta y un resúmen de la propuesta, que es impreso en la parte superior de cada petición. Similarmente, un empleado del gobierno local es responsable de imprimir los formularios de peticiones con cargo al presupuesto del estado; sin embargo, en Idaho los patrocinadores son responsables de imprimir las peticiones.
El número requerido de firmas para colocar una propuesta en la papeleta se basa en un porcentaje de los votos emitidos en la elección general más reciente o en un porcentaje de los votos emitidos para Gobernador (Secretario de Estado en Colorado). Los requerimientos para las firmas varían desde el 3% de los votos emitidos para Gobernador, en Massachusetts, hasta el 15% en Arizona y Oklahoma. La constitución de Massachusetts estipula que una petición sea sometida a la Corte General (Legislatura Estatal) y será puesta en la papeleta de referéndum sólo si es aprobada por un cuarto o más de los miembros en dos sesiones consecutivas. Una vez puesta en la papeleta, la propuesta es ratificada si es aprobada por una mayoría de los votos emitidos sobre la propuesta, siempre que la mayoría incluya el 30% o más del número total de papeletas emitidas en la elección.
Los argumentos en pro y en contra de la iniciativa ciudadana son similares a los argumentos en pro y en contra del referéndum de protesta, ver Referendos y Plebiscitos, y la revocación del mandato, ver Revocación del Mandato Legislativo.Los promotores originales de la iniciativa, estaban convencidos de que la sabiduría colectiva de los votantes era superior a la de los representantes electos, pero reconocían que tampoco todas las leyes que se necesecitan, deberían ser promulgadas por la iniciativa y el referéndum. En teoría, la iniciativa debería ser ejercitada solamente cuando cuerpos legislativos elegidos no promulgaran las leyes necesarias sobre cuestiones importantes o promulgaron legislaciones que no respondían a los deseos del electorado.
Los proponentes sostienen que la iniciativa:
Hace a los legisladores más responsables hacia los votantes que a los grupos especiales de interés
Incrementa el interés ciudadano en los asuntos gubernamentales,
Reduce la alienación del votante,
Genera apoyo para breves constituciones estatales y estatutos de gobierno, y
Ejecuta una importante función cívica educativa
Numerosos argumentos en contra de la iniciativa han sido reunidos por sus oponentes, por ejemplo, que los legisladores hacen mejores leyes, que pobres proyectos de ley surgidos de las iniciativas crean problemas de implementación, que legislaciones de estas iniciativas pueden no ser coordinados con legislaciones vigentes, que la formulación de la propuesta puede confundir a los votantes, que la iniciativa sobresimplifica los temas, que algunas las minorías pueden ser afectadas adversamente por una exitosa campaña de las iniciativas y, que la inflexibilidad gubernamental se puede introducir, si una propuesta de la iniciativa no puede ser reformada por el cuerpo legislativo local o estatal.
El continuo uso exitoso de la iniciativa es evidencia de que los cuerpos legislativos no expresan siempre la voluntad popular. Aunque la iniciativa es una estrategia de mosaico para crear leyes, la legislación alcanzada por esta vía, en general no ha causado problemas de implementación. Los críticos, sin contar al electorado en general, han descriminado el exámen de los argumentos en pro y en contra de las propuestas de estas iniciativas, previo a llamar a como votar.
En resúmen, la iniciativa directa refuerza el sistema de gobierno porque tiene el beneficio de un proceso legislativo, incluyendo audiencias públicas, revisiones, estudio y recomendaciones de un comité. Si el cuerpo legislativo no aprueba la propuesta, los votantes han sacado ventajas en su capacidad de tomar decisiones por medio de información generada durante el proceso legislativo. La iniciativa indirecta es un anexo útil para el proceso convencional de creación de leyes y puede ser un contrabalance efectivo cunado existe cuerpo legislativo no representativo, además no socava al gobierno que mantiene el veto ejecutivo. Una ventaja mayor dela iniciativa es el hecho de que pone al descubierto las operaciones de los grupos de interés, las cuales disimulan con sus actividades de cabildeo (lobby) en las legislaturas locales (estatales).
El apoyo a la iniciativa directa no sugiere que deba ser empleada con tanta frecuencia. Debería de ser una reserva de poder, una arma de último recurso y la necesidad relativa de su uso depende del grado de responsabilidad, representatividad y expresividad de los cuerpos legislativos.
