La libertad de expresión es obviamente esencial para cualquier proceso electoral creíble. Si los políticos no son capaces, o no les es permitido, expresarse libremente, o si los votantes no pueden entrar en discusiones políticas, ¿cómo pueden haber elecciones justas? En particular, los gobiernos no deben utilizar sus poderes para reprimir la crítica. Deben permitir la libertad de prensa e, igualmente importante, deben darle a las fuerzas de oposición una oportunidad razonable para expresar sus tesis en la televisión nacional.
En todo caso, existen límites legítimos a la libertad de expresión. Aquí se consideran cinco razones para restringir la libertad de expresión.
La protección de la seguridad nacional
Especialmente en tiempos de guerra, es razonable impedir que los políticos discutan los asuntos públicos de una manera que pueda revelar secretos militares al enemigo. Aún en tiempos de paz, algunas materias deben permanecer con el carácter de confidenciales. Desafortunadamente, los gobiernos con frecuencia se sienten tentados a apelar sin razón a necesidades de seguridad nacional con el propósito de evadir el escrutinio y la crítica.
La contención de la libertad para incitar la violencia y al odio
En todas las sociedades, especialmente en aquellas fracturadas por tensiones étnicas, la libertad de expresión sin restricción alguna se torna peligrosa cuando elementos violentos o antidemocráticos deciden usar su libertad para incitar a la violencia y al odio. Es un gran problema para las democracias decidir qué tanto se debe tolerar la retórica extremista, y hasta que punto se deben permitir reuniones públicas potencialmente violentas.
Un argumento para la máxima tolerancia es que es muy fácil para el gobierno en turno utilizar el argumento de la necesidad de mantener la ley y el orden para restringir la legítimas expresiones de disenso. Se puede aducir que a fin de preservar los derechos de legítimo disentimiento, también es necesario permitir que incluso aquellos que parezcan extremistas y antidemocráticos puedan expresarse. Pero también existen argumentos para restringirlos.
Un ejemplo clásico de la discusión acerca de las restricciones a la libertad de expresión es el caso de Skokie, Illinois, en los Estados Unidos, respecto a si debe permitírsele a los grupos nazis el expresarse mediante marchas a lo largo de los suburbios judíos. Las tradicionales marchas protestantes a través de suburbios predominantemente católicos en el Norte de Irlanda han planteado cuestiones similares.
La protección de los políticos contra acusaciones calumniosas
Está abierto al debate si quienes se involucran en actividades públicas, así como sus familias, deben ser protegidos contra falsas acusaciones de sus oponentes o de la prensa. En los Estados Unidos, a los comentaristas y a los oponentes políticos se les ha dado una gran libertad para hacer comentarios acerca de quienes participan en la vida pública, incluso si esos comentarios son evidentemente falsos. Con el propósito de obtener protección contra la difamación en las Cortes de los Estados Unidos, las figuras públicas necesitan demostrar no únicamente que las acusaciones que se les hacen son falsas, sino también que fueron hechas con dolo (algo muy difícil de probar).
Esta libertad de insultar, y de levantar falsos comentarios contra las figuras públicas, se deriva del punto de vista que la política es una actividad difícil. Consecuentemente, aquellos que eligen participar en la vida pública deben esperarse verse sometidos, junto con su familia, al escrutinio y al ataque público. En contraste, las leyes sobre difamación en Gran Bretaña brindan una protección considerable a las figuras públicas.
La protección a los políticos contra la invasión de la privacidad
¿Debe la libertad de prensa llegar al punto de tenerse el derecho de hacer comentarios sobre la vida personal y los hábitos sexuales de los políticos y de sus familias? Las leyes y los convencionalismos sociales difieren de país a país. En Francia, la ley busca proteger a los políticos de intromisiones en sus asuntos privados.
El argumento principal en favor de restringir el derecho de la prensa a informar sobre la vida privada de los políticos es que las figuras públicas deben ser juzgadas sobre la base de su posición en asuntos políticos y de su desempeño en el cargo. Si un Presidente o un Primer Ministro es un adúltero o desviado sexual es irrelevante para su capacidad política. Sus finanzas privadas son igualmente irrelevantes.
El punto de vista contrario es que la confianza pública y la moral privada no pueden ser separadas. Un político que promete serle fiel a su cónyuge y que posteriormente comete adulterio exhibe una falta de confiabilidad acerca de lo cual los votantes tienen el derecho de estar informados. Igualmente, las finanzas privadas de un político deben reflejarse su buena fe y en su carácter.
Un punto de vista conciliador es que la vida privada de los políticos se vuelve relevante solo si han convertido en una cuestión política asuntos relativos a la moralidad. Por ejemplo, un político que hace campaña contra los males provocados por las drogas y, para su ridículo, resulta ser un abusador de ellas.
Limitar las ventajas de los partidos y candidatos con más recursos
Para el examen de este asunto, ver Principios Guía.
