El principio de "frenos y contrapesos" es, de alguna forma, similar al de apertura. Los "frenos y contrapesos " no son un fin en sí mismos, sino un instrumento para asegurara otros objetivos, tales como la equidad, el control de la corrupción, etc.
En las famosas palabras del Lord Acton: " El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente". El control sobre la administración del proceso electoral reviste tal poder que es peligroso dejarlo sin supervisión. El abuso de poder puede ser a veces deliberado. Los gobiernos y legisladores en funciones pueden sesgar de manera deliberada las reglas electorales en su beneficio. Si los administradores electorales son responsables ante ellos, pueden resultarles difícil mantenerse neutrales. Además, aunque aquellos en el poder no manipulen intencionalmente las reglas, estarán inconscientemente tentados a hacerlo. Como fue discutido en Condiciones de Equidad en la Contienda, hay tantas interpretaciones alternativas sobre lo que constituye la "equidad" que los detentadores del poder estarán tentados a utilizar la interpretación más cercana a sus intereses partidistas.
Una manera de mantener las tentaciones de los gobiernos y de las mayorías legislativas bajo control es la de conferir la autoridad sobre la administración electoral a servidores civiles con una fuerte tradición de neutralidad política. Un método adicional es el de asegurar que las estructuras del poder establecido estén sujetas a revisión y crítica.
Los dos "contrapesos" principales son:
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- Los partidos políticos y los candidatos.
- La libertad de la prensa y los medios de comunicación.
Los partidos políticos y los candidatos a puestos públicos tienen el mayor incentivo posible para asegurarse que sus oponentes jueguen el juego político de acuerdo con las reglas. Por ejemplo, si un candidato o un partido local intentan hacer trampa al momento de incluir nombres en el registro electoral (quizá persuadiendo a sus seguidores a que incluyan los nombres de electores que han fallecido o se han mudado de domicilio), entonces el candidato o partido de oposición deberá investigar el registro electoral, y objetar los nombres que no deberían estar incluidos. Tradicionalmente, el sistema británico de registro electoral ha recaído en gran medida en la actuación de los partidos políticos como detectives para detectar prácticas injustas.
De igual forma, el día de las votaciones en Gran Bretaña, cada partido intenta organizar una lista de miembros que se ubiquen fuera de cada sitio o mesa de votación. Una función de estos observadores (que usualmente son residentes locales) es la de revisar cualquier indicio de suplantación de electores, o cualquier otra manifestación de fraude electoral. El entrenamiento y el despliegue de estos vigilantes por parte de los partidos contendientes es especialmente importante cuando se celebran elecciones en una nueva democracia. Si es probable que un fraude o una presión indebida se pueda observar y reportar, entonces se reducirán los intentos de hacer trampa.
La existencia de partidos políticos contendientes no es siempre una garantía de que se van a revisar entre ellos. Algunas veces, los oponentes pueden aliarse para violar la ley. En Gran Bretaña existen evidencias de que el gasto de los candidatos de todos los partidos principales en las elecciones parciales fue, al menos hasta los ochentas, tan ostensiblemente superior al techo legal permitido, que virtualmente se trato de una conspiración de silencio. Las acusaciones de un candidato se arriesgaban a detonar otras en sentido contrario. En tales situaciones, la tarea de llamar la atención sobre las prácticas ilegales --de proporcionar frenos y contrapesos-- se deja ya sea a los candidatos o partidos marginales o, si estos no lo hacen, a la prensa.
Una prensa libre es, generalmente, el contrapeso mas importante en contra de prácticas electorales ilegales. Por ejemplo, la efectividad de las regulaciones acerca de la revelación de las donaciones políticas depende principalmente de los reportes y los comentarios de los periódicos acerca de la información manifestada en los documentos y archivos oficiales.
