Las leyes y reglas referentes a los partidos políticos, los candidatos y los sistemas electorales pueden tener profundas consecuencias administrativas. Por lo tanto, las realidades administrativas necesitan ser tomadas en cuenta cuando se toman decisiones acerca de tales regulaciones. Esto aplica especialmente, pero no exclusivamente, a las decisiones acerca del calendario electoral. Aún si hay poderosas razones políticas en un país para celebrar elecciones anticipadas, un calendario poco realista puede ser una invitación al caos.
De acuerdo con un punto de vista, las consideraciones de equidad y eficiencia demandan que las fechas de la elección se fijen por anticipado, y no a discreción del gobierno en turno. De cualquier modo, los argumentos teóricos y prácticos acerca de fechas variables o fijas para las elecciones no son del todo convincentes.
Enfoques sobre la administración de partidos y candidatos
Es útil contrastar el enfoque tradicional, el cual implica una administración "ligera" y una mínima interferencia en el proceso electoral, y uno más moderno (aunque no necesariamente mejor) que involucra una administración más "pesada" y regulaciones más detalladas.
En el siglo XIX, el estado intervino relativamente poco en la celebración de elecciones. Ciertamente, a menudo fue necesaria la policía para controlar las peleas y las borracheras que acompañaban a la votación, especialmente cuando el voto era público (como en Gran Bretaña hasta 1872), y cuando los candidatos todavía ganaban votos con licor y otros "trucos". Las cortes de justicia estuvieron envueltas en frecuentes litigios entre candidatos rivales.
Sin embargo, las principales tareas de la administración de elecciones estaban todavía en manos del "sector privado". Los candidatos y las entonces apenas emergentes organizaciones partidistas asumieron la importante responsabilidad de registrar a los votantes y de objetar el registro de aquellos incluidos en las listas por sus oponentes políticos. Los candidatos (con la asistencia ocasional de las organizaciones de su partido) eran responsables por los pesados costos de llevar a cabo las campañas electorales; la ayuda del estado para los costos de campaña todavía estaba muy distante.
En algunos países, como Gran Bretaña, se esperaba que los candidatos dividieran entre ellos los costos de los oficiales encargados de recibir y contar los votos. El razonamiento era que ninguna elección hubiese sido necesaria --y por lo tanto los costos de administrar las elecciones habrían sido evadidos --si los candidatos se hubieran abstenido de presentarse ante los electores. Por lo tanto, el candidato debía absorber los gastos de la administración electoral. Finalmente, se esperaba que los candidatos que hubieran ganado escaños para el Congreso pagarán por su propia manutención; los sueldos parlamentarios también eran una cosa del futuro.
Hoy en día, las autoridades públicas de muchos países son responsables por las tareas de registrar a los votantes, de llevar a a cabo y pagar la administración de las elecciones, de subsidiar el costo de las campañas de partidos y candidatos, de pagar no sólo los salarios de los legisladores, sino también los gastos de sus grupos parlamentarios y, en algunos lugares, hasta por establecer y aplicar reglas acerca de la organización y funcionamiento interno de los partidos políticos. En algunos casos, los académicos y analistas se han referido incluso al surgimiento de un "estado de partidos"-- un sistema donde los partidos políticos están tan estrictamente regulados y financiados por el estado que cesan, en efecto, de operar como instancias voluntarias e independientes.
Contrastando la división de responsabilidades
El enfoque sobre la administración de partidos, candidatos y elecciones depende no únicamente de si el sistema de regulación es "ligero" o "pesado"; también varia en el modo en que las responsabilidades son divididas entre autoridades centrales y locales, y entre diferentes instituciones.
- La administración central contra la local
En países como Gran Bretaña, la autoridad central responsable de administrar las elecciones (un Ministerio del Gobierno llamado Oficina Doméstica) está inactiva. Virtualmente toda la responsabilidad de tareas tales como el registro de electores y la operación de las mesas de votación, descansan en los gobiernos distritales, un nivel abajo de las autoridades locales. En contraste, en Australia existe una comisión electoral altamente centralizada. Esta comisión no es parte de un ministerio de gobierno, pero es una institución poderosa e independiente .
Estados Unidos es un ejemplo de un sistema que combina elementos altamente centralizados y descentralizados. Una Comisión Federal Electoral especial es un órgano importante cuando se trata de administrar las regulaciones concernientes al financiamiento para las elecciones federales. Sin embargo, el grueso de las normas y regulaciones sobre partidos y elecciones son responsabilidad de los gobiernos estatales.
- El enfoque de adversarios frente al burocrático
El enfoque de "adversarios" se refiere a un sistema como el que existió hasta 1990 en Gran Bretaña, donde usualmente se deja a los partidos y candidatos la iniciativa de emprender acciones legales en contra de sus oponentes cuando sospechan que han infringido las leyes. El enfoque "burocrático" se refiere a un sistema, como el de Australia o Canadá, donde existe una poderosa burocracia dedicada específicamente a la administración y cumplimiento de las leyes electorales, también ver Enfoques para la Regulación de Partidos y Candidatos .
- Disposiciones constitucionales y carta de derechos
Se ha convertido virtualmente en una norma común el que las disposiciones legales de un país sobre cuestiones políticas y electorales estén sujetos a principios --como el de la libertad de expresión-- consagrados en la Constitución o en una carta especial de derechos. Esto puede dar origen a impugnaciones o demandas legales en contra de leyes electorales o de partidos ante las Cortes Constitucionales. Los Estados Unidos, Canadá, Alemania, y Gran Bretaña son ejemplos de países donde han ocurrido (o están ocurriendo) ese tipo de impugnaciones.
Implicaciones administrativas: medidas y reglas específicas
Algunas reglas y medidas que pueden tener implicaciones administrativas especialmente significativas son:
Los distintos métodos de registro electoral tienen implicaciones administrativas vitales. En países donde la tarea de diseñar un registro preciso es simplemente muy costosa, podría ser práctico adoptar como estrategia alternativa o como "segunda mejor" opción la de abandonar esa tentativa, y en su lugar apoyarse en la aplicación de una tinta indeleble para asegurar que, al menos, una persona pueda votar una sola ocasión. Un problema con la tinta indeleble, incluso si resulta exitosa para evitar una votación múltiple, es que no puede asegurar que aquellos que son menores de edad no puedan votar. Donde hay grandes comunidades de trabajadores migrantes que son ciudadanos de otro país, muchos de ellos podrían votar aún sin estar facultados para hacerlo.
La complejidad administrativa del registro de electores también puede depender de si las listas diseñadas para otros propósitos se emplean para fines electorales. En algunos países de Europa continental, todos los residentes deben registrarse ante las autoridades locales. Tal información (así como los pasaportes internos requeridos en algunos países ex-soviéticos) puede ser usada sin mayor problema como una base para el registro de votantes. En algunos países, tal método se asocia directamente con un "estado policial" y resulta inaceptable para el público.
- Firmas requeridas para la nominación de candidatos
Las regulaciones que exigen o permiten que un candidato asegure un lugar en la papeleta de votación mediante la recolección de un número de firmas de votantes son usualmente más difíciles de administrar que los sistemas que exigen depósitos financieros. De cualquier modo, la tarea administrativa de revisar que las firmas de quienes respaldan una nominación sean válidas obviamente se hace más difícil entre mayor sea el número de firmas requeridas. También ver
Firmas y Depósitos y Firmas .
- Reglas relacionadas a la revelación de contribuciones políticas
Las implicaciones administrativas de tales regulaciones dependen en gran parte del umbral o límite a partir del cual las donaciones deben de ser declaradas. Si el umbral es alto (como en Alemania), sólo unas cuantas contribuciones deben ser declaradas. Cuando el umbral es bajo--como en los Estados Unidos y Canadá--la lista de donadores será mucho más larga y necesitará más administración. La tarea administrativa crecerá si se requiere que las autoridades diseñen las listas de forma tal que sea más fácil para el público revisarlas--sí, por ejemplo, los nombres y direcciones de los donadores deben ser mencionados, y las listas deben de estar disponibles para sistemas de búsqueda por computadora (como es la práctica de la Comisión Federal de Elecciones de los EUA).
- Implicaciones administrativas para partidos y candidatos
No son únicamente las burocracias públicas las que deben encarar las consecuencias administrativas de las reglas y regulaciones electorales. También pueden tener un impacto directo sobre los partidos y candidatos. Una queja frecuente en los Estados Unidos es que las reglas relacionadas con el financiamiento de campañas se han convertido en algo tan complejo y la posibilidad de infringirlas sin intención alguna tan real, que los candidatos están obligados a gastar un porcentaje significativo de su presupuesto de campaña en emplear abogados y contadores profesionales. Esto puede disuadir a los candidatos de nuevos o pequeños partidos de postularse para la elección, y puede quizá inhabilitar la participación política.
Ver también Rendición de Cuentas.
