La corrupción ligada con el financiamiento político no es muy diferente de otras formas de corrupción cuando ésta se presenta antes las agudas cariaciones de la opinión pública para la que fue creada. Largos períodos de indiferencia se alternan con súbitas crisis de de alto nivel, con la demanda de "tirar a los granujas" que encabezan al gobierno o el partido dominante, y con propuestas de reformas. De hecho, es difícil aislar esas reformas que han comenzado como iniciativas anti-corrupción, debido a que una buena parte de la legislación relativa al financiamiento de elecciones y los partidos políticos la han introducido como una reacción al escándalo. Ciertamente, la corrupción y la sospecha de corrupción relacionada al financiamiento político se ha convertido en la principal fuente de descontento con el trabajo de la democracia en años recientes en la mayoría de las naciones industrializadas del grupo de los siete, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y los Estados Unidos. La posible excepción en esta lista es Canadá.
Una reacción común y entendible a los escándalos ha sido el establecer algunas modalidades investigación, seguidas de una nueva legislación.
En Italia, la crisis de corrupción a principios de 1990 llevó a un referéndum sobre el financiamiento público de los partidos políticos y a demandar un cambio en lo que fue visto por el público como un sistema profundamente defectuoso. Está abierto a la especulación que lo que los italianos querían era un cambio -cualquier cambio. Al haber habido poco financiamiento público de los partidos políticos, la presión para la reforma pudo haber tomado la forma de una demanda para la introducción de dichos subsidios públicos.
En los Estados Unidos, las demandas de una reforma vinieron en la década del asunto Watergate. Los nuevos subsidios públicos para las campañas presidenciales y los controles de donaciones fallaron al intentar resolver los problemas sobre la elevación de los costos y su aparente sordidez. Los métodos de recaudación de fondos empleados para la campaña presidencial de 1996 por el Presidente Bill Clinton y el vicepresidente Gore llevaron a investigaciones futuras y a demandas por nuevas leyes. La principal diferencia entre 1970 y 1990 es que la desilusión con las reformas de 1970 ha hecho que las personas insatisfechas con las reglas sean más precavidos al sugerir dicha legislación como panacea para la corrupción.
En Gran Bretaña, la preocupación pública acerca de posibles liquidaciones para los contribuyentes quienes habían hecho grandes pagos impublicables, primeramente a los Conservadores y después al Partido del Trabajo, llevó a una investigación en 1993 para descubrir el origen del financiamiento de los partidos políticos. Esta fue conducido por el Comité de Asuntos Internos de la Cámara de los Comunes. En 1997, un prestigioso comité extra-parlamentario sobre estándares en la vida pública (el Comité Neill) lanzó uncuestionamiento sobre el mismo tema. Se espera que ello haya arrojado recomendaciones para una nueva e importante legislación.
En Francia, la interacción del escándalo y la nueva legislación han sido recogidos en los trabajos de Ives-Marie Doublet.
Como una generadad, los escándalos nos han conducido a la celebración de encuestas, lo que a su vez ha dado lugar a reformas, especialmente a demandas para revelar en mayor medida las contribuciones políticas para el financiamiento público de elecciones y partidos políticos. No obstante, una generalización de mayores proporciones se refierre a que las reformas han decepcionado y fallado al prevenir los escándalos ligados con la búsquea de financiamiento de los políticos. Hay un número de posibles razones para esto. Una de las más importantes es que las violaciones a la legislación han sido pobremente investigadas o no investigadas en su totalidad. Más aún, la determinación de las autoridades para darle seguimiento a estos casos ha dejado mucho que desear en muchos países
La iniciativa más efectiva anti-corrupción relacionada al financiamiento político es, por lo tanto, una de las aplicaciones sistemáticas más difíciles de nombrar y de aplicar.
El problema de la aplicación surge de una combinación de dos cosas. Primero, como se ve en un número de cuestiones, los políticos y los donadores importantes frecuentemente tienen más posibilidades para encontrar la forma de evadir la ley de tal manera que no resulte obvia. Es raro descubrir a personas del partido en el acto de recibir fajos de efectivo prohibido. Es difícil establecer que las decisiones favorables de un gobierno son un pago por una contribución. La administración Republicana en Washington en los 70's reclamó que la decisión acerca de los subsidios de la leche no estaba ligada con promesas de contribuciones; las cortes de Alemania Occidental en los años 80¥s sintieron que los abogados en turno en el Caso Flick no podían probar que la exención de impuestos masiva y discrecional concerniente con Flick habían estado conectado con sus gigantescas donaciones políticas; En Inglaterra la decisión del gobierno de Blair para presionar a favor de una exención a los motores de carrera de Fórmula Uno sobre una prohibición a ser patrocinados por la industria del tabaco, se argumentó que había sido hecha independientemente de la donación de un millón de libras esterlinas recibida por el miembro líder de la Fórmula Uno.
Segundo, las presiones políticas en contra de iniciar un proceso judicial suelen ser de hecho muy largas. Después de todo, el financiamiento político involucra algunas de las más poderosas figuras en cualquier sociedad y pocos jueces se atreven a ponerlos como un blanco a menos que haya una presión pública muy fuerte para hacerlo.
