¿Quién aprueba los presupuestos y gastos?
Existen muchos tipos de sistemas electorales. Con una comisión nacional electoral de carácter permanente, el financiamiento anual incluye disposiciones relativas al funcionamiento de la comisión y a la organización de las elecciones de las que es responsable. La aprobación del financiamiento, por lo tanto, tiene lugar como parte del presupuesto global nacional y se da una aprobación específica para el financiamiento de la comisión de la misma manera en que se da para otras dependencias gubernamentales. Por consiguiente, la comisión no requiere aprobación para gastos electorales específicos a lo largo del proceso.
Con este modelo, es un requisito normal que la comisión publique un reporte anual que muestre cómo se aplicó el presupuesto del año previo (incluyendo cualquier ahorro o gasto excedente), así como la determinación del presupuesto que requerirá para las actividades del siguiente año. Cuando este presupuesto se presenta ante la legislatura hay posibilidad de que se interrogue acerca de los gastos efectuados y previstos. De esta forma, el presupuesto aprobado está ligeramente alejado del costo de un proceso electoral en particular.
En aquellos casos en que la conducción de las elecciones está a cargo de una serie de comisiones a nivel nacional, regional y local, los costos para cada nivel suelen ser aprobados en el nivel inmediato superior. Estos sistemas generan algunas economías en tanto que las comisiones son creadas para una tarea específica y son de carácter temporal. Sin embargo, en opinión de muchos tienen la desventaja de una falta de planeación y capacitación a largo plazo.
En los casos en que los organismos electorales son financiados de la misma manera que las dependencias gubernamentales, se presentan problemas debido a las dificultades para obtener financiamiento de manera oportuna. Por consiguiente, el hecho de requerir aprobación directa del parlamento para conseguir financiamiento presenta algunas ventajas.
En el Reino Unido no hay ningún criterio nacional por fijar los costos en materia de registro de electores, pero las tarifas que pueden cobrarse por la venta de información para el votante son fijadas por el gobierno nacional. A los oficiales de votación que son contratados para trabajar en elecciones locales se les fijan sus remuneraciones de manera local, pero tratándose de elecciones nacionales, sus remuneraciones son fijadas sobre una base nacional. Muy pocos (si es que hay alguno) de los administradores electorales pueden darse el lujo de gastar lo que consideren apropiado para llevar a cabo el proceso electoral. En condiciones normales, tienen que buscar la aprobación del presupuesto por parte de:
- El gobierno nacional, ya sea a través del procedimiento de autorización anual o por aprobación directa de los costos del proceso electoral;
- una comisión electoral nacional, que puede disponer ya de su propio presupuesto global aprobado;
del gobierno nacional después del evento, pero donde hay tarifas prescritas para las principales actividades del proceso electoral.
La preparación de un presupuesto global adecuado que muestre los costos de cada área de actividad, hará más fácil para la autoridad la aprobación de la solicitud presentada. Es de utilidad incluir información estadística para facilitar la comprensión de cómo están constituidos los costos. Por ejemplo, al fijar los gastos del personal, resulta de mucha utilidad proveer el número del personal de tiempo completo y una breve explicación de las funciones de cada grupo.
El presupuesto para la Elección en Mozambique de 1994 (Summary Of Electoral Process Costs - Mozambique ) se acompaña de una hoja de hechos relevantes del proceso electoral (Data On Election Process - Mozambique ) la cual proporciona información de todo lo que está considerado.
Quien quiera que apruebe el presupuesto necesita saber:
- Cuál va a ser el costo global del proceso;
- cuándo se efectuarán los gastos y si se requiere financiamiento intermedio;
- qué tipo de información comparativa está disponible sobre procesos electorales previos;
- qué razones hay para introducir cambios importantes en relación a procesos previos;
- cuál es la justificación para un mayor gasto en, por ejemplo, automatización y que tipo de ahorros y beneficios se derivarán de gastos mayores;
- cuáles son las principales áreas de gastos y que se espera lograr en cada una de ellas;
- que evaluación de opciones sobre costo-ahorro se han hecho y cómo puede mostrarse que se han adoptado las opciones más económicas para la conducción del proceso electoral;
- que implicaciones de intercambio externo contiene el presupuesto propuesto.
Aún cuando el administrador electoral no necesita recurrir a este nivel de detalle para obtener la aprobación del presupuesto, ese tipo de preguntas se debieron de haber planteado al interior de su organización.
Asuntos comunes
En cualquier proceso electoral frecuentemente surgen los mismos problemas y asuntos. Cuando los presupuestos de numerosos administradores electorales tienen que ser aprobados, se presenta una considerable economía en aquellos que trabajan conjuntamente para poner esos asuntos a consideración de la autoridad local o nacional que controla el gasto. Por ejemplo, en aquellos lugares donde es extremadamente difícil reclutar oficiales de votación y hay un tabulador de pago fijo a nivel nacional, los administradores deben trabajar conjuntamente para conseguir enmiendas. Uno de los beneficios que proporcionan las asociaciones de autoridades o administradores electorales a nivel local, es que pueden tratar los asuntos de manera colectiva.
Tratándose del manejo del presupuesto aprobado, hay dos necesidades que siempre deben considerar los administradores electorales: la equidad y la imparcialidad. Todos los electores deben ser tratados de la misma forma en términos de acceso a los sitios de votación, a la información sobre el proceso o la emisión del voto en ausencia. El administrador electoral necesita ser capaz de demostrar que el presupuesto está siendo aplicado correctamente y de manera justa.
