Los individuos deben contar con el derecho de formar partidos políticos, expresar sus opiniones políticas sin temor a represalias, realizar campañas durante el periodo electoral y contar con igualdad de acceso a otros votantes a través de reuniones, mítines o medios electrónicos e impresos. Este derecho está usualmente consagrado a nivel constitucional.
Los partidos políticos cumplen un papel importante en garantizar la justeza e integridad del proceso electoral desde el registro de electores hasta la jornada electoral y la declaración de resultados. El organismo electoral nacional debe consultar a los partidos políticos en los principales asuntos de toma de decisión. Una forma de lograr esta consulta es la de contar con representación de los partidos políticos en el organismo electoral nacional y, si se considera deseable y conveniente, a nivel regional y local (ver Vínculos con los Partidos Políticos).
Los individuos y los partidos políticos tienen, sin embargo, sus propias responsabilidades. Deben respetar las opiniones de los otros y no tomar parte y propiciar que haya violencia. Más importante aún, deben aceptar los resultados de las elecciones y solamente impugnarlos de una manera pacífica y a través de los canales y procedimientos legalmente establecidos. El organismo electoral nacional tiene una función que cumplir en este sentido. Dependiendo de la legislación vigente en cada país, se les puede exigir a los partidos políticos que se registren ante el organismo electoral nacional o ante una dependencia gubernamental. Los candidatos requieren pasar, al menos, por un proceso de postulación a nivel central o regional. Al hacerlo, está implícito que se comprometen a respetar las reglas de la elección.
El organismo electoral nacional se debe asegurar que las reglas de la elección sean del conocimiento de los partidos políticos, los candidatos, sus representantes y simpatizantes. Esta información puede ser diseminada mediante la distribución de leyes, reglas y regulaciones electorales, así como involucrando a los partidos contendientes en los programas formales de capacitación organizados por las autoridades electorales. Adicional o alternativamente, puede darse en forma de un código de conducta para los partidos políticos
(ver Vínculos con los Partidos Políticos).
La ley electoral puede establecer disposiciones estrictas que deben ser observadas por el organismo electoral nacional. Mediante esas disposiciones se puede prevenir la formación de organizaciones de determinada filiación política, tales como fascistas, anarquistas o etnocéntricas. El organismo electoral nacional debe tener la capacidad para vigilar y, de ser necesario, prohibir el registro de ese tipo de partidos o la postulación de candidatos que los representen.
Adicionalmente, la ley puede conferirle a los partidos políticos ciertos derechos, tales como el acceso a financiamiento, a medios de comunicación, igualdad de oportunidad para organizar actos de proselitismo, nombrar representantes en los sitios de votación, etc. Todos estos asuntos deben estar bajo el control del organismo electoral nacional, quien debe resolver las controversias y llamarles la atención a aquellos partidos que no se estén sujetando a las reglas del juego establecidas.
