Esencialmente, la administración electoral tiene que ver con la infraestructura administrativa requerida para respaldar el proceso democrático de las elecciones. Unas elecciones exitosas no ocurren sin preparación y planeación. Son acontecimientos enormes y costosos destinados a completar una amplia gama de actividades que involucran a un gran número de personas, todas las cuales deben estar conscientes de sus responsabilidades en el proceso electoral y estar sujetas a un régimen legal de rendición de cuentas por sus acciones.
Si bien se debe considerar que la preparación y conducción de las elecciones es muy costoso, también se debe tener presente que la decisión de no celebrar elecciones puede resultar muy onerosa en virtud de que el financiamiento de organismos internacionales, como el FMI o el Banco Mundial, puede depender de la existencia de una sociedad democrática activa, o bien porque las protestas populares contra un gobierno no electo democráticamente también pueden afectar la economía de un país.
A fin de mitigar las tensiones que se derivan de la necesidad de celebrar elecciones y sus costos, el objetivo de los legisladores, los administradores electorales y otras instancias involucradas en el proceso debe consistir en mantener los costos en un nivel que resulte fácilmente sostenible con los medios a disposición de su país.
Las elecciones no son la única prueba para una sociedad democrática. Es cada vez más reconocido a nivel mundial que la celebración de elecciones no es garantía de que un país es capaz de aprobar un examen sobre el estado de su "salud democrática". Las elecciones y la posibilidad de llevar a nuevos líderes al poder son una parte crucial de cualquier sistema democrático, pero es la interacción entre la población y las distintas ramas y niveles de gobierno durante el periodo que media entre dos elecciones, lo que constituye un indicador más confiable de la salud de una democracia.
Durante las décadas de 1980 y 1990 se registró un fuerte impulso en los procesos de democratización y la celebración de elecciones a una escala sin procedente. También es evidente que la administración electoral se ha vuelto más sofisticada. Cada vez se reconoce más ampliamente que para lograr unas elecciones exitosas se requiere una administración que cuente con personal profesionalizado, bien equipado y adecuadamente retribuido.
T.S. Seshan, el principal Comisionado para Elecciones de la India (12/90-12/96) y responsable de las elecciones en la democracia más populosa del mundo, comentaba en el otoño de 1996 que "Ö unas buenas elecciones requieren cuatro elementos: una ley electoral que esté totalmente afinada para asegurar elecciones libres y justas; una comisión electoral que sea realmente autónoma y valiente; procedimientos administrativos que aseguren que aún el último de los hombres y las mujeres pueda ejercer su voto de manera libre y sin temor alguno; y un electorado que sea plenamente consciente de sus derechos y responsabilidades".
Para las elecciones generales de 1996, la India contaba con 590 millones de electores, que acudieron a votar en 826 mil mesas receptoras de votos, sin que ninguno de ellos tuviera que caminar más de dos kilómetros en los valles y más de cuatro en las montañas. Cada mesa receptora de votos fue atendida por entre cinco y siete oficiales, lo que significó que se empleara a más de cinco millones de ciudadanos en total para conducir una elección que consumió más de 25 mil toneladas de papel y tuvo un costo de alrededor de 200 millones de dólares.
En la integración de agrupaciones nacionales e internacionales de oficiales electorales cada vez se asume con mayor amplitud la necesidad de adoptar un enfoque profesional y de generar oportunidades de educación profesional especializada. El Instituto Federal Electoral (IFE) de México ha creado un Servicio Profesional Electoral (SPE), es decir, un sistema de carrera para empleados especializados que tiene como propósito formar personal calificado para atender las necesidades del servicio electoral. El requisito establecido por este sistema de que sus miembros tomen varios cursos de educación profesional a lo largo de su carrera, ha contribuido significativamente a la profesionalización del trabajo del IFE:
También existen organizaciones profesionales de funcionarios electorales en los Estados Unidos, Europa Central y del Este, Africa, el Pacífico, Asia y el Caribe. En Gran Bretaña se ha desarrollado un curso para el personal que trabaja en la administración electoral, cuyos primeros estudiantes se matricularon a principios de 1998. El Colegio Comunitario de Bridgetown en Barbados ofrece desde 1994 un curso certificado de cuatro semanas en administración electoral. En los Estados Unidos, de manera gradual pero sostenida los distintos estados están instituyendo estándares para sus oficiales electorales y empezando a ofrecer programas de capacitación.
La asistencia internacional también esta empezando a enfocarse cada vez más en las necesidades de capacitación y ya no solo en las necesidades materiales de los organismos electorales.
La administración electoral tiene que ver con la selección del sistema adecuado conforme a las circunstancias particulares de cada país. Hay muchos modelos a seguir en la administración de los procesos electorales; la decisión final sobre cuál elegir depende en gran medida de los antecedentes históricos y culturales del país, de su nivel de desarrollo, de su situación financiera y política, así como de la educación de su población. En años recientes se ha llegado a reconocer a la administración electoral como un servicio equiparable en muchos sentidos a los sectores de servicios más tradicionales, y muchas de las pruebas de efectividad que son empleadas en esos sectores también pueden ser aplicadas en la administración electoral.
Para los efectos de este trabajo, la administración electoral comprende al organismo responsable de conducir las elecciones e integrar las listas de electores. A menudo estas funciones son puestas bajo la responsabilidad de una organización o de un individuo, pero también puede ocurrir que sean ejecutadas por distintas organizaciones.
No hay una fórmula óptima para decidir la conformación de un organismo responsable de administrar las elecciones (OE), pero cualesquiera que sea la decisión inevitablemente implicará la conciliación entre una diversidad de demandas y necesidades. Al OE se le pueden asignar muchas funciones, incluidas las siguientes:
- Conducir elecciones y referendos.
- Integrar y/o mantener el registro de electores.
- Promover la conciencia pública sobre asuntos electorales mediante la conducción de programas de educación cívica e información, particularmente para mujeres, jóvenes, iletrados y minorías desprotegidas.
- Capacitar a oficiales electorales.
- Informar a candidatos, partidos políticos y otras personas interesadas acerca del proceso electoral.
- Asegurar que las mujeres y las minorías sean capaces de participar plenamente en el proceso electoral.
- Aprobar regulaciones relativas al proceso electoral.
- Hacer cumplir la ley electoral.
- Investigar sobre política electoral y temas afines.
- Proveer al gobierno, al parlamento y a las dependencias del ejecutivo con información y asesoría sobre temas electorales.
- Participar en proyectos de cooperación y asistencia electoral.
En el texto Elecciones Libres y Justas: Ley y Práctica Internacional, el Professor Guy Goodwin-Gill sostiene que:
La experiencia y la reciente práctica del Estado confirman la necesidad de supervisar el proceso electoral... [y] la responsabilidad institucional para su instrumentación por parte de oficiales electorales imparciales...Un mecanismo de supervisión que goce de la confianza de los partidos y del electorado es especialmente importante en situaciones de transición, por ejemplo, de sistemas partido único a sistemas pluripartidistas, o cuando la imparcialidad de las autoridades administrativas este en duda. La efectiva institucionalización de los derechos políticos y electorales básicos obliga al Estado...a establecer un sistema electoral apropiado, a poner en práctica las obligaciones internacionales relativas a los derechos individuales, [y]...a establecer un mecanismo imparcial y/o balanceado para la administración efectiva de las elecciones.1
Independientemente de su composición y atribuciones, un organismo electoral (OE) debe ser guiado por principios de administración profesional. La administración electoral representa un gasto importante para el estado. En el caso de las democracias desarrolladas que cuentan con un OE permanente, además de los gastos constantes, es usual un costo de entre cuatro y seis dólares por votante.
Con objeto de que el servicio electoral resulte lo más accesible posible a todos los electores es importante delegar funciones de la manera más profesional. Las elecciones que terminan privando de la oportunidad real de sufragar a segmentos calificados del electorado, ya sea a través de una inadecuada distribución geográfica de las mesas de votación o de obstáculos físicos para las personas discapacitadas, no son totalmente democráticas.
En la introducción a su libro Direito Eleitoral Positivo, Torquato Jardim, exmiembro del Tribunal Electoral de Brasil, escribió: "En un estado democrático regido por el imperio de la ley y basado en un sistema de libertades civiles que condicionan sus acciones, es difícil encontrar una función estatal que, ejecutada de manera incorrecta o insuficiente, puede lesionarlo tanto y de forma tan profunda, como la relativa a la administración del proceso electoral".2
La administración electoral es un servicio que frecuentemente se convierte en el foco de una atención masiva en el periodo de una elección, pero que suele ser ignorado o desdeñado cuando no se están celebrando o no son inminentes las elecciones.
La importancia de las elecciones nunca debe ser desdeñada. La experiencia de muchos países ha mostrado los peligros de minimizar la función de un OE en el periodo no eleccionario. Incluso durante los periodos en que el escrutinio público es poco, todos aquellos involucrados en las elecciones, desde legisladores y partidos políticos hasta grupos cívicos y administradores de elecciones, deben trabajar conjuntamente para mejorar el proceso y asegurar que la organización administrativa sea capaz de responder cuando resulte necesario, sobre todo en aquellos casos donde se puede presentar una súbita convocatoria a elecciones. La disponibilidad oportuna y las mejoras permanentes son dos de los principales fundamentos a favor de establecer una organización electoral lo más permanente posible.
El periodo entre elecciones constituye un excelente momento para planear e instrumentar programas de modernización. Debido a que la administración del proceso electoral implica el manejo de enormes cantidades de información, la automatización puede ser una buena forma de mejorar la eficiencia y confiabilidad del proceso. Los costos de la automatización requieren ser considerados en el contexto de cada país; donde la fuerza de trabajo es abundante pero la infraestructura necesaria para respaldar un sistema automatizado es pobre, puede ocurrir que resulte más fácil realizar las actividades electorales sin necesidad de medios automatizados.
Los archivos correspondientes a esta área temática le ayudarán a responder preguntas sobre estos y otros aspectos esenciales de la administración electoral. Cuando alguna información adicional se encuentra disponible en otra área temática, se proveen ligas a los archivos correspondientes.
