En toda democracia, la ley electoral debe abordar el asunto del financiamiento a los partidos políticos y candidatos. Se deben fijar límites a los gastos que pueden realizar durante el periodo de campaña, y debe haber un proceso de revisión anual de las contribuciones que reciban para financiar sus campañas. Si no se fijan ese tipo de límites pueden generarse distorsiones en el proceso al permitirle a los partidos con mayores recursos obtener ventaja de la inversión de mayores fondos en publicidad y propaganda. La ausencia de límites a los gastos dificulta que se cumpla con el propósito de la elección -desarrollar propuestas para la consideración del electorado- y puede provocar que los partidos y candidatos introduzcan cambios en sus programas con el simple propósito de adecuarse a exigencias relacionadas con la obtención de recursos.
El registro de partidos políticos y candidatos puede ayudar al proceso de regulación de gastos, y esta responsabilidad se le confiere usualmente al organismo electoral. En términos generales, el registro de un partido político ocurre una sola vez, cuando su dirigencia le presenta al organismo electoral nacional o al ministerio de gobierno competente la documentación y adhesiones requeridas. Aceptada su solicitud de registro (y debe existir un procedimiento de apelación en caso de rechazo), un partido político debe contar con los mismos derechos y beneficios del resto de los partidos registrados.
Dependiendo de la legislación vigente, esos derechos y beneficios pueden incluir el financiamiento público a través del organismo electoral nacional o del ministerio apropiado. En algunos países, se deja a los medios propios de cada partido la obtención de financiamiento. En las democracias en desarrollo, las oportunidades de financiamiento pueden ser inexistentes. Consecuentemente, para asegurar condiciones de equidad, el estado puede hacer donaciones bien sea sobre una base igualitaria o en función del apoyo manifestado a cada uno de los partidos.
En algunos países, como el Reino Unido, no existe actualmente el requisito de registro de los partidos políticos ni financiamiento estatal directo. Sin embargo, a menudo se pasa por alto que ahí y en otros países los partidos políticos reciben contribuciones indirectas del estado. Estas contribuciones se dan a través de oportunidades gratuitas para realizar transmisiones en medios electrónicos, franquicias postales para dirigirse a todo el electorado, uso de ciertas instalaciones para reuniones y copias de las listas de electores. Independientemente de estas contribuciones indirectas, los partidos deben recibir donaciones para sobrevivir, pero aquellas de carácter político deben ser vigiladas, particularmente durante el periodo electoral.
A finales de 1977 se suscitó una gran controversia sobre este tema en el Reino Unido. Inmediatamente después de una decisión gubernamental para no respaldar una prohibición europea sobre publicidad del tabaco, se reveló que el Partido Laborista había recibido una donación sustancial, superior al 1.5 millones de dólares, de parte de un ejecutivo de las competencias automovilísticas de Fórmula Uno. Las conexiones entre la publicidad de tabaco y las competencias de Fórmula Uno son bien conocidas, y hubo alegatos de "truculencia". Intensos debates parlamentarios y una amplia cobertura crítica en la prensa, provocaron que, al final, el Partido Laborista devolviera el dinero.
La existencia de un mecanismo claro de financiamiento de campañas y controles adecuados en la legislación electoral hubieran evitado esta situación. Es probable que un futuro gobierno del Reino Unido considere la adopción de regulaciones relativas al registro de partidos políticos y financiamiento de campañas para evitar que se repita un episodio tan vergonzoso.
Si se acepta que algún tipo de financiamiento estatal resulta necesario y deseable para evitar esa clase de episodios, se puede adoptar algún tipo de fórmulas como las la siguientes:
- Acceso gratuito de los partidos a tiempos de transmisión en radio y televisión
- Acceso gratuito de líderes partidistas o destacadas figuras políticas a espacios en medios impresos para publicidad o la difusión de artículos
- Uso gratuito del servicio postal para distribuir material electoral entre los electores
- Uso de instalaciones, transportes u otros recursos estatales
- Transferencia directa de fondos estatales a los partidos políticos
En todo caso, el método para distribuir fondos estatales directos o indirectos entre los partidos, debe estar claramente establecido en la ley. Puede ocurrir que todos los partidos registrados disfruten de una porción igualitaria de los recursos disponibles. Otro método para determinar el nivel de financiamiento estatal puede ser el respaldo de que dispone cada uno de los partidos sea a través de su número de militantes, del número de adherentes que respaldan sus candidaturas o de los resultados electorales precedentes.
En las democracias en desarrollo, donde la oportunidad para registrarse y tomar parte por vez primera en un proceso democrático puede resultar atractiva para algunos individuos y pequeñas agrupaciones políticas, puede suceder que haya múltiples candidatos contendiendo por un puesto público. En estas situaciones es indispensable valorar la importancia de establecer condiciones equitativas en la competencia a fin de prevenir posibles abusos en el acceso a fondos estatales por partidos o candidatos que no dispongan de apoyo real entre el electorado. En Brasil, los nuevos partidos pueden solicitar un registro provisional en términos más accesibles de los que exige el registro definitivo, lo que les da la oportunidad de hacer llegar su mensaje a todos los electores del país en un esfuerzo tanto para ganar votos como para obtener el respaldo necesario para acceder al registro definitivo.
En los Estados Unidos existe una Comisión que supervisa el financiamiento de campañas (ver infra). En el Reino Unido, los límites de gastos se determinan para cada uno de los escaños en disputa, conforme a los términos dispuestos por la ley. Teóricamente, en el Reino Unido fijar un límite a los gastos de cada escaño (candidato) crea el cuadro de condiciones de equidad deseable en el proceso democrático. Sin embargo, se debe reconocer que quizá no todos los gastos son manifestados en la contabilidad de los candidatos, especialmente en las elecciones extraordinarias.
Se debe considerar que en el Reino Unido no existen límites para los gastos que pueden erogar globalmente los partidos políticos, quienes montan grandes campañas de publicidad financiadas, fundamentalmente, mediante fondos privados, los cuales terminan beneficiando a sus candidatos individuales en todo el país. Entre más grande sea el partido, mayor es el volumen de dinero que puede atraer por distintos medios. Esto se traduce en la creación de un campo de juego que termina siendo inequitativo, porque los partidos pequeños tienen que jugar cuesta arriba y contra el viento durante toda la contienda.
En los Estados Unidos, la Comisión Federal de Elecciones (FEC) es un organismo regulatorio independiente que tiene la responsabilidad de aplicar la ley de financiamiento de campañas a nivel federal. Existen sistemas separados para el financiamiento de elecciones entre los sistemas federal, estatal, por condado, por ciudad y otros cargos no federales. La FEC únicamente tiene jurisdicción sobre las elecciones federales. Fue establecida en 1974 después de las serias irregularidades y abusos financieros ocurridos durante la campaña presidencial de 1972.
Al mismo, tiempo, la ley de financiamiento fue modificada para fijar límites a las contribuciones de individuos, partidos políticos y comités de acción política. La función de la FEC es la de aplicar la ley de financiamiento electoral y administrar el programa de financiamiento público. En los Estados Unidos, los candidatos deben revelar los nombres de los individuos que realicen contribuciones superiores a los 200 dólares. La cifra es de 100 dólares en el caso de Canadá, donde también se prohiben las contribuciones de organizaciones laborales, extranjeros y contratistas del gobierno federal.
En países donde existe un organismo electoral nacional, es pertinente conferirle las atribuciones relativas al financiamiento. A los partidos políticos se les puede exigir que se registren a nivel central y a los candidatos ya sea a nivel nacional o regional. En esos sistemas, el organismo electoral nacional tiene la oportunidad de determinar el nivel de apoyo de cada grupo político y, consecuentemente, el nivel de cualquier contribución estatal. El reporte sobre las contribuciones financieras debe ser un proceso permanente y la información debe hacerse del dominio público antes de la elección.
La distribución de tiempos de transmisión y el acceso igualitario a instalaciones y sedes públicas para reuniones también pueden ser actividades coordinadas a nivel central. Es importante que la contabilidad anual de los partidos políticos sea presentado ante el organismo electoral nacional y que, en su caso, este también sea el responsable de reembolsar los gastos después de cada elección.
La revisión de los informes financieros y contables también debe ser una función del organismo electoral nacional. La investigación de cualquier queja o alegato de fraude, abuso o alguna otra irregularidad también debe ser parte de sus obligaciones. Un organismo electoral permanente, a través de su área financiera, puede tener responsabilidad directa de estas funciones. En esos casos, el estado no requiere hacer ningún arreglo por separado para establecer un organismo como la FEC. De lo anterior se desprende, por consecuencia, que no habría necesidad de gastos adicionales relacionados con el monitoreo de asuntos financieros durante el periodo electoral, asunto de gran importancia en cualquier democracia.