Las actividades de administración electoral se rigen por la legislación y disposiciones establecidas por la instancia legislativa competente o por el mismo organismo electoral (OE). La oportunidad de revisar la legislación debe, cuando sea posible, ser formalizada para asegurar que se realicen análisis objetivos y evaluaciones a propósito de las acciones y resultados alcanzados, todo ello acorde con una sana práctica administrativa. Es indispensable que los cambios que se deseen introducir a la legislación se realicen con suficiente antelación a la elección de tal forma que no influyan indebidamente en sus resultados.
Las atribuciones para modificar la legislación y la normatividad electorales varían de país a país. Pueden corresponderle al gobierno nacional o al organismo electoral. La instancia responsable de la administración electoral puede tener la posibilidad de recomendar cambios a la Ley, como ocurre en Canadá, Australia y Nueva Zelanda, donde existen autoridades electorales nacionales que pueden proponer mejoras sobre una base objetiva e imparcial. En contraste, en el Reino Unido, no existe un organismo electoral a nivel nacional y rara vez encuentran condiciones propicias para que el parlamento modifique la legislación electoral.
La ley cubre todos los aspectos del proceso electoral, aunque posiblemente lo haga de manera distinta. En algunos países, la interpretación de algunos puntos específicos queda a la discreción de los oficiales electorales, mientras que en otros el código electoral es muy detallado, pues busca minimizar el riesgo de discrecionalidad e interpretación individualizada. Muchas de las leyes electorales estatales en los Estados Unidos cubren en detalle amplios aspectos del proceso electoral.
La ley electoral debe mantenerse bajo revisión constante. Existen tres momentos distintos para promover cambios a la ley:
- Inmediatamente después de que se ha celebrado una elección,
- Durante el periodo que media entre dos elecciones,
- Antes de celebrar la siguiente elección.
Estos tres momentos le brindan a todos los participantes la oportunidad de influir en el legislativo para mejorar el proceso.
Al determinar el proceso de revisión de la ley, deben considerarse los problemas que pueden presentarse en caso de que solo se siga la tercera de las opciones mencionadas con anterioridad. Realizar cambios cuando está próxima una elección puede colocar a los administradores y contendientes en una situación desventajosa. Cualquier cambio a la legislación o a la normatividad debe hacerse con suficiente tiempo para permitir su incorporación en la siguiente elección.
La credibilidad del proceso electoral puede ponerse en riesgo por el intento de introducir cambios repentinos que no hayan sido objeto de amplias consultas y debates. En Brasil, por ejemplo, el Artículo 16 de la Constitución ordena que los cambios sean aprobados al menos un año antes de la elección para que todos tengan oportunidad de ajustarse a las nuevas disposiciones. Los cambios deben ser ampliamente difundidos entre toda la población.
En la formulación de propuestas para reformas legislativas, es necesario consultar ampliamente a los partidos políticos, ONG¥s, y al público en general, con el propósito de obtener un amplio consenso. Un consenso de esta naturaleza puede reducir el peso de las críticas que se pueden eregir contra el proceso en su conjunto por un cambio específico que no haya sido acordado por los principales contendientes.
Los responsables de proponer cambios a la legislación electoral deben buscar la retroalimentación por parte de los funcionarios del organismo electoral, incluyendo a quienes han trabajado en las mesas de votación, para averiguar qué tipo de mejoras son necesarias. También se le debe conceder atención al establecimiento de conductos para obtener retroalimentación por parte de los votantes. En si mismas, las estadísticas sobre niveles de participación electoral son un indicador bastante tosco para medir el éxito o limitaciones en la administración de una elección. El OE debe tratar de conocer cómo se sienten los votantes sobre el proceso que han experimentado y si tienen sugerencias para mejorarlo.
