Introducción.
El administrador electoral tendrá a su cargo múltiples responsabilidades que se pueden resumir en una sola oración: su tarea es conducir el proceso electoral de acuerdo con la ley, otorgando un trato justo e igualitario a todos los participantes que le permita ganar la confianza de todos los involucrados. Al actuar de esta manera, contribuirá en gran medida a la legitimación de las personas que resulten electas. Los administradores electorales y sus equipos de trabajo deberán estar plenamente conscientes de la importancia de sus responsabilidades y de que los errores cometidos pueden resultar costosos tanto en términos financieros como personales. La Ley Electoral del Reino Unido incluye disposiciones que determinan las consecuencias de un quebrantamiento de las responsabilidades oficiales, lo que constituye un delito. El propósito de estas disposiciones es hacerle ver al personal involucrado oficialmente en la organización de una elección que debe llevar a cabo sus deberes de acuerdo con la ley y regulaciones prevalecientes y que hay implicaciones severas si no lo hacen así.
Parece fácil cumplir con lo estipulado en la ley electoral. Sin embargo, en la práctica las responsabilidades del administrador electoral van más allá del cumplimiento. Es poco probable que la ley electoral prescriba la forma en que debe nombrarse al personal, la forma en que deben conseguirse materiales electorales, el tipo de sistema computarizado a adquirir, el procedimiento para diseñar un manual para funcionarios de votación, cómo preparar los presupuestos y muchos otros aspectos del proceso electoral. Estas son las áreas en donde el administrador electoral puede actuar discrecionalmente. En algunos casos , actuar discrecionalmente puede resultar más difícil que cumplir con los rigurosos requisitos de la ley. Para llevar a cabo todas estas responsabilidades a lo largo del proceso, el administrador electoral debe ser guiado por los principios de
- Apertura - todos los procedimientos deben ser tan transparentes como sea posible y accesibles a la revisión por todas las partes interesadas;
- imparcialidad - cada uno de los participantes en el proceso, ya sea un elector, candidato o partido político, debe ser tratado desde una manera completamente apartidista;
- profesionalismo - es probable que la ejecución de tareas de una manera profesional, confiable y competente, aumente la confianza y el respeto en el proceso electoral.
