En la medida en que el gobierno de un país tenga un historial de respeto a
la libertad de los medios, esto tendrá un gran impacto en la capacidad de éstos
para informar sobre las elecciones. A menudo, un país con poco historial de
respeto a la libertad de expresión, también tendrá poca experiencia en
elecciones, o al menos en elecciones libres y democráticas.
El significado de ese historial es tal que, incluso cuando se han levantado
restricciones -por ejemplo, en la transición de un gobierno autocrático a uno
democrático-, los medios pueden estar todavía influenciados por la memoria colectiva de la represión previa y
tener reservas para informar de manera independiente y categórica. O puede que
ocurra justo lo contrario: que los medios se solacen en un nuevo clima de
libertad, pero se conduzcan de una manera poco profesional e irresponsable. El
legado de restricciones a la libertad de los medios puede pervivir en una
estación de propiedad estatal o controlada por el gobierno que, aún en el
contexto de un nuevo sistema democrático, se muestre renuente a actuar con
independencia del gobierno. Con frecuencia lo que entra en juego es una
combinación de los anteriores elementos. Indudablemente, muchas veces los medios de comunicación pueden haber
desarrollado sus propias normas profesionales y eficiencia en la adversidad. En ese sentido, pueden estar bien
preparados para el reto de informar sobre las elecciones, pero es poco probable
que tengan mucha experiencia práctica en la cobertura de las elecciones.
En cada uno de estos contextos, las autoridades encargadas de regular la
operación de los medios tienen un papel importante en la creación de un
ambiente más propicio para que los medios lleven a cabo las funciones, poco
familiares, de informar sobre las
elecciones de manera libre y profesional.
Existen diversas acciones a través de las cuales los gobiernos pueden
infringir la libertad de los medios. Entre las más comunes se pueden citar:
- Ataques
físicos a los medios y periodistas. Los más serios ataques usualmente
tienen como propósito silenciar a algunos críticos e intimidar a otros.
Los periodistas son golpeados, asesinados o "desaparecidos". Las
oficinas de los medios son atacadas, allanadas ilegalmente o incendiadas.
El blanco pueden ser los vendedores de periódicos, a quienes se les pueden
golpear o confiscar ilegalmente los periódicos.
- El
uso de recursos legales extremos contra los medios. El más amenazante de
todos ellos es la censura previa, es decir, que cada emisión de cualquier
publicación esté sujeta a autorización oficial previa. El requisito de
obtener licencia para las publicaciones o para ejercer la labor
periodística, les confiere a las autoridades un fuerte control sobre los
medios. Todo un arsenal de disposiciones legales puede ser utilizado para
restringir la libertad de los medios, a menudo apelando a la seguridad
nacional. Esas disposiciones pueden ser usadas como base para levantar
cargos penales contra los
periodistas o propietarios de los medios, que pueden culminar en
encarcelamientos prolongados. A veces se utilizan cargos de difamación o
sedición, aún y cuando sea poco probable que los casos terminen en litigio
judicial, con el propósito de intimidar a los periodistas o a sus fuentes
de información. La imposición de medidas legales contra impresores y
distribuidores es una forma muy efectiva de dañar la operación y la
auto-orientación de los medios. Con frecuencia las restricciones de
importación de insumos de impresión se ha usado como un mecanismo para
restringir la libertad de los medios.
- Fuertes
regulaciones sobre los medios. Un virtual o total monopolio estatal sobre
los medios es una forma sumamente efectiva de evitar que se escuchen voces
críticas. Aunque la máxima del periodismo es la de morir en el cumplimiento de sus labores
con tal de obtener un titular de ocho columnas, no hay duda que el control
gubernamental de los medios ha sido - y sigue siendo-, la forma más común para restringir lo
que el público aprende.
- Aún
cuando existen medios independientes y se encuentran exentos de
constreñimientos legales, el control gubernamental de recursos vitales
como la electricidad, los talleres gráficos, los transmisores o los
equipos de computo puede ser utilizados para intimidar o silenciar a voces
independientes.
Es en las nuevas democracias o en
aquellas en transición donde el legado de este tipo de restricciones
tiene más incidencia. A veces siguen vigentes algunas leyes restrictivas, aún y
cuando no son utilizadas tan a menudo como antes. Su simple existencia puede
ejercer lo que convencionalmente se denomina un "efecto amenazador"
en la libertad de los medios. Algunas veces, durante un período de transición,
la violencia contra los medios puede efectivamente incrementarse, a medida que
gobiernos represivos ya no pueden recurrir al mismo tipo de medidas de control
legal de los medios y recurren a medidas secretas e informales de represión.
Con mayor frecuencia, es probable que un tercer tipo de restricciones siga
vigente, las relativas al control gubernamental de una gran parte de los
medios. Los gobiernos también pueden ejercer un control estricto sobre el
sistema de autorización de licencias o permisos para operar medios de
comunicación, con el resultado de que incluso los medios "independientes"
son de hecho controlados por sus aliados políticos.
Pero no sólo las dictaduras restringen a los medios. Aún en democracias muy
bien establecidas existen tensiones entre el gobierno y los medios. Esto es
inevitable y no del todo indeseable ya que, después de todo, se trata de que
los medios actúen como vigías de los gobiernos. Sin embargo, estas tensiones no
son absolutamente saludables. En las democracias desarrolladas es menos
probable que los periodistas enfrenten amenazas al cumplir con sus deberes,
pero pueden tener que hacer frente a demandas legales, por ejemplo, para
forzarlos a revelar fuentes de información confidencial. Muchos de los juicios
de la Corte Europea de derechos Humanos que han fijado normas sobre las
obligaciones del gobierno respecto a la libertad de los medios han surgido de
casos donde se han infringido derechos de los periodistas.