Algunos
países cuentan con instituciones nombrados legal o constitucionalmente, con
atribuciones para regular a los medios, o alguna parte de ellos. Es un tipo de
estructura que es más típica del orden civil que de los sistemas legales
comunes. Generalmente, lo que esto involucra es la puesta en marcha de algunos
sistemas de registro de publicaciones, así como de radiodifusoras, y en
ocasiones también de periodistas. Este tipo de enfoque generalmente es la
postura de los profesionales de la comunicación, quienes que consideran que
sólo la profesión en sí es capaz de decidir quién puede ejercerla. Es un paso
corto del registro de publicaciones o de profesionales para licenciarlos - con
todas las implicaciones negativas que ello tendría para la independencia de los
medios de comunicación y el derecho a la libertad de expresión.
Sin
embargo, los organismos constitucionales pueden ser acusados en ocasiones de
proteger la independencia de los medios, incluidos los medios de propiedad
pública, del gobierno en funciones. Este, por ejemplo es el papel que juega la
Comisión Nacional de Medios de Comunicación en Ghana, donde un organismo
regulador que genuinamente juega este rol, puede ser posicionado para ayudar a
supervisar a los medios en las elecciones.
