El Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas para la
Libertad de Expresión y Opinión ha establecido enfáticamente que los medios de
comunicación no deben ser legalmente responsables por declaraciones ilegales
que publican en el curso de las campañas electorales. Este tema ha sido muy
controversial en el pasado, con otras autoridades internacionales; tales como,
la Autoridad de Transición e las Naciones Unidas en Camboya, quien tienen un punto
de vista totalmente divergente. Asumir que los medios de comunicación no puedan
ser procesados civil o penalmente por verter información de actores políticos,
refuerza una tendencia que fue rechazada, entre otros, por el Tribunal
Constitucional Español. Esta aproximación tensiona al máximo el derecho del
público a ser informado acerca de lo que dicen los actores políticos -aunque
sea ilegal y que potencialmente incite a la violencia. Puede ser agotador ya
que esto es completamente diferente a una situación en donde los medios de
comunicación deliberadamente incitan a la violencia.
Esta remoción de responsabilidad ha
tenido implicaciones tanto para la cobertura de noticias como para el acceso
directo de los programas. Significa, por ejemplo, que los diarios o
radiodifusores no pueden rehusarse a transmitir acceso directo o material
propagandístico de un partido, sobre la base de que pueden exponerse a
enfrentar un proceso legal. El Tribunal Constitucional en Alemania, por
ejemplo, decidió que esta era asunto que los Tribunales debían decidir, no los
medios Sin embargo, lo anterior es
razonable, únicamente, si se coloca a los medios de comunicación como no
responsables. Si un radiodifusor es susceptible de ser procesado por el
contenido de sus programas, debe tener el derecho de rehusarse a transmitirlo.
