Es una paradoja que aquellos medios que son de propiedad y bajo control
directo de partidos políticos – los cuales
parecieran ser los más interesados en el resultado de una elección se
ubiquen al margen de la mayoría de los sistemas de regulación. Si un diario es
simplemente una hoja de campaña del partido que lo posee, no está efectivamente
limitado por ninguna de las normas profesionales o legales que rigen la
operación de los medios de comunicación.
En muchos países no se permite que los partidos posean estaciones de radio
o televisión, ya que ello se considera una distribución injusta de un recurso
nacional - el campo de frecuencias-, a favor de un interés político específico.
En esencia, los medios partidistas se ubican en tres grandes categorías y
corresponde a la autoridad decidir entre ellas:
- Páginas
de propaganda que no caen dentro de los medios regulados, pero pueden ser
monitoreadas si, por ejemplo, representan gastos de campaña, que pueden
estar limitados por la ley.
- Medios
privados convencionales que resultan ser propiedad de un partido. En este
caso, tienen que avenirse a las normas o regulaciones aplicables a los
medios privados.
- Medios
gubernamentales, en una situación en la que el gobierno y el partido en el
poder estén interrelacionados. En ese caso, los medios que utilicen
recursos públicos deben observar las mismas normas que cualquier otro
medio público -lo que en la práctica probablemente signifique que no
pueden realizar campaña partidista alguna.
Rápidamente, está surgiendo un tipo de medio de comunicación que obvia la distinción entre los medios
partidarios y privados. Políticos individuales o líderes de negocios con
ambiciones políticas, poseen medios de difusión que parecer ser emisoras
regulares. Para fines prácticos, estos son medios privados convencionales,
sujetos a las mismas leyes y reglamentos como cualquier otro.
