El Derecho Internacional establece como obligación general de los medios de
comunicación públicos informar equitativamente sobre el proceso electoral. En
muchos países esta obligación es determinada en una legislación específica, tal
como la ley sobre transmisiones o la legislación electoral en sí. En otros
lugares, puede haber una obligación general de equilibrio y equidad,
establecida en la legislación sobre financiamiento de los medios de
comunicación públicos; sin embargo, la forma en que esto funciona en la
práctica se deja a la auto-regulación voluntaria.
La Corporación de Radiodifusión Británica (BBC) con su "norma
cronómetro" es un ejemplo de este último enfoque. La corporación mantiene
un registro del tiempo asignado en los boletines noticiosos a los distintos
partidos políticos, con el objetivo de mantener el equilibrio en conformidad
con la asignación proporcional de tiempo para las transmisiones de programas
partidistas. El principio para el mantenimiento de un registro es uno de los
más importantes. La estación de radiodifusión pública (o cualquier otra, para
esta materia) debe conocer con exactitud lo que está transmitiendo, a efecto de
ser capaz de responder a cualquier queja subsecuente.
Dos democracias en transición son ejemplos de países que han tomado un
enfoque mucho más regulado sobre las transmisiones públicas. La base lógica de
lo anterior es que la radiodifusora estatal en una democracia emergente tendrá
poca experiencia para operar independientemente del gobierno y requerirá de
reglas mejor definidas para ser capaz de informar de forma equilibrada.
Malawi
En 1994, la Comisión Electoral de Malawi determinó lineamientos bien
detallados para tratar con; entre otras cosas, la cobertura noticiosa de los
medios de comunicación públicos (y controlados por el gobierno)como la Comisión
Radiodifusora de Malawi -(MBC por sus siglas en inglés). se pidió a la MBC
brindar un informe justo y equilibrado de las campañas, políticas, reuniones,
mítines y conferencias de prensa de todos los partidos políticos registrados
durante el periodo de campaña y, posteriormente, proporcionar información sobre
el proceso electoral después del cierre de la votación.
Los lineamientos extendieron los requisitos de balance a otras
programaciones electorales especiales, tales como los debates y los programas
de radio con participación telefónica del auditorio. Asimismo, los lineamientos
especificaron provisiones extremadamente detalladas para el formato y la
organización de tales programaciones especiales.
Los lineamientos impusieron una obligación a la MBC de asegurar que los
partidos no utilizaran otros programas para efecto de campañas. (De hecho, esto
sucedió ocasionalmente - por ejemplo, cuando los partidos de fútbol fueron
utilizados como una ocasión para canciones de alabanza del Presidente en
turno).
Los lineamientos contenían un estricto mandato legal para el personal de la
radiodifusora:
El personal de la MBC, como
transmisora de servicio público, no podía transmitir sus propias opiniones
políticas. Cualquier comentario o declaración debe estar claramente
identificada como tal y cuidadosamente balanceada para evitar una conducta
parcial.
Montenegro
De la misma forma, la Asamblea montenegrina en 1988 acordó una resolución
sobre el papel de los medios de comunicación estatales en campañas electorales,
que estableció una obligación de carácter general para el personal de los
medios de comunicación públicos:
Cada editor o locutor de los
programas de noticias, con contenidos políticos, y programas o columnas
especiales en los medios financiados por la República de Montenegro está
obligado a presentar independiente y objetivamente a todos los partidos y sus
candidatos, a través de la campaña electoral. Asimismo, está obligado a
asegurar una postura imparcial con relación a todas las agendas políticas,
sociales, étnicas/culturales presentadas allí.
Sin embargo, la resolución va más allá de una obligación general al
prescribir, en ciertos detalles, la forma en que se alcanza este objetivo; así
como, determina los estándares para un programa de debate e informes sobre
encuestas de opinión. De igual manera, la resolución quita ciertos programas de
discusión y de llamadas de la programación regular y obliga a los medios de
comunicación públicos a respetar los principios de profesionalismo y ética
periodística y a abstenerse de invitar a sus programas a líderes o personajes
importantes de los partidos políticos.
La resolución establece con mucho detalle el número de reportes por
televisión, radio y prensa escrita estatal que se deben elaborar. Por ejemplo:
Las redes de televisión y radio
montenegrinos están obligadas a proporcionar 5 secuencias o registros de
sonido, respectivamente, con pasajes tomados de discursos de participantes en
mítines electorales o inspectores de la lista electoral, debiéndose incrementar
en una secuencia o registro de sonido por cada cuatro mítines electorales
celebrados.
Y más aún
Esta modalidad de regulación, de contenido altamente detallado, presenta un
dilema verdadero. La necesidad de que estas prescripciones surgen debido a los
antecedentes de actividades informativas tendenciosas y poco profesionales, por
parte de los medios de comunicación estatales y aquellos controlados por el
gobierno. Por otra parte, el impulso hacia la regulación microscópica de los
contenidos forma parte, por sí misma, del legado de la dictadura política.
Hasta qué punto las autoridades reguladoras pueden prescribir sobre la forma en
que deben informar los medios de comunicación públicos -y hasta que punto los
medios de comunicación aprenderán de sus propios errores- es un cuestionamiento
cada nueva democracia deberá encontrar su propia respuesta.
