Un porcentaje muy grande de los medios en todo el mundo -especialmente la
radio y la televisión-, son propiedad pública o del estado. Se utilizan tres
términos distintos que, al menos en principio, tienen un significado diferente:
- Medios
públicos que utilizan fondos públicos para realizar transmisiones de
interés para todo el público. No expresan opiniones partidistas, ni
siquiera las del partido en el poder.
- Medios
propiedad del estado (con fondos públicos) y directamente operados por él.
- Medios
que son propiedad y son controlados por el gobierno en funciones (pero que
también utilizan fondos públicos).
Existen dos modelos de telecomunicaciones públicas o estatales que se
desarrollaron en paralelo. En Europa Occidental, la mayoría de las
telecomunicaciones fueron originalmente de propiedad pública, pero operando
normalmente bajo estrictas garantías legales de independencia respecto al
gobierno en funciones. Al mismo tiempo, en la Unión Soviética (y después en
muchos países bajo su liderazgo), operó un modelo de telecomunicaciones bajo
control gubernamental y orientado al logro de determinados objetivos estatales.
El modelo de servicio público europeo generalmente funcionó bien en sus
países de origen pero no se difundió debidamente. Los medios coloniales basados
en el modelo británico o en el francés disfrutaron de muy poca de la
independencia de sus precursores metropolitanos, basándose más en prácticas
convencionales que en fuertes garantías legales. Después de la independencia,
los gobiernos poscoloniales continuaron con la tradición de las comunicaciones
como propaganda gubernamental. De ahí que la clara distinción de origen entre
el gobierno y los medios públicos se haya perdido por mucho en la práctica.
Pero la distinción sigue siendo importante. Las transmisoras de servicio
público se fundaron en una convicción que sigue siendo válida en gran parte del
mundo: el sector privado por sí mismo no puede ser garantía de pluralismo. El
problema es que los medios gubernamentales también han fallado en el cumplimiento de dicho objetivo. En
muchos países, el advenimiento de las telecomunicaciones privadas terminó
propiciando que el gobierno reforzara su control editorial sobre los medios
públicos.
En algunos casos ha habido serios intentos por reavivar y modernizar el
ideal de servicio público: en Sudáfrica, por ejemplo, donde desde 1993 las
telecomunicaciones públicas gozan de independencia reconocida legalmente e incluso,
en algún momento, sus juntas directivas fueron nombradas después de realizar
audiencias públicas.
Los medios públicos o estatales suelen ser financiados de una de tres
fuentes fundamentales:
- Una
cuota para concederles licencia que es pagada por los televidentes.
- El
presupuesto gubernamental
- Publicidad
comercial.
En algunos casos este puede ser complementado por otros ingresos, como la
venta de programas. Estas distintas fuentes de ingreso tienen implicaciones
potenciales para la independencia cotidiana de los transmisores. Una tarifa de
operación o la publicidad comercial puede hacer más fácil que el medio guarde
distancia respecto al gobierno, aunque seguirá dependiendo de mecanismos
gubernamentales (con frecuencia del servicio postal) para juntar la cuota.
Gran parte del debate acerca de la "regulación" de los medios
durante las elecciones -un término que crea nerviosismo entre algunos
defensores de la libertad de expresión-, tiene más que ver con el hecho de que
los medios financiados públicamente operen con la debida independencia del
gobierno en funciones, que con tratar de restringir las operaciones de los
medios que ya disfrutan de plena independencia editorial.
Los medios de propiedad pública o estatal se ubican usualmente en el campo
de las telecomunicaciones. Pero todavía existen muchos diarios o medios
impresos de propiedad gubernamental, los cuales no gozan de la misma
racionalidad económica que los medios de telecomunicación públicos y a menudo
funcionan apenas como algo más que propagandistas del gobierno. Sin embargo,
hay excepciones, el periódico del gobierno de Uganda, por ejemplo, es
reconocido como una fuente informativa confiable e independiente. Pero con
frecuencia, incluso, enfoques innovadores para la propiedad de los medios impresos
desembocan en el mismo viejo patrón.
