Quien sea propietario de los medios, evidentemente tiene una enorme
importancia en la forma en que se cubran las elecciones - o cualquier otro tema
político. Los medios de propiedad estatal se encuentran a menudo bajo control
directo del gobierno y, por tanto, tienden a favorecer al partido en el poder.
Los medios de propiedad privada también pueden servir a los intereses políticos
de sus propietarios, mientras que en algunos países los propios partidos pueden
poseer medios de comunicación importantes.
También es probable que la estructura de propiedad de los medios gravite
sobre cuestiones tales como el tipo de publicidad política que se permite
durante las elecciones. Es bien sabido que en los Estados Unidos, donde los
medios están casi exclusivamente en manos privadas, el acceso directo de los
partidos a los medios se organiza a través de la publicidad pagada. Pero este
no constituye un ejemplo aislado. En Finlandia, por ejemplo, las emisoras
comerciales se desarrollaron antes que en la mayoría de los países europeos,
impera un enfoque mucho más liberal acerca de la publicidad pagada que en el
resto de la región. En países como Dinamarca y Gran Bretaña, con una tradición
más fuerte de propiedad estatal de los medios, no se permite ningún tipo de
publicidad pagada, pero a cambio se tiene un sistema gratuito de acceso directo
a las emisoras.
A veces se contempla a la propiedad de los medios como un simple reflejo de
las condiciones políticas: los regímenes dictatoriales o autoritarios controlan
directamente los medios, mientras que las democracias se caracterizan por la
pluralidad. Hay un resabio de verdad en esto,
sin embargo la realidad es mucho más compleja. La mayoría de las
democracias de Europa Occidental, por ejemplo, contaron con un virtual monopolio
estatal de las telecomunicaciones hasta fechas muy recientes. Gran Bretaña
legalizó las emisoras comerciales privadas en los años 50, pero Francia,
Alemania y Dinamarca, no lo hicieron hasta los años 80. Gran Bretaña y Francia
son ejemplos especialmente relevantes debido a su amplio legado colonial que ha
influenciado la organización de las emisoras y de los medios en muchos
países.
En gran Bretaña y Francia ha existido, históricamente, una fuerte
distinción entre las actividades de las emisoras, con un fuerte componente
público, y los medios impresos de propiedad privada. El fundamento para la
participación del Estado en las emisoras
- o por lo menos en la asignación de permisos para operarlas-, ha sido que el
espectro de frecuencias constituye un recurso público limitado. Por tanto, el
acceso debe ser distribuido imparcialmente. Sin embargo, en algunas democracias
consolidadas, como las escandinavas, existe una tradición de financiamiento
público para los medios impresos, como un medio para asegurar el pluralismo.
Por lo contrario, los medios privados de América Latina estuvieron a menudo
claramente identificados con las dictaduras militares de los años 60y 70. Lejos
de promover el pluralismo, estos medios abogaron por su supresión. De hecho, muchos podrían argumentar que las
grandes corporaciones que dominan los medios en Estados Unidos no cumplen con
la función de expresar opiniones políticas alternativas.
Independientemente de cuál sea la certeza de esos argumentos, es claro que
no existe una correlación directa entre la propiedad privada y el pluralismo de
los medios.
La economía también desempeña un papel importante a la hora de determinar
la estructura de propiedad de los medios. El tamaño del "pastel" que
representa la publicidad varía de acuerdo con las condiciones económicas, pero
generalmente no es mucho lo que cada medio en lo individual puede hacer al
respecto. Todos los medios privados - y algunos públicos-, dependen de la
publicidad para lograr que su negocio sea sustentable. Una de las razones del
gran peso de los medios del sector público en los países pobres es el tamaño
tan pequeño de ese pastel - y en particular el hecho de que la publicidad del
gobierno represente la tajada más grande de él.
En los países africanos, por ejemplo, así como en algunas partes de América
Latina y Asia, esto explica porque las cadenas nacionales de radio y las
emisoras en frecuencias de onda media y larga sean casi por completo de
propiedad pública. Los publicistas privados están básicamente interesados en
llegar a una audiencia urbana con ingresos medios - el tipo de audiencia
atendida por estaciones de FM (la mayoría de las cuales transmite mayormente
música). Incluso cuando las regulaciones aplicables a las empresas emisoras lo
permiten, aunque no siempre es así, ni las corporaciones ni los publicistas
privados tienen mucho interés en contar con alcance nacional. En estas
condiciones, el pluralismo en las transmisiones solo puede asegurarse
desarrollando un claro mandato de servicio público para los medios estatales.
La emergencia de medios satelitales o de televisión por cable complica este
panorama, pero contrario a lo que sostienen sus principales defensores, no lo
altera sustancialmente. Obviamente, aquellos que pueden contratar un servicio
de paga no están entre los más pobres - de cualquier forma, los propietarios de
la televisión rara vez reparan en esa categoría. Los proveedores de cable y de
transmisiones satelitales a nivel local están sujetos a las mismas
restricciones políticas y económicas que los de las emisoras convencionales.
Las cadenas multinacionales como la CNN o la BBC pueden ayudar de manera
significativa a romper monopolios de radiodifusión. Es por ello que muchos
países, especialmente en el Medio Oriente, han prohibido la propiedad de
antenas parabólicas (prohibición que fue eludida en un muy memorable caso de
África del Norte con su sustitución masiva por sartenes para hacer couscous).
El Medio Oriente es un terreno fértil para la transmisión satelital porque
comparte un lenguaje común, el árabe. Muy pocas regiones en el mundo comparten
un lenguaje común, lo que significa que las transmisiones en inglés generadas
en Londres o Atlanta tienen un impacto limitado.
Con el ánimo de simplificar al máximo las distintas formas de propiedad de
los medios, tendríamos las siguientes:
- Medios
de propiedad estatal o pública, básicamente en el área de las
telecomunicaciones.
- Empresas
de telecomunicación privadas.
- Medios
impresos predominantemente privados.
- Medios
comunitarios.
- Medios
de propiedad directa de los partidos políticos.
