La palabra 'regulación' es una de las que ponen nerviosos a los periodistas
y a los emisores, aunque en la realidad en casi todos los países alguien decide
quién puede transmitir y en qué frecuencia. El principal argumento a favor de
contar con un órgano de esta naturaleza es que las frecuencias y canales de
radio y TV son recursos limitados. Es
materia de política nacional la forma en que están distribuidos a diferencia,
por ejemplo, de la publicación de diarios, que en gran medida puede ser
determinado sobre la base de qué es lo que el público escoge para leer. Si no
hubiera una adjudicación estatutaria de frecuencias, entonces cualquier persona
con un potente transmisor, puede silenciar a otra transmisora cuya señal es más
débil, simplemente transmitiendo desde una frecuencia adyacente. De ahí que la
regulación de transmisión, cuando es instrumentada adecuadamente, no es un
medio de censura, sino uno que asegure la transmisión de las distintas
opiniones.
Existe un creciente argumento de que en la era de las emisiones vía
satélite y la tecnología digital, así como de la convergencia entre las
emisiones y telecomunicaciones, los viejos razonamientos para la regulación de
estos medios se hayan vuelto superfluos. Ahora, se dice, que hay suficientes
canales para que la gente exprese su opinión. Sin embargo, la realidad es que
la mayor parte del auditorio, aún utiliza las viejas tecnologías -a menudo
desde una pila eléctrica, un radio de transistores con mecanismo de reloj, o
hasta un equipo de ordinario de TV. Actualmente, puede haber una mayor y más
amplia disponibilidad de tecnología satelital que antes, pero las transmisoras
privadas pequeñas o las comunitarias (sin mencionar a las transmisoras públicas
nacionales) aún dependen de las prácticas antiguas.
Las frecuencias disponibles dentro
de un país serán adjudicadas, después de un proceso de negociación, por la
Unión Internacional de Telecomunicaciones. La forma en que están distribuidas a
las transmisoras dentro del país, variará enormemente. Un ejemplo del
pensamiento moderno sobre este problema se refiere al de Sudáfrica, donde la
constitución contempla la existencia de un órgano regulador independiente. La
Autoridad Reguladora de Comunicaciones en Sudáfrica (formalmente la Autoridad
Independiente de Transmisiones) tiene responsabilidad para regular a las
transmisoras en tres sectores: público, privado y comunitario. Es inusual que
un órgano regulador tenga autoridad sobre las transmisiones públicas, sin
embargo tiene la ventaja de que debería permitir el desarrollo de una política
nacional de transmisiones coherente. La Comisión Federal de Comunicaciones de
los Estados Unidos también cuenta con la responsabilidad global de la
adjudicación de frecuencias, pero en una situación donde hay una transmisión
pública limitada. En Canadá, la Corporación de Transmisiones Canadiense rinde
cuentas al Parlamento, mientras que un organismo independiente, la Comisión de
Radio, Televisión y Telecomunicaciones Canadiense, es responsable de regular
las transmisiones privadas.
Actualmente se reconoce que las licencias de transmisión deben ser
adjudicadas por una organismo público responsable e independiente, de acuerdo a
un criterio predeterminado. Un órgano regulador a menudo incorpora un
procedimiento para quejas, el cual dará lugar a la imposición de multas a
emisoras por atentar con los términos de la licencia. En casos extremos, la
sanción podría ser la negativa a renovar las licencias después de haber
expirado, e inclusive revocarla antes del plazo originalmente pactado para su
vencimiento.
Todo lo anterior es muy importante en un contexto electoral, ya que la
regulación de las transmisiones conlleva algunas de las funciones asumidas por
el órgano de supervisión electoral con relación a los medios. Será más
práctico, por tanto, que el regulador de las transmisiones juegue ese papel.
