Lo que se refiere como “los medios de comunicación públicos” cubren una
amplia variedad de fenómenos distintos: desde aquellos medios cuyo contenido
editorial está bajo estricto control gubernamental, hasta los que están
financiados con dinero obtenido por impuestos o prestación de licencias con una
garantía estatutaria de su total independencia del gobierno actual. Sin
embargo, comparten el hecho de que la legislación electoral, con relación a los
medios de comunicación, los trata de igual manera - y de muy distinta a los
medios privados, los que tienen a su vez distintas obligaciones.
Los medios públicos, en virtud de su fuente de
financiamiento, son un recurso para todo el electorado. Generalmente se acepta
que no deben manifestar ningún tipo de inclinación partidista en su cobertura
editorial. Este fue el punto de vista exteriorizado por el Vocero Especial de
las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión, en su informe para el año de
1999, cuando habló de la obligación de los medios propiedad del Estado para dar
salida a una gran variedad de opiniones y no servir a un solo partido político
en particular. Asimismo, tienen obligaciones particulares para brindar
educación cívica, así como proporcionar una plataforma a los distintos partidos
políticos.
Este punto es fundamental. El uso de una fuente pública
para las campañas políticas partidistas trae consigo una serie de implicaciones
legales y éticas, en función de si el recurso es un fondo, un vehículo, un
edificio o una estación de radio. A esto se debe que a menudo existan leyes o
regulaciones que protegen a los medios públicos en contra de la interferencia
gubernamental.
Las obligaciones de los medios privados son un poco más limitadas. La
esencia de un contexto de libre accionar para los medios es que a las
transmisoras y los periodistas no se les imponga lo que pueden o no pueden
decir o escribir. La mejor garantía de que el amplio espectro de ideas
políticas son comunicadas libremente y con precisión es, en gran parte,
entendido por los medios como una libertad para que se les permita hacerlo sin
restricción a su trabajo. Sin embargo, esto no significa que los medios
privados no tengan obligación alguna. Los estándares periodísticos
profesionales demandarán un informe preciso y equilibrado, así como una clara
división del hecho y de los comentarios.
Las estaciones de transmisión generalmente cuentan con una licencia
otorgada por un organismo público. A menudo, las licencias están acompañadas de
términos que especifican si se les está permitido o no, apoyar a un partido
político específico, o sobre la cobertura noticiosa que les está permitido
transmitir, y otras condiciones, tales como si cuentan con la responsabilidad,
por ejemplo, para transmitir anuncios de servicio público como los espacios
informativos de educación electoral.
De manera similar, toda ley o regulación relacionada con los reportajes de los medios probablemente se aplicará igualmente tanto a los medios públicos o privados: por ejemplo, las provisiones relacionadas con la "suspensión de noticias" antes de la votación, o sobre la cobertura de encuestas de opinión. Similarmente, provisiones legales generales tales como la legislación relativa a la difamación - aunque se puede modificar durante el período de campaña - todavía se aplicará en igual medida tanto a los medios públicos como privados.
