Cuestiones básicas
La seguridad es un factor que los administradores electorales deben considerar en cualquier contexto, incluso en aquellos donde los riesgos de violencia física relacionada con la votación son bajos.
El nivel de seguridad que se requiere para asegurar la libertad, la imparcialidad e integridad, pueden determinarse con precisión cuando se realizan evaluaciones sobre cada proceso que forma parte de la logística electoral dentro de cada contexto.
Es imposible que se pueda trazar un solo esquema de medidas de seguridad que se puedan aplicar en todas las situaciones.
Enfoque de la evaluación de riesgos para la seguridad
Normalmente, la evaluación de los riesgos a la seguridad analizan las siguientes cuestiones para cada proceso que forma parte de la logística electoral:
- La vulnerabilidad a los disturbios, violencia, fraude o manipulación;
- La importancia de generar resultados electorales libres e imparciales;
- Las amenazas potenciales a la seguridad a las que pueda estar sujeto;
- Si no se tiene la capacidad para resistir posibles amenazas, el posible impacto que tendría en los resultados de la elección, en la seguridad del personal, en la infraestructura, en otras obligaciones legales o sociales (como publicar información personal protegida por la legislación), o en requerimientos adicionales de carácter financiero.
Factores que hay que considerar al evaluar los riesgos
Al evaluar el grado de ciertas amenazas, resulta útil que se consideren los siguientes aspectos, para que se pueda planear un marco de seguridad adecuado:
El entorno político, incluyendo un análisis de:
- El compromiso de cada participante político hacia los procesos transparentes y abiertos;
- Las fortalezas competitivas de los participantes políticos;
- La historia y la atmósfera actual relacionada con la aceptación de participantes políticos y con la instrumentación de marcos electorales equitativos;
- El historial de aceptación de los resultados electorales potencialmente adversos;
- La estabilidad o naturaleza transitoria de los sistemas políticos en vigor;
- La existencia y fortalezas de grupos o individuos activos que deseen interrumpir o subvertir los procesos electorales.
El entorno de conflictivo, incluyendo un análisis de:
- Mecanismos para resolución de conflictos evidentes o probables (discusión, negociación, manipulación, fraude, intimidación, violencia);
- El nivel de desconfianza entre los participantes políticos;
- La existencia de conflictos geográficos intensos, nacionales o ideológicos que serán evidentes durante las elecciones;
- La intensidad del conflicto político;
- La necesidad de imposición o de la intervención internacional para iniciar los procesos electorales.
El entorno administrativo, incluyendo un análisis de:
- La proclividad de las instituciones estatales para interferir directamente o a través de sustitutos en los procesos electorales;
- La independencia e integridad de los oficiales electorales;
- La integridad y los procedimientos de seguridad interna existentes para los proveedores de materiales y servicios.
El entorno de las fuerzas de seguridad, incluyendo un análisis de:
- La integridad, imparcialidad, profesionalismo y capacidades operativas de las fuerzas militares y policiales nacionales;
- La presencia y mandato de fuerzas de seguridad internacionales;
- La existencia de milicias privadas o fuerzas armadas oficiales bajo el control de un partido o la influencia de los participantes políticos.
El entorno informativo, incluyendo un análisis de:
- La complejidad, integridad y confiabilidad de los sistemas manuales o electrónicos, que se emplean para almacenar datos que contribuyen a que la elección se realice de forma adecuada.
