La legislación nacional impacta las funciones de las
autoridades electorales
Las elecciones se desarrollan dentro de un contexto legislativo
que puede apoyar o inhibir las metas de la educación electoral. Las autoridades
electorales deberían considerar, por lo tanto, no sólo su propia jurisdicción legislativa
sino también las previsiones legales que pudieran tener algún impacto sobre su habilidad
para informar y educar a los votantes y alcanzar la participación popular en procesos
electorales. A este respecto, es importante tener claro que la autoridad electoral
normalmente dependerá del gobierno electo (o en el caso de sociedades en transición,
de la autoridad estatutaria) para que prepare y apruebe la legislación conducente.
A diferencia de muchas otras directrices legales, la legislación
relativa a la conducción de elecciones, sistemas electorales, libertad de información
y asociación, reunión de fondos políticos y desarrollo de la actividad política,
pueden manipularse para beneficiar al partido político o régimen en turno. Esto
no sólo puede tener serias implicaciones para la administración general de las elecciones,
sino que además puede jugar un rol muy importante en la determinación de la efectividad
de las campañas que buscan motivar a la gente a votar y lograr una participación
ciudadana activa.
Por lo tanto, en la primera oportunidad posible, las autoridades
electorales deberían desarrollar mecanismos para reducir el impacto de circunstancias
políticas particulares en toda legislación que tenga consecuencias electorales.
Dichos mecanismos pueden incluir la inserción de ciertos procedimientos electorales
dentro de la Constitución, estableciendo la necesidad de mayorías especiales, o
un comité particular y procedimientos de participación pública anteriores a la enmienda.
Una buena legislación electoral facilita la educación
al votante
Más allá de lo anterior, existen otras consideraciones importantes
que se deben tener en cuenta en una legislación
electoral específica.
- Las tareas de educación e información electoral serán menos
complicadas si la legislación y las regulaciones reducen la complejidad y estimulan
la participación general.
En particular, las definiciones legales y las prácticas relacionadas
al voto nulo o inválido pueden ser restrictivas, y como tales castigadas, o abiertas.
Las provisiones relacionadas con el diseño de la papeleta pueden ser complicadas,
haciéndolas confusas, o sencillas. El proceso de votación puede ser facilitado,
tanto psicológica como físicamente, por el número, accesibilidad, y ubicación de
las mesas de votación, la calidad e instrucción de los funcionarios, los
horarios de votación, el que se provean servicios especiales de votación, y la facilidad
de inscripción en el registro electoral.
Si bien existe la presunción general que quienes elaboran
los anteproyectos de legislación electoral favorecen un amplio acceso a las urnas,
la historia indica que este no siempre ha sido el caso. La legislación debería ser
intrínsecamente democrática. Si no lo es, sería necesario que los grupos de activistas
se involucrasen en la información, educación y movilización del elector con el fin
de cambiar el sistema.
La coherencia
en las legislaciones y entre ellas es también sumamente importante. ¿Son compatibles
todas las leyes y disposiciones que rigen las elecciones, por ejemplo, las relativas
al derecho al voto, a las elecciones locales y nacionales, sobre referendos, financiamiento
de campañas, información pública y de actividades de campaña, y las de sanciones
administrativas y penalizaciones criminales? No es raro que las leyes para elecciones
nacionales y locales tengan disposiciones contradictorias o incompatibles. Esto
puede presentar problemas reales si las elecciones nacionales y locales se celebran
simultáneamente. Si existen plazos distintos para el registro de los electores,
o diferentes métodos para marcar las papeletas
de votación, o procedimientos divergentes para presentar una impugnación, es probable
que haya una gran confusión y que la tarea de educar a los electores sea considerablemente
más complicada. Para evitar estos problemas, algunos países han adoptado códigos
electorales universales.
- La educación no es necesariamente
una actividad neutral
Dar carta blanca a toda clase de grupos de la sociedad para
hacer labor de campo y proveer educación, puede generar cierto temor, frente a la
posibilidad de que se desarrolle propaganda en contra del gobierno, promoción sesgada
proveniente de partidos particulares o, simplemente, información incorrecta. La
legislación, por ende, puede ser restrictiva al determinar quiénes pueden educar
e informar al elector. Aunque mucha de la legislación electoral actual presta muy
poca atención al tema de la educación al elector. Esto suele significar que la autoridad
electoral tiene libertad de involucrar instituciones, organizaciones e incluso individuos
sin un mandato legal específico. Ahora bien, lo anterior podría resultar complicado
para las autoridades electorales recién nombradas en sociedades donde la
demanda por información y educación es grande en comparación con los limitados
recursos y en que la consciencia de la existencia, aceptación y confianza en
educadores alternativos es incipiente.
Existen vías para maximizar estos recursos, siempre y cuando
la legislación defina la educación electoral de manera amplia o por lo menos dé
a la autoridad electoral el poder para sumar a otras organizaciones o individuos
nacionales o internacionales.
